STC16807-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16807-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04837-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Myrian Molina Archila contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, buena fe, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el proceso de restituci\u00f3n de inmueble que el Banco BBVA Colombia S.A. inici\u00f3 contra Myrian Molina Archila (rad. n.\u00ba 2019-00375), con fundamento en la mora en el pago de los c\u00e1nones originados un contrato de leasing, la aqu\u00ed reclamante solicit\u00f3 (i) la nulidad de lo actuado por la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio (art. 133, n\u00fam. 8, C\u00f3digo General del Proceso) \u2013en tanto que, en su decir, no debi\u00f3 enviarse al correo que report\u00f3 la entidad acreedora, porque no ten\u00eda acceso\u2013, (ii) as\u00ed como la suspensi\u00f3n de la causa por estar en tr\u00e1mite la negociaci\u00f3n de pasivos; pero, el 24 de febrero de 2023, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta deneg\u00f3 sus pedimentos, tras colegir que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00ab(\u2026) para el asunto espec\u00edfico de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, las comunicaciones del caso pueden ser remitidas a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado, se\u00f1alada en libelo introductor y, para el caso la direcci\u00f3n electr\u00f3nica informada por la demandada al banco y, que ac\u00e1 mismo reconoce es de su dominio. <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con la funci\u00f3n que cumple la constancia que acusa recibo de la notificaci\u00f3n mediante el uso de un correo electr\u00f3nico o cualquiera otra tecnolog\u00eda, debe aclararse que los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9n que \u201cse presumir\u00e1 que el destinatario ha recibido la comunicaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo\u201d, esto es, que la respuesta del destinatario indicando la recepci\u00f3n del mensaje de datos har\u00e1 presumir que lo recibi\u00f3, tal como sucede en este asunto, con la certificaci\u00f3n expedida por la empresa postal, donde, se informa que la notificaci\u00f3n \u201cfue recibida por el servidor de correo electr\u00f3nico myriam405@hotmail.com y reporta apertura por parte del destinatario\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abrespecto de la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por haberse admitido a la al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante, el d\u00eda 19 de julio de 2022, el Despacho la RECHAZA por improcedente, toda vez, que el presente proceso cuenta con sentencia debidamente ejecutoriada, y, conforme lo dispone el art. 545 del C.G.P., la suspensi\u00f3n de este tipo de procesos procede cuando el mismo est\u00e1 en curso. Ac\u00e1, como viene de verse, la sentencia se profiri\u00f3 el 05 de marzo de 2021, es decir, mucho antes de haberse admitido a la demandada en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la se\u00f1ora Molina Archila formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de forma subsidiaria, insistiendo en sus argumentos, pero, el 28 de abril posterior, el cognoscente ratific\u00f3 su criterio al dirimir la primera defensa, reiterando que \u00ablo relevante no es demostrar que el correo fue abierto, sino que debe demostrarse, conforme a las reglas que rigen la materia, que \u201cel iniciador recepcion\u00f3 (sic) acuse de recibido\u201d. En otros t\u00e9rminos, la notificaci\u00f3n se entiende surtida cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de enteramiento, mas no, en una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicaci\u00f3n\u00bb, y concedi\u00f3 la alzada ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
2.3. As\u00ed, el 13 de julio hoga\u00f1o, el colegiado declar\u00f3 inadmisible el remedio vertical, porque, como la causa de la restituci\u00f3n del bien es la mora en el pago del canon, esta se adelanta en \u00fanica instancia (art. 384, n\u00fam. 9, ejusdem); y, el 31 del mismo mes y a\u00f1o, en sede de s\u00faplica se aval\u00f3 ese raciocinio, por cuanto \u00abno es procedente la apelaci\u00f3n, sin distingo de la naturaleza de la decisi\u00f3n objeto de reproche, estando relevado este cuerpo colegiado en todo caso de realizar pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues no tiene competencia para el efecto, siendo acertada la decisi\u00f3n adoptada por la [sustanciadora]\u00bb. <\/p>\n
2.4. No obstante, a juicio de la gestora, esas decisiones son irregulares, porque, en apretada s\u00edntesis: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abel juzgado obr\u00f3 en un pleno desbalance procesal al no dar una correcta valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas dentro del proceso y en dado caso no decretar las pruebas de oficio para esclarecer la verdad\u00bb y \u00abno valor\u00f3 las afirmaciones de mi prohijada bajo la gravedad de juramento\u00bb; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00ab[debi\u00f3 concederse la apelaci\u00f3n porque] no estamos hablando directamente de un proceso de restituci\u00f3n, sino de una nulidad procesal que desemboca de una indebida notificaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y <\/p>\n
<\/p>\n
iii. [con posterioridad contrat\u00f3 los servicios de Forenses TIC] que demuestra que [los] citados correos electr\u00f3nicos no hab\u00edan sido abiertos, puedo acceder a los mismos y darse cuenta de que hubo una evidente violaci\u00f3n al debido proceso, y no solo por la indebida valoraci\u00f3n probatoria por parte del juzgado, sino que adem\u00e1s en el interior de los correos electr\u00f3nicos no reposa la copia \u00edntegra de la demanda, sus anexos y dem\u00e1s\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abse declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de radicado 54001310300520190037500 tramitado ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta y (\u2026) ante la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se\u00f1al\u00f3 que \u00abla apelaci\u00f3n concedida (arribada a mi despacho el 25 de mayo de 2023) fue declarada inadmisible mediante prove\u00eddo del trece (13) de julio de dos mil veintitr\u00e9s (2023), comoquiera que la providencia cuestionada se emiti\u00f3 dentro de un asunto de \u00fanica instancia. Por lo tanto, para lo pertinente dentro de la acci\u00f3n constitucional en referencia, comparto v\u00ednculo que da acceso a la integridad del expediente\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad sostuvo que \u00absalta de bulto la improcedencia de lo pretendido por la actora en el escrito de tutela, puesto que reitera los mismos argumentos que enrostr\u00f3 en el asunto que conoci\u00f3 esta instancia. Luego, su intenci\u00f3n no es otra que la de utilizar la acci\u00f3n de amparo para obtener una consideraci\u00f3n distinta a la que ya han emitido los jueces naturales para el caso, esto es, los falladores de primera y segunda instancia; lo cual est\u00e1 ampliamente superado. Pues, se insiste, los mismos reproches que se exponen en la tutela ya fueron alegados dentro del tr\u00e1mite ordinario y se desataron de manera desfavorable. Adem\u00e1s, debe advertirse que el dictamen realizado por la empresa FORENSES TIC, con el que la accionante pretende demostrar la vulneraci\u00f3n a sus derechos, no fue aportado a esta judicatura, pues, como se expuso, la solicitud de nulidad y el recurso contra el auto que la resolvi\u00f3 datan del 15 de septiembre de 2022 y 2 de marzo de 2023, respectivamente, y el citado informe fue realizado el 1 de septiembre de 2023. Es decir, aproximadamente 6 meses despu\u00e9s de que se decidiera la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado Doce Civil Municipal de la misma urbe anot\u00f3 que \u00abrevisado el proceso de liquidaci\u00f3n patrimonial – insolvencia de persona natural no comerciante No.54-001-40-030-07- 2022-00873-00, deudora la se\u00f1ora MYRIAM MOLINA ARCHILA, se profiri\u00f3 auto interlocutorio N\u00b0977 de fecha 27 de octubre del hoga\u00f1o, en el cual se avoco conocimiento por parte de esta unidad judicial; se orden\u00f3 oficiar al BANCO BBVA para que allegara copia del contrato de leasing suscrito entre tal entidad bancaria y la ahora accionante. De igual forma, se orden\u00f3 oficiar al Juzgado Tercero Civil Municipal de Villa Del Rosario para que remitiera copia del t\u00edtulo valor y mandamiento de pago del proceso bajo radicado 2019-00386 que adelanta Finanzar SAS contra la deudora Myrian Molina Archila. En otras palabras, esta oficina judicial se encuentra adelantando los tramites necesario para el desarrollo de tal proceso especial\u00bb. <\/p>\n
4. Una abogada, quien indic\u00f3 ser apoderada de BBVA, se opuso a la prosperidad del reclamo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble en virtud de contrato de leasing que se inici\u00f3 contra la gestora (rad. n.\u00ba 2019-00375), por cuanto: (i) la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que neg\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 por la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio; aunado a que (ii) el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad procedi\u00f3 en la forma se\u00f1alada; supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed como de la normativa aplicable. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto: <\/p>\n
3.1. Inadmisibilidad de la apelaci\u00f3n cuando la causa de la restituci\u00f3n del inmueble es la mora en el pago: <\/p>\n
3.1.1. Revisada la primera decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n que la se\u00f1ora Molina Archila formul\u00f3 contra el auto que deneg\u00f3 la nulidad que reclam\u00f3, con base en la indebida notificaci\u00f3n del inicio del proceso de restituci\u00f3n de inmueble en virtud de contrato de leasing (por mora en el pago de los c\u00e1nones) \u2013criterio que se aval\u00f3 en sede de s\u00faplica\u2013, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en lo que es materia de reproche a trav\u00e9s del resguardo, el colegiado anot\u00f3 inicialmente que: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con el ordinal 9\u00b0 del art\u00edculo 384 C.G. del P., cuando la causa del proceso de restituci\u00f3n del inmueble \u201csea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u201d, circunstancia indicativa de que, ante tal eventualidad, no tiene cabida discutir ante el superior las decisiones que en ese proceso sean adoptadas por el juez de conocimiento. <\/p>\n
Dentro del sub ex\u00e1mine, la parte actora inform\u00f3 en la demanda que \u201cLa se\u00f1ora MYRIAM MOLINA ARCHILA, actualmente adeuda a mi poderdante los siguientes c\u00e1nones de arrendamiento vencidos desde el 01 de Julio 2019 al 30 de julio 2019; desde 01 agosto de 2019 hasta 30 de agosto de 2019; desde 01 de septiembre de 2019 hasta 30 de septiembre de 2019\u201d (hecho 3\u00b0 de la demanda). De tal manera, ab initio el demandante fij\u00f3 el sendero de su acci\u00f3n, puesto que por ser la causal de restituci\u00f3n invocada exclusivamente la mora en el pago del canon, el proceso por mandato legal se desarrolla en \u00fanica instancia, conforme lo indic\u00f3 la a quo en el auto admisorio. <\/p>\n
En ese orden, dicha preceptiva ha de ser interpretada en concordancia con lo consignado en el art\u00edculo 321 del mismo estatuto conforme al cual el recurso de apelaci\u00f3n procede contra las sentencias y los autos que la ley se\u00f1ale, \u201cproferidos en primera instancia\u201d, quedando por ende excluidas de apelaci\u00f3n las decisiones que se emitan en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que, \u00aben aplicaci\u00f3n del inciso 4 del art\u00edculo 325 ejusdem, como ya se acot\u00f3, se declarar\u00e1 inadmisible el recurso de apelaci\u00f3n concedido, pues, se itera, el presente Proceso de Restituci\u00f3n de Inmueble incoado por BBVA S.A. en contra de Myriam Molina Archila se tramita en \u00fanica instancia por ministerio de la ley, conforme lo precis\u00f3 la jueza cognoscente al momento de admitir la demanda, aunque pretermiti\u00f3 tenerlo en cuenta al tiempo de conceder la alzada\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, al dirimir la s\u00faplica se prohij\u00f3 la legalidad de ese proceder, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se equivoca el recurrente en la lectura que hace del art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n procesal, n\u00f3tese que el primero de los requisitos para que proceda la alzada es que la decisi\u00f3n hubiere sido proferida en primera instancia, es decir, no basta con que el auto atacado se encuentre enlistado en la norma, como efectivamente ocurre, es indispensable que el proceso corresponda a uno de primera instancia. <\/p>\n
Ahora, no corresponde a esta Sala Unitaria analizar lo concerniente a la nulidad planteada, como mal parece entender el togado representante de la activa, pues se limita la competencia a verificar si ha sido acertada la determinaci\u00f3n de la Homologa titular del Despacho 002 de la Sala Civil Familia de este Tribunal, quien ha declarado la inadmisibilidad del recurso. <\/p>\n
Conforme lo ha dicho la jurisprudencia al estudiar el punto, la finalidad de este recurso no es otra distinta a la de garantizar que las decisiones que por ley est\u00e1n atribuidas al magistrado ponente, sean conocidas por los dem\u00e1s integrantes de la respectiva Sala, para que expongan su criterio jur\u00eddico sobre el punto objeto de cuestionamiento, y manifiesten su asentimiento o disentimiento sobre el mismo, criterio que en \u00faltimas es el que prima, por corresponder a un cuerpo colegiado y ser trascendentes sus pronunciamientos\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Postura que, adem\u00e1s de no revelar arbitrariedad, ha sido desarrollada por esta Colegiatura en distintas decisiones, en las que se ha iterado que, en trat\u00e1ndose de procesos de restituci\u00f3n de tenencia (art. 384, n\u00fam. 9, CGP1), la norma impone la tramitaci\u00f3n en \u00fanica instancia cuando la causal es la mora en el pago de los c\u00e1nones pactados en el instrumento respectivo \u2013en este caso, leasing2\u2013 (CSJ STC16981-2019, 13 dic.; STC3701-2020, 10 jun.; STC725-2021, 4 feb.; STC16005-2022, 1 dic.). <\/p>\n
3.2. Sobre la denegaci\u00f3n de la nulidad: <\/p>\n
3.2.1. Ahora bien, aun cuando la improsperidad del primer embate ser\u00eda suficiente para desestimar el amparo \u2013ya que, como se vio, en el sub-lite no era viable el remedio vertical contra el auto que neg\u00f3 la nulidad, y, por lo mismo, el t\u00e9rmino prudencial para acudir a este mecanismo respecto de ese prove\u00eddo se habr\u00eda superado3\u2013, auscultada esa \u00faltima determinaci\u00f3n, tambi\u00e9n se muestra acorde a los espec\u00edficos contornos estudiados en ese asunto. <\/p>\n
Al respecto, el cognoscente empez\u00f3 por relatar las gestiones que dieron cuenta de la notificaci\u00f3n a la parte inconforme: <\/p>\n
\u00abDescendiendo al caso objeto de estudio tenemos que la parte demandada alega que ha perdido el acceso a su correo myriam405@hotmail.com, por lo que actualmente su direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n es diosmiescudoymirefugio@gmail.com, por consiguiente, nunca tuvo conocimiento del presente proceso y, considera, no fue debidamente notificada. <\/p>\n
La presente demanda verbal de Restituci\u00f3n de Bien Inmueble fue impetrada por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBA S.A. – BBVA COLOMBA S.A., contra MYRIAN MOLINA ARCHILA fue repartida el 08 de octubre de 2019, siendo admitida mediante auto del 06 de diciembre de 2019 y ordenando la notificaci\u00f3n del extremo pasivo en los t\u00e9rminos del art. 291 num. 2 del C.G.P. (\u00edtem 04 del expediente digital). <\/p>\n
Siguiendo la ordena emanada y, ante la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020, la demandada MYRIAM MOLINA ARCHILA fue notificada mediante notificaci\u00f3n electr\u00f3nica al correo electr\u00f3nico informado en la demanda myriam405@hotmail.com, de conformidad con el art. 8 ibidem, cuyo mensaje fue enviado el d\u00eda 26 de agosto de 2020, certificado por empresa postal autorizada, tal como se observa el \u00edtem 09 del expediente digital. <\/p>\n
As\u00ed, la notificaci\u00f3n qued\u00f3 surtida el 28 de agosto de 2020 y, una vez vencido el t\u00e9rmino legal (20 d\u00edas) para contestar la demanda el demandado no hizo uso de este derecho, en consecuencia, el Despacho procedi\u00f3 a dictar la sentencia que en derecho correspond\u00eda el d\u00eda 05 de marzo de 2021 (\u00edtem 11 exp. Digital), declarando terminado el contrato de leasing habitacional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, adujo que abordar\u00eda como problemas jur\u00eddicos: \u00ab(i) si por haberse admitido la demanda antes de la entrada en vigencia del Decreto 806 de 2020 el demandante ten\u00eda el deber de notificar s\u00f3lo en los t\u00e9rminos previstos en los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso y (ii) la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica debe venir acompa\u00f1ada del acuse de recibido del receptor del mensaje\u00bb, para lo cual recalc\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00ba del Decreto 806 de 2020 introducen cambios transitorios a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia (LEAJ), CGP y CPACA respecto del uso de las TIC en las actuaciones judiciales. Estas leyes disponen que, por regla general, los procesos judiciales deben tramitarse de forma presencial. De la misma forma, (i) habilitan el uso de las TIC en el tr\u00e1mite de estos procesos; pero (ii) condicionan su uso a (a) la \u201cplena implementaci\u00f3n del Plan de Justicia Digital\u201d por parte del CSDJ; (b) la adopci\u00f3n de mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad de los documentos o (c) la autorizaci\u00f3n previa del juez en la actuaci\u00f3n judicial respectiva. De manera provisional, el Decreto Legislativo 806 de 2020 invierte la regla general ordinaria descrita, de forma que el uso de TIC en el tr\u00e1mite de los procesos judiciales es un deber general de los sujetos procesales y de las autoridades judiciales y no una mera facultad, durante el periodo de vigencia limitado del decreto. <\/p>\n
El art\u00edculo 291 del CGP regula la forma en que la notificaci\u00f3n personal debe practicarse. As\u00ed, su numeral 3 dispone que la parte interesada remitir\u00e1, por medio de servicio postal autorizado, una comunicaci\u00f3n de citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n a quien deba ser notificado. En el caso de las personas naturales, la comunicaci\u00f3n debe ser enviada \u201ca cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento\u201d o al correo electr\u00f3nico cuando se conozca (\u2026). <\/p>\n
El art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 introduce tres modificaciones transitorias al r\u00e9gimen de notificaci\u00f3n personal de providencias. Primero, permite que la notificaci\u00f3n personal se haga directamente mediante un mensaje de datos y elimina transitoriamente (i) el env\u00edo de la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n y (ii) la notificaci\u00f3n por aviso (inciso 1 del art. 8\u00ba). <\/p>\n
Segundo, modifica las direcciones a las cuales puede ser enviado el mensaje de datos para efectos de la notificaci\u00f3n personal. El mensaje de datos debe ser enviado \u201ca la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n\u201d (inciso 1 del art. 8\u00ba), quien debe: (i) afirmar bajo la gravedad de juramento \u201cque la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar\u201d, (ii) \u201cinformar la forma como la obtuvo\u201d y (iii) presentar \u201clas evidencias correspondientes\u201d (inciso 1 del art. 8\u00ba). Asimismo, prescribe que la autoridad judicial podr\u00e1 solicitar \u201cinformaci\u00f3n de las direcciones electr\u00f3nicas o sitios de la parte por notificar que est\u00e9n en las C\u00e1maras de Comercio, superintendencias, entidades p\u00fablicas o privadas, o utilizar aquellas que est\u00e9n informadas en p\u00e1ginas Web o en redes sociales\u201d (par\u00e1grafo 2 del art. 8\u00ba). Por \u00faltimo, el Decreto establece que la notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 surtida \u201cuna vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u201d (inciso 2 del art. 8\u00ba). <\/p>\n
Tercero, el Decreto establece dos medidas tendientes a garantizar el debido proceso y, en particular, a que la persona a notificar reciba la providencia respectiva. De un lado, (i) instituye que para efectos de verificar el recibo del mensaje de datos \u201cse podr\u00e1n implementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u201d (inciso 3 del art. 8\u00ba). De otro lado, (ii) permite que la parte que se considere afectada por esta forma de notificaci\u00f3n solicite la nulidad de lo actuado, para lo cual debe manifestar \u201cbajo la gravedad del juramento [\u2026] que no se enter\u00f3 de la providencia\u201d (inciso 5 del art. 8\u00ba). Por \u00faltimo, precisa que lo previsto en este art\u00edculo se aplica a cualquier actuaci\u00f3n o proceso (par\u00e1grafo 1 del art. 8\u00ba). <\/p>\n
Conforme lo expuesto, advierte el Despacho que, con relaci\u00f3n a la actuaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n personal del auto admisorio o del mandamiento de pago, si bien el numeral 3 de la regla 291 del Estatuto Adjetivo Civil se\u00f1ala que \u201c(\u2026) la parte interesada remitir\u00e1 una comunicaci\u00f3n a quien deba ser notificado (\u2026), por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones, en la que le informar\u00e1 sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada (\u2026)\u201d, lo cierto es que esa norma, tambi\u00e9n indica: \u201c(\u2026) cuando se conozca la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de quien deba ser notificado, la comunicaci\u00f3n podr\u00e1 remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electr\u00f3nico. Se presumir\u00e1 que el destinatario ha recibido la comunicaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso, se dejar\u00e1 constancia de ello en el expediente y adjuntar\u00e1 una impresi\u00f3n del mensaje de datos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, frente a las censuras contra la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, arguy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a la aseveraci\u00f3n del demandado, al asegurar que la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica debe venir acompa\u00f1ada del acuse de recibido de la persona a notificar, se advierte que el art\u00edculo 21 de la Ley 527 de 1999, dispone: \u201cCuando el iniciador recepcione acuse recibo del destinatario, se presumir\u00e1 que \u00e9ste ha recibido el mensaje de datos\u201d. Ahora, el canon 20 del citado plexo legal, regula: \u201c(\u2026) Si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre \u00e9stos una forma o m\u00e9todo determinado para efectuarlo, se podr\u00e1 acusar recibo mediante: a) Toda comunicaci\u00f3n del destinatario, automatizada o no, o b) Todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos.\u201d <\/p>\n
Por su parte, la regla 14 del Acuerdo PSAA06-3334 de 2006, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece: \u201cLos mensajes de datos se entienden recibidos de la siguiente manera: a) Cuando el destinatario ha confirmado mediante acuse de recibo la recepci\u00f3n, o \u00e9ste se ha generado autom\u00e1ticamente; b) Cuando el destinatario o su representante, realiza cualquier actuaci\u00f3n que permita concluir que ha recibido el mensaje de datos; c) Cuando los actos de comunicaci\u00f3n procesal emanados de la autoridad judicial, no han sido devueltos al sistema de informaci\u00f3n de la autoridad judicial, dentro de los tres (3) d\u00edas calendario siguiente a su remisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
De lo trasuntado, fluye inconcuso que, en primer lugar, para el asunto espec\u00edfico de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, las comunicaciones del caso pueden ser remitidas a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica del demandado, se\u00f1alada en libelo introductor y, para el caso la direcci\u00f3n electr\u00f3nica informada por la demandada al banco y, que ac\u00e1 mismo reconoce es de su dominio. <\/p>\n
Es importante precisar, tal como ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que lo relevante no es demostrar que el correo fue abierto, sino que debe demostrarse, conforme a las reglas que rigen la materia, que \u201cel iniciador recepcion\u00f3 acuse de recibido\u201d. En otros t\u00e9rminos, la notificaci\u00f3n se entiende surtida cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de enteramiento, mas no en una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicaci\u00f3n, pues habilitar esta situaci\u00f3n, implicar\u00eda que la notificaci\u00f3n quedar\u00eda al arbitrio de su receptor. (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia, 11001020300020200000000, 03\/06\/2020.) <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la funci\u00f3n que cumple la constancia que acusa recibo de la notificaci\u00f3n mediante el uso de un correo electr\u00f3nico o cualquiera otra tecnolog\u00eda, debe aclararse que los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9n que \u201cse presumir\u00e1 que el destinatario ha recibido la comunicaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo\u201d, esto es, que la respuesta del destinatario indicando la recepci\u00f3n del mensaje de datos har\u00e1 presumir que lo recibi\u00f3, tal como sucede en este asunto, con la certificaci\u00f3n expedida por la empresa postal, donde, se informa que la notificaci\u00f3n \u201cfue recibida por el servidor de correo electr\u00f3nico myriam405@hotmail.com y reporta apertura por parte del destinatario\u201d <\/p>\n
En palabras de la Corte \u201c\u2026Considerar que el acuse de recibo es la \u00fanica forma de acreditar que se realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n por medios electr\u00f3nicos resulta contrario al deber de los administradores de justicia de procurar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n con la finalidad de facilitar y agilizar el acceso a la justicia\u201d, (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia 11001020300020200102500, Jun. 3\/20.) <\/p>\n
Todo lo anterior quiere decir que el enteramiento por medios electr\u00f3nicos puede probarse por cualquier medio de convicci\u00f3n pertinente, conducente y \u00fatil, incluyendo no solo la presunci\u00f3n que se deriva del acuse de recibo (y que puede ser desvirtuada), sino tambi\u00e9n su env\u00edo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla demandada fue notificada al correo electr\u00f3nico myriam405@hotmail.com, env\u00edo realizado el d\u00eda 26 de agosto de 2020 a las 05:05 horas; se puede observar en el contenido del mensaje que el ejecutante informa correctamente las partes, clase de proceso, radicado, la direcci\u00f3n electr\u00f3nica institucional y el juzgado ante el cual se adelanta la demanda. (\u2026) Como anexo se enuncia: \u201ccopia de la demanda y anexos. Auto de fecha 18 de diciembre de 2019\u201d. El certificado expedido por la empresa Telepostal Express rese\u00f1a que la notificaci\u00f3n \u201cfue recibida por el servidor de correo electr\u00f3nico myriam405@hotmail.com y reporta apertura por parte del destinatario\u201d\u00bb, de modo que: <\/p>\n
Entonces, las aseveraciones de la demandada en este estanco procesal, sobre tener otro correo electr\u00f3nico, no pueden ser aceptadas, puesto que esta, en ning\u00fan momento le inform\u00f3 a la entidad bancaria sobre una nueva direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en su escrito acepta que el correo electr\u00f3nico myriam405@hotmail.com es de su dominio, s\u00f3lo que, al parecer, olvid\u00f3 la contrase\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Aunado a lo anterior, al desatar la defensa horizontal, el estrado memor\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para esta juzgadora no le asiste raz\u00f3n al demandado, en tanto que, desde la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso se ha propendido a la implementaci\u00f3n de la justicia digital y, como ampliamente se explic\u00f3 en el auto hoy censurado, el Decreto 806 de 2020 busca asegurar la prestaci\u00f3n del servicio de administraci\u00f3n de justicia mediante la adopci\u00f3n de protocolos de bioseguridad y el uso de tecnolog\u00edas y herramientas telem\u00e1ticas. <\/p>\n
Ahora, respecto al reproche que hace el recurrente a la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica al asegurar que presenta inconsistencias pues la empresa postal certifica que la apertura del correo tuvo lugar en la ciudad de Barrancabermeja \u2013 Santander, sin embargo la demandada nunca ha estado en esa ciudad, se itera que, lo relevante no es demostrar que el correo fue abierto, sino que debe demostrarse, conforme a las reglas que rigen la materia, que \u201cel iniciador recepcion\u00f3 acuse de recibido\u201d. En otros t\u00e9rminos, la notificaci\u00f3n se entiende surtida cuando es recibido el correo electr\u00f3nico como instrumento de enteramiento, mas no, en una fecha posterior cuando el usuario abre su bandeja de entrada y da lectura a la comunicaci\u00f3n, pues habilitar esta situaci\u00f3n, implicar\u00eda que la notificaci\u00f3n quedar\u00eda al arbitrio de su receptor. (Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia, 11001020300020200000000, 03\/06\/2020)\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso \u00abpor haberse admitido a la demandada al tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante el d\u00eda 19 de julio de 2022\u00bb, la autoridad a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel Despacho la RECHAZA por improcedente, toda vez, que el presente proceso cuenta con sentencia debidamente ejecutoriada, y, conforme lo dispone el art. 545 del C.G.P., la suspensi\u00f3n de este tipo de procesos procede cuando el mismo est\u00e1 en curso. Ac\u00e1, como viene de verse, la sentencia se profiri\u00f3 el 05 de marzo de 2021, es decir, mucho antes de haberse admitido a la demandada en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas\u00bb. <\/p>\n
3.2.4. Conforme con ello, las decisiones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esas disposiciones fueron contrarias a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que las determinaciones se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. Precisiones finales. <\/p>\n
3.3.1. En lo atinente al informe que la accionante indic\u00f3 haber contratado para acreditar las aseveraciones sobre las alegadas irregularidades en el enteramiento personal del inicio del proceso de restituci\u00f3n de inmueble de la referencia \u2013con posterioridad a la expedici\u00f3n de las determinaciones recriminadas\u2013, indica la Sala que, (i) adem\u00e1s de no haberse planteado ese aspecto ante el cognoscente \u2013y por ende, no haber sido objeto de pronunciamiento en esa causa\u2013, (ii) no tiene la entidad de variar lo resuelto en esta sede excepcional, en la medida en que este mecanismo no puede ser usado como una instancia adicional a las previstas en el orden jur\u00eddico para esos efectos. <\/p>\n
3.3.2. Por \u00faltimo, sobre las afirmaciones de la libelista acerca de sus condiciones personales \u2013pues refiri\u00f3 ser v\u00edctima del conflicto armado interno\u2013, esta Colegiatura pone de relieve que no resulta suficiente esa aseveraci\u00f3n para otorgar el amparo en la forma pretendida, pues, sobre el punto, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por [la gestora] como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido\u00bb (CSJ 19 may. 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.; STC13181-2023, 23 nov., et. al.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables, en tanto no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abCuando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Aplicable en virtud del precepto 385 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abLo dispuesto en el art\u00edculo precedente se aplicar\u00e1 a la restituci\u00f3n de bienes subarrendados, a la de muebles dados en arrendamiento y a la de cualquier clase de bienes dados en tenencia a t\u00edtulo distinto de arrendamiento, lo mismo que a la solicitada por el adquirente que no est\u00e9 obligado a respetar el arriendo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Auto de 24 de febrero de 2023, que se dej\u00f3 en firme en sede de reposici\u00f3n el 28 de abril siguiente. <\/p>\n
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STC16807-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16807-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-04837-00 (Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Myrian Molina Archila contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}