STC16739-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16739-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00579-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 9 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Elena Guzm\u00e1n Arrieta y Maritza el Carmen Guzm\u00e1n de Mu\u00f1oz contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Nepomuceno y las partes e intervinientes en la pertenencia 2019-00278. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras, obrando por conducto de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental consagrado en el Art\u00edculo 29 Superior por \u00abviolaci\u00f3n al principio de congruencia. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que M\u00f3nica del Carmen Serrano Castro formul\u00f3 demanda contra los herederos determinados e indeterminados de Mario Rafael y de Mario Alfonso Guzm\u00e1n Romero, buscando se declarara que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio de un inmueble ubicado en el municipio de San Juan Nepomuceno. <\/p>\n
A dicha actuaci\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de la mencionada localidad, comparecieron Carmen Elena Guzm\u00e1n Arrieta y Maritza del Carmen Guzm\u00e1n de Mu\u00f1oz para oponerse a la pretensi\u00f3n principal, presentando excepciones y demanda de reconvenci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, el despacho cognoscente profiri\u00f3 fallo el 17 de febrero de 2022, desestimando tanto las pretensiones principales como las incoadas por las contrademandantes, al considerar, de un lado, que la all\u00ed promotora \u00abno prob\u00f3 que la posesi\u00f3n fuera de manera p\u00fablica y el corpus debido a que estos lo ostentaba [su] esposo\u00bb y, de otro, que se configur\u00f3 la \u00abexcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, siendo conformada por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar el pasado 26 de mayo. <\/p>\n
3. Carmen Elena Guzm\u00e1n Arrieta y Maritza del Carmen Guzm\u00e1n de Mu\u00f1oz acuden a este instrumento alegando la incursi\u00f3n, por parte del juzgado ad quem, en defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
Frente al primero adujeron que se no se valor\u00f3 en debida forma el material probatorio que daba cuenta del cumplimiento \u00abde los cuatro requisitos o presupuestos de la acci\u00f3n reivindicatoria exigidos por la jurisprudencia\u00bb, en especial, el relativo a la posesi\u00f3n material del bien por parte de la reconvenida (demandante), pues \u00abprobaron m\u00e1s que suficientemente la posesi\u00f3n material del inmueble litigioso en cabeza de la contrademandada\u2026 por el medio probatorio de la confesi\u00f3n, en cuanto la demandante inicial M\u00f3nica Serrano Castro promovi\u00f3 demanda judicial de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio contra los demandados sobre el mismo predio objeto de reivindicaci\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Respecto del yerro material, sostuvieron que se configur\u00f3 cuando el cognoscente estim\u00f3 que \u00abel tercero Edgardo Eckar Castellar debi\u00f3 ser demandado en este asunto\u00bb, desconociendo que su relaci\u00f3n litisconsorcial era facultativa y no necesaria, en la medida que \u00ablas partes procesales desde un principio quedaron establecidas as\u00ed: la demandante inicial M\u00f3nica del Carmen Serrano Castro y los demandados iniciales Mario Rafael\u2026 y Mario Alfonso Guzm\u00e1n Romero, fallecidos ambos para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, por lo cual la parte pasiva deb\u00eda intervenir en la actuaci\u00f3n procesal a trav\u00e9s de los herederos de los demandados fallecidos\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed, luego de presentar su particular intelecci\u00f3n de las normas y precedentes jurisprudenciales que consideran debieron tenerse en cuenta al momento de fallar el asunto ordinario, as\u00ed como de las pruebas practicadas, solicitaron \u00abordenar al accionado que\u2026 profiera nuevamente sentencia circunscribi\u00e9ndose \u00fanicamente a los hechos y pretensiones debatidas en el proceso, as\u00ed como a las partes efectivamente reconocidas en la actuaci\u00f3n judicial, eliminando de la sentencia la menci\u00f3n del tercero Edgar [sic] Eckar Castellar como una circunstancia que impide decidir de fondo la causa judicial entre las partes contendientes [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del estrado convocado se opuso a la prosperidad del resguardo dado que \u00abla decisi\u00f3n adoptada\u2026 no es incompatible con la Constituci\u00f3n, como de ninguna manera es violatoria de derechos fundamentales\u00bb y advirti\u00f3 que lo pretendido por las gestoras es \u00abutiliz[ar] la acci\u00f3n de tutela como instrumento para nuevamente controvertir la decisi\u00f3n judicial proferida\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan Nepomuceno remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Luego de analizar la determinaci\u00f3n adoptada en segunda instancia por el juzgado querellado, el Tribunal Superior de Cartagena desestim\u00f3 el amparo constitucional al considerar que \u00abno resulta contradictoria, arbitraria o desprovista de fundamento alguno, sino que se cimienta en la valoraci\u00f3n razonada de los elementos materiales probatorios que se incorporaron al proceso\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, de acuerdo con las conclusiones a las que arribaron los funcionarios cognoscentes \u00abno bastaba la sola manifestaci\u00f3n de M\u00f3nica del Carmen Serrano Castro de ser poseedora y haber formulado la acci\u00f3n adquisitiva del dominio respecto del bien aludido, para encontrar prospera la acci\u00f3n reivindicatoria, pues de acuerdo al material probatorio recopilado dicho bien inmueble viene siendo pose\u00eddo por una tercera persona (Edgardo Eckar Castellar), lo que cuestiona la posesi\u00f3n que se atribuye a M\u00f3nica del Carmen\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, record\u00f3 que, si bien la jurisprudencia de esta Corte dicta que cuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio \u00abconfiesa ser poseedor del inmueble el litigio\u00bb, tal confesi\u00f3n \u00abtiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble\u00bb; sin embargo, esa consecuencia solo tiene cabida \u00absiempre y cuando no se introduzca discusi\u00f3n alguna sobre el elemento de la identidad, o el juzgador motu proprio halle elementos de convicci\u00f3n que lo lleven a cuestionar dicho presupuesto\u00bb, de all\u00ed que no pudiera atribuirse a los juzgadores la incursi\u00f3n en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber encontrado elementos que le permit\u00edan vislumbrar que la posesi\u00f3n del bien inmueble no se hallaba demostrada en cabeza de M\u00f3nica del Carmen Serrano Castro, resulta[ba] razonable la negativa frente a la acci\u00f3n reivindicatoria, ante la omisi\u00f3n de uno de los presupuestos de la acci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a la censura relativa a la modificaci\u00f3n de los extremos del litigio con la inclusi\u00f3n de Edgardo Eckar Castellar, resalt\u00f3 que, de acuerdo con el art\u00edculo 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil, \u00abel sujeto activo de la acci\u00f3n [reivindicatoria] no puede ser otro que el titular del derecho de dominio y, el sujeto pasivo el poseedor del bien, de manera que, resultaba necesario la demostraci\u00f3n de la calidad de poseedor del extremo pasivo de la acci\u00f3n, lo que precisamente se ech\u00f3 de menos en el caso, al acreditarse dicha calidad en una tercera persona\u00bb. <\/p>\n
En suma, consider\u00f3 el tribunal que \u00abel juzgado accionado realiz\u00f3 un estudio detallado del material probatorio aportado al proceso y su decisi\u00f3n se fundamenta en las normas y jurisprudencia que regula la materia, por lo no que no podr\u00eda concluirse que la misma resulte antojadiza o caprichosa\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon las quejosas insistiendo en sus planteamientos iniciales relativos a la apreciaci\u00f3n inadecuada de la confesi\u00f3n de M\u00f3nica del Carmen Serrano Castro en torno a ser la poseedora material del bien en disputa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar vulner\u00f3 las prerrogativas superiores de las accionantes al confirmar el fallo desestimatorio proferido dentro de la pertenencia, con demanda de reconvenci\u00f3n, distinguida con radicaci\u00f3n n.\u00b0 2019-00278, incurriendo, supuestamente, en defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Circunscrita a los planteamientos esbozados en la impugnaci\u00f3n, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena en primera instancia, observa la Corte que los cuestionamientos que sirvieron de sustento a la presente acci\u00f3n, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por las accionantes y su apoderado es hacer prevalecer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron adversas, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite este instrumento de defensa contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, las gestoras aducen que, aun cuando la providencia adversa a sus intereses es \u00abformalmente coherente, pues efectivamente el se\u00f1or juez accionado asumi\u00f3 la conducta mencionada\u00bb, la misma se torna \u00absustancialmente equivocada\u00bb, denot\u00e1ndose as\u00ed que su intenci\u00f3n es insistir, ante el desacuerdo con lo decidido, en cuestiones que fueron debatidas y resueltas por la autoridad cognoscente en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento y al amparo de los principios superiores indicados en el p\u00e1rrafo precedente; es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que le est\u00e1 vedado al juez de tutela, so pretexto de examinar una presunta lesi\u00f3n de derechos fundamentales, entrar a revisar las decisiones adoptadas por los funcionarios ordinarios, las cuales se encuentran amparadas por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues este instrumento no fue concebido como un medio de impugnaci\u00f3n adicional o paralelo a aquellos consagrados en el ordenamiento procedimental <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre las quejosas y su apoderado y la autoridad judicial cognoscente en torno a la valoraci\u00f3n probatoria y sind\u00e9resis expresadas en los fallos objeto de reproche. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por las demandantes, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16739-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16739-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2023-00579-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78160","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78160","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78160"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78160\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78160"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78160"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78160"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}