STC16793-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16793-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00688-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 9 de noviembre de 2023, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonardo Jos\u00e9 Qui\u00f1ones David, contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2023-00170-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El actor -en calidad de apoderado del se\u00f1or Guido Alfonso Caballero Corrales-, el 24 de julio de 2023, promovi\u00f3 proceso de pertenencia en contra de la sociedad Inversiones Tivoli Ltda, el cual correspondi\u00f3 al juzgado encarado. La demanda fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la citada ciudad el 1\u00b0 de septiembre del 2023. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que el 29 de agosto de 2023, el profesional del derecho Manuel Eduardo Ariza aport\u00f3 poder para actuar en representaci\u00f3n de Jos\u00e9 Enilson Caballero hijo del demandante. Asimismo, alleg\u00f3 un contrato de compraventa de derechos de posesi\u00f3n celebrado entre el all\u00ed impulsor y su representado. En raz\u00f3n de ello, el aqu\u00ed accionante present\u00f3 escrito oponi\u00e9ndose al contrato aportado, pues en el mismo se incorpora la venta de derechos litigiosos entre su poderdante y Jos\u00e9 Enilson, lo que en su sentir desconoce el contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado entre \u00e9l y su poderdante el 16 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual se le entregaba un lote de terreno de 10.000 metros cuadrados en contraprestaci\u00f3n de sus servicios profesionales. <\/p>\n
2.2. Mencion\u00f3 que la autoridad judicial atacada, no dio tr\u00e1mite a la oposici\u00f3n presentada, en cambio admiti\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos con auto del 11 de septiembre de 2023. Decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n. Indic\u00f3 que el 15 de septiembre de la misma anualidad, fue aportado memorial de revocatoria del poder que le hab\u00eda sido conferido, el cual fue aceptado con prove\u00eddo del 17 de septiembre siguiente, fecha en la que ya hab\u00eda presentado los respectivos recursos a los que no les ha dado tr\u00e1mite el juzgado enjuiciado. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se declare la nulidad de todo lo actuado \u00abdespu\u00e9s del auto del 11 de septiembre de 2023 y ordenar al se\u00f1or Juez 13 Civil del Circuito dar tr\u00e1mite al RECURSO DE REPOSICI\u00d3N y SUBSIDIARIAMENTE EL DE APELACI\u00d3N contra el auto del 11 de septiembre de 2023, el cual admiti\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos y de posesi\u00f3n en favor del se\u00f1or JOSE ENILSON CABALLERO GUETTE, porque todo lo acontecido posteriormente, deja abierta la posibilidad a que se atente por el se\u00f1or JOSE ENILSON CABALLERO GUETTE contra mis 10.500 metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, luego de relatar sus actuaciones, inform\u00f3 que \u00abla parte demandante le revoc\u00f3 poder al apoderado judicial y accionante dentro de la presente acci\u00f3n, el d\u00eda 7 de septiembre de 2023, lo cual se acept\u00f3 en auto de fecha 27 de septiembre de 2023, providencia que fue recurrida por el accionante y se neg\u00f3 tal recurso por no ser procedente como dispone el art\u00edculo 76 del C G del P. Es de anotar que el doctor LEONARDO JOSE QUI\u00d1ONES DAVID, ha realizado varias peticiones de las cuales no es procedente pronunciarse siendo que no tiene facultad de apoderado dentro del mismo\u00bb. Pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo. <\/p>\n
2. Guido Alfonso Caballero, quien act\u00faa como demandante en el proceso de pertenencia, manifest\u00f3 que ha sido enga\u00f1ado por el actor, quien \u00abha redactado un documento en el que supuestamente me entreg\u00f3 diez millones de pesos ($10.000.000 m\/c), pero debo enfatizar que, como Guido Alfonso Caballero Corrales, no he recibido ni un solo centavo de esa suma\u00bb. Afirm\u00f3 que es inaceptable que el gestor \u00abcobre honorario por un trabajo no realizado\u00bb. Por \u00faltimo, aclar\u00f3 que el \u00fanico propietario del predio es su hijo. <\/p>\n
3. Manuel Eduardo Ariza Recio, apoderado de Enilson Jos\u00e9 Caballero, asever\u00f3 que al interior del tr\u00e1mite no se le han vulnerado los derechos al libelista, pues la autoridad cuestionada ha actuado conforme a la ley. <\/p>\n
4. El gestor sostuvo que, al momento de promover los recursos en contra del prove\u00eddo del 11 de septiembre de 2023, a\u00fan era apoderado de la parte demandante. Y que se le vulneran sus derechos con el hecho de que los mismos no han sido resueltos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Constat\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3 la titularidad del derecho reclamado, as\u00ed como tampoco la condici\u00f3n de apoderado especial para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela del Dr. LERONARDO JOSE QUI\u00d1ONES DAVID, ni la figura de agencia oficiosa. Por lo anterior, la Sala advierte que configura con toda claridad la falta de legitimidad por activa para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor aduce que \u00abha demostrado dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, tener un inter\u00e9s directo y particular dentro de ella, por ende, no se ha estudiado por ese cuerpo judicial si el auto del 11 de septiembre de 2023 proferido por el juez 13 civil del circuito de Barranquilla, se encontraba ejecutoriado o no y cuando fue atacado ese auto por este profesional del derecho segu\u00eda fungiendo como apoderado del demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Esta Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada por falta de legitimaci\u00f3n por activa del accionante, pues no es el titular de los derechos cuya vulneraci\u00f3n alega ni acredit\u00f3 ser un tercero con inter\u00e9s en el proceso criticado. V\u00e9ase que la inconformidad radica en que la autoridad debatida no ha resuelto los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra el auto del 11 de septiembre de 2023, cuando fung\u00eda como apoderado del se\u00f1or Guido Alfonso Caballero Corrales, quien le revoc\u00f3 el poder. <\/p>\n
2. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Con base en esa normativa, la Sala, en fallo de unificaci\u00f3n -CSJ STC10721-2023-, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente. ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial. O iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
3. Acorde con lo expuesto, esta Sala en la sentencia citada STC10721, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023), de manera que: cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (CSJ STC10027-2022, CSJ STC10757-2022). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se tiene que el actor pretende que el Juzgado convocado le d\u00e9 tr\u00e1mite a los recursos impetrados en el litigio debatido. Sin embargo, no es el titular de los derechos reclamados y tampoco es parte en el proceso de pertenencia cuestionado. Tal situaci\u00f3n impide estudiar el fondo del amparo impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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