STC16755-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16755-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2023-00246-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo el 17 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Antonio Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 2014-00144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que, dentro del juicio sucesorio de Nelcy Ester Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez, adelantada ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, fueron reconocidos como herederos Adriana Isabel, Elda Inocencia, Clara Elena y \u00e9l, en su calidad de hermanos de la causante. <\/p>\n
Que dicho inmueble fue objeto de aval\u00fao comercial donde el perito estableci\u00f3 que \u00abnaci\u00f3 de la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edo mediante resoluci\u00f3n 133 del 26 de abril de 1979 por el Incora de Yopal Casanare, posteriormente adquirido por la causante Nelcy Ester Fl\u00f3rez Hern\u00e1ndez a trav\u00e9s de contrato de compraventa\u00bb, y que su cabida correspond\u00eda a \u00ab529 hect\u00e1reas y 2.858 m2\u00bb, la cual \u00abse tom\u00f3 como \u00e1rea real y f\u00edsica para efectos del aval\u00fao\u00bb, fijado en \u00ab$2.912.000.000\u00bb. <\/p>\n
Que el 21 de junio de 2016 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro del referido predio, identific\u00e1ndose con la cabida y linderos se\u00f1alados en el dictamen pericial, tras lo cual el juzgado \u00abhizo entrega real y material al se\u00f1or secuestre [quien] manifest\u00f3 aceptaci\u00f3n y recibo\u00bb. <\/p>\n
Que el 4 de agosto de 2017 el accionado aprob\u00f3 la partici\u00f3n se\u00f1alando en su parte motiva que \u00ablos bienes y aval\u00faos se encuentra debidamente aprobado [y que] el trabajo partitivo se ajust\u00f3 al inventario de bienes y aval\u00faos aprobados\u00bb, y orden\u00f3 al secuestre hacer entrega de los mismos a sus adjudicatarios. <\/p>\n
Que el 25 de julio de 2023, el juzgado reiter\u00f3 la orden al secuestre para que entregara el referido inmueble, \u00abteniendo en cuenta lo recibido y consignado en el acta de la diligencia de secuestro del predio\u00bb, pero ante la \u00abrenuencia\u00bb del auxiliar de la justicia, solicit\u00f3 su remoci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de sanciones, \u00abya que no se conoce en el expediente que haya rendido informes siquiera semestral de la gesti\u00f3n encomendada\u00bb, siendo el reclamante quien \u00aben aras de conservar la integridad del bien se vio obligado a interponer querella policiva [por haber sido objeto de invasi\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
Que, con providencia del 4 de agosto y notificada el 8 de agosto de 2023, la autoridad acusada requiri\u00f3 al secuestre para que realizara la entrega de la finca \u00abteniendo en cuenta la descripci\u00f3n del bien denominado \u201cLa Dormida\u201d en el metraje y cabida establecidos en el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n debidamente aprobado y ejecutoriado\u00bb, decisi\u00f3n que dej\u00f3 inc\u00f3lume mediante auto proferido el 25 de agosto de 2023. <\/p>\n
Que el 8 de septiembre de 2023 se neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n del auto del 4 de agosto, y con prove\u00eddo del pasado 9 de octubre, se \u00abneg\u00f3 la solicitud de correcci\u00f3n parcial\u00bb que su mandataria judicial deprec\u00f3 respecto de la \u00abpartida segunda del trabajo de partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se invaliden los autos proferidos el 25 de julio, 4 y 25 de agosto, 8 de septiembre y 9 de octubre de 2023, y en su lugar se disponga \u00abla correcci\u00f3n de la partida segunda del trabajo de partici\u00f3n o en su lugar rehacer [la] adjudicaci\u00f3n, tomando como base nuevos aval\u00faos, y, en consecuencia, se ordene dictar nuevamente sentencia aprobatoria conforme a las reglas del art\u00edculo 508 del C\u00f3digo General del Proceso [y] de las consagradas en el C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La titular del estrado confutado, manifest\u00f3 que \u00abla solicitud de entrega del inmueble prenombrado indicando que el \u00e1rea que deben entreg\u00e1rseles es 529 hect\u00e1reas m\u00e1s 2858 mt2 conforme a la diligencia de secuestro\u00bb, y fue \u00abposterior a la terminaci\u00f3n del proceso [cuando ya se hab\u00eda] inscrito la sentencia\u00bb, raz\u00f3n por la cual fue \u00abnegada en varias ocasiones indicando que el \u00e1rea del inmueble adjudicado es la que aparece en el trabajo de partici\u00f3n aprobado [pues] no resulta procedente adjudicar y hacer entrega de presuntos derechos de posesi\u00f3n que se indicaron en la diligencia de secuestro sobre una parte de terreno que no fue inventariado\u00bb. Por tanto, afirm\u00f3 que \u00abel Juzgado no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental del accionante, en cuanto el proceso de sucesi\u00f3n se adelant\u00f3 conforme a la ley\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Matilde Rojas Vargas, quien dijo haber actuado dentro del liquidatorio como apoderada judicial de las herederas all\u00ed reconocidas, comparti\u00f3 la postura expresada por el actor, solicitando se mantenga la orden dirigida al secuestre para realizar \u00abla entrega del inmueble dejado bajo su responsabilidad legal de conformidad al Acta de secuestro de fecha 21 de junio de 2016, mediante despacho comisorio No. 2016-00055-00 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir \u00abdentro del proceso de sucesi\u00f3n se evacuaron las etapas pertinentes sin que el accionante haya puesto en conocimiento del Juez la inconformidad aqu\u00ed alegada, pues (\u2026), el trabajo de partici\u00f3n presentado por los apoderados de los interesados fue aprobado en sentencia del 4 de agosto de 2017, y all\u00ed se determin\u00f3 que el \u00e1rea del predio es de 275 hect\u00e1reas + 3000 M2, frente al cual no se present\u00f3 objeci\u00f3n alguna y fue aprobado en su integridad. Adicionalmente, se evidencia que el \u00e1rea determinada en la sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n coincide con la informaci\u00f3n que reposa en el [respectivo] folio de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb, por lo que, \u00abcon independencia [de] que se comparta o no la[s] decisi\u00f3n[es] adoptada por la autoridad accionada, la mismas resultan objetivas, razonadas y fundadas, siendo \u00e9sa y no otra la raz\u00f3n por la que el juez constitucional se encuentra impedido de abordar el tema objeto de controversia al interior del tr\u00e1mite, pues se actu\u00f3 dentro del margen legal vigente, sin desconocer el debido proceso y dem\u00e1s derechos alegados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para reiterar los argumentos y pretensiones de su querella, en particular, que, con las decisiones adoptadas por el juzgado, \u00abse est\u00e1 desconociendo y dejando a la deriva derechos de posesi\u00f3n ejercidos durante toda la vida por nosotros los actores\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si al interior del proceso de sucesi\u00f3n n\u00b0 2014-00144, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al no refaccionar el trabajo de partici\u00f3n en relaci\u00f3n con una de las partidas que integran el activo herencial. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, lo que implica actuar oportuna y adecuadamente. <\/p>\n
Ello, toda vez que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otras herramientas de protecci\u00f3n de sus derechos, pues esta no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio invocado, pero precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a su improcedencia por no satisfacer los esenciales requisitos generales en comento, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
Este impedimento emerge al observarse que la censura cardinal expresada a trav\u00e9s de este instrumento, se enfila contra la actuaci\u00f3n del juzgado en relaci\u00f3n con la aprobaci\u00f3n del trabajo partitivo y a la entrega a los adjudicatarios de uno de los bienes que compone la masa sucesoral, porque, en sentir del quejoso, su incorporaci\u00f3n en dicho acto procesal no se ajusta al que realmente corresponde; empero, tal reproche deviene extempor\u00e1neo. <\/p>\n
En efecto, revisada la actuaci\u00f3n surtida al interior del juicio sucesorio radicado bajo el n\u00b0 2014-00144, se advierte que, en similares t\u00e9rminos a los indicados en la demanda, en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, los interesados relacionaron como partida segunda del activo, \u00abel derecho de dominio sobre el lote \u201cLa Dormida\u201d, ubicado en la Vereda Tilodir\u00e1n de Yopal, con una cabida aproximada de doscientos setenta y cinco hect\u00e1reas (275 HAS) y tres mil metros (3000 m2); c\u00e9dula catastral No. 8500100001000000070078000000; folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 470-2212 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal; tradici\u00f3n: Inmueble adquirido por compra que la causante hiciera al se\u00f1or Hernando Pulido P\u00e1ez mediante escritura p\u00fablica No. 1096 del 16 de octubre de 1979 otorgada en la Notar\u00eda Primera de Sogamoso\u00bb. <\/p>\n
En dicha diligencia, realizada el 10 de junio de 2015, se alleg\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad del referido predio, donde se\u00f1ala que su extensi\u00f3n superficiaria es la referida anteriormente, y aunque el ac\u00e1 querellante estuvo presente y cont\u00f3 con representaci\u00f3n judicial, el \u00fanico reparo que present\u00f3 sobre el punto fue lo atinente al aval\u00fao, raz\u00f3n por la que el accionado dispuso que se practicara a trav\u00e9s de perito avaluador. Presentado el dictamen sin objeciones, con auto del 22 de abril de 2016 el juzgado resolvi\u00f3 \u00abaprobar los inventarios y aval\u00faos presentados en este asunto\u00bb. <\/p>\n
En lo pertinente, tambi\u00e9n muestra la respectiva foliatura, que, con auto del 24 de febrero de 2017, se autoriz\u00f3 a los dos apoderados judiciales de los interesados para que elaboraran el trabajo partitivo y de adjudicaci\u00f3n, a lo cual procedieron luego de que, con auto del 30 de junio del mismo a\u00f1o, el accionado ratificara la denegaci\u00f3n a la venta en p\u00fablica subasta del inmueble en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Se destaca que la partida respecto de la cual se suscita controversia, fue presentada conforme a los inventarios y aval\u00faos, es decir, indicando que su cabida es de \u00abdoscientos setenta y cinco hect\u00e1reas (275 HAS) y tres mil metros (3000 m2), aproximadamente\u00bb, mientras su aval\u00fao corresponde al establecido pericialmente. As\u00ed, tras el traslado previsto en el canon 589 del C\u00f3digo General del Proceso, a dicho labor\u00edo el juzgado le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n mediante sentencia adiada el 4 de agosto de 2017. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se observa que en lo concerniente al predio en cuesti\u00f3n, el hoy accionante, en su calidad de \u00abdepositario\u00bb, el 6 de julio de 2023 manifest\u00f3 al juzgado que para hacer entrega del mismo a los herederos, primero deb\u00eda entreg\u00e1rselo al secuestre, quien \u00aba la fecha no me ha requerido formalmente para recibir el predio, realizo la entrega del mismo conforme al acta de diligencia de secuestro\u00bb, y que seg\u00fan dicha acta, el inmueble \u00abcuenta con una \u00e1rea total de quinientas veintinueve hect\u00e1reas (529 HAS + 2.858 m2)\u00bb; esa situaci\u00f3n fue replicada por el auxiliar de la justicia quien en escrito del 11 de julio de 2023, expuso que \u00abno me es posible realizar la entrega del predio rural denominado LA DORMIDA a sus adjudicatarios, ya que estos en cabeza de su apoderada judicial est\u00e1n exigiendo al suscrito que realice la entrega de un predio que no corresponde, por lo que respetuosamente solicito a su se\u00f1or\u00eda que se comisione a los Juzgado Civiles Municipales de Yopal Reparto para que se adelante la entrega del predio que realmente corresponde al que debe ser entregado\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, la Sala establece que la motivaci\u00f3n tra\u00edda en sede tutelar se centr\u00f3 en la supuesta indebida identificaci\u00f3n de uno de los bienes que integraron los inventarios y por ende el trabajo partitivo, frente a lo cual, al interior del liquidatorio y ante el juez de la causa, no se suscitaron oportunos y adecuados reparos, siendo, por tanto, ajenos a ser tratados por v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Ciertamente, en lo que al requisito temporal ata\u00f1e, basta precisar que sin perjuicio de los ataques jur\u00eddicos que pudieron enfilarse de cara a los inventarios, el punto de partida para contabilizarlo ser\u00e1 la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n fechada el 4 de agosto de 2017, pues fue all\u00ed donde se consolid\u00f3 la situaci\u00f3n por la que ahora se duele el reclamante, y al haberse intentando remediarla mediante la instauraci\u00f3n de esta acci\u00f3n el 1\u00b0 de noviembre de 2023, es evidente que para tal invocaci\u00f3n excedi\u00f3 el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promoverla tempestivamente. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC4984-2023, 24 may., rad. 00104-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC2084-2023, 8 mar., rad. 00843-00). Se resalta. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al criterio temporal, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al resguardo, as\u00ed como de las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
Con observancia en lo anterior, en este caso no se aleg\u00f3 y menos se demostr\u00f3 circunstancia que evidencie situaciones ajenas a la voluntad del demandante, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la falta de justificaci\u00f3n por desconocimiento jur\u00eddico que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a este remedio excepcional. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que el demandante extienda su ataque a los autos dictados en el proceso a partir del 25 de julio y hasta el 4 de octubre de 2023, pues recu\u00e9rdese que la controversia que all\u00ed nuevamente plante\u00f3, no resultaba novedosa y por ello esos pronunciamientos no habilitan el t\u00e9rmino para recurrir al fallador de la salvaguarda, como si se tratara de la resoluci\u00f3n vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada entre otras en citada en STC1745-2023, 1\u00b0 mar., rad. 00607-00). <\/p>\n
3.2. De la incuria. <\/p>\n
El impedimento de la subsidiariedad bajo la modalidad en comento, emerge, en primer lugar, porque el heredero ac\u00e1 tutelante, pese a contar con apoderado judicial reconocido dentro del juicio de sucesi\u00f3n, no refut\u00f3 en la presentaci\u00f3n del inventario con la supuesta anomal\u00eda de la cabida del inmueble que comprende la partida segunda, como tampoco hizo uso de la figura jur\u00eddica de objeci\u00f3n al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 501 del estatuto adjetivo general. <\/p>\n
En segundo lugar, porque de cara a la supuesta falencia en que se incurri\u00f3 en el inventario, pudo intentar enmendarla en la etapa de partici\u00f3n, no obstante, ninguna advertencia, sugerencia o censura plante\u00f3 sobre el punto, por el contrario, de com\u00fan acuerdo con la apoderada de los otros interesados, su mandatario judicial consinti\u00f3 en la elaboraci\u00f3n del trabajo partitivo, el cual recibi\u00f3 aprobaci\u00f3n judicial con providencia del 4 de agosto de 2017. <\/p>\n
N\u00f3tese que para cuando se aprobaron los inventarios, el dictamen pericial que alud\u00eda a la posible diferencia en la extensi\u00f3n superficiaria, ya obraba en el expediente, por lo que, se itera, esa situaci\u00f3n no pod\u00eda tenerse como novedad como la presentaron el actor y el secuestre en julio de 2023. <\/p>\n
Por lo que acaba de verse, la tutela deber\u00e1 declararse improcedente, pues la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado que cuando una persona invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la inviabilidad del auxilio, -por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato-, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, en la medida en que no se advierte motivo alguno que justifique la incuria de la parte accionante, quien queda, por tanto, sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se acude al amparo sin agotar los medios de defensa consagrados legalmente y cuya idoneidad y eficacia no est\u00e1n en entredicho, impiden la injerencia del fallador excepcional, pues de vieja data la Corte Constitucional precis\u00f3 que esta acci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, seguidamente la misma Colegiatura se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio criticado, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). [Esto, por cuanto] la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC12494-2023, 9 nov., rad. 00396-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la falta de excusa por su pasividad para incoar oportunamente la querella y la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que fueron dilapidados, el accionante no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que exige la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente; (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado; (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Se realiza en relaci\u00f3n con la queja frente a la \u00abrenuencia\u00bb del secuestre, al no haber entregado los bienes dejados bajo su custodia pese a los requerimientos judiciales efectuados para ello, en el sentido de recordarle al juez cognoscente que como director del proceso, cuenta con los poderes de ordenaci\u00f3n y correccionales (art\u00edculos 42 a 44 del C\u00f3digo General del Proceso), y espec\u00edficamente, con la facultad para verificar que el auxiliar de la justicia cumpla estrictamente con sus funciones y obligaciones (art\u00edculos 51 y 52 ibidem). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que lo ser\u00e1 por improcedencia al incumplir tanto el requisito temporal como el de subsidiariedad, advirtiendo adem\u00e1s que tampoco se configuran las indispensables condiciones para su concesi\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por las causales precisadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16755-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16755-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2023-00246-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78170","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78170","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78170"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78170\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}