STC16815-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04846-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Joseph Estephan Vel\u00e1squez Torres contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y las partes e intervinientes reconocidos en el resguardo distinguido con radicaci\u00f3n 2023-00520. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abdefensa, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n allegados se extracta que, ante la negativa del Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Zipaquir\u00e1 de permitir la interposici\u00f3n de un recurso de apelaci\u00f3n contra una decisi\u00f3n adoptada en el curso de la audiencia preparatoria llevada a cabo dentro de la causa penal 2023-000101, Joseph Estephan Vel\u00e1squez Torres (all\u00ed acusado) formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela (2023-00520) contra el estrado cognoscente. <\/p>\n
El conocimiento de dicha salvaguarda correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, la cual emiti\u00f3 fallo desestimatorio el 19 de octubre del a\u00f1o en curso tras considerar que desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad por cuanto, de un lado, la actuaci\u00f3n sobre la que vers\u00f3 la solicitud de amparo se encuentra actualmente en tr\u00e1mite y, de otro, el quejoso no agot\u00f3 todos los medios defensivos a su alcance. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue impugnada por el all\u00ed gestor y confirmada integralmente por la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante STP13378-2023 del pasado 21 de noviembre, encontr\u00e1ndose pendiente el env\u00edo del asunto a la Corte Constitucional para surtir el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Vel\u00e1squez Torres acude nuevamente a este instrumento supralegal para insistir en las razones por las cuales considera que debi\u00f3 accederse al resguardo inicial, pues, a su juicio, s\u00ed era procedente el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n interlocutoria proferida en la audiencia preparatoria, al tiempo que, seg\u00fan dice, ni el tribunal accionado ni la Corte valoraron adecuadamente las pruebas recaudadas al interior del resguardo. <\/p>\n
4. Por tal raz\u00f3n, solicita \u00abse ordene al se\u00f1or Juez Primero (01) Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Zipaquir\u00e1\u2026 que conceda a la defensa del acusado Joseph Estephan Vel\u00e1squez Torres la oportunidad procesal de interponer y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n (alzada) contra su decisi\u00f3n de fecha 02 de octubre de 2023 donde decide no excluir la revisi\u00f3n m\u00e9dica realizada por la m\u00e9dico del Hospital de Tocancip\u00e1 a la presunta v\u00edctima [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, ponente del fallo constitucional de segundo grado, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que, de un lado, va dirigido contra una sentencia de la misma naturaleza y, de otro, la decisi\u00f3n \u00abse profiri\u00f3 analizando adecuadamente el problema jur\u00eddico planteado por el accionante y se determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a conceder la protecci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Penal del Circuito de Zipaquir\u00e1 dijo que el resguardo desatend\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad puesto que \u00aben el eventual evento [sic] que este operador all\u00e1 incurrido en un yero [sic], de trascendencia, aun [sic] en el juicio puede, en el debate probatorio la defensa solicitar la exclusi\u00f3n de esa prueba, incluso lo puede realizar en las alegaciones finales o tambi\u00e9n en el recurso impugnatorio de la sentencia, tambi\u00e9n en un eventual recurso de casaci\u00f3n si esta fue el fundamento \u00fanico de la sentencia [SIC]\u00bb <\/p>\n
3. La Fiscal Cuarta Seccional de Zipaquir\u00e1 hizo alusi\u00f3n a lo acontecido en la actuaci\u00f3n penal sobre la cual recay\u00f3 la anterior acci\u00f3n de tutela, manifestando insularmente, al final de su intervenci\u00f3n que \u00abni el Tribunal ni la sala penal [sic] de la Corte Suprema de Justicia, han vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del se\u00f1or Joseph Estephan Velasquez Torres [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Procuradora 249 Judicial I Penal de Zipaquir\u00e1 \u00abla presente acci\u00f3n resulta improcedente\u2026 como quiera que pretende reabrir un debate ya decidido al interior de la acci\u00f3n de tutela con radicado CUI 25 000 22 04 000 2023 00520\u00bb sin que se cumplan \u00ablos presupuestos establecidos por la H. Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la Acci\u00f3n de Tutela contra Sentencias de Tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de Joseph Estephan Vel\u00e1squez Torres, al confirmar el fallo desestimatorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca dentro del amparo constitucional 2023-00520 porque, supuestamente, no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas recopiladas. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a lo dicho precedentemente, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, el querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que, de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, de forma excepcional\u00edsima se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido en la SU 627 de 2015, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, analizados los argumentos esbozados por el promotor frente a las determinaciones adoptadas por los colegiados accionados se observa que no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia arriba indicada pues el n\u00facleo central de la presente salvaguarda recay\u00f3, esencialmente, sobre la valoraci\u00f3n errada, a juicio del querellante, de las pruebas recaudadas al interior del tr\u00e1mite constitucional, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la sind\u00e9resis del Tribunal de Cundinamarca y de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a Vel\u00e1squez Torres acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde ser\u00e1 remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n en la medida que, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seguida contra el ac\u00e1 gestor por el delito de acceso carnal violento. <\/p>\n
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STC16815-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-04846-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Joseph Estephan Vel\u00e1squez Torres […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}