STC16748-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16748-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00868-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de mayo de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Glenen Alexander Ross contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, los Juzgados S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abintervenga de inmediato para brindar una protecci\u00f3n judicial efectiva…\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena cursa un proceso penal contra Glenen Alexander Ross, ciudadano canadiense, por el delito de tr\u00e1fico de migrantes. <\/p>\n
2.2. Glenen Alexander Ross interpuso una tutela contra el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Cartagena, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del mismo lugar, el que en sentencia de 10 de marzo de 2023 deneg\u00f3 el resguardo impetrado. Esta decisi\u00f3n fue impugnada. <\/p>\n
2.3. La Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, en fallo del 24 de abril de 2023, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que no hablaba con fluidez el idioma oficial de la Corte; que en el pa\u00eds no le hab\u00eda sido designado un interprete\/traductor oficial con miras a que lo ayudara, por lo que hab\u00eda recurrido a \u00abla capacidad de adivinaci\u00f3n r\u00e1pida de las super-computadoras de google para presentar esta versi\u00f3n en espa\u00f1ol de su petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en el proceso con radicado 13001-31-04-007-2023-00013-01, los accionados desobedec\u00edan manifiestamente la Const\u00edtuci\u00f3n Pol\u00edtica; que dichas autoridades tuvieron la oportunidad de revisar de oficio la exigibilidad del art\u00edculo 188 de la Ley 599 de 2000, pero ninguna lo hizo; y que pidi\u00f3 el estudio respectivo, pero no obtuvo \u00abrespuesta sustantiva a [su] solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.6. Adujo que todo juez que dejara de verificar de oficio o se negara a estudiar su solicitud de revisi\u00f3n de la exigibilidad de la ley, estaba cometiendo un delito; que la Corte Constitucional no ten\u00eda competencia para revisar una ley desarrollada por \u00abun legislador incompetente\u00bb; y que la discriminaci\u00f3n basada en la nacionalidad hab\u00eda sido proh\u00edbida internacionalmente durante d\u00e9cadas. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que como canadiense no ten\u00eda acceso al art\u00edculo 241.1 de la Carta Pol\u00edtica, por lo que no pod\u00eda disfrutar de igualdad de justicia; y que todos los jueces deber\u00edan leer dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena refiri\u00f3 que conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n presentada en la tutela 13001-31-04-007-2023-00013-01; que confirm\u00f3 el fallo de primer grado que declar\u00f3 improcedente la solicitud de resguardo por no superar los requisitos de procedibilidad; que dicha decisi\u00f3n no transgredi\u00f3 los derechos fundamentales del actor; y que de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, esta acci\u00f3n excepcional era improcedente para controvertir sentencias de la misma estirpe. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que emiti\u00f3 fallo el 10 de marzo de 2023, en el que declar\u00f3 improcedente la tutela impetrada por el gestor; que no incurrio en violaci\u00f3n de derechos fundamentales, por lo que ped\u00eda su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas del mismo lugar indic\u00f3 que conoci\u00f3 de una solicitud de interprete para la comunicaci\u00f3n entre el defensor y el acusado, presentada por el entonces apoderado del ahora accionante en el proceso 2015-03351; que la audiencia de 15 de julio de 2021 se declar\u00f3 fallida, por lo que devolvi\u00f3 la carpeta al Centro de Servicios Judiciales; y que solo atendi\u00f3 dicha audiencia preliminar, por lo que desconoc\u00eda el curso que hab\u00eda tomado el proceso y los dem\u00e1s hechos narrados. <\/p>\n
4. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cartagena adujo que el 19 de diciembre de 2022 llev\u00f3 a cabo una audiencia preliminar innominada, en la que se ventil\u00f3 lo concerniente a la libertad personal del actor y se determin\u00f3 que la misma ya le hab\u00eda sido concedida en un habeas corpus; que en dicha diligencia trat\u00f3 la alegaci\u00f3n de la competencia de ese despacho para declarar la inconstitucionalidad del art\u00edculo 188A del C\u00f3digo Penal, el que ven\u00eda siendo implementado al interior de una investigaci\u00f3n penal; que mal har\u00eda en indicarle a la F\u00edscal\u00eda General que actividades revisten las caracter\u00edsticas de un delito; y que no hab\u00eda conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en ese despacho y se\u00f1al\u00f3 que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n presentada en el proceso penal que se adelanta contra el ahora accionante por el delito de tr\u00e1fico de migrantes; que conforme al requerimiento del procesado realiz\u00f3 las diligencias para el nombramiento del traductor, lo que fue dispendioso; que el 21 de abril de 2023 llev\u00f3 a cabo la diligencia de lectura de fallo de apelaci\u00f3n, en donde adem\u00e1s se le indic\u00f3 que se le dar\u00eda traslado por correo electr\u00f3nico de la decisi\u00f3n en idioma ingl\u00e9s y del audio de la misma en espa\u00f1ol; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de ninguna garant\u00eda esencial; y que era la cuarta oportunidad en la que rend\u00eda informe sobre el asunto, en tutelas presentadas por el gestor. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que era improcedente el cuestionamiento de los argumentos de fondo de una sentencia de tutela con una nueva demanda; que si estimaba que el Tribunal convocado incurri\u00f3 en la configuraci\u00f3n de alg\u00fan defecto, bien pod\u00eda hacer valer sus derechos mediante la revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, e inclusive, promover la solicitud de insistencia a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo o directamente; y que respecto a la solicitud de aplicaci\u00f3n del control difuso frente al contenido del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo Penal, advert\u00eda que en sentencia STP15026-2022 se analiz\u00f3 dicha pretensi\u00f3n, por lo que el actor pretend\u00eda que se emitiera nuevo pronunciamiento sobre peticiones ya analizadas en sede de tutela, sin ofrecer argumento de por qu\u00e9 presentaba esta nueva solicitud, y en esa medida, la demanda era temeraria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que deprecaba la tutela judicial de los derechos que le estaban siendo vulnerados por las autoridades acusadas \u00abmanifiestamente cometiendo un delito contra la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1991\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre los fallos emitidos dentro de la acci\u00f3n de tutela que conocieron las autoridades judiciales accionadas, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen las mismas. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. De otro lado, se advierte que tal como lo indic\u00f3 el a-quo constitucional, esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 sobre las quejas respecto del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo Penal, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver anterior tutela formulada por el gestor, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En lo que respecta al segundo problema jur\u00eddico referente a que por este medio se ordene el control de constitucional del canon 188 del C\u00f3digo Penal que contempla el punible denominado tr\u00e1fico de migrantes, se ha de indicar no se cumple el requisito de subsidiaridad de la tutela. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto el accionante cuenta con otro medio para censura el art\u00edculo 188 del C\u00f3digo Penal, esto es, la demanda de inconstitucionalidad, mismo al que a\u00fan no ha acudido. <\/p>\n
As\u00ed, si Glenen Alexander Ross considera que la norma en menci\u00f3n es contraria a la Carta Magna, si a bien lo tiene, al ser ciudadano extranjero, por medio de un abogado colombiano puede presentar la respectiva demanda ante la Corte Constitucional (STP15026-2022, 3 nov. 2022, rad. 2022-02172-00). <\/p>\n
Asimismo, al decidir otra petici\u00f3n de amparo, indic\u00f3: <\/p>\n
…en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n del demandante- se declare la inexequibilidad del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo Penal-, el cual consagra la conducta punible \u00abDel tr\u00e1fico de migrantes\u00bb debe indicarse que el competente para decidir sobre tal asunto es la Corte Constitucional, ello de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 241 numeral 4 de la Carta Pol\u00edtica. De tal modo, le est\u00e1 vedado al juez de tutela, como de manera acertada lo indica el fallo impugnado, pronunciarse sobre este respecto (STP8500-2023, 22 ag. 2023, rad. 2023-00307-01). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Resaltado fuera de texto, CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
6. Finalmente, se ordenar\u00e1 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial la designaci\u00f3n de un traductor del idioma ingl\u00e9s, para que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda a partir de su nombramiento, realice una traducci\u00f3n oficial de esta decisi\u00f3n para que le sea entregada al accionante. <\/p>\n
7. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Se ordena a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial la designaci\u00f3n de un traductor del idioma ingl\u00e9s, para que, en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda a partir de su nombramiento, realice una traducci\u00f3n oficial de esta decisi\u00f3n para que le sea entregada al accionante. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16748-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16748-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-00868-03 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}