STC16777-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16777-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-02452-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que interpuso Luis Guillermo Ruiz Machado contra la sentencia emitida el 1\u00ba de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma circunscripci\u00f3n territorial y el Consejo Superior de la Judicatura, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de cobro coactivo con radicado No. 1001079000020170022300 . <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor acumul\u00f3 varias pretensiones en el escrito de amparo, en el que pidi\u00f3 que se decrete la nulidad de lo actuado en el proceso de cobro coactivo por indebida notificaci\u00f3n, se deje sin valor ni efecto toda actuaci\u00f3n o remate que se haya realizado en el referido asunto y se ordene a la la Direcci\u00f3n Ejecutiva del Consejo Superior de la Judicatura informar sobre el recaudo de los dep\u00f3sitos judiciales que se generaron con ocasi\u00f3n del embargo y secuestro que soport\u00f3 el bien inmueble objeto de garant\u00eda real, para que, en su lugar, se le permita defender sus derechos como acreedor hipotecario. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no ha recibido informaci\u00f3n del monto que ha ingresado con ocasi\u00f3n del pago de canones de arrendamiento del bien embargado y secuestrado, ni permitido el ingreso al proceso de jurisdici\u00f3n coactiva en raz\u00f3n a que el expediente tiene reserva legal, e incluso, inform\u00f3 que el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias puso en conocimiento oficio proveniente de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n de Justicia (22 de septiembre de 2023), en el que se indic\u00f3 que la tercera y definitiva diligencia de remate se llevar\u00eda a cabo el 12 de septiembre de 2023. <\/p>\n
El accionante manifest\u00f3 que desconoce si tuvo lugar la referida diligencia y que las diversas actuaciones vulneran sus derechos fundamentales, debido a que considera que debi\u00f3 ser notificado de forma personal en el proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva conforme con lo establecido en el art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del proceso, <\/p>\n
2.- El despacho accionado realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones que obran en el expediente de su competencia, inform\u00f3 que la Direcci\u00f3n Ejecutiva, con fundamento en el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 informar el estado, clase de cr\u00e9dito y monto de la obligaci\u00f3n (13 marzo 2019). Narr\u00f3 que requiri\u00f3 a la oficina a cargo del coercitivo fiscal para que indicara el estado actual del proceso coactivo (11 noviembre 2021), quien puso en conocimiento que hab\u00eda iniciado tr\u00e1mites para el remate del bien, por lo que citar\u00eda a los acreedores en el momento procesal oportuno (23 marzo 2022). Narr\u00f3 que el accionante pidi\u00f3 ante su despacho \u00abcancelar los remates\u00bb sobre el inmueble objeto de hipoteca, petici\u00f3n que fue negada en raz\u00f3n a que el bien cautelado no se encontraba a disposici\u00f3n de su despacho, determinaci\u00f3n que no fue objeto de recurso (14 octubre 2022). Por lo anterior, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo en raz\u00f3n a que no se han vulnerado los derechos fundamentales del gestor. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de su competencia, en las que destac\u00f3 que requiri\u00f3 al Juzgado convocado para que informara sobre el estado, clase de cr\u00e9dito y monto de la obligaci\u00f3n con la finalidad de tener en cuenta la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y asegurar que hubiera un pago efectivo a favor de la entidad p\u00fablica al momento del remate, el cual se ha declarado desierto en dos oportunidades que fueron comunicadas al despacho citado (20 octubre 2022 y 17 noviembre 2022). Se\u00f1al\u00f3 que fij\u00f3 la tercera y \u00faltima diligencia de remate (16 agosto 2023), la cual no se llev\u00f3 a cabo por suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos. <\/p>\n
La oficina de cobranzas narr\u00f3 irregularidades que se presentaron con la empresa secuestre Centro Integral y Casa Carcel Capital S.A.S, hoy denominada Administramos Judicial S.A.S. y representada por el se\u00f1or Javier Jaramillo Mendoza, quien inform\u00f3, sin previo requerimiento, que el bien inmueble objeto de secuestro no hab\u00eda producido rentas o frutos civiles (24 febrero 2022), lo que llev\u00f3 a la entidad accionada a requerirlo en tres oportunidades para que informara sobre las consignaciones efectuadas por el arrendatario del bien objeto de cautela a \u00f3rdenes de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (26 abril, 7 julio, 12 julio 2022 y 14 junio 2023), toda vez que as\u00ed se estableci\u00f3 en la diligencia de secuestro (20 septiembre 2018). La empresa secuestre hizo caso omiso a los requerimientos, toda vez que lo unic\u00f3 que inform\u00f3 fue sobre el dep\u00f3sito del predio objeto de cautela al accionante del presente amparo para evitar que se generen pasivos (8 julio 2022), sin que haya comunicado sobre los dineros recibidos por concepto del contrato de arrendamiento suscrito. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 la accionada que relev\u00f3 del cargo a la empresa secuestre (28 julio 2023), compulso copias a la justicia penal y se encuentra a la espera para que un nuevo auxiliar de la justicia tome posesi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
La oficina de cobranzas comunic\u00f3 que el actor ha solicitado informaci\u00f3n sobre los canones de arrendamientos generados por el contrato de alquiler sobre el bien inmueble cautelado, a lo cual la accionada se ha negado en tres oportunidades (9 noviembre, 30 diciembre 2022 y 28 julio 2023), las dos primeras como consecuencia de simples solicitudes del gestor, y la tercera, a raiz de un documento denominado \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb, el cual deriv\u00f3 en la resoluci\u00f3n en la que se le reiter\u00f3 al accionante la reserva legal de los expedientes de cobro coactivo, su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y que \u00abtoda actuaci\u00f3n que implique la citaci\u00f3n o solicitud de los acreedores hipotecarios se debe hacer ante Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1\u0301\u00bb. Narr\u00f3 que el gestor present\u00f3 una solicitud de nulidad y suspensi\u00f3n por prejudicialidad, la cual fue resuelta en los mismo t\u00e9rminos que las anteriores (19 octubre 2023). <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo al considerar que el actuar de los accionados ha obedecido a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. As\u00ed mismo, inst\u00f3 a la Divisi\u00f3n de Cobro Coactivo del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue sobre las administraciones de los secuestres nombrados. <\/p>\n
4.- El recurrente promovi\u00f3 impugnaci\u00f3n, en la cual se\u00f1al\u00f3 que las normas que regulan su vinculaci\u00f3n al proceso de cobro coactivo como acreedor se gobiernas por el art\u00edculo 462 del C\u00f3digo General del Proceso y no por el 839-1 del Estatuto Tributario. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado toda vez que el requisito de inmediatez y subsidiariedad no est\u00e1n satisfechos. <\/p>\n
Revisadas las actuaciones en el proceso ejecutivo desarrollado ante la autoridad jurisdiccional convocada, encuentra la Sala que desde la fecha en la cual fue emitido el auto que neg\u00f3 la solicitud de requerimiento a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de la Administraci\u00f3n Judicial para que se sirviera informar sobre los dineros recaudados (14 octubre 2022) hasta la formulaci\u00f3n del presente amparo (20 octubre 2023) transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses, lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional, aspecto que torna inviable la concesi\u00f3n del presente amparo frente al Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, sin que lo anterior implique la imposibilidad para que el actor pueda elevar la correspondiente petici\u00f3n, una vez mas, ante la autoridad judicial, quien es la competente para atender dicho ruego. Frente a la inmediatez la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 13830-2019 reiterada entre otras en STC7308-2022). <\/p>\n
En conexi\u00f3n con lo anterior y frente a las pretensiones elevadas en la acci\u00f3n de amparo contra el Consejo Superior de la Judicatura, como juez del coactivo, encuentra la Sala que la solicitud invocada por el actor incumple con el requisito de procedencia de subsidiariedad, comoquiera que la oficina de cobranzas de dicha entidad administrativa no ha recibido solicitud del juzgado accionado en la que se pida informaci\u00f3n sobre los dineros percibidos durante la administraci\u00f3n de la empresa secuestre, toda vez que de conformidad con el art\u00edculo 839-1 del Estatuto Tributario, dicho ruego se debe elevar a trav\u00e9s del Juez de la cobranza civil, en raz\u00f3n a que los procesos fiscales gozan de una reserva legal de conformidad con el art\u00edculo 849-4 del referido r\u00e9gimen tributario, por lo que no ha hecho uso de las prerrogativas establecidas en la ley para obtener la informaci\u00f3n por \u00e9l perseguida. <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso y el precepto 839-1 del Estatuto Tributario no son normas incompatibles, en la medida en que, aunque ambas son de car\u00e1cter especial, no regulan \u00edntegramente un mismo asunto, partiendo de la base de que el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la primera de ellas es mucho m\u00e1s amplio que el del segundo precepto, por lo que es plausible entenderlas como normas complementarias que pueden ser armonizadas al comprender que la disposici\u00f3n especial de la norma fiscal resulta siendo una excepci\u00f3n a la regla contenida en el precepto de la Ley 1564 de 2012, siempre y cuando se observe la condici\u00f3n all\u00ed contenida\u00bb. (CSJ STC8179-2023) <\/p>\n
As\u00ed las cosas y frente a la causa de la impugnaci\u00f3n de la decisi\u00f3n del ad quo, de conformidad con el art\u00edculo 839-1 del Estatuto Tributario \u00absi el cr\u00e9dito que orden\u00f3 el embargo anterior es de grado inferior al del Fisco, el funcionario de cobranzas continuar\u00e1 con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo\u00bb, situaci\u00f3n que ocurri\u00f3 en el presente caso, debido que en el marco del proceso de jurisdicci\u00f3n coactiva se inform\u00f3 a la autoridad jurisdiccional accionada de la existencia del mismo, e incluso, se comunicaron las fechas en las que se programaron las diligencias de remate que a la postre no se desarrollaron (20 octubre 2022 y 17 noviembre 2022 y16 agosto 2023). <\/p>\n
Sin embargo, la misma disposici\u00f3n normativa tributaria se\u00f1ala que si el juez respectivo \u00ablo solicita\u00bb, la oficina de cobranzas \u00abpondr\u00e1 a su disposici\u00f3n el remanente del remate\u00bb, lo que legitima, \u00fanica y exclusivamente, al juez del cobro ordinario para elevar peticiones ante la oficina de cobro fiscal como las imploradas por el actor, situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3 en la presente controversia, a pesar de que el accionante lo solicit\u00f3 en su momento (folio 359), toda vez que el juzgado convocado se neg\u00f3 a hacerlo (14 octubre 2022), sin que ello impida que el actor vuelva a elevar su ruego ante dicha autoridad jurisdiccional, quien es la competente para atender sus peticiones y mediar en la ejecuci\u00f3n fiscal, toda vez que es un deber de la administraci\u00f3n de justicia garantizar la tutela judicial efectiva de los acreedores de obligaciones ejecutadas a trav\u00e9s de los procedimientos jurisdiccionales establecidos en la ley. <\/p>\n
En consecuencia de lo anterior, el gestor no ten\u00eda que ser notificado de forma personal de conformidad con el art\u00edculo 462 del C\u00f3digo General del Proceso, en raz\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del Estatuto Tributario, pues recu\u00e9rdese que \u00abla disposici\u00f3n especial de la norma fiscal resulta siendo una excepci\u00f3n a la regla contenida en el precepto de la Ley 1564 de 2012\u00bb (CSJ STC8179-2023) <\/p>\n
En consecuencia, t\u00e9ngase en cuenta la naturaleza excepcional de la acci\u00f3n de tutela, sobre la cual, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC7730-2020, reiterada, entre otras, en CSJ STC2557-2021) <\/p>\n
Finalmente, frente a la pretensi\u00f3n del gestor orientada a dejar sin valor ni efecto toda actuaci\u00f3n o remate que se haya realizado en el referido asunto, la Sala se\u00f1ala que se presenta una carencia actual del objeto, toda vez que de conformidad con el expediente, la \u00faltima diligencia de remate no se desarroll\u00f3 en raz\u00f3n a que tuvo lugar una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, por lo que cualquier mandato al respecto resultaria inane. En efecto, la sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abAsimismo, la aspiraci\u00f3n de la tutelante tendiente a obtener la suspensi\u00f3n del remate mencionado, tampoco resulta procedente, por cuanto, auscultado el expediente digital de la causa debatida, se encontr\u00f3 que dicha diligencia fue declarada desierta, \u00abconforme a lo establecido en el art\u00edculo 452 del CGP\u00bb (27 abr. 2022). As\u00ed las cosas, cualquier mandato de esta Corporaci\u00f3n en esa direcci\u00f3n, se tornar\u00eda inane, por carencia actual de objeto, por circunstancia sobreviniente, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley 2591 de 1991 y en la jurisprudencia constitucional\u00bb (CSJ STC6445-2022) <\/p>\n
En definitiva, por las consideraciones anteriores, la denegaci\u00f3n del amparo ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley resuelve, CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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