STC16805-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16805-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-02056-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 24 de octubre, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andrea Esperanza Solano Ni\u00f1o contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de la misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes reconocidos en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio 2016-00095 (ED 13546). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, la gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Sostuvo, en s\u00edntesis, que al interior del proceso indicado en precedencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Domino de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 28 de mayo de 2021, declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad, a favor de la Naci\u00f3n, de un inmueble de su propiedad ubicado en el centro comercial San Andresito del municipio de Tunja. <\/p>\n
Dijo que contra esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado por la Sala Especializada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 3 de marzo, en el sentido de confirmar la consecuencia patrimonial. <\/p>\n
3. La gestora cuestiona, en esencia, la valoraci\u00f3n que sobre el material probatorio efectuaron los juzgadores singular y plural pues, seg\u00fan dice, no tuvieron en cuenta \u00abla total ajenidad\u2026 en la actividad ilegal investigada, ni si quiera de forma permisiva y muy al contrario y dentro de sus posibilidades, tal como se dijo a la saciedad dentro de la oposici\u00f3n formulada, que ella adelant\u00f3 las gestiones para impedir esa actividad y sobre todo, para recuperar el inmueble arrendado, actividad que por claras razones jur\u00eddicas nunca pudo lograr en forma oportuna\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se queja de que las autoridades judiciales \u00able est\u00e1n exigiendo cargas que desbordan no solo las que el ordenamiento jur\u00eddico le permit\u00edan, sino que tambi\u00e9n las que humanamente le eran posible exigirle [SIC]\u00bb comoquiera que \u00abno le era posible reclamar [el inmueble] en forma ilegal o de facto, en cuanto se ten\u00eda un contrato de arrendamiento, y aun ante la pelea o insistencia que se tuvo con su arrendatario, esto no fue posible, as\u00ed como tampoco logr\u00f3 acceder a informaci\u00f3n que se pudo adelantar ante la FGN, quienes le indicaron que no exist\u00eda nada sobre esa situaci\u00f3n [SIC]\u00bb <\/p>\n
4. En consecuencia, solicit\u00f3 que \u00abse ordene al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, dejar sin efectos el fallo de 28 de mayo de 2021 y se ordene rehacer dicha decisi\u00f3n\u2026 [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un empleado adscrito al despacho del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado cuestionada, se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que las decisiones estuvieron \u00abrespaldadas del an\u00e1lisis conjunto y objetivo de las pruebas\u00bb lo que descarta la \u00abdesaten[ci\u00f3n de] la realidad jur\u00eddica y probatoria\u00bb se\u00f1alada por la quejosa, denot\u00e1ndose que lo pretendido por esta es \u00abconvertir [la tutela] en una tercera instancia m\u00e1s [SIC]\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio, luego de hacer un breve recuento de la actividad procesal surtida, resalt\u00f3 que en los fallos se plasmaron \u00ablas consideraciones y an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y jur\u00eddica\u00bb, por lo que manifest\u00f3 remitirse a su contenido. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, dijo que \u00abno puede convertirse el mecanismo de tutela en una instancia supletoria o adicional a las se\u00f1aladas por el ordenamiento del respectivo procedimiento especial de extinci\u00f3n de dominio, advirti\u00e9ndose que la demandante en realidad insiste en argumentos que muestran un desacuerdo con lo decidido por los funcionarios que tuvieron a cargo el proceso, pretendiendo as\u00ed, convertir este excepcional medio de amparo en una tercera instancia para revivir t\u00e9rminos y recabar en temas que ya fueron materia de estudio y debate\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal 43 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada en Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, dio cuenta de los pormenores del proceso sobre el que recay\u00f3 la salvaguarda, recordando que la causal en la que se fund\u00f3 el pedido de extinci\u00f3n fue la consagrada en el ordinal quinto del art\u00edculo 16 de la Ley 1708 de 2015, por cuanto el inmueble afectado \u00abestaba siendo utilizado para la ejecuci\u00f3n de actividades il\u00edcitas como lo es el almacenamiento y expendio de celulares\u00bb hurtados, de all\u00ed que el debate probatorio gravitara en torno al \u00abcuidado que el propietario tuvo frente al predio\u00bb, evidenci\u00e1ndose que la gestora \u00abno cumpli\u00f3 la funci\u00f3n impuesta por nuestra carta magna [sic] de estar pendiente de lo que ocurriera con su inmueble, es decir falto [sic] al deber de cuidado permitiendo de esta manera que se pudiera ejecutar este tipo de conductas\u00bb, por lo que la consecuencia patrimonial decretada por las autoridades judiciales fue acertada. <\/p>\n
4. Para el Procurador 356 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 \u00abno se configura la aludida vulneraci\u00f3n al debido proceso\u2026 si lo que se presenta es una valoraci\u00f3n probatoria y motivaci\u00f3n contraria a lo pretendido por la afectada en el proceso de extinci\u00f3n de dominio y su apoderado, que en modo alguno puede considerarse como \u201causencia\u201d o \u201cfalta\u201d de motivaci\u00f3n de las providencias cuestionadas [sic]\u00bb. <\/p>\n
5. Similar manifestaci\u00f3n present\u00f3 el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien asegur\u00f3 que \u00abcon la[s] sentencia[s] emitida[s]\u2026 no se afect\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de la parte accionante\u00bb, al tiempo que expres\u00f3 carecer de \u00abcompetencia para emitir decisiones vinculantes en lo que respecta a los procesos de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00ablas decisiones cuestionadas\u2026 resultan razonables y ajustadas a los medios de convicci\u00f3n recaudados dentro del tr\u00e1mite\u00bb observ\u00e1ndose que la presente censura obedeci\u00f3 a una mera discrepancia de la quejosa frente a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la autoridad judicial, lo que \u00abimpide la intervenci\u00f3n del juez de tutela y descarta que los derechos fundamentales\u2026 fuesen lesionados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus planteamientos iniciales en torno a que \u00abse\u2026 acredito [sic] el actual [sic] diligente y activo\u00bb, que despleg\u00f3 las gestiones \u00abque le era[n] posible adelantar\u00bb para la conservaci\u00f3n de su patrimonio y, por \u00faltimo, que \u00abera un tercero de buena fe que nada ten\u00eda que ver en los hechos penalmente investigados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar, inicialmente, si la presente salvaguarda atiende el postulado de la inmediatez que le es inherente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de Andrea Esperanza Solano Ni\u00f1o dentro del proceso 2016-00095, al extinguir su derecho de dominio respecto de un local comercial ubicado en el centro comercial San Andresito de Tunja realizando, supuestamente, una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la salvaguarda se promovi\u00f3 por fuera del lapso precedentemente indicado. <\/p>\n
En efecto, la sentencia a trav\u00e9s de la cual la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la ac\u00e1 gestora contra el fallo en que el Juzgado Primero de dicha especialidad y ciudad declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad sobre un inmueble registrado a su nombre, data del 3 de marzo del a\u00f1o en curso (quedando notificada el 17 del mismo mes cuando se desfij\u00f3 el respectivo edicto), mientras que la formulaci\u00f3n de esta demanda acaeci\u00f3 el pasado 6 de octubre, de acuerdo con el reporte de presentaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico anexo en formato digital; es decir, superado el semestre establecido como razonable para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las actuaciones y decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; empero, en este caso, la gestora nada dijo para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna inviable el resguardo, siendo esta la raz\u00f3n \u00fanica para ratificar el fallo impugnado, pues el examen de la razonabilidad de las decisiones censuradas se encuentra condicionado a la superaci\u00f3n de los presupuestos generales de procedencia de la tutela frente a providencias judiciales, entre ellos, el de la inmediatez. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido se ratificar\u00e1 el fallo confutado, pero por desatender el presupuesto de la inmediatez, en la medida que desde la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia (e incluso desde su notificaci\u00f3n por edicto) hasta la interposici\u00f3n del presente resguardo, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre considerado razonable por el precedente de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las razones brevemente indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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