STC16790-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC16790-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04772-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cesar Jaime Torres Vela, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia de esta capital y los intervinientes en el hipotecario radicado n\u00ba 1997-26981. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se adelanta el ejecutivo hipotecario radicado n\u00ba 1997-26981 que promovi\u00f3 la Financiera Fes contra H\u00e9ctor Julio Garz\u00f3n Rico, L\u00e9rida Francy Garz\u00f3n Vergara y otros, cr\u00e9dito del cual es cesionario, y al que, el 4 de mayo de 2015, fue acumulado otro compulsivo (promovido por Francisco Jos\u00e9 Medina contra L\u00e9rida Francy Garz\u00f3n). <\/p>\n
Relata que, el 12 de octubre de 2016 el despacho decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por 60 d\u00edas a fin de que los demandados aportaran opciones para solventar la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, ante una solicitud de nulidad que present\u00f3 contra el auto precedente, es decir, el de 12 de octubre de 2016, alegando \u00abno ser procedente la reestructuraci\u00f3n en cr\u00e9ditos acumulados\u00bb; el juzgado mediante prove\u00eddo de 22 de marzo de 2017 accedi\u00f3 a lo pedido y declar\u00f3 la nulidad \u00abteniendo en cuenta la acumulaci\u00f3n de demandas sobre los mismos bienes del demandado\u00bb. <\/p>\n
Luego, el 25 de mayo de 2022 el juzgado llev\u00f3 a cabo la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, diligencia en la cual orden\u00f3 la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Indica que, en cumplimiento de lo anterior, el 10 de junio de 2022 alleg\u00f3 escrito con el cual propuso varias f\u00f3rmulas de pago, no obstante, hizo hincapi\u00e9 que el 22 de marzo de 2017 hubo un pronunciamiento en el que se dijo que la reestructuraci\u00f3n no era procedente en coercitivos acumulados. Los demandados guardaron silencio frente a las propuestas de cancelaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, el 20 de septiembre de 2022, el juzgado de ejecuci\u00f3n, advirtiendo la inexistencia de la reestructuraci\u00f3n, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n esta \u00faltima que fue objeto de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; el despacho mantuvo su postura al resolver el remedio horizontal (12 de diciembre de 2022); y, el 19 de octubre de la presente anualidad, la Sala Civil (unitaria) del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo en cuanto a la terminaci\u00f3n del ejecutivo por falta de reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestiona el actor las \u00faltimas determinaciones rese\u00f1adas. Aduce que el litigio deb\u00eda proseguir \u00abcon base en el silencio de la demandada, el juez tampoco agot\u00f3 otros mecanismos como una prueba de oficio, si es que ten\u00eda alg\u00fan reparo concreto sobre la reestructuraci\u00f3n\u00bb. Sostiene que alleg\u00f3 un total de tres propuestas de pago a los ejecutados, frente a las cuales no se pronunciaron en ning\u00fan sentido, \u00abraz\u00f3n por la cual no puede el juzgado entrar a establecer talanqueras con base en la desidia de la parte pasiva\u00bb. <\/p>\n
Aduce que el proceso no ten\u00eda que terminarse pues el proceso no solo versa en un cobro por una deuda adquirida en UPAC, pues coexiste con esta \u00abun ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda acumulado desde el 4 de mayo de 2015\u00bb. <\/p>\n
Recalca que, los deudores conocieron de la reestructuraci\u00f3n o f\u00f3rmulas de pago, pero \u00abninguna de ellas escogi\u00f3 [\u2026] y ning\u00fan reparo se ofreci\u00f3, ni anunci\u00f3 su cumplimiento antes de la declaratoria de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, tanto el juez como el tribunal, incurrieron en falta de motivaci\u00f3n pues, nada dijeron sobre el auto de 22 de marzo de 2017 que anul\u00f3 una decisi\u00f3n anterior que hab\u00eda decretado la suspensi\u00f3n del proceso para efectos que se acreditara la reestructuraci\u00f3n por existir dos documentos o t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
3. Por todo, en consecuencia, pide que, se declare \u00abla nulidad del auto de 19 de octubre de 2023 por incurrir en falta total de motivaci\u00f3n en los que se refiere a las razones enarboladas en el recurso que no fueron evacuadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n discutida, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 que, en efecto, conoci\u00f3 en segunda instancia de la terminaci\u00f3n del ejecutivo acumulado 1997-26981, confirmando tal decisi\u00f3n al no acreditarse la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito por el acreedor, \u00abdecisi\u00f3n en la que se valoraron en integridad las pruebas y se aplicaron no solo las disposiciones sustanciales y procesales llamadas a disciplinar el caso, sino que se tuvo en cuenta la jurisprudencia patria que ha decantado el tema en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, relacion\u00f3 los incidentes del tr\u00e1mite judicial en cuesti\u00f3n, asunto en el cual, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del ejecutivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el tribunal al advertir igualmente que, \u00ab(\u2026) no se inform\u00f3 en la demanda, ni se acredit\u00f3 con posterioridad que, sobre el cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda se haya acordado con los deudores su reestructuraci\u00f3n, constituy\u00e9ndose as\u00ed la ausencia de un t\u00edtulo ejecutivo correctamente constituido, lo que deb\u00eda conllevar al decreto de terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si colegiatura convocada vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental denunciada por el accionante, al interior del hipotecario (acumulado) n\u00ba 1997-26981 en el cual funge como cesionario del cr\u00e9dito, al confirmar la decisi\u00f3n del a quo (20 de septiembre de 2022, del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1) de terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido (auto de 19 de octubre de 2023), incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo (aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 42 de la ley 546 de 1999), y f\u00e1ctico (por omitir valorar que present\u00f3 varias propuestas y\/o f\u00f3rmulas de pago de la obligaci\u00f3n, frente a las cuales los demandados guardaron silencio). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia, declararon la nulidad y, subsecuentemente, decretaron la terminaci\u00f3n del ejecutivo por falta de reestructuraci\u00f3n de la deuda, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 19 de octubre de 2023 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (unitaria), por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 La providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, el tribunal rese\u00f1\u00f3 que, la ejecuci\u00f3n corresponde a un cr\u00e9dito hipotecario de vivienda, soportado en, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el pagar\u00e9 n\u00ba 01808354-0 otorgado el 8 de noviembre de 1995 cuyo importe en cuant\u00eda de $60\u2019060.000 fue garantizado con la constituci\u00f3n de hipoteca que se hizo constar en la escritura p\u00fablica n\u00ba 3.830 del 9 de octubre de 1995 corrida en la Notar\u00eda 34 de la ciudad, inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50C-137278 asignado al apartamento hipotecado, instrumento p\u00fablico donde tambi\u00e9n se concret\u00f3 el negocio jur\u00eddico de la compraventa respectiva\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 los precedentes jurisprudenciales que aluden a la tem\u00e1tica, es decir, aquellos que refieren a que el ajuste de la deuda en los hipotecarios de largo plazo, como el que se pretende cobrar, destinados a la adquisici\u00f3n de vivienda es obligatoria y que, de no acreditarse, no es posible continuar con la ejecuci\u00f3n, a la luz de lo previsto en la ley 546 de 1999 (STC10951-2015 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil; SU-813\/07 y T-881713 de la Corte Constitucional); adem\u00e1s, que su comprobaci\u00f3n debe ser verificada de oficio por el juez de la causa, incluso en segunda instancia, a\u00fan si no se hizo dicho control al momento de librar mandamiento de pago (STC9367-2019); as\u00ed mismo, se refiri\u00f3 a los pronunciamientos que precisaron que la carga de presentar la reestructuraci\u00f3n no es exclusiva de la entidades financieras, sino que se traslada a los cesionarios de la acreencia (STC9555-2015). <\/p>\n
Luego, descendiendo a los reparos del actor, sobre la procedencia de la reestructuraci\u00f3n, dijo, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo anterior, es indispensable tener en cuenta los cambios de titular del despacho que tuvo el juzgado de origen, para efectos de entender en qu\u00e9 se originaron unas decisiones tan distintas la una de la otra, dado que en un primer momento se concluy\u00f3 que no era necesario la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pero despu\u00e9s una nueva juez consider\u00f3 que no era procedente seguir adelante con la ejecuci\u00f3n del proceso, fundament\u00e1ndose en que, no se cumpl\u00edan los presupuestos del documento base de la ejecuci\u00f3n arriba mencionados, prove\u00eddo que es el que se discute actualmente, decisi\u00f3n interlocutoria aquella que de todas maneras no resulta inexpugnable porque no genera efectos de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en lo atinente a la falta de respuesta de los deudores frente a las propuestas de pago, dijo, <\/p>\n
\u00abPor otro lado, tampoco es de recibo el se\u00f1alamiento del apelante referente a que, como fueron los deudores quienes no propusieron un plan de pagos, la reestructuraci\u00f3n no debe exigirse, porque la jurisprudencia invocada hace hincapi\u00e9 en que es la parte ejecutante quien est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de realizar la estructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y no es un asunto opcional, lo cual se fundamenta en que el pagar\u00e9 n\u00ba 01808354-0 y el documento que contiene la reestructuraci\u00f3n conforman un t\u00edtulo ejecutivo completo (sic) y por ende, la ausencia de alguno de estos impide adelantar el cobro deprecado, ya que de ello depende, que los deudores puedan salvaguardar su patrimonio, modificando como ya se dijo las condiciones de la deuda en su favor. Lo cual encuentra sustento en lo siguiente; <\/p>\n
\u201cPor el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus reales posibilidades financieras, para de esa manera garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la ley 546 de 1999 (STC3300-2023)\u00bb. <\/p>\n
Y del documento contentivo de las f\u00f3rmulas de arreglo allegado por el cesionario, puntualiz\u00f3 el tribunal, <\/p>\n
\u00abAhora bien, a pesar de que el cesionario radic\u00f3 un documento mediante el cual pon\u00eda a disposici\u00f3n de las deudoras una posible reestructuraci\u00f3n de la deuda, se evidencia a partir de la revisi\u00f3n del expediente, que en ning\u00fan momento se lleg\u00f3 a un acuerdo con las deudoras que permitieran a la juez de primera instancia, inferir que efectivamente, se cumpli\u00f3 con dicha exigencia legal y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
A partir de la anterior argumentaci\u00f3n, el accionado concluy\u00f3, <\/p>\n
\u00abA tono con las anteriores premisas y que la juez de primera instancia actu\u00f3 en cumplimiento con el deber de verificar de manera oficiosa los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo, los yerros endilgados al auto impugnado lucen infundados, toda vez que no se inform\u00f3 en la demanda, y menos se acredit\u00f3 de manera posterior, que sobre el cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda se haya acordado con los deudores su reestructuraci\u00f3n, mecanismos que, como viene de explicarse, constituye presupuesto de exigibilidad del cobro que se pretende ejecutar en asuntos de esta naturaleza, por lo cual, decretar consecuencialmente la terminaci\u00f3n del proceso era la decisi\u00f3n ajustada a derecho ante la ausencia de un t\u00edtulo ejecutivo correctamente constituido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la imposibilidad de continuar la ejecuci\u00f3n dada en ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en el presente asunto, la providencia apelada ser\u00e1 confirmada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no necesariamente es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para hacer prevalecer, por sobre la del juzgador, una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o valoraci\u00f3n probatoria que coincida plenamente con la de las partes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, resulta evidente que la pretensi\u00f3n de la gestora del resguardo, por intermedio de su apoderado, se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De manera que, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial respetable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de la corporaci\u00f3n accionada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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