STC16745-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-04787-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ricardo Enrique Rinc\u00f3n Lemus contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se declare \u00abla revocatoria del fallo que dio respuesta al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el apoderado del demandado…, ordenando, por tanto, el levantamiento de la medida cautelar de embargo que pesa sobre los inmuebles…, por no tener connotaci\u00f3n social, al ser adquiridos por el c\u00f3nyuge demandado, en fechas posteriores a la separaci\u00f3n definitiva de cuerpos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal formulado por Miguelina De Voz Ortega contra Ricardo Enrique Rinc\u00f3n Lemus, el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Cartagena, en la audiencia de 11 de mayo de 2023, neg\u00f3 la objeci\u00f3n presentada frente al inventario y aval\u00fao por el extremo pasivo, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, se mantuvo y se concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, el 4 de agosto de los corrientes, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que la Corporaci\u00f3n acusada ratific\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, sin tener en cuenta que la desatenci\u00f3n del precedente jurisprudencial constituye una violaci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que antes de la audiencia de 11 de mayo de 2023 alleg\u00f3 un memorial en el que suger\u00eda que no hab\u00eda lugar a que se surtieran etapas como el emplazamiento de los acreedores, inventario y aval\u00fao de bienes, as\u00ed como la partici\u00f3n, en tanto que los inmuebles que fueron objeto de un \u00abarbitrario embargo\u00bb los adquiri\u00f3 cuando no exist\u00eda convivencia entre las partes, quienes se separaron de hecho el 26 de agosto de 1987. <\/p>\n
2.5. Adujo que el argumento central del juez ad-quem fue la remisi\u00f3n a los art\u00edculos 180 y 1774 del C\u00f3digo Civil para sustentar que la sociedad conyugal y patrimonial perduraba hasta la muerte de uno de los c\u00f3nyuges o por decisi\u00f3n que la disolviera, ignorando lo expuesto en sentencia SC-4027 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, en donde se consign\u00f3 que si se acreditaba que los esposos estaban separados de hecho de manera definitiva, se deb\u00eda entender terminada la sociedad conyugal, puesto que atentaba contra los principios fundamentales que un c\u00f3nyuge tuviese derecho a participar de los bienes cuando no hab\u00eda convivencia. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que de acuerdo a la interpretaci\u00f3n jurisprudencial, una vez producida la separaci\u00f3n de hecho definitiva, ninguno de los c\u00f3nyuges podr\u00eda alegar derechos sobre bienes que con posterioridad adquiriera el otro, los que no entrar\u00edan a conformar activos de la sociedad conyugal. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que lo expuesto por el m\u00e1ximo tribunal de la justicia ordinaria encuadraba perfectamente en la situaci\u00f3n debatida en el proceso criticado, pues las partes solo tuvieron 12 de a\u00f1os de vida com\u00fan, en tanto que la separaci\u00f3n definitiva oper\u00f3 desde 1987, fecha anterior a la adquisici\u00f3n de inmuebles, actualmente embargados, esto es, en 1993 y 2014. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que era frustante la tesis esbozada por el Tribunal acusado, la que era id\u00e9ntica al fallador de primer grado; y que esperaba que en segunda insrancia le ilustraran las razones para apartarse del precedente de la Corte Suprema respecto de un caso similar al suyo, lo que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 4 de agosto de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
…Con relaci\u00f3n a la objeci\u00f3n presentada por el apoderado de la parte demandada, debe decirse, que es a trav\u00e9s del proceso de liquidaci\u00f3n, donde se desata todo lo que tiene que ver con el patrimonio de determinada persona, para adjudicarlos a quienes por ley est\u00e1n llamados a sucederlo, con ese firme prop\u00f3sito, la confecci\u00f3n del inventario ha de sujetarse a las reglas que para tal efecto consagra el art\u00edculo 1310 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por su parte, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 509 del Estatuto Procesal, previene que \u201ch\u00e1yase o no propuesto objeciones, el juez ordenar\u00e1 que la partici\u00f3n se rehaga cuando no est\u00e9 conforme a derecho y el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente, o algunos de los herederos fuere incapaz o estuviere ausente y carezca de apoderado\u201d (N\u00fam. 5 Art. 611 C.P.C) <\/p>\n
Dentro del asunto tenemos que, el apoderado de la parte demanda objet\u00f3 el inventario y aval\u00fao presentado por el demandante, para que fuera excluido del mismo los activos conformado por dos bienes inmuebles identificados con F.M.I. No. 060-06451 y No. 060-144220, toda vez que entre los exc\u00f3nyuges no existi\u00f3 convivencia por m\u00e1s de 30 a\u00f1os. <\/p>\n
Partiendo de lo anterior, resulta evidente para esta Magistratura que lo aludido por el apoderado de la parte recurrente no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que de conformidad con el art\u00edculo 180 del C\u00f3digo Civil evoca la existencia de la comunidad de bienes por el simple \u201checho del matrimonio\u201d. En igual sentido, el canon 1774 ib\u00eddem, al se\u00f1alar que \u201ca falta de pacto escrito se entender\u00e1, por el mero hecho del matrimonio, contra\u00edda la sociedad conyugal\u201d; y el precepto 1\u00ba de la Ley 28 de 1932, cuando la pregona \u201cdesde la celebraci\u00f3n del matrimonio\u201d. <\/p>\n
Y ninguna de las disposiciones aqu\u00ed citadas, asocia el origen de la sociedad conyugal con su terminaci\u00f3n, y tampoco existe otra norma limit\u00e1ndola temporalmente en esa direcci\u00f3n. Por lo tanto, salvo pacto escrito en contrario, la vigencia simult\u00e1nea de la \u201csociedad conyugal\u201d con el matrimonio es hasta su disoluci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, los bienes en cabeza de los c\u00f3nyuges, adquiridos entre el matrimonio y la disoluci\u00f3n legal del mismo ya sea por la muerte de uno de ellos o por decisi\u00f3n judicial que puede ser producto de la separaci\u00f3n de hecho, la cual no opera autom\u00e1ticamente, sino que se da cuando el juez decreta uno de los hechos que disuelven dicha sociedad. <\/p>\n
Desde esta \u00f3ptima, se tiene que MIGUELINA DE VOZ ORTEGA y RICARDO RINC\u00d3N LEMUS contrajeron matrimonio por el rito cat\u00f3lico el 4 de octubre de 1975 y, los bienes que solicitan sean excluidos de la masa conyugal identificados con F.M.I. No. 060-06451 y No. 060-144220, fueron adquiridos mediante escritura p\u00fablica No. 5315 de 31 de diciembre de 1993 de la Notar\u00eda Segunda de Cartagena y escritura p\u00fablica No. 1.291 del 14 de agosto de 2014 de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cartagena, respectivamente, es decir cuando a\u00fan se encontraba vigente la sociedad conyugal, por lo que asiste raz\u00f3n al juzgado de instancia de no admitir la objeci\u00f3n deprecada por la parte demandada. <\/p>\n
En ese estado de cosas, y sin que existan disertaciones adicionales, la decisi\u00f3n adoptada por la juez de instancia ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la determinaci\u00f3n censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se advierte que esta Sala, en un asunto de similares contornos, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos era razonable, tras indicar que: <\/p>\n
El Tribunal convocado en la mentada determinaci\u00f3n, en cita de los art\u00edculos 230 y 7 de la Constituci\u00f3n y el C\u00f3digo General del Proceso, respectivamente, en cuanto prev\u00e9n que los jueces en sus providencias est\u00e1n sometidos al imperio de la Ley, precis\u00f3 que se apartaba de la sentencia SC4027-2021 <\/p>\n
\u201c1) por no existir tres providencias en el mismo sentido como lo exige el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 para que exista doctrina probable; 2) por continuar la vigencia de la Ley 28 de 1932, que regula el r\u00e9gimen patrimonial en el matrimonio; 3) por continuar vigente el art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil que determina en que eventos se disuelve la sociedad conyugal; y 4) por existir una reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia, plasmada en la sentencia de 1\u00b0 de agosto de 1979, citada; no hay lugar a otorgarle car\u00e1cter vinculante como fuente formal de derecho a la sentencia SC4027 de 2021, \u2013la cual no indica que recoja la reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia\u2013 ; todo lo cual nos permite concluir que en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1820 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con el precedente jurisprudencial sentado de vieja data por la Corte Suprema de Justicia, la terminaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre las partes del presente asunto, solo se verific\u00f3 a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida el d\u00eda 13 de noviembre de 2019 (\u2026), que declar\u00f3 su divorcio\u00bb… <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde a\u00fan cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para apartarse del pronunciamiento de esta Sala, realmente estos denotan una suficiencia argumentativa que de manera alguna pueden considerarse descabellados, m\u00e1xime cuando la posici\u00f3n sentada en la referida sentencia obedece a supuestos f\u00e1cticos distinto a los suscitados en el presente asunto (CSJ STC9875-2022, 3 ag. 2022, rad. 2022-02389-00). <\/p>\n
5. De otro lado, es de advertirse que el precedente invocado por el accionante (SC4027-2021), no era aplicable al caso concreto, toda vez que no guarda identidad f\u00e1ctica con el aqu\u00ed tratado, comoquiera que en este la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal se declar\u00f3 en agosto de 2020 con fundamento en las causales 2 y 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, mientras que en aquel la discusi\u00f3n se concentr\u00f3 \u00fanicamente en la \u00faltima de dichas causales, de donde su ausencia de an\u00e1lisis carece de inter\u00e9s ius fundamental. <\/p>\n
Respecto a dicho t\u00f3pico dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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