STC16819-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16819-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2023-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 29 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Teresa Restrepo de Sabogal, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de esa especialidad radicado n\u00ba 2022-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana y \u00abreparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas\u00bb, presuntamente vulnerados por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, su familia, a causa de la incursi\u00f3n de grupos al margen de la ley, se vio obligada a desplazarse del municipio de Florida (Valle del Cauca) y abandonar los predios \u00abLa Uni\u00f3n, Los Alpes y Potos\u00ed\u00bb en los que habitaban, explotaban cultivos frutales, maderables y realizaban actividades pecuarias. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, gracias a un fallo de tutela \u2013 24 de noviembre de 2020 \u2013, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 UAEGRTD \u2013 inscribi\u00f3 los predios mencionados en el Registro de Tierras Despojadas y procedi\u00f3 a adelantar la solicitud de restituci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, el conocimiento de la causa le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali que, inicialmente, inadmiti\u00f3 la demanda (febrero de 2022), pero luego, el 28 de marzo de 2022 la avoc\u00f3 tras ser subsanada por el apoderado designado por la UAEGRTD. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, en lo sucesivo, se le dio publicidad al tr\u00e1mite y el juzgado adopt\u00f3 medidas para garantizar la inspecci\u00f3n judicial a los predios tales como, \u00abel desminado humanitario, requiri\u00f3 la identificaci\u00f3n precisa del \u00e1rea y linderos a cargo de las autoridades catastrales, la Presidencia de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el juzgado, pese a advertir que las autoridades oficiadas omitieron cumplir sus requerimientos direccionados a identificar correctamente los terrenos reclamados, el 7 de octubre de 2022 dict\u00f3 auto disponiendo la devoluci\u00f3n de la solicitud a la UAEGRTD para que rehiciera el tr\u00e1mite administrativo \u00abtendiente a encauzar aquellos yerros, en procura de volver a presentar la misma solicitud con suficientes medios suasorios para la cabal declaraci\u00f3n que persigue\u00bb. <\/p>\n
Acudi\u00f3 a la presente salvaguarda cuestionando la referida determinaci\u00f3n, la que acus\u00f3 de constituir v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y procedimental. En primer lugar, porque omiti\u00f3 indicar la posibilidad de recurrirla y los recursos que proced\u00edan contra ella, \u00ablo que vulnera el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso y genera nulidad de lo actuado\u00bb. En segundo, porque la decisi\u00f3n de devolver la actuaci\u00f3n a la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas, luego de haberla admitido, representa una \u00abextralimitaci\u00f3n de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, luego de consultar a varios profesionales del derecho acerca de la viabilidad de recurrir el auto de 7 de octubre de 2022, decidi\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n, aunque en el citado prove\u00eddo no se hubiere se\u00f1alado esa posibilidad, empero, sus argumentos y el contenido del recurso fue criticado por el representante del Ministerio P\u00fablico en el traslado del mismo, quien pidi\u00f3 que \u00abno se falte el respeto al juez\u00bb, cuando el memorial, seg\u00fan adujo, es \u00abeminentemente t\u00e9cnico [\u2026] en el que se describen los vicios del tr\u00e1mite y la resoluci\u00f3n ajena a derecho que adopt\u00f3 el operador judicial\u00bb; sin embargo, con vista en el reproche del procurador delegado, desisti\u00f3 del recurso \u00aba expensas que el mismo despacho reflexionara y retrotrajere su equ\u00edvoco actuar, sin que ello hubiere ocurrido a la fecha presente\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 en que, la orden de devolver las diligencias luego de haber admitido la demanda, \u00abno encuentra soporte jur\u00eddico [\u2026] corresponde a una determinaci\u00f3n caprichosa y arbitraria\u00bb, y que el efecto nocivo de esa decisi\u00f3n, seg\u00fan lo inform\u00f3 la Unidad de Tierras, fue la declaratoria de nulidad \u00abdel acto administrativo de inscripci\u00f3n en el registro de tierras\u00bb lo que le impide ahora acceder al tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que, por su condici\u00f3n de vulnerabilidad, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por ser mujer, v\u00edctima del conflicto armado, adulta mayor y porque no tiene conocimientos jur\u00eddicos, se debe flexibilizar la aplicaci\u00f3n de los criterios de procedibilidad de la tutela de la subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que, se ordene al juzgado accionado \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n contenida en interlocutorio n\u00ba 0287 del 7 de octubre de 2022 por medio del cual adopt\u00f3 la inexistente figura de devoluci\u00f3n del proceso (\u2026) en consecuencia, mantenga la competencia del proceso [\u2026] se contin\u00fae la actuaci\u00f3n procesal de restituci\u00f3n de tierras en garant\u00eda de reparaci\u00f3n integral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali efectu\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n criticada, en la cual, previo a la admisi\u00f3n de la demanda requiri\u00f3 a la UAEGRTD para que precisara el \u00e1rea de los terrenos y linderos, informara de la posible existencia de minas antipersonales y de presencia de explotadores o poseedores y pidi\u00f3 para realizar una labor conjunta con el IGAC y la Agencia Nacional de Tierras para \u00abrealizar el trabajo t\u00e9cnico que permita establecer cu\u00e1ndo se adelantar\u00e1 la tarea antes de la etapa procesal para emitir la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, pese a las falencias de la solicitud, la admiti\u00f3 considerando que se trataba de una demanda derivada de una acci\u00f3n de tutela, pero la Unidad no logr\u00f3 subsanar las yerros relacionados con la correcta identificaci\u00f3n del predio; adem\u00e1s, observ\u00f3 la necesidad de decretar medidas como el \u00abdesminado\u00bb para proteger las comunidades de ind\u00edgenas y campesinos que habitan los predios \u00aben los cuales existen minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados y\/o munici\u00f3n sin explotar, situaci\u00f3n que de paso, impide la pr\u00e1ctica de pruebas y la continuidad del proceso\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, luego de varios requerimientos y compromisos adoptados por las entidades vinculadas, decidi\u00f3 devolver la actuaci\u00f3n a la Unidad, ello \u00absin perjuicio de las medidas cautelares ordenadas, cuyo tr\u00e1mite continu\u00f3 y dentro del cual se han proferido providencias de seguimiento, sin que a la fecha haya sido posible que se inicie con el desminado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si bien esa decisi\u00f3n fue objeto de recurso de reposici\u00f3n, \u00abfue decidido desfavorablemente (sic)\u00bb el 19 de diciembre de 2022, \u00abbajo el entendido que la UAEGRTD deb\u00eda agotar a cabalidad la fase administrativa, continuando con el conocimiento de las medidas cautelares que quedaron vigentes y que han sido objeto de seguimiento\u00bb. <\/p>\n
Defendi\u00f3 su determinaci\u00f3n por cuanto, aquella se adopt\u00f3 para zanjar situaciones de riesgo con las comunidades asentadas en la zona y los actores armados que hacen presencia en la zona \u00ablos cuales afectan el desarrollo del proceso e impiden que se pueda [dictar] una decisi\u00f3n de fondo con el cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 91 de la ley 1448 de 2011\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora 45 Judicial I de Restituci\u00f3n de Tierras, se\u00f1al\u00f3 que uno de los requisitos para la inscripci\u00f3n de un predio en el Registro de Tierras Despojadas es su identificaci\u00f3n precisa \u00abde forma preferente mediante georreferenciaci\u00f3n individual y colectiva, seg\u00fan decreto 4829 de 2011 que regul\u00f3 el tema\u00bb. Acot\u00f3 que el despacho dej\u00f3 condicionada la admisi\u00f3n al cumplimiento de los requisitos y que, en todo caso, \u00abpor fallas estructurales del mismo Estado, no ha sido posible el trabajo en el terreno y ello no permite despejar los diferentes cuestionamientos que surgen alrededor de la restituci\u00f3n\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el asunto no solo debe mirarse bajo la \u00f3ptica de los reclamantes, sino que deben ser tenidos en cuenta los dem\u00e1s pobladores, entre ellos, una comunidad ind\u00edgena que la habita. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n en Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, manifest\u00f3 no compartir la decisi\u00f3n del juzgado accionado, \u00abteniendo en cuenta que los jueces de la especialidad cuentan con suficientes facultades legales y poderes especiales que pueden aplicar para impulsar adecuadamente los procesos judiciales y evitar su par\u00e1lisis [\u2026] y la falta de claridad en las \u00e1reas de los predios no puede conducir a la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y la negaci\u00f3n de justicia de quienes han padecido el conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
4. Helena, Ester, Soledad, Mar\u00eda Luisa y Elvia Restrepo Castrill\u00f3n, vinculadas, coadyuvaron la demanda tutelar interpuesta por su hermana, relataron las incidencias que las llevaron a abandonar los predios \u00abLa Uni\u00f3n, Los Alpes y Potos\u00ed\u00bb recalcando que todas son adultas mayores, por lo tanto, sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
5. La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013 Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, se refiri\u00f3 a una de las \u00f3rdenes dadas en la sentencia de tutela que dispuso que se inscribieran los predios mencionados en el RTD y se tramitara la reclamaci\u00f3n de los mismos, respecto a la articulaci\u00f3n con la Fuerza P\u00fablica, el IGAC y otras entidades, manifest\u00f3 que, resultaron \u00abinfructuosas, dadas las condiciones de orden p\u00fablico de la zona donde se ubican los predios, por lo que, el juzgado que estaba en vigilancia del cumplimiento de la tutela se vio \u00abobligado a modular el fallo en el sentido de conceder un plazo de 60 d\u00edas para emitir un pronunciamiento de fondo en el caso de la tutelante Teresa Restrepo de Sabogal\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que, expidi\u00f3 un acto administrativo en el que se incluy\u00f3 un informe t\u00e9cnico predial con informaci\u00f3n cartogr\u00e1fica, registral y catastral, debido a la imposibilidad de acudir al terreno para llevar a cabo una georreferenciaci\u00f3n, empero, a la fecha \u00abpersisten las dif\u00edciles y delicadas condiciones en materia de seguridad, por lo que ha sido imposible para la UAEGRTD lograr que su equipo catastral realice actividades de campo necesarias como la comunicaci\u00f3n del predio y la georreferenciaci\u00f3n, situaci\u00f3n frente a la que, el Ej\u00e9rcito Nacional les ha notificado que \u201cno es viable por el momento obtener alg\u00fan tipo de acompa\u00f1amiento hasta tanto las condiciones de seguridad sean favorables\u00bb. <\/p>\n
6. El Comandante operativo de Seguridad Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca inform\u00f3 que, en efecto, en el municipio de Florida existe una incidencia delictiva del grupo armado organizado de disidencia \u00abColumna M\u00f3vil Dagoberto Ramos Ortiz\u00bb. En cuanto a las pretensiones de la tutela, manifest\u00f3 no tener ninguna competencia al respecto. <\/p>\n
7. La delegada de la Presidencia de la Rep\u00fablica, en igual sentido, manifest\u00f3 no tener injerencia en el proceso que se discute, por lo que solicit\u00f3 se le desvincule por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; del primero porque la promotora, aunque present\u00f3 reposici\u00f3n contra el auto que discute \u2013 el del 7 de octubre de 2022 \u2013 luego present\u00f3 desistimiento del mismo, desistimiento que fue aceptado por el juez de conocimiento mediante auto de 19 de diciembre de 2022; del segundo, porque, desde el proferimiento del auto atacado, \u00abha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o [\u2026] y pese a que se trata de una persona de avanzada edad y que afirma no tener conocimiento jur\u00eddico, de la actuaci\u00f3n se desprende que tuvo conocimiento de la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n que le fue remitida, oportunamente interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a la mencionada providencia y posteriormente decidi\u00f3 desistir del recurso, actuaciones que realiz\u00f3 todas en nombre propio y exhibiendo conocimiento de la causa en su argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica y legal, y solo solicita la protecci\u00f3n tutelar, luego de transcurrido un a\u00f1o de la providencia que se\u00f1ala como vulneradora y m\u00e1s de 10 meses que le fue aceptado el desistimiento\u00bb. <\/p>\n
No obstante lo anterior, y en consideraci\u00f3n de la condici\u00f3n de vulnerabilidad de la actora en raz\u00f3n del \u00abg\u00e9nero, la edad y la condici\u00f3n de v\u00edctima\u00bb, analiz\u00f3 la decisi\u00f3n criticada la cual tuvo como razonable, debida y suficientemente motivada. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la quejosa, reiterando las alegaciones del escrito inicial en el sentido de reprochar la devoluci\u00f3n del expediente de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras a la UAEGRTD luego de haberla admitido, pues considera que es una decisi\u00f3n \u00abque contraviene el ordenamiento jur\u00eddico al no existir esta figura en aqu\u00e9l y con ella se crea un escenario de inseguridad que lesiona los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Sobre el fallo de tutela confutado recrimin\u00f3 que, nada dijo sobre los defectos alegados, que no resolvi\u00f3 de fondo el problema jur\u00eddico y que est\u00e1 avalando \u00abuna determinaci\u00f3n judicial que no encuentra fundamento expreso en la ley\u00bb y que, \u00abhace la ver\u00f3nica al accionado, es permisiva en su decisi\u00f3n de mantener la flagrante vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales [\u2026] desconociendo su situaci\u00f3n especial de protecci\u00f3n constitucional reforzada con al menos tres criterios superiores debidamente acreditados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la querellante con el auto de 7 de octubre de 2022 mediante el cual dispuso la devoluci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de tierras (rad. 2022-00010) a la UAEGRTD para que adoptara diversas acciones de correcci\u00f3n de las \u00e1reas y linderos de los predios reclamados y articulara acciones con otras entidades y autoridades estatales para efectuar la inspecci\u00f3n t\u00e9cnica a los mismos; incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho, por defecto sustantivo y procedimental. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. La inmediatez. <\/p>\n
Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder un semestre a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde que se dict\u00f3 el auto atacado en esta tutela, el 7 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cali, hasta la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional el 15 de noviembre de 2023, se super\u00f3 con amplitud el t\u00e9rmino se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela; incluso si se tomara como punto de referencia la fecha en que el juzgado accionado acept\u00f3 el desistimiento del recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra aqu\u00e9l prove\u00eddo, esto es, el 19 de diciembre de 2022, tampoco logra satisfacerse el requisito. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de la temporalidad de la acci\u00f3n debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
4. Subsidiariedad por incuria. <\/p>\n
Como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, en consonancia con lo razonado por el tribunal a quo, se advierte que la tutelante omiti\u00f3 controvertir la decisi\u00f3n que ahora cuestiona v\u00eda tutela, por lo menos a trav\u00e9s del remedio horizontal ante el mismo juez que la profiri\u00f3, y es que, seg\u00fan lo reconoci\u00f3 en el escrito introductor, prescindi\u00f3 voluntariamente de esa oportunidad jur\u00eddica, id\u00f3nea para exponer su inconformidad con lo resuelto; de manera que, no puede ahora pretender enmendar su falta de gesti\u00f3n, siendo la propia accionante quien no respald\u00f3 su posici\u00f3n al interior de la causa en el momento oportuno. Frente a dicha omisi\u00f3n la Corte ha dicho, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Entonces, la no utilizaci\u00f3n de los medios de refutaci\u00f3n que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico, torna inviable la acci\u00f3n de tutela en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados valerse de todos los mecanismos de defensa habilitados legalmente antes de ejercer la tutela. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 de la flexibilizaci\u00f3n de los requisitos de procedibilidad de la tutela en virtud de la condici\u00f3n de vulnerabilidad alegada. <\/p>\n
La precursora del amparo, fue insistente en el escrito de impugnaci\u00f3n en poner de presente su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por ser una mujer de avanzada edad (80 a\u00f1os) y adem\u00e1s v\u00edctima del conflicto armado, de cara a que se flexibilicen los criterios de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En primer lugar, y en punto de la tempestividad, ha indicado la jurisprudencia constitucional que podr\u00eda flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por incapacidad f\u00edsica o mental, la minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional; como lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, las referidas situaciones no se probaron por parte de la actora, pero adem\u00e1s, justificaciones como las expuestas, incluso la del presunto desconocimiento del derecho, no resultan suficientes por s\u00ed solas como para tener por superado el an\u00e1lisis de este criterio as\u00ed como tampoco el de la subsidiariedad. <\/p>\n
Es decir, si bien la edad avanzada y el encontrarse inscrita en el Registro \u00danico de V\u00edctimas la hace sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, mientras no se acredite la vulneraci\u00f3n alegada o la circunstancia a partir de la cual pudiere, por ejemplo, advertirse un perjuicio irremediable, no es posible abrir paso a la intervenci\u00f3n de esta justicia excepcional. Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ. STC 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado en STC6290-2020, STC9072-2021, STC1964-2022, STC4580-2023 y, STC6923-2023), <\/p>\n
Y sobre la condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado en Colombia, como aspecto puntual para la flexibilizaci\u00f3n de los presupuestos de viabilidad del resguardo, en una anterior ocasi\u00f3n esta Sala dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cabe recordar que la especial protecci\u00f3n que merecen las \u201cv\u00edctimas\u201d del conflicto armado tiene venero en la indefensi\u00f3n a que se ven sometidas, pero no puede extenderse indefinidamente si es que las circunstancias han variado, de tal suerte que no puede pasarse por alto la falta de proposici\u00f3n oportuna de las defensas o del auxilio cuando se ha tenido la oportunidad para el efecto, como en este caso donde evidentemente los libelistas han contado con apoderado y han controvertido en m\u00faltiples oportunidades lo resuelto, pero incurrieron en las omisiones que se han puesto de presente y que hacen inviable el examen de fondo propuesto. <\/p>\n
\u201c(\u2026) no obstante su flexibilizaci\u00f3n cuando la s\u00faplica es elevada por personas en estado de vulnerabilidad, como es el caso de las desplazadas por el conflicto armado, no es enteramente soslayable si las mismas no han observado un m\u00ednimo de diligencia en el pleito que origina su reproche, como la Corte Constitucional advirti\u00f3 en T-470 de 2012, donde no encontr\u00f3 \u201cjustificaci\u00f3n para que el tutelante no hubiese ejercido su defensa desde el inicio del proceso\u2026\u201d\u00bb (STC15525-2019) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta examen en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, la tutelante, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar la decisi\u00f3n dictada en sede ordinaria, sin que se advierta una raz\u00f3n que valide esa tardanza. <\/p>\n
6.2. Adicionalmente, la accionante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 la providencia cuestionada, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el juzgado accionado <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16819-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16819-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-21-000-2023-00022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78223"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78223\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}