STC16797-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16797-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04796-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin Ricardo Volpe Iglesias contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Jorge Eli\u00e9cer Mola Capera, Jorge Eli\u00e9cer Cabrera Jim\u00e9nez y Dem\u00f3stenes Camargo de \u00c1vila, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00019. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, en el proceso penal que se le adelanta por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb, formul\u00f3 recusaci\u00f3n, con fundamento en la causal 4\u00aa del art\u00edculo 56 de la ley 906 de 2004, contra los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eli\u00e9cer Cabrera Jim\u00e9nez y Dem\u00f3stenes Camargo de \u00c1vila. <\/p>\n
Refiere que, el magistrado no recusado, Jorge Eli\u00e9cer Mola Capera, ante la recusaci\u00f3n de sus hom\u00f3logos, orden\u00f3 sortear conjueces siendo designados los abogados Luis Hernando Ortiz Rosero y Javier Gonz\u00e1lez Daza, sin embargo, este \u00faltimo se declar\u00f3 impedido para asumir el cargo. <\/p>\n
Destaca que, mediante providencia del 21 de junio de 2021, la recusaci\u00f3n fue declarada infundada, decisi\u00f3n que adoptaron \u00fanicamente el magistrado Mola Capera y el conjuez Ortiz Rosero, raz\u00f3n por la cual, elev\u00f3 requerimiento al magistrado titular a fin de que corrigiera dicha falencia, en consideraci\u00f3n a que, tal determinaci\u00f3n \u2013 la de la recusaci\u00f3n, no pod\u00eda ser resuelta en sala dual. <\/p>\n
Resalta que, en virtud de su solicitud, el magistrado Mola Capera orden\u00f3 sortear un segundo conjuez y dispuso la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite penal, no obstante esto, los magistrados recusados, quienes hab\u00edan retomado la competencia para actuar, \u00abprosiguieron con el diligenciamiento y dieron lectura a la Sentencia desconociendo la orden de suspensi\u00f3n de dichas diligencias. Con ello se vulner\u00f3 el debido proceso y, se gener\u00f3 de contera una nulidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Indica que, todo lo anterior fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia que lo conden\u00f3 \u2013 30 de junio de 2021 \u2013 y fue resuelto en segunda instancia por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo del 15 de marzo de 2023, en el que, adem\u00e1s de ratificar la condena, desech\u00f3 las alegaciones en torno a la conformaci\u00f3n de la Sala para resolver la recusaci\u00f3n planteada. <\/p>\n
Critica en tal sentido que, la Sala acusada se extralimit\u00f3 en sus funciones al se\u00f1alar que \u00abno exist\u00eda irregularidad alguna en la composici\u00f3n obligatoria de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, pues nunca se dio el evento por la Corte manifestado de que daba aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la Ley 1395 de 2010, pues, no fue que los Magistrados no aceptaran, es que lo que aconteci\u00f3 fue una decisi\u00f3n de declaratoria infundada por un Magistrado y un Conjuez, cuando lo ordenado por el debido proceso es que la decisi\u00f3n sea tomada por tres Magistrados, en este evento, por un Magistrado y dos Conjueces\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, se ordene que, \u00abla Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, se pronuncie de conformidad con la aplicaci\u00f3n de la conformaci\u00f3n de la Sala mediante el sorteo y designaci\u00f3n de dos conjueces; para que decidan acerca de la solicitud de recusaci\u00f3n en contra de los se\u00f1ores magistrados Jorge Eli\u00e9cer Cabrera Jim\u00e9nez y Dem\u00f3stenes Camargo de \u00c1vila\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Gloria Amparo Giraldo Ruiz, vinculada, coprocesada en el juicio penal en cuesti\u00f3n, sostuvo que la decisi\u00f3n reprochada se fundament\u00f3 en una norma inaplicable para el caso. Agreg\u00f3 que se cumplen con los requisitos de procedencia general y especial de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial y solicit\u00f3 que se acceda a las pretensiones de la tutela en calidad de coadyuvante. Manifest\u00f3 que present\u00f3 solicitud de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia porque consider\u00f3 que se hab\u00eda vulnerado su derecho fundamental al debido proceso en virtud de la indebida conformaci\u00f3n de la sala para resolver lo relacionado con la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que la Corte Suprema de Justicia \u00abdecidi\u00f3 la solicitud de nulidad con fundamento en el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996, que prev\u00e9 que las decisiones en las corporaciones se toman con la asistencia y voto de la mayor\u00eda. Pero en este caso no se estaba acusando la decisi\u00f3n de irregular porque no se hubiera tomado por mayor\u00eda, sino porque al momento de decidir no estaba conformada debidamente la sala de decisi\u00f3n, toda vez que de los dos conjueces nombrados, uno se declar\u00f3 impedido y, en ese orden de ideas, deb\u00eda nombrarse otro para que aquella quedara integrada por tres miembros, conforme al inciso segundo del art\u00edculo 5 del decreto 2637 de 2004 (que modific\u00f3 el art\u00edculo 19 de la ley 270 de 1996)\u00bb. <\/p>\n
2. La Magistrada ponente de la decisi\u00f3n recriminada, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 que, los argumentos del tutelante \u00abbuscan reabrir la discusi\u00f3n ya resuelta. Por otro lado, consider\u00f3 que el accionante no demostr\u00f3 los defectos alegados, lo cual es exigido cuando se cuestiona una providencia judicial, en particular de una alta Corte\u00bb. Defendi\u00f3 lo resuelto en relaci\u00f3n con la nulidad planteada, puesto que, \u00abhab\u00eda existido coincidencia de criterio, sobre el sentido del fallo, entre el magistrado y el conjuez que particip\u00f3 en la Sala de Decisi\u00f3n. Es decir, se conform\u00f3 quorum deliberativo y decisorio, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. Por esto, la decisi\u00f3n inicial fue v\u00e1lidamente adoptada y era innecesaria la designaci\u00f3n de otro conjuez para resolver de nuevo, como lo hab\u00eda solicitado el procesado\u00bb. <\/p>\n
3. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla defendi\u00f3 la sentencia que le correspondi\u00f3 proferir en primera instancia, en el juicio penal que se le adelanto al aqu\u00ed accionante y a Gloria Giraldo Ruiz por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n\u00bb y adujo que, \u00abno se incurri\u00f3 en ning\u00fan defecto material o sustantivo sobre las reglas y la jurisprudencia\u00bb Se\u00f1al\u00f3 que, luego de declararse infundada la recusaci\u00f3n formulada, atendiendo la legalidad de dicha determinaci\u00f3n, continu\u00f3 con el proceso y procedi\u00f3 a dictar sentencia, en tanto que, ya exist\u00eda sentido del fallo condenatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso con la sentencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2023 que, adem\u00e1s de confirmar la condena en su contra a 57 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb, desestim\u00f3 los alegatos de nulidad expuestos relacionados con la \u00abincorrecta\u00bb conformaci\u00f3n de la Sala decisoria del Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, que resolvi\u00f3 sobre la recusaci\u00f3n planteada (21 de junio de 2021), incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, por aplicar, supuestamente, una normativa que no corresponde con la tramitaci\u00f3n de una recusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la sentencia atacada. <\/p>\n
Al revisar la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. Al respecto, n\u00f3tese, la problem\u00e1tica referida a la indebida conformaci\u00f3n de la Sala para resolver lo relativo a la recusaci\u00f3n formulada, fue planteada por la coprocesada Gloria Amparo Giraldo Ruiz, quien sostuvo que tal circunstancia viciaba de nulidad la actuaci\u00f3n y, por lo tanto, el juicio deb\u00eda retrotraerse. <\/p>\n
Preliminarmente, la Hom\u00f3loga Penal, precis\u00f3 que los motivos de invalidez no pueden ser de postulaci\u00f3n libre y deben concurrir con principios jur\u00eddicos que los viabilicen, entre ellos, el principio de trascendencia, esto es, que la anomal\u00eda denunciada en verdad afecte las garant\u00edas constitucionales y\/o procesales de los intervinientes. <\/p>\n
En este evento, frente al asunto expuesto como nulidad, la Sala tutelada lo resolvi\u00f3 adversamente porque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Desde el punto de vista formal, la solicitante no cumpli\u00f3 la carga argumentativa exigida. Si bien expone el hecho en el cual consistir\u00eda la irregularidad y el momento a partir del cual deber\u00eda reponerse la actuaci\u00f3n, no explica el car\u00e1cter sustancial del acto considerado irregular. Tampoco sustenta c\u00f3mo \u00e9ste afecta los derechos presuntamente vulnerados ni la aplicaci\u00f3n de los principios que rigen la declaratoria de la nulidad en el caso concreto. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, la Sala no observa irregularidad alguna en el acto procesal atacado. De conformidad con el art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, el quorum para deliberar y decidir al interior de las Corporaciones Judiciales en pleno o en cualquiera de sus Salas y Secciones, requiere de la asistencia y el voto de la mayor\u00eda de los miembros de la respectiva Corporaci\u00f3n, Sala o Secci\u00f3n. Por otro lado, el art\u00edculo 60 de la Ley 906 de 2004, modificado por el art\u00edculo 84 de la Ley 1395 de 2010, sobre los requisitos y formas de recusaci\u00f3n, establece que, si el Magistrado que se solicita separar del proceso no acepta la correspondiente recusaci\u00f3n, los restantes magistrados decidir\u00e1n. <\/p>\n
En cuanto a la situaci\u00f3n concretamente reprochada, esto es, el hecho de que la recusaci\u00f3n fuera resuelta en sala dual, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]n este sentido, la coincidencia de criterio, sobre el sentido de la decisi\u00f3n, entre quienes efectivamente participaron en la Sala, conform\u00f3 quorum deliberativo y decisorio. Por lo tanto, era innecesaria la designaci\u00f3n de otro conjuez para resolver de nuevo, como lo solicit\u00f3 Edwin Ricardo Volpe Iglesias. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n del Magistrado mola capera, luego de que la recusaci\u00f3n hab\u00eda sido resuelta, de volver a sortear conjueces porque as\u00ed lo hab\u00eda solicitado el procesado, no era requerida. Por las razones indicadas, la decisi\u00f3n inicial hab\u00eda sido v\u00e1lidamente adoptada, puesto que, al interior de la misma Sala, con la concurrencia de uno de los conjueces, se resolvi\u00f3 por unidad de criterio. El sorteo y designaci\u00f3n efectiva de otro miembro de la Sala habr\u00eda implicado una dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite, en desmedro de una pronta y eficaz administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que, el que se hubiere continuado con la lectura del fallo \u2013 con la ponencia del magistrado Dem\u00f3stenes Camargo de \u00c1vila \u2013, frente a quien la recusaci\u00f3n no prosper\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no implic\u00f3 en modo alguno violaci\u00f3n al debido proceso de ninguna de las partes e intervinientes. No se acredita, por lo tanto, irregularidades que puedan dar lugar a la declaratoria de nulidad de la actuaci\u00f3n. En consecuencia, se dispondr\u00e1 negar la petici\u00f3n presentada por Gloria Amparo Giraldo Ru\u00edz\u00bb. <\/p>\n
3.2. Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada \u2013 frente a la conformaci\u00f3n de la sala decisoria para resolver sobre la recusaci\u00f3n propuesta \u2013, y concluy\u00f3 que, la irregularidad alegada no alcanzaba el principio de trascendencia ni era suficiente para viciar lo actuado y ameritar la declaratoria de nulidad. <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, resulta evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De forma que, el accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la Sala aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
3.3. Sumado a lo anterior, cabe se\u00f1alar que, el motivo de invalidez alegado por el gestor del amparo, ha sido objeto de examen por esta Corte en anteriores tutelas, en las que se ha dicho que circunstancias como las denunciadas no tienen relevancia constitucional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al respecto, no se advierte que la decisi\u00f3n proferida por solo dos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popay\u00e1n vulnere el debido proceso de la accionante, pues de conformidad con el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996 \u00abtodas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n. Es obligaci\u00f3n de todos los Magistrados participar en la deliberaci\u00f3n de los asuntos que deban ser fallados por la Corporaci\u00f3n en pleno y, en su cargo, por la sala o la secci\u00f3n a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporaci\u00f3n, enfermedad o calamidad dom\u00e9stica debidamente comprobadas, u otra raz\u00f3n legal que imponga separaci\u00f3n temporal del cargo\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
De tal manera, que si bien es cierto uno de las magistrados que conforman la Sala Laboral del Tribunal Superior de Popay\u00e1n tuvo que separarse del conocimiento del proceso ordinario laboral instaurado por la accionante, al encontrarse incurso en una causal de impedimento, tambi\u00e9n lo es que la sala de decisi\u00f3n no se disminuy\u00f3 a menos de la pluralidad m\u00ednima prevista en la ley para decidir el asunto, pues los dos magistrados estuvieron de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el qu\u00f3rum decisorio para definir el asunto, sin necesidad de acudir a la designaci\u00f3n de un conjuez como erradamente lo afirma la accionante\u00bb (STC STL9396-2015, 15 jul., rad. 40584). <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone la negativa de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Las consideraciones expuestas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal (15 de marzo de 2023) respecto de la nulidad planteada en sede de apelaci\u00f3n (proceso penal rad. 2017-00019), relacionada con la incorrecta conformaci\u00f3n de la sala decisoria \u2013 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla \u2013 para resolver sobre una recusaci\u00f3n, resultan ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta senda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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