STC16823-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16823-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04480-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cS\u201d contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial y Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de sucesi\u00f3n n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como \u00abrepresentante legal de \u201cJPF\u201d [hoy de 11 a\u00f1os de edad]\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital en conexidad con la vida en condiciones dignas, seguridad social, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que convivi\u00f3 maritalmente con \u201cP\u201d con quien procre\u00f3 un hijo \u00abnacido el 8 de agosto de 2012, a quien [el padre] le [proporcionaba] todo lo necesario para su subsistencia, as\u00ed como a la suscrita, pues una vez comenc\u00e9 a convivir con \u00e9l (\u2026) me dediqu\u00e9 \u00fanica y exclusivamente a atenderlos a ellos, como esposa y posteriormente como madre del menor, quien desde su mismo nacimiento ha padecido distintas patolog\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abde una uni\u00f3n anterior de mucho m\u00e1s de doce a\u00f1os de separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva, [el se\u00f1or \u201cP\u201d] procre\u00f3 [cinco] hijos [cuyos apellidos son] \u201cPG\u201d\u00bb, y como con ellos \u00abno ha tenido una relaci\u00f3n cercana\u00bb, tras el deceso de su ex compa\u00f1ero permanente \u00abel 19 de noviembre de 2020\u00bb, instaur\u00f3 proceso declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, \u00abtoda vez que me estaban desconociendo al 100% mi condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente\u00bb, porque siendo la actividad laboral del se\u00f1or \u201cP\u201d \u00abla de pr\u00e9stamo de dinero garantizado con t\u00edtulos valores y escrituras de hipoteca as\u00ed como arrendamiento de distintos inmuebles de su propiedad, [han pretendido] no reconocerme absolutamente nada de los bienes de la masa sucesoral\u00bb, pues \u00abestos negocios contin\u00faan siendo manejados y usufructuados por ellos, a excepci\u00f3n del inmueble ubicado en (\u2026) sur de esta ciudad (\u2026), donde resido en la segunda planta con mi menor hijo\u00bb. <\/p>\n
Que mediante sentencia proferida por el Juzgado \u201c000\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 2 de diciembre de 2022, modificada por el tribunal el 11 de septiembre de 2023, \u00abse me reconoci\u00f3 como compa\u00f1era del causante a partir del 8 de agosto de 2012 -cuando naci\u00f3 nuestro hijo- y hasta el 19 de noviembre de 2020 -cuando el [se\u00f1or \u201cP\u201d] falleci\u00f3\u00bb, y para efectos de la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial acudi\u00f3 al juicio de sucesi\u00f3n cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado \u201c00\u201d de Familia, quien lo declar\u00f3 abierto y radicado el 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
Que dentro de las medidas cautelares dispuestas dentro del sucesorio, pues \u00abson 7 inmuebles los pertenecientes a la masa sucesoral\u00bb, se encuentra el embargo y secuestro del inmueble donde ella reside con su hijo, por lo que el arrendamiento del primer piso por \u00ab$550.000\u00bb que recib\u00eda, \u00abdesde hace m\u00e1s de treinta meses no me cancelan suma alguna y a la fecha la entidad \u201cSS\u201d que funge como secuestre, desde hace m\u00e1s de catorce meses, no ha rendido informe alguno\u00bb, como tampoco lo ha hecho respecto de otros predios tambi\u00e9n ubicados en esta ciudad. <\/p>\n
Que, igualmente, ni la empresa \u00abAA\u201d\u00bb, quien tambi\u00e9n obra como secuestre de una bodega situada en \u201cM\u201d, ni los hermanos \u201cPG\u201d que perciben arriendos de otros inmuebles -situados en \u201cX\u201d y \u201cY\u201d- y tienen a su cargo \u00abveh\u00edculos (tres) y cr\u00e9ditos\u00bb, han rendido informes, por lo que, mientras los bienes \u00abest\u00e1n siendo usufructuados \u00fanica y exclusivamente por los dem\u00e1s hijos del causante\u00bb, para \u00abatender mis gastos y los de mi menor hijo con problemas de salud (\u2026), estamos viviendo de la caridad de mi t\u00eda \u201cE\u201d (\u2026)\u00bb, por no contar con ingreso econ\u00f3mico alguno. <\/p>\n
Que su abogado \u00abha solicitado reiteradamente al juzgado que requiera a los secuestres para que rindan cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n, les imponga sanciones y proceda a su relevo, hasta la fecha no se ha logrado, pues siempre ha habido omisi\u00f3n injustificada para ello, error en las providencias que efect\u00faan los requerimientos, etc., en detrimento total de los derechos del menor heredero y de la suscrita reconocida como compa\u00f1era permanente del causante\u00bb, y ello, pese a que la obligaci\u00f3n de rendir surge \u00abpor ministerio de la ley\u00bb. <\/p>\n
Que pese a lo anterior y a que \u00abse embargaron dineros de los Bancos Popular y Av Villas en cuant\u00eda de $184\u00b4466.069,00 cuya partida se incluy\u00f3 en los inventarios y aval\u00faos (\u2026), ante la falta de recursos econ\u00f3micos para atender las necesidades m\u00e1s b\u00e1sicas y urgentes del menor heredero, as\u00ed como las m\u00edas, mi apoderado judicial desde el pasado 10 de febrero de 2023 solicit\u00f3 \u201cse fije una cuota provisional y mensual como alimentos al heredero\u201d\u00bb, petici\u00f3n que fue denegada por la juez mediante auto del 11 de abril de 2023, aduciendo que es \u00abimprocedente la solicitud comoquiera que la misma no corresponde la naturaleza del proceso liquidatorio\u00bb. <\/p>\n
Que contra la anterior determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n, y pese a la insistencia para que se definiera el punto dada la necesidad de los alimentos, el juzgado no lo hizo en la audiencia del 20 de abril, ni en ingresos posteriores, s\u00f3lo \u00abhasta el pasado 28 de septiembre, [por lo que], entre la petici\u00f3n inicial de alimentos el 10 de febrero y el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n [desfavorablemente] transcurrieron m\u00e1s de siete meses y medio\u00bb, desconociendo con ello \u00ablas condiciones desafortunadas de precariedad y desigualdad que aqu\u00ed se presentan en el menor heredero frente a sus hermanos \u201cPG\u201d, [y aunque] existen dineros suficientes para fijar una cuota provisional alimentaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que, de otro lado, en \u00ablas partidas d\u00e9cima segunda y vig\u00e9sima primera\u00bb de la relaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, \u00abse incluyeron los frutos civiles de los bienes inmuebles y veh\u00edculos de la masa sucesoral, los cuales fueron objetados por la apoderada judicial de los hermanos \u201cPG\u201d, siendo resultas en audiencia llevada a cabo el pasado 20 de abril de 2023\u00bb, con soporte en \u00abun dictamen pericial\u00bb, que el juzgado no tuvo en cuenta, pues para acceder a la objeci\u00f3n propuesta por su contraparte, valor\u00f3 documentos \u00abque no cumple los requisitos legales para ser tenidos como prueba, y lo m\u00e1s gravoso, unas tablas caprichosas donde se relacion\u00f3 ingresos por c\u00e1nones de arrendamiento y gastos, lo cual arroj\u00f3 la suma l\u00edquida de $43\u00b4202.050,00 que fue consignada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Que, finalmente, en sede de apelaci\u00f3n, la anterior decisi\u00f3n fue confirmada por el tribunal, sin apreciar sus reparos en el sentido de que existe \u00abimposibilidad de acceder a los documentos y usufructo de los bienes de la masa sucesoral por parte de [su] apoderado judicial, [y que en su lugar] present\u00f3 una prueba id\u00f3nea para demostrar y cuantificar los frutos de los inmuebles, cual fue un dictamen pericial\u00bb, y contrario a ello, tuvo en cuenta como pasivos \u00abrubros correspondientes a impuestos, gastos de los inmuebles y \u201chonorarios de administraci\u00f3n de los bienes sucesorales\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, \u00abque proceda a tomar las medidas necesarias tendientes a lograr que los secuestres (\u2026) rindan cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n (\u2026), procediendo adem\u00e1s a relevarlos de su cargo e imponerles la sanciones legales por su omisi\u00f3n de este deber mensual\u00bb; y que, \u00abdeje sin efecto el inciso final del auto fechado 11 de abril y el fechado 28 de septiembre de 2023, para en su lugar proceder a se\u00f1alar una suma provisional por alimentos congruos tanto a mi menor hijo como a la suscrita como compa\u00f1era permanente\u00bb. De igual modo, que ordene al ad quem, \u00abdejar sin efecto la providencia emitida el 1\u00ba de noviembre de 2023, para en su lugar decidir los recursos de alzada de las objeciones a los inventarios y aval\u00faos, atendiendo ante todo las reglas de la sana cr\u00edtica en trat\u00e1ndose de elementos probatorios, valorando en debida forma nuestro dictamen pericial y la ilegalidad de los documentos aportados por los inconformes con el escrito de objeci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de \u201cX\u201d, remiti\u00f3 el link para acceder al expediente digital. <\/p>\n
2. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, present\u00f3 informe detallado de lo actuado en el sucesorio en cuesti\u00f3n, anot\u00f3 que tras definirse el pasado 16 de noviembre la concurrencia de la ac\u00e1 accionante como compa\u00f1era permanente del causante, en esa data \u00abse orden\u00f3 proceder a la reelaboraci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, en consideraci\u00f3n al reconocimiento efectuado\u00bb. Pidi\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la acci\u00f3n por no existir vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados [y por] encontr\u00e1ndose ajustadas a derecho las actuaciones efectuadas dentro del asunto\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la protecci\u00f3n Social -UGPP-, el Ministerio de Agricultura y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora, porque dentro del sucesorio radicado bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d: (i) el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, ha omitido adoptar las medidas correctivas en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de los auxiliares de la justicia que act\u00faan en la modalidad de secuestres; (ii) el despacho judicial en menci\u00f3n, se abstuvo de fijar alimentos, principalmente a favor del heredero menor de edad a quien la accionante representa; y, (iii) la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, ratific\u00f3 lo resuelto en la objeci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, atinente a la exclusi\u00f3n de partidas del activo relacionadas con frutos civiles. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la decantada jurisprudencia constitucional, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras de mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, aunque los jueces ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar la ley, en esa funci\u00f3n puede intervenir el de tutela, \u00absi se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada entre otras en STC13340-2023, 5 oct., rad. 00253-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con fundamento en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala otorgar\u00e1 parcialmente el resguardo implorado, toda vez que: (i) frente al comportamiento asumido por los auxiliares de la justicia que fungen como secuestres dentro del liquidatorio, el juzgado ha incurrido en yerro procedimental; (ii) al resolver sobre la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria provisional deprecada por la compa\u00f1era permanente a favor suyo y del menor heredero, la decisi\u00f3n desestimatoria emitida por el juzgado adolece de una motivaci\u00f3n suficiente; y, (iii) la determinaci\u00f3n de no incluir los frutos civiles en la relaci\u00f3n de inventarios, obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
3.1. Consideraciones preliminares. <\/p>\n
En primer lugar, esta Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
A tono con ello, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, establece que \u00ab[l]os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Aunado a los postulados internacionales, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991. <\/p>\n
Esa directriz se incorpor\u00f3 en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006, al se\u00f1alar en art\u00edculo 8\u00ba que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb, y apuntar en el canon 9\u00ba, que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, o \u00abentre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, se recuerda que con el marco jur\u00eddico otorgado a partir de la Convenci\u00f3n sobre Eliminaci\u00f3n de todas las formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer CEDAW (por sus siglas en ingl\u00e9s), de la Asamblea General de las Naciones el 18 de diciembre de 1979, la cual entr\u00f3 a regir en Colombia tras ratificarse mediante la ley 51 de 1981 y haberse reglamentado con el Decreto 1398 de 1990, as\u00ed como de la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1), aprobada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico con la Ley 248 de 1995, se han logrado significativos avances en la lucha y prevenci\u00f3n contra la violencia de g\u00e9nero. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, han hecho un llamado a los jueces para que al resolver asuntos en los que se vean configuradas transgresiones contra la mujer, procedan -en lo posible- a eliminar cualquier forma de discriminaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abPor esa raz\u00f3n, entonces, es obligatorio (\u2026) incorporar criterios de g\u00e9nero al solucionar sus casos. En consecuencia, cuando menos, deben: (i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistem\u00e1ticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermen\u00e9utico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de g\u00e9nero; (iv) evitar la revictimizaci\u00f3n de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminaci\u00f3n, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas \u00faltimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un an\u00e1lisis r\u00edgido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a tr\u00e1mites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonom\u00eda de las mujeres\u00bb (CC T-012\/16). <\/p>\n
As\u00ed, esta Sala ha rechazado toda forma de violencia de g\u00e9nero, se\u00f1alando que esa clase de comportamientos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde cualquier \u00e1ngulo es una pr\u00e1ctica desde\u00f1able que merece total reproche. El Estado de Derecho Constitucional no puede tolerar el ejercicio de la violencia f\u00edsica o moral en las relaciones obligatorias, mucho menos la de g\u00e9nero, tampoco contra los ancianos, ni\u00f1os o contra cualquier sujeto de derecho sintiente. Para poner fin a tan perjudiciales y nocivas pr\u00e1cticas, la comunidad internacional ha dise\u00f1ado diferentes instrumentos, con los cuales se ha conminado a los pa\u00edses a adoptar en sus legislaciones internas f\u00f3rmulas educativas y sancionatorias severas para eliminar ese tipo de actos y toda forma de discriminaci\u00f3n. (\u2026). <\/p>\n
En el ordenamiento interno, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 introdujo varios c\u00e1nones aplicables a la materia, tales como los derechos a la igualdad, a la familia, la homogeneidad entre hombre y mujer y la protecci\u00f3n reforzada de los ni\u00f1os, adolescentes y personas de la tercera edad (arts. 13, 42, 43 y 44). <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia no es ajena a esta problem\u00e1tica. De vieja data ha censurado la violencia generalizada, pero con rigor y entereza, la ejercida al interior de la familia contra los ni\u00f1os y las mujeres, o frente a las personas de diferente orientaci\u00f3n sexual, pues siendo la familia el cen\u00e1culo y fundamento de la construcci\u00f3n de la sociedad y de la democracia, no puede cohonestarse la insensibilidad ni mucho menos el ejercicio de la fuerza f\u00edsica o moral de cualquier miembro de ella, o de terceros, contra la parte m\u00e1s d\u00e9bil o en discapacidad f\u00edsica, moral o jur\u00eddica para repelerla o resistirla\u00bb (CSJ STC10829-2017, 25 jul., rad. 01401-00, citada, entre otras, en STC13257-2018, 11 oct., rad. 00238-01). <\/p>\n
Del mismo modo, \u00abla Corte censura todo tipo de violencia de g\u00e9nero y reivindica los derechos de las mujeres, como grupo social hist\u00f3ricamente discriminado. Desde esta perspectiva, ha de precisarse que cuando una mujer es v\u00edctima de una relaci\u00f3n abusiva, independientemente de que se trate de su c\u00f3nyuge o excompa\u00f1ero, quien a trav\u00e9s del empleo de la fuerza f\u00edsica, actos de hostigamiento, acoso e intimidaci\u00f3n, la mancilla en su dignidad e integridad f\u00edsica y moral; ha de ser amparada por la sociedad y el Estado, y m\u00e1s a\u00fan, por parte de los jueces, como garantes en el restablecimiento de sus derechos\u00bb (CSJ STC7452-2018, 8 jun. 2018, rad. 00172-01). <\/p>\n
Por ello, ha enfatizado en la necesidad de aunar esfuerzos para construir formas tolerantes en las relaciones familiares, indicando que, atendiendo los instrumentos supranacionales, \u00abnuestros legisladores han implementado diferentes herramientas para buscar la protecci\u00f3n de la mujer colombiana. En materia penal se cuenta con la Ley 1257 de 2008, la cual tiene por objeto \u201c(\u2026) la adopci\u00f3n de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el \u00e1mbito p\u00fablico como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jur\u00eddico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protecci\u00f3n y atenci\u00f3n, y la adopci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas necesarias para su realizaci\u00f3n (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC7203-2018, 5 jun., rad. 00750-01, citada en STC7040-2023, 19 jul., rad. 00612-01). <\/p>\n
3.2. Del defecto procedimental. <\/p>\n
Emerge frente al tratamiento dado por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d al tema de los secuestres, pues tras haberse cautelado bienes que hacen parte de la masa sucesoral partible y dejada su administraci\u00f3n en cabeza de auxiliares de la justicia, concretamente de las sociedades \u201cSS\u201d y \u201cAA\u201d, el juzgado no ha dispuesto lo pertinente para que estas rindan cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n y en caso de no hacerlo, adopte las sanciones que contempla el ordenamiento legal aplicable. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan dan cuenta las diligencias de secuestro -practicadas a trav\u00e9s de comisionados el 2 y 22 de junio y el 24 de agosto de 2022, respecto de cinco (5) inmuebles ubicados en \u201cM\u201d y \u201cX\u201d, los cuales ven\u00edan siendo arrendados y\/o son susceptibles de ello, de tales frutos no se presenta la relaci\u00f3n detallada y debidamente soportada, como tampoco que hubieran sido puestos a disposici\u00f3n del juzgado como corresponde, pese a los sendos requerimientos realizados por el apoderado judicial de la ac\u00e1 accionante para que rindan cuentas de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, siendo de trascendental importancia para las resultas del proceso liquidatorio, no s\u00f3lo la conservaci\u00f3n de los bienes que conforman la herencia y sociedad patrimonial, sino que su administraci\u00f3n -en manos de auxiliares de la justicia- se realice con el cuidado y la responsabilidad que de buena fe se presume es ejercida por estos profesionales, la vigilancia y control de su gesti\u00f3n recae en el juez que adelanta el respectivo pleito, a fin de que al concluir el proceso mediante la adjudicaci\u00f3n de tales bienes, sus frutos -en este caso civiles-, tambi\u00e9n puedan entregarse a entera satisfacci\u00f3n de sus beneficiarios. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que tanto la actividad como los resultados del juzgado sobre esa tem\u00e1tica han sido incipientes, como tambi\u00e9n lo ha sido la colaboraci\u00f3n que evidencian los dem\u00e1s interesados, al punto que ha sido reiterativo el reclamo de la actora en el sentido de que la mayor\u00eda de bienes \u00abest\u00e1n siendo usufructuados \u00fanica y exclusivamente por los dem\u00e1s hijos del causante\u00bb, es decir, por los herederos \u201cPG\u201d, en detrimento de los derechos -de \u00edndole superior- del menor de los herederos, de quien -inclusive- se ha acreditado que padece afecciones en su salud y que su progenitora no cuenta con recursos econ\u00f3micos propios para atender sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
Sin que corresponda a esta excepcional sede resolver los pormenores se\u00f1alados por la querellante en esa materia, toda vez que es a la juez de la causa a quien le corresponde examinar si por acci\u00f3n u omisi\u00f3n se ha producido alg\u00fan detrimento patrimonial, lo ac\u00e1 evidenciado es que desde mediados de 2022, han sido varios los intentos por obtener claridad y precisi\u00f3n sobre las cuentas que deben rendir los secuestres y estas no han sido presentadas para su eventual aprobaci\u00f3n por parte de los herederos, en particular de los intereses que representa la aqu\u00ed reclamante. <\/p>\n
En las condiciones descritas, se avizora que respecto de los mentados auxiliares de la justicia, el juzgador ha omitido la direcci\u00f3n del proceso en procura de una pronta y eficaz soluci\u00f3n sobre el punto, y consecuencialmente, aplicar los poderes de ordenaci\u00f3n y correccionales (art\u00edculos 42 a 44 del C\u00f3digo General del Proceso), y espec\u00edficamente, verificar si los auxiliares de la justicia que act\u00faan como secuestres en el juicio de sucesi\u00f3n, est\u00e1n o no dando estricto cumplimiento a sus funciones y obligaciones como lo mandan, entre otras disposiciones legales, los preceptos 51 y 52 ibidem. <\/p>\n
Sobre el advertido defecto procedimental, es necesario recordar que se tipifica en la modalidad de absoluto, porque el juzgado accionado se apart\u00f3 de su funci\u00f3n como garante de los derechos de las partes, en particular de la demandante, al actuar al margen del procedimiento por no darle el debido alcance a las garant\u00edas contenidas en la normativa antes rese\u00f1ada, concordante con lo dispuesto en los art\u00edculos 593 y 595 del mismo ordenamiento adjetivo. <\/p>\n
En esas circunstancias, habr\u00e1 de ordenarse al querellado que corrija el yerro, disponiendo prontamente el requerimiento de los auxiliares de la justicia para que rindan cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n, y adoptar, si a ello hay lugar, las determinaciones pertinentes para que, sin dilaci\u00f3n alguna, los frutos civiles de todos los bienes cautelados sean ubicados a orden del juzgado y proceso a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario de Colombia. <\/p>\n
3.2. De la motivaci\u00f3n insuficiente. <\/p>\n
Se predica de cara a la resoluci\u00f3n dada por el juzgado a la reiterada solicitud elevada por la aqu\u00ed querellante, a efectos de que dentro del sucesorio se determine una cuota alimentaria provisional a favor suyo y de su menor hijo, habida cuenta las circunstancias de precariedad econ\u00f3mica para atender sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
3.2.1. Esto, porque de cara a la petici\u00f3n elevada por la interesada el 10 de febrero de 2023, la respuesta inicial que otorg\u00f3 el encartado con auto del 11 de abril de la misma anualidad, se limit\u00f3 a se\u00f1alar su \u00abimprocedencia\u00bb, porque \u00abno corresponde a la naturaleza del proceso liquidatorio\u00bb, y en sede de reposici\u00f3n definida el 28 de septiembre de 2023, mantuvo su postura, apoy\u00e1ndose en prove\u00eddo mediante el cual esta Sala resolvi\u00f3 un conflicto de competencia, en el que se indic\u00f3 que la demanda \u00ab\u201cpara conocer la pretensi\u00f3n encaminada a la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria a cargo de la sucesi\u00f3n\u201d\u00bb, no reca\u00eda en el juez que adelanta el liquidatorio \u00ab\u201ctoda vez que no corresponder a alguno de los eventos que por virtud del fuero de atracci\u00f3n consagra el inciso primero del art\u00edculo 23 [del CGP]\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Al respecto, en primer lugar se precisa que el criterio de autoridad al que acudi\u00f3 el accionado, no deviene aplicable en el sub j\u00fadice, porque en este no se est\u00e1 frente a la instauraci\u00f3n de una demanda de alimentos sometida a conocimiento del juez de la sucesi\u00f3n, sino a una solicitud para que se fije cuota alimentaria provisional, dadas las circunstancias espec\u00edficas en que dijo hallarse la compa\u00f1era permanente -judicialmente declarada-, como el hijo menor de edad del causante, de quienes se adujo depend\u00edan econ\u00f3micamente del compa\u00f1ero y padre, respectivamente. <\/p>\n
Bajo tal panorama, deven\u00eda procedente que el juzgado reflexionara sobre la posibilidad de que esa pretensi\u00f3n pudiera abordarse con observancia del inter\u00e9s superior del menor, pues los derechos fundamentales de este prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s, e inclusive, revisarse bajo una perspectiva de g\u00e9nero, aspectos sobre los cuales se enfatiz\u00f3 en ac\u00e1pite precedente y que no pueden pasar desapercibidos en contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos como los expuestos por la demandante al interior del proceso y reiterados en esta excepcional sede. <\/p>\n
3.2.3. En segundo lugar, echa de menos la Sala que el estrado convocado no hubiera analizado el punto con revisi\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales, en donde se ha recordado que el derecho personal\u00edsimo de alimentos, principalmente tienen su origen legal, que son beneficiarios de estos tanto los descendientes como la c\u00f3nyuge y\/o compa\u00f1era permanente del obligado (art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil), y que, ineludiblemente, \u00ablos alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda\u00bb, por lo que, el deceso del alimentante no conlleva cesaci\u00f3n en su pago. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que: <\/p>\n
\u00abEsa obligaci\u00f3n se puede extinguir por la muerte del alimentario o cuando \u00e9ste deja de estar en estado de necesidad o el alimentante no se halla en condiciones econ\u00f3micas de prestar los alimentos. <\/p>\n
Sin embargo, el deceso del alimentante no genera esa misma consecuencia, porque trat\u00e1ndose de alimentos adeudados por disposici\u00f3n legal, la masa hereditaria debe gravarse, pues se trata de una asignaci\u00f3n forzosa, como lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo Civil: <\/p>\n
\u201cAsignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, a\u00fan con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. <\/p>\n
Asignaciones forzosas son: <\/p>\n
1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas\u201d. <\/p>\n
En ese orden, para determinar la forma en la que se deben pagar esa prestaci\u00f3n, el canon 1227 del estatuto civil, dispone que \u00abLos alimentos que el difunto ha debido por la ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya impuesto esa obligaci\u00f3n a uno o m\u00e1s part\u00edcipes de la sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, cuando se trata de alimentos forzosos, la obligaci\u00f3n es intrasmisible y, en principio, no se transfiere a los herederos, sino que afecta de manera general la masa herencial, de ah\u00ed que la cuota alimenticia deba pagarse con cargo a ella y no en detrimento del patrimonio propio de los sucesores del fallecido. <\/p>\n
As\u00ed el art\u00edculo 1016 del C\u00f3digo Civil dispone que en todo caso \u00abse deducir\u00e1n del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado (\u2026): 4\u00ba) Las asignaciones alimenticias forzosas.\u201d, por ello el ordenamiento civil previ\u00f3 que las personas legitimadas para recibir alimentos puedan seguir percibiendo su pago, con independencia de la muerte de la persona que los preve\u00eda, por lo que el cumplimiento de esa prestaci\u00f3n se debe hacer con cargo a la masa de bienes que integran la sucesi\u00f3n del difunto\u00bb (CSJ STC9523-2016, 13 jul., rad. 00032-02, citada en STC10047-2022, 4 ago., rad. 00581-01, entre otras). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
3.2.4. Por lo antedicho, el yerro anunciado emerge por la carencia argumentativa sobre la integridad de t\u00f3picos que ameritan verificaci\u00f3n previa, como ya qued\u00f3 visto, frente a los cuales el juzgado evit\u00f3 referirse, dejando a la interesada sin una clara y precisa respuesta a los fundamentos que para el efecto fueron expuestos de manera constante por intermedio de su mandatario judicial dentro del pleito. <\/p>\n
As\u00ed, por cuanto el juzgado desestim\u00f3 la tasaci\u00f3n provisional de alimentos omitiendo abordar las aristas del inter\u00e9s superior del menor y el enfoque de g\u00e9nero, los cuales se itera, resultan de gran importancia en asuntos donde se debaten y definen este tipo de litigios, conforme a mandatos inclusive de orden supralegal, analizadas y reiteradas en prol\u00edfica jurisprudencia emanada de las Altas Cortes, aunado a que sobre el tema puntual de dicha prestaci\u00f3n econ\u00f3mica en circunstancias f\u00e1cticas como la que es materia de estudio, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del fallador constitucional a fin de disponer una reconsideraci\u00f3n del asunto por parte del juez de conocimiento. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el defecto de falta de motivaci\u00f3n, de vieja data la Corte Constitucional, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo. <\/p>\n
De modo que toda sentencia debe estar razonablemente fundada en el sistema jur\u00eddico, mediante la aplicaci\u00f3n de sus reglas a las circunstancias de hecho sobre las cuales haya reca\u00eddo el debate jur\u00eddico surtido en el curso del proceso y la evaluaci\u00f3n que el propio juez, al impartir justicia, haya adelantado en virtud de la sana cr\u00edtica y de la autonom\u00eda funcional que los preceptos fundamentales le garantizan\u00bb (CC T-259\/00). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, al ejercer el respectivo control a la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, respecto del art\u00edculo 55, sostuvo: \u00abno cabe duda que la m\u00e1s trascendental de las atribuciones asignadas al juez y la que constituye la esencia misma del deber constitucional de administrar justicia, es la de resolver, con imparcialidad, en forma oportuna, efectiva y definitiva los asuntos que los sujetos procesales someten a su consideraci\u00f3n (Art. 228 C.P.). Para ello, es indispensable, como acertadamente se dice al inicio de la disposici\u00f3n que se revisa, que sean analizados todos los hechos y asuntos planteados dentro del debate judicial e, inclusive, que se expliquen en forma di\u00e1fana, juiciosa y debidamente sustentada, las razones que llevaron al juez para desechar o para aprobar los cargos que fundamenten el caso en concreto\u00bb (CC T-233\/07). <\/p>\n
Para esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, (\u2026) debe ser motivada \u201cde manera breve y precisa\u201d -pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u201cexamen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u201d que sean indispensables para fundamentarla\u00bb (STC, 13 feb. 2004, exp. 2003-00536-01)\u00bb; asegurando que, \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 2 dic., 2009, 31 ene., exp. 02174-00). <\/p>\n
A este respecto, se ha dicho que el yerro espec\u00edfico de procedibilidad de la salvaguarda, se produce cuando el juez accionado no analiza el asunto bajo su conocimiento o lo hace de manera parcial o sesgada, haci\u00e9ndose por tanto indispensable la injerencia del fallador excepcional para ordenar que se realice un nuevo abordaje y definici\u00f3n del caso, en tanto que: \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2008, rad. 00384-00). <\/p>\n
Igualmente ha reiterado que: \u00abla imposici\u00f3n de motivar toda providencia que no tenga por \u00fanica finalidad impulsar el tr\u00e1mite, reclama, como presupuesto sine qua non, que la jurisdicci\u00f3n haga p\u00fablicas los motivos que ha tenido en cuenta al adoptar la respectiva resoluci\u00f3n, de tal manera que tras conoc\u00e9rselas se tenga noticia de su contenido para que no aparezca arbitraria, caprichosa, antojadiza, sino producto del an\u00e1lisis objetivo, am\u00e9n de reflexivo de los diferentes elementos de juicio incorporados al plenario y dentro del marco trazado por el objeto y la causa del proceso\u00bb (CSJ STC7221-2017, 24 may., rad. 00123-01, citada en STC7897-2023-2023, 10 ago., rad. 00183-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. De la razonabilidad. <\/p>\n
Finalmente, sobre el reproche enfilado contra la decisi\u00f3n adoptada -en sede de apelaci\u00f3n- frente a la objeci\u00f3n a inventarios y aval\u00faos dentro del sucesorio, la Corte no advierte que se configure yerro espec\u00edfico de procedibilidad del amparo, por cuanto tal determinaci\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
Ello, porque para que el tribunal, mediante prove\u00eddo del 1\u00b0 de noviembre de 2023, ratificara la no inclusi\u00f3n dentro del activo del inventario de \u00ablas partidas doce a veintiuna consistentes en los frutos civiles\u00bb que relacion\u00f3 el representante judicial de la hoy accionante y que alude a aquellos \u00abgenerados desde el 20 de noviembre de 2020\u00bb, expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inventario de bienes de la sucesi\u00f3n constituye la base real de la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes, raz\u00f3n por la cual, debe estar perfectamente determinados y sustentada la existencia de los bienes y deudas objeto del reparto, acorde al art\u00edculo 34 de la Ley 63 de 1936 y lo impone la buena fe, pues s\u00f3lo cuando se conoce claramente el patrimonio il\u00edquido y su valor ser\u00e1 posible adelantar de modo efectivo y equitativo el reparto, adjudicaci\u00f3n y posterior entrega de bienes cuando sea necesario. <\/p>\n
Por tanto, no deviene suficiente una proyecci\u00f3n de los dineros que por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento o. en general, usufructos se pudiesen haber recaudado, pues se requiere tambi\u00e9n demostrar su existencia actual precisando su estado y sitio en el que se encuentran. <\/p>\n
Y si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera lo planteado por ambos apoderados, lo cierto es que deviene improcedente la inclusi\u00f3n de los dineros por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento en los inventarios, pues dichos frutos deben ser distribuidos siguiendo las reglas del art\u00edculo 1395 del C\u00f3digo Civil, dado que no se trata de un activo adicional a los del causante. Frente al punto, la jurisprudencia ha precisado que aquellos \u201cpertenecen a los herederos, sin lugar a inventariarlos, por cuanto como frutos civiles, no hacen parte de la masa sucesoral, sino que son accesorios al bien que los produjo\u201d [CSJ STC1664-2019]. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, ninguno de los apoderados de los interesados alleg\u00f3 alg\u00fan elemento de juicio con miras a acreditar la existencia de tales frutos civiles y comoquiera que estos deben ser distribuidos entre los herederos sin necesidad de su inclusi\u00f3n en el haber sucesoral, los reparos esgrimidos por ambos abogados, en relaci\u00f3n a los frutos, carecen de sustento. <\/p>\n
Frente a la idoneidad del dictamen pericial, como qued\u00f3 dicho, dicha experticia no cuenta con el m\u00e9rito probatorio para tener por inventariado los dineros que se pretenden, en atenci\u00f3n a que, si bien acredita unas cuant\u00edas, no ocurre lo mismo con la existencia de los bienes \u2013 o frutos \u2013 que es el tema de prueba a fin de que se acceda a que hagan parte de los inventarios\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de lo anterior, ac\u00f3tese que la postura jurisprudencial citada por el tribunal, es la que ha mantenido esta Corporaci\u00f3n como lo recuerda la sentencia STC10342-2018, 10 ago., rad. 00177-02, al sostener que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los \u00abc\u00e1nones de arrendamiento\u00bb, son considerados \u00abfrutos civiles\u00bb de conformidad al art\u00edculo 717 del C\u00f3digo Civil y en trat\u00e1ndose de aquellos producidos luego de la muerte del due\u00f1o, estos pertenecen a los herederos del causante, tal como lo prev\u00e9 el canon 1395 de dicha normatividad, sin lugar a inventariarlos, por cuanto como frutos civiles no hacen parte de la masa sucesoral, sino que son accesorios al bien que los produjo. <\/p>\n
En punto de lo que viene de enunciarse, esta Sala, en sentencia de 31 octubre de 1995, exp. N\u00ba. 4416, sostuvo: <\/p>\n
\u201cLos frutos a que alude el art. 1395 del C.C. pertenecen de suyo a los herederos sin lugar a inventariarlos, a avaluarlos y adjudicarlos. Los interesados de suyo o por orden judicial pueden dejar establecida determinada base para la ulterior distribuci\u00f3n de los frutos en cierto lapso de tiempo, sin que para ello pueda estimarse que viola el art. 1395 la partici\u00f3n que as\u00ed lo reconozca o sobre tal base se funda y proceda\u201d (CSJ, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 8 de abril de 1938). <\/p>\n
\u201cLos frutos naturales y civiles producidos con posterioridad a la muerte del causante, por los bienes que constituyen la mortuoria, no forman parte del haber sucesoral, como entidad separada que forma parte del activo; ni menos deben considerarse como parte espec\u00edfica de este, para los efectos de la liquidaci\u00f3n de las respectivas asignaciones herenciales. Tales frutos no es procedente inventariarlos separadamente, ya que ellos pertenecen a los herederos, a prorrata de sus cuotas hereditarias y habida consideraci\u00f3n de los bienes que los produjeron y a los asignatarios a quienes se adjudicaron. A lo que puede agregarse que ni aun por motivos fiscales es de rigor inventariarlos, por estar eximidos del pago de impuestos y no tomarse en consideraci\u00f3n para la fijaci\u00f3n y cobro de las respectivas contribuciones sobre las mortuorias\u201d (ibidem, sentencia de 13 de marzo de 1942)\u00bb (CSJ STC10342-2018, 10 ago., rad. 00177-02)\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la decisi\u00f3n de no integrar el inventario y aval\u00fao con partidas que refieren a frutos civiles, no constituye yerro susceptible de corregirse por esta senda, en tanto que, para ello, el juzgado se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que no revela arbitrariedad o desmesura sino una divergencia conceptual que, por s\u00ed misma no abre paso al amparo implorado. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que cuando la actuaci\u00f3n judicial no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, la salvaguarda se torna inviable porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en citada en STC8772-2023, 31 ago., rad. 03233-00, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha insistido en que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, no cuando las decisiones obedecen a un criterio razonable, en la medida que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, inhiben al fallador del auxilio para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de la causa, pues es claro que esta acci\u00f3n no es un instrumento alternativo sino una herramienta jur\u00eddica excepcional y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se otorgar\u00e1 de manera parcial el resguardo, protegiendo los derechos fundamentales invocados, en especial al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de la ni\u00f1ez, y como consecuencia se ordenar\u00e1 al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, que se corrija los yerros de orden procedimental y falta de motivaci\u00f3n que se explicaron en precedencia. <\/p>\n
Por consiguiente, se impartir\u00e1 orden perentoria al juzgado cognoscente del juicio de sucesi\u00f3n de \u201cP\u201d, para que decida lo pertinente en relaci\u00f3n con la gesti\u00f3n de los secuestres que act\u00faan en el liquidatorio, y en caso de no encontrarse cumpliendo a cabalidad sus funciones y obligaciones, disponga las consecuencias legales a que haya lugar. <\/p>\n
Igualmente, se invalidar\u00e1 parcialmente el auto proferido el 28 de septiembre de 2023, mediante el cual resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el adiado el 11 de abril de la misma anualidad, a fin de que estudie y profiera nueva resoluci\u00f3n sobre la solicitud de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria deprecada por el mandatario judicial de la ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER parcialmente la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, en especial a la ni\u00f1ez, al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, que dentro del proceso sucesorio n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a adoptar los correctivos que estimen necesarios de cara a que los secuestres que act\u00faan en dicho juicio, rindan cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n, y en caso de que estas no resulten satisfactorias, adoptar las determinaciones a que haya lugar con soporte en el ordenamiento legal aplicable. <\/p>\n
TERCERO: DEJAR sin efecto el auto proferido por el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d el 28 de septiembre de 2023, s\u00f3lo en lo que refiere a la resoluci\u00f3n de la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria provisional que -con cargo al patrimonio del causante- deprec\u00f3 la demandante al interior del juicio de sucesi\u00f3n antes referido. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la titular del despacho cognoscente del liquidatorio en menci\u00f3n, que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de alimentos provisionales a favor de la compa\u00f1era permanente y su menor hijo -heredero del causante-, enmendando el desafuero observado en esta instancia. <\/p>\n
QUINTO: COMUNICAR lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC16823-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16823-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-04480-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cS\u201d contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78227\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}