STC16772-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16772-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04848-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por H\u00e9ctor de Jes\u00fas G\u00f3mez L\u00f3pez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Presidencia de la Rep\u00fablica, los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores y, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n – Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso extradici\u00f3n con radicado N\u00ba 11001020400020230002500. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que mediante nota verbal N\u00ba 1638 de 30 de septiembre de 2022, el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 su detenci\u00f3n provisional para efectos de comparecer ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida, por el delito de \u00abconcierto para traficar de drogas il\u00edcitas\u00bb, acto que gener\u00f3 su detenci\u00f3n por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que una vez se formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n, el Ministerio de Justicia y del Derecho envi\u00f3 la documentaci\u00f3n correspondiente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 12 de enero de 2023, autoridad que corri\u00f3 el traslado respectivo el d\u00eda 18 de enero siguiente. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 7 de febrero de 2023 su defensa reclam\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas para demostrar que sobre los hechos materia de delito alegados por el pa\u00eds requirente \u00abya exist\u00eda una condena ejecutoriada en Colombia, concretamente la emitida por el Juzgado 4\u00ba Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 28 de febrero de 2017 dentro del radicado 110016000000201401582; as\u00ed como otros dirigidos a criticar la plena identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n realizadas por las autoridades norteamericanas\u00bb. <\/p>\n
Tras relatar los antecedentes y lo ocurrido en el referido proceso penal, en el que se profiri\u00f3 sentencia condenatoria que condujo a su reclusi\u00f3n durante un tiempo, indic\u00f3 que las pruebas que reclam\u00f3 en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n se dirigieron a demostrar que hab\u00eda sido suplantado y que la acusaci\u00f3n all\u00ed presentada no pod\u00eda dirigirse en su contra, pues exist\u00edan \u00abprofundas incertidumbres en torno a la persona conocida como alias \u201cAmarillo\u201d, pues incluso del informe 975 GRUICPROIE, de la cual se advierte que los hechos por los cuales en su momento fue condenado (\u2026) en Colombia surgi\u00f3 de una investigaci\u00f3n realizada por la DEA a cargo del agente DEREK SOUSA desde el a\u00f1o 2008. Por ende, resulta incomprensible c\u00f3mo solo 15 a\u00f1os despu\u00e9s se formalizara (\u2026) la acusaci\u00f3n. Lo cierto es que algunos reportajes period\u00edsticos, apuntaban a la existencia de otra persona conocida tambi\u00e9n con el alias \u201cAmarillo\u201d al servicio incluso en la actualidad del Clan del Golfo\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto de 29 de marzo de 2023 accedi\u00f3 a decretar como prueba el recaudo de la sentencia condenatoria proferida en su contra en el proceso antes rese\u00f1ado, pero desestim\u00f3 los dem\u00e1s elementos de prueba por \u00abinnecesarios, in\u00fatiles e intrascendentes\u00bb, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n, pero se mantuvo el 24 de mayo siguiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, evacuada la etapa de alegaciones en la que reiter\u00f3 lo antes se\u00f1alado, la Sala accionada emiti\u00f3 el concepto el 8 de noviembre de 2023 en los siguientes t\u00e9rminos, <\/p>\n
\u00ab1. FAVORABLE a la extradici\u00f3n (\u2026) formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, para que responda por el cargo de \u00abconcierto para distribuir cinco kilogramos o m\u00e1s de coca\u00edna\u00bb, por los hechos ocurridos del 7 de septiembre de 2016 al 8 de febrero de 2022 y tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. <\/p>\n
2. DESFAVORABLE por el cargo de \u00abconcierto para distribuir cinco kilogramos o m\u00e1s de coca\u00edna\u00bb, imputado en la acusaci\u00f3n 22-20041-CR-BLOOM\/OTAZO-REYES, dictada el 8 de febrero de 2022 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, en relaci\u00f3n con los sucesos ocurridos entre enero de 2010 al 6 de septiembre de 2016\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, si bien se acept\u00f3 que parte de los hechos por los que se le requer\u00eda en extradici\u00f3n fueron materia del proceso penal adelantado en Colombia, se dispuso su extradici\u00f3n sin esclarecerse lo concerniente a su identidad y la suplantaci\u00f3n que adujo, e igualmente no se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis suficiente, en cuanto a la \u00abimposibilidad f\u00e1ctica y material de que (\u2026) [\u00e9l] haya cometido las conductas por las que es requerido por (\u2026) Estados Unidos\u00bb cuando estuvo privado de la libertan en Colombia entre febrero de 2017 y el 22 de enero de 2019. <\/p>\n
Indic\u00f3 que si bien lo que reprocha puede ser planteado ante las autoridades del pa\u00eds requirente, esa posici\u00f3n legalmente aceptable, no es constitucional, porque \u00aben tanto pese a existir una duda razonable que puede ser incluso insalvable, se deja al ciudadano a su suerte y confiando en que se garantizar\u00e1n sus derechos en el pa\u00eds que lo requiere\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abDejar sin efectos el concepto emitido el 08 de noviembre por (\u2026), as\u00ed como los autos 29 de marzo de 2023 y del del 24 de mayo de 2023 mediante el cual se niega el decreto de pruebas a favor del se\u00f1or H\u00e9ctor de Jes\u00fas G\u00f3mez L\u00f3pez. (\u2026) [y] emitir auto interlocutorio de reemplazo en materia probatoria, que salvaguarde los derechos y principios ignorados en el fallo cuestionado, bajo una hermen\u00e9utica acorde con la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 los antecedentes del asunto cuestionado e indic\u00f3 que dict\u00f3 el concepto impartiendo el tr\u00e1mite legal correspondiente y sin lesionar los derechos del solicitante. A\u00f1adi\u00f3 que dentro de sus competencias no estaba la valoraci\u00f3n \u00abde las pruebas que discuten la responsabilidad del requerido, por cuanto en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n no tiene cabida debates en punto de la ocurrencia de los hechos, la participaci\u00f3n del solicitado o el grado de responsabilidad, ya que son temas que inescindiblemente beben hacer parte del debate al interior del proceso penal respectivo (Cfr. AP278-2021 del 3 de febrero de 2021)\u00bb. Tras exponer los argumentos materia de la decisi\u00f3n discutida de 8 de noviembre de 2023, pidi\u00f3 negar el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica refiri\u00f3 lo ocurrido en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n y precis\u00f3 la improcedencia de este amparo, dado que el actor cuenta con la v\u00eda contencioso administrativa para discutir los actos administrativos que se emitan; adem\u00e1s, indic\u00f3 que no estaba probado el perjuicio irremediable alegado. Advirti\u00f3 que la Resoluci\u00f3n donde se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del accionante, tras el concepto favorable que profiri\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, a\u00fan no ha adquirido firmeza. Agreg\u00f3 que en todo el procedimiento referido se han respetado las garant\u00edas del solicitante. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, dado que las quejas de la tutela no se dirigen en su contra. Agreg\u00f3 que los derechos del peticionario no fueron quebrantados, adem\u00e1s, el concepto mixto emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se dict\u00f3 atendiendo a las previsiones legales aplicables, ya que se emiti\u00f3 \u00abde conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 502 de la Ley 906 de 2004, en el que tuvo en cuenta los presupuestos legales, tales como: 1) La validez formal de la documentaci\u00f3n presentada; 2) La demostraci\u00f3n de la plena identidad del solicitado; 3) El principio de doble incriminaci\u00f3n; 4) La equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y 5) El cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos, cuando fuere el caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho refiri\u00f3 lo ocurrido en el asunto y expres\u00f3 que \u00abel Gobierno Nacional emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n Ejecutiva No. 377 del 7 de diciembre de 2023, por la cual se decidi\u00f3 sobre la entrega del ciudadano H\u00e9ctor de Jes\u00fas G\u00f3mez L\u00f3pez a los Estados Unidos de Am\u00e9rica, decisi\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n tanto al ciudadano requerido como a su defensa\u00bb y que puede ser recurrida por \u00e9ste mediante reposici\u00f3n \u2013art. 76, Ley 1437 de 2011-. A\u00f1adi\u00f3 que ha actuado conforme a la ley, respetando los derechos del requerido en extradici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Director de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores se\u00f1al\u00f3 que debe ser desvinculado de este tr\u00e1mite, dado que \u00abno obra hecho alguno atribuible\u00bb a esa autoridad, que permita inferir la lesi\u00f3n de los derechos del reclamante. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Al momento de presentar el proyecto de sentencia, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la evidencia allegada a este tr\u00e1mite, se advierte la inviabilidad de este amparo, por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen, <\/p>\n
1.1 En primer lugar, se establece que el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de H\u00e9ctor de Jes\u00fas G\u00f3mez L\u00f3pez no ha concluido, porque si bien la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 un concepto parcialmente favorable en dicho tr\u00e1mite, el Gobierno Nacional a\u00fan no ha proferido la resoluci\u00f3n correspondiente a efectos de su materializaci\u00f3n, acto administrativo que, en todo caso, es susceptible de ser recurrido mediante reposici\u00f3n -art\u00edculo 76, Ley 1437 de 2011-, medio de defensa del que puede hacer uso el solicitante cuando se expida tal determinaci\u00f3n con el fin de plantear las cuestiones que alega por esta v\u00eda residual y extraordinaria, sin que le sea posible al juez constitucional interferir en el procedimiento o en la decisi\u00f3n que deber\u00e1 adoptarse, debido al car\u00e1cter eminentemente subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Esta Corte, frente a situaciones an\u00e1logas, ha indicado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ. STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017, STC6904-2020 y STC9372-2023, entre otras). <\/p>\n
1.2 En segundo t\u00e9rmino, es del caso indicar, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples ocasiones, que frente al acto administrativo en firme que dispone la extradici\u00f3n solicitada por un gobierno extranjero, los interesados cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad de restablecimiento del derecho, para exponer los argumentos ventilados mediante este mecanismo extraordinario, conforme lo autoriza el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, esta Sala ha sostenido, <\/p>\n
(\u2026) Prudente es recordar que en asuntos similares al que ahora se analiza, reiteradamente esta Corporaci\u00f3n ha precisado que si el tutelante resultara inconforme con lo decidido sobre el pedido de extradici\u00f3n, el legislador ha establecido otros mecanismos a trav\u00e9s de los cuales podr\u00eda procurar la protecci\u00f3n de sus derechos: <\/p>\n
\u00abEs del caso resaltar que el accionante, en su condici\u00f3n de ciudadano colombiano, cuenta con otro medio ordinario de defensa judicial, toda vez que la decisi\u00f3n del gobierno nacional se plasm\u00f3 en un acto administrativo, que aunque goza de la presunci\u00f3n de legalidad, puede ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n pertinente, solicitando incluso la suspensi\u00f3n provisional del mismo, en caso de manifiesta ilegalidad; de all\u00ed que no sea viable en la acci\u00f3n de tutela emitir concepto alguno sobre el contenido de la decisi\u00f3n administrativa\u00bb (CSJ STC, 11 feb 2003, rad. 00043, reiterado entre otras en STC, 9 jul. 2012, rad. 01266-00, y STC10377-2016, 1 ag. rad. 02005-00) <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha considerado que: \u00ablos cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ, STC125-2015 y STC8742-2016, 29 ju. rad.01639-00) (CSJ, STC STC4856-2017, criterio reiterado en STC2658-2021, STC723-2023, STC2435-2023 y,STC6833-2023 entre otras). <\/p>\n
Agr\u00e9guese, en el eventual proceso contencioso administrativo que formule el accionante, puede invocar el decreto de las medidas cautelares que estime pertinentes -tal como la suspensi\u00f3n del acto administrativo atacado-, a fin de impedir un posible perjuicio irremediable, de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, se insiste, el amparo invocado no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito al incumplirse el presupuesto de la subsidiariedad, pues el actor cuenta con mecanismos id\u00f3neos para la defensa de sus intereses. <\/p>\n
Frente a este requisito la Sala, en reiteradas oportunidades ha hecho \u00e9nfasis en la obligaci\u00f3n que tienen los administrados, consistente en que, previo a acudir a esta acci\u00f3n, agoten todos los medios defensivos existentes para remediar las situaciones particulares que denuncian como vulneradoras de sus derechos fundamentales, porque, de no ser as\u00ed, la consecuencia inmediata es la negaci\u00f3n de las s\u00faplicas elevadas en tal sentido. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor de Jes\u00fas G\u00f3mez L\u00f3pez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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