STC16751-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16751-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01906-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de octubre de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Clara In\u00e9s King, Eduardo Guillermo y Carlos Mauricio Larrarte King contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de esta capital y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2018-00692. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderada, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00aba la verdad y la reparaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expusieron en s\u00edntesis que, en el juicio penal que se sigue contra N\u00e9stor Guillermo Franco Gonz\u00e1lez por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb, en desarrollo de la audiencia preparatoria \u2013 6 de septiembre de 2022 \u2013 ante el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, por intermedio de su apoderada, solicitaron ser reconocidos como v\u00edctimas dentro del proceso con fundamento en que, sufrieron \u00abda\u00f1os en su salud, en su patrimonio y en el ejercicio leg\u00edtimo de su derecho real de servidumbre\u00bb, por cuenta de la construcci\u00f3n de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Ch\u00eda, vereda \u00abLa Balsa\u00bb, sector \u00abLas Juntas\u00bb, autorizada por la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca \u2013 CAR \u2013 de la cual el procesado fue director. <\/p>\n
Refirieron que, el despacho neg\u00f3 su postulaci\u00f3n tras considerar que \u00abel escrito de acusaci\u00f3n no da cuenta de la relaci\u00f3n causal entre los da\u00f1os alegados y el punible investigado; el sujeto pasivo del delito era el Estado, y aunque podr\u00eda afectar a particulares, en este caso no se demostr\u00f3 el nexo causal entre los hechos jur\u00eddicamente atribuidos y el da\u00f1o concreto alegado\u00bb; decisi\u00f3n que, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 en su integridad, refrendando los argumentos del a quo en cuanto a que, no estaban sumariamente probados los da\u00f1os, y que adem\u00e1s, no ten\u00edan relaci\u00f3n causal con el delito. <\/p>\n
Acudieron a la presente tutela cuestionando lo resuelto por las autoridades accionadas, especialmente, la decisi\u00f3n del tribunal. Adujeron al respecto que, existi\u00f3 una incongruencia argumentativa por parte del ad quem pues, inicialmente dijo que Clara In\u00e9s King no acredit\u00f3 nada sobre alg\u00fan perjuicio a su salud, pero m\u00e1s adelante, dej\u00f3 entrever que sufr\u00eda de unas patolog\u00edas al momento de la suscripci\u00f3n del convenio interadministrativo; luego, indic\u00f3 que no se prob\u00f3 el da\u00f1o patrimonial, pero omiti\u00f3 valorar el documento \u00abmatriz de riesgos del proyecto, donde se consign\u00f3 como negativo el impacto que tendr\u00eda la construcci\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la tierra aleda\u00f1a a la obra\u00bb; y, del tercer da\u00f1o, la perturbaci\u00f3n de la servidumbre, aseveraron que, si bien la afectaci\u00f3n estaba probada, el accionado consider\u00f3 que la misma no era producto del delito sino consecuencia de la fase de ejecuci\u00f3n del convenio; en este mismo aspecto, alegaron que el tribunal ignor\u00f3 la resoluci\u00f3n 1096 de 2000 que \u00abcontempla la evaluaci\u00f3n de las v\u00edas de acceso, as\u00ed como la identificaci\u00f3n de la infraestructura existente del predio donde se ubicar\u00eda la obra \u2013 incluyendo servidumbres antiguas \u2013 eran actividades previas y obligatorias para construir la PTAR y que justamente la inexistencia de estudios previos y la ausencia de dise\u00f1os actualizados fueron el centro del reproche de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sostuvieron que, la determinaci\u00f3n atacada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y f\u00e1ctico; el primero porque inaplic\u00f3 las normas que regulan la contrataci\u00f3n estatal \u2013 art\u00edculos 25 y 30 de la ley 80 de 1993, el canon 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y la resoluci\u00f3n 0330 de 2017; del segundo, porque omiti\u00f3 valorar pruebas y apreciar de manera equivocada otras que eran importantes para demostrar el da\u00f1o y establecer el nexo causal. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidieron que, se revoque \u00ab(\u2026) el auto de 31 de julio de 2023 emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal dentro del radicado [2018-00692]; (\u2026) ordenar al Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que proceda con el reconocimiento de la calidad de v\u00edctima de [los aqu\u00ed accionantes] para que act\u00faen en la acci\u00f3n penal con todas las garant\u00edas legalmente establecidas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sobre el auto de 31 de julio de 2023 cuestionado por los actores, manifest\u00f3 que, \u00abno se prob\u00f3 sumariamente el nexo causal entre la presunta celebraci\u00f3n del convenio 1267 de 2015 sin el cumplimiento de requisitos legales y la afectaci\u00f3n del derecho real de servidumbre de los peticionarios, aunque se acredit\u00f3 la existencia de una perturbaci\u00f3n, esta no ocurre como consecuencia del delito\u00bb. Agreg\u00f3 que, en la decisi\u00f3n emitida se realiz\u00f3 un completo an\u00e1lisis de los elementos materiales probatorios allegados, \u00absin que los demandantes expongan un yerro real del auto que torne necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y por el contrario, pretenden reabrir debates ya superados\u00bb. <\/p>\n
2. N\u00e9stor Guillermo Franco Gonz\u00e1lez, procesado en el asunto en cuesti\u00f3n, luego de hacer referencia a los pormenores del contrato por el que se le acusa, manifest\u00f3 que, \u00abno existe nexo causal entre la celebraci\u00f3n de dicho acuerdo y las presuntas afectaciones que alegan los actores\u00bb; por lo que pidi\u00f3 negar el amparo pretendido. <\/p>\n
3. La apoderada especial de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca adujo que la entidad que representa se encuentra reconocida en calidad de v\u00edctima en el proceso radicado 2018-00692 adelantado por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en contra de N\u00e9stor Guillermo Franco Gonz\u00e1lez, raz\u00f3n por la cual se sustrajo de hacer manifestaci\u00f3n respecto de los hechos descritos en la demanda de amparo, pues estim\u00f3 que deb\u00edan ser probados por los accionantes. <\/p>\n
4. El Fiscal 3\u00ba Seccional de Cundinamarca, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, luego de hacer un recuento f\u00e1ctico y procesal de la investigaci\u00f3n cursada contra de N\u00e9stor Guillermo Franco Gonz\u00e1lez, coadyuv\u00f3 la demanda de amparo; en tal sentido adujo que, en efecto, el tribunal omiti\u00f3 valorar algunas pruebas y analiz\u00f3 de forma indebida otras, que llevaban a determinar la existencia del nexo causal del delito y los da\u00f1os ocasionados a los accionantes. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, la actuaci\u00f3n procesal se encuentra en curso, y para lograr el reconocimiento como v\u00edctimas en el juicio penal rad. 2018-00692, a\u00fan cuentan los actores con una oportunidad procesal para ello, como lo es el eventual incidente de reparaci\u00f3n integral (AP1238-2015). <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la apoderada de los quejosos, quien refut\u00f3 el criterio adoptado por la Sala a quo para denegar el resguardo. Adujo que el requisito de la subsidiariedad se encuentra cumplido, ya que sus prohijados no cuentan con otros mecanismos al interior del juicio para deprecar su reconocimiento como v\u00edctimas, pues no es v\u00e1lida la interpretaci\u00f3n de la jurisprudencia citada en cuanto a que las v\u00edctimas podr\u00edan requerir su intervenci\u00f3n \u00abcuantas veces quieran [\u2026] Ni la ley ni la jurisprudencia autorizan a las v\u00edctimas a perseverar por el reconocimiento de su calidad cada vez que as\u00ed lo pretendan, pues del ordenamiento jur\u00eddico se extrae que, una vez se expone esta solicitud ante los jueces, se cumple con la carga argumentativa y, por tanto, fenece la posibilidad de volver a elevar esta petici\u00f3n en el proceso penal\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, darle ese entendimiento habilitar\u00eda a los interesados a reiterar las veces que deseen esa solicitud \u00abhasta convertirse en una cadena que rayar\u00eda en la temeridad y adem\u00e1s, congestionar\u00eda el sistema judicial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, arguy\u00f3 que, se\u00f1alar que sus mandantes tienen la posibilidad de reintentar la solicitud aportando pruebas sobrevinientes, les impone \u00abuna carga adicional que no est\u00e1n llamados a soportar, sobre todo, cuando ninguno de los funcionarios judiciales que conocieron la postulaci\u00f3n, fueron capaces de valorar los elementos que se allegaron al proceso para acreditar su calidad de v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que, el incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios es un escenario distinto al proceso penal y procede luego de que la v\u00edctima haya obtenido la \u00abverdad y justicia, para que as\u00ed se le repare el da\u00f1o\u00bb por lo tanto, esa etapa no satisface sus intereses, ya que lo que pretenden es esclarecer los hechos, \u00abno la reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer, si se cumple el requisito de la subsidiariedad, y, de superarse dicho an\u00e1lisis, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por los querellantes (autos de 6 de septiembre de 2022, y 31 de julio de 2023, del Juzgado 39 Penal del Circuito y Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, respectivamente) al negarles su reconocimiento como v\u00edctimas para intervenir en esa calidad en el proceso penal que se sigue por el delito de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb contra quien fue director de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca en el a\u00f1o 2015, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. En lo particular esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por los quejosos, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado en la medida en que, no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde los promotores del amparo les corresponde defender las prerrogativas que estiman afectadas. <\/p>\n
Es que, contrario sensu a lo arg\u00fcido por la apoderada de los precursores, la postulaci\u00f3n pretendida por sus prohijados, esto es, ser reconocidos como v\u00edctimas del injusto penal, puede seguir siendo propuesta en las oportunidades contempladas legal y jurisprudencialmente, y no por la v\u00eda tutelar que ahora utilizan que, como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador de la causa dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n
As\u00ed, como lo resalt\u00f3 la a quo, el escenario \u00faltimo para acreditar y\/o lograr el reconocimiento de esa calidad (mediando una sentencia en firme que declare la responsabilidad del procesado) es el eventual incidente de reparaci\u00f3n integral, claro, si a partir de la evoluci\u00f3n probatoria var\u00edan las circunstancias en su favor, como lo puntualiz\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo; al respecto, dicha Sala al pronunciarse en sede ordinaria (AP1238-2018, rad. 45339) y de tutela (STP14335-2019, rad. 107041) expuso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, a partir de un an\u00e1lisis arm\u00f3nico y sistem\u00e1tico del ordenamiento jur\u00eddico procesal, as\u00ed como de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos en relaci\u00f3n con la oportunidad para que la v\u00edctima materialice su derecho a participar en el proceso penal, ha se\u00f1alado que si bien en la audiencia de acusaci\u00f3n \u2013siendo fiel al contenido de la norma previamente citada\u2013 es donde se formaliza la intervenci\u00f3n de la v\u00edctima mediante la determinaci\u00f3n de su condici\u00f3n y el reconocimiento de su representaci\u00f3n legal, tambi\u00e9n es cierto que, ese estadio procesal no es el \u00fanico para que intervenga, como tampoco el primero, ni mucho menos el \u00faltimo. <\/p>\n
En efecto, esta Corte en auto AP1238-2015, 11 mar., 2015, Rad. 45339, precis\u00f3 sobre el particular: <\/p>\n
\u00abY si bien una lectura exeg\u00e9tica del contenido del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Procesal del a\u00f1o 2004, podr\u00eda llevar a sostener que solo a partir de la audiencia de acusaci\u00f3n la v\u00edctima acceder\u00e1 a la administraci\u00f3n de justicia, sin embargo, una interpretaci\u00f3n semejante qued\u00f3 desechada por completo con la sentencia de constitucionalidad del a\u00f1o 2007 en precedencia comentada [Sentencia C-516\/2007]. Pero, adem\u00e1s, desde ninguna l\u00f3gica ser\u00eda factible conjeturar, que pierde su derecho a intervenir en la actuaci\u00f3n penal, de no hacer uso de \u00e9l en la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho de otro modo, el \u00fanico l\u00edmite temporal que establece la Ley 906 de 2004 y que se erige como momento a partir del cual precluye la oportunidad para que las v\u00edctimas acudan al proceso penal, se encuentra en el art\u00edculo 106 ib\u00eddem, modificado por la Ley 1395 de 2010, al establecer que: <\/p>\n
\u201cLa solicitud para la reparaci\u00f3n integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30) d\u00edas despu\u00e9s de haber quedado en firme el fallo condenatorio\u201d. <\/p>\n
Basta con la lectura desprevenida del art\u00edculo 103 de la Ley 906 de 2004 que regula el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral, para respaldar tal conclusi\u00f3n: <\/p>\n
\u201cIniciada la audiencia, el incidentante formular\u00e1 oralmente su pretensi\u00f3n en contra del declarado penalmente responsable, con expresi\u00f3n concreta de la forma de reparaci\u00f3n integral a la que aspira e indicaci\u00f3n de las pruebas que har\u00e1 valer. <\/p>\n
El juez examinar\u00e1 y deber\u00e1 rechazarla si quien la promueve no es v\u00edctima o est\u00e1 acreditado el pago efectivo de los perjuicios y \u00e9sta fuera la \u00fanica pretensi\u00f3n formulada. La decisi\u00f3n negativa al reconocimiento de la condici\u00f3n de v\u00edctima ser\u00e1 objeto de los recursos ordinarios en los t\u00e9rminos de este c\u00f3digo\u2026\u201d\u00bb (STP14335-2019). <\/p>\n
De manera, de procederse de forma contraria, y asumirse esta acci\u00f3n como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala que, no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de las garant\u00edas superiores. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es suficiente para ratificar el fallo impugnado, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se advierte improcedente el auxilio si el proceso penal criticado se encuentra en tr\u00e1mite y, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste le corresponde dirimirlas al juez ordinario en la etapa correspondiente, lo que impide la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 29 de noviembre de 2023. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 30 de noviembre de 2023. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16751-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16751-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-01906-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78167","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}