STC16832-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16832-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-02061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de octubre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Fernando Artavia Lizarazo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional de radicado 2023-01154-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. El accionante interpuso acci\u00f3n de tutela frente al Fiscal General de la Naci\u00f3n con el fin de que se amparen sus derechos de petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y en ese orden, se le \u00abconmine [\u2026] a i) resolver la solicitud de variaci\u00f3n de las asignaciones, la cual reiter\u00f3 el 8 de febrero de 2023; ii) variar la asignaci\u00f3n de las investigaciones con radicado No. 137446001120201500513 y 137446001120201500182 en las que tiene la calidad de indiciado por denuncias formuladas desde el a\u00f1o 2014\u00bb. Al respecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 -con fallo del 23 de junio de 2023- resolvi\u00f3 conceder el amparo y orden\u00f3 \u00abal Fiscal General de la Naci\u00f3n [\u2026], que en el t\u00e9rmino de [\u2026] 48 horas contadas a partir del momento de notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, si a\u00fan no lo ha hecho, otorgue una respuesta de fondo y de manera clara y congruente al requerimiento elevado por el [accionante], con radicado SGD \u2013 No. 20236110029342 del 8 de febrero de 2023, mediante el cual solicit\u00f3 variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n de las investigaciones con SPOA 137446001120201500513 y 137446001120201500182, en las cuales es indiciado\u00bb1. <\/p>\n
2.2. En efecto, la Coordinaci\u00f3n Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, mediante oficio GTAE-0169 del 29 de junio de los corrientes, profiri\u00f3 la correspondiente contestaci\u00f3n. Concretamente, de cara a lo requerido, indic\u00f3 que: <\/p>\n
Luego de revisar lo reglamentado en el art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 0985 de 2018, citado en precedencia y analizar las razones expuestas en su solicitud se determin\u00f3 que: a) Su solicitud no demostr\u00f3: \u201c(\u2026) de manera sumaria, que existen causas externas al proceso que perturban la objetividad del funcionario o la imparcialidad en sus actuaciones\u201d. <\/p>\n
b) De la misma forma, no demostr\u00f3: \u201c(\u2026) que el hecho no puede ser resuelto de otra manera, esto es, a trav\u00e9s de otros mecanismos legales o por ejercicio de las funciones administrativas en cabeza de las diferentes Direcciones, Delegadas (\u2026)\u201d, tal y como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 13 de la Resoluci\u00f3n 0-0985 de 2018. [\u2026]. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Magdalena Medio, se\u00f1al\u00f3 a esta dependencia mediante oficio 0425, como consecuencia de su solicitud y una vez rendido el informe ejecutivo por parte de la Fiscal\u00eda 6\u00aa Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Simit\u00ed, lo siguiente: \u201c(\u2026)As\u00ed las cosas, este despacho considera que en ning\u00fan momento se ha visto afectado el normal desarrollo de las investigaciones y la autonom\u00eda del se\u00f1or Fiscal 6 Seccional de Simiti, no siendo pertinente la variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n del radicado No 137446001120201500513. No obstante lo anterior este despacho exhorta al se\u00f1or Fiscal 6 Seccional de Simiti para que de impulso y celeridad al proceso (\u2026)\u201d. Consecuente con lo anterior, esta Direcci\u00f3n proceder\u00e1 de conformidad, emitiendo concepto DESFAVORABLE de variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n respecto de la investigaci\u00f3n, bajo el radicado No 137446001120201500513 que se encuentra en cabeza de la Fiscal\u00eda 6 Seccional de Simiti adscrita a l Seccional Magdalena Medio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Revisado el sistema misional de informaci\u00f3n SPOA, la investigaci\u00f3n No. 137446001120201500513 que cursa en la Fiscal\u00eda 6\u00aa Seccional de Simit\u00ed por el delito de constre\u00f1imiento ilegal, despacho adscrito a la Direcci\u00f3n Seccional de Magdalena Medio, encontr\u00e1ndose en etapa de indagaci\u00f3n, pendiente de los resultados que se obtengan a trav\u00e9s de las \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial generadas. <\/p>\n
Por otra parte, vale la pena resaltar que si existen presuntas irregularidades en el ejercicio del rol como fiscal por parte del delegado que tiene actualmente bajo su direcci\u00f3n la noticia criminal que nos ocupa o de todos aquellos operadores judiciales, que a su real saber y entender, no han realizado su funci\u00f3n bajo los par\u00e1metros legales establecidos por la Ley 906 de 2004, lo que deviene procedente es presentar las respectivas quejas o denuncias ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones disciplinarias o penales a que haya lugar sin que, en principio, ello no altera el desarrollo de la indagaci\u00f3n. <\/p>\n
En raz\u00f3n a ello, es oportuno se\u00f1alarle que, mediante la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 02 de 2015, se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, la cual entr\u00f3 a regir el 1 de julio de 2021, y tiene a su cargo el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, as\u00ed como de los abogados en ejercicio de la profesi\u00f3n, siempre que esta funci\u00f3n no sea atribuida a un colegio de abogados, en raz\u00f3n a ello como autoridad competente es la de presentar la respectiva queja, como efectivamente ya se hizo por usted, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1952 de enero de 2019, por medio de la cual se expide el C\u00f3digo General Disciplinario, toda vez que sus afirmaciones por s\u00ed mismas, no son razones para acudir al mecanismo extraordinario de la variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n para que sean asumidas por un fiscal diferente al de la ocurrencia de los hechos, sin que previamente se demuestre la existencia de esas circunstancias ex\u00f3genas a las investigaciones que impliquen la necesidad que su adelantamiento sea asumido por otro fiscal de conocimiento, m\u00e1xime cuando el art\u00edculo 45 del C. de P.P establece que todos los fiscales son competentes para adelantar una actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Existe tambi\u00e9n las herramientas jur\u00eddicas contenidas en la Ley 906 de 2004 denominadas impedimentos y recusaciones, las cuales est\u00e1n encaminadas a demostrar las razones por las cuales un operador judicial, en el caso en comento del delegado fiscal por usted mencionado y que han conocido la noticia criminal, debe ser relevado del conocimiento de un caso por estar inmerso en tales circunstancias taxativas contenidas en el actual C\u00f3digo de Procedimiento Penal, situaci\u00f3n que se debatir\u00e1 ante la autoridad competente2\u00bb. <\/p>\n
2.3. De acuerdo con la respuesta rese\u00f1ada, el actor impetr\u00f3 incidente de desacato, pues estim\u00f3 que se incumpli\u00f3 lo ordenado en sentencia del 23 de junio de 20233. En consecuencia, la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 30 de agosto de la presente anualidad- dispuso \u00ababstenerse de iniciar el incidente de desacato propuesto\u00bb4. <\/p>\n
2.4. Censur\u00f3 que \u00abinexorablemente la Sala accionada incurri\u00f3 en un concurso de actos de acci\u00f3n y omisi\u00f3n compatibles con las v\u00edas de hecho, falsa motivaci\u00f3n y en error de hecho con los cuales vulner\u00f3 mis derechos fundamentales entre ellos del debido proceso y libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia m\u00e1xime si pretermiti\u00f3 el tr\u00e1mite del incidente pretextando sin ser cierto que el Fiscal General cumpli\u00f3 con la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se declare que el estrado accionado \u00abincurri\u00f3 en [\u2026] falsa motivaci\u00f3n y en error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria de una parte y de otra pretermi[ti\u00f3] el tr\u00e1mite del incidente por lo que el auto del 30 de agosto de 2023 es manifiestamente ilegal\u00bb. Y, en ese orden, inst\u00f3 que \u00abse le conmine [\u2026] a admitir la demanda de incidente, adecuarla al tr\u00e1mite notificando y d\u00e1ndole traslado directamente al Fiscal General\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado se pronunci\u00f3 frente a los planteamientos del tutelante. Por tanto, solicit\u00f3 que se \u00abdeclare improcedente el amparo invocado\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n anot\u00f3 que no se acredit\u00f3 \u00ab la existencia de los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales; y por no haberse demostrado la ausencia de motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, se\u00f1al\u00f3 que en \u00aben respuesta a los reproches de la demanda [\u2026], la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal accionado se advierte razonable y ajustada a la norma que, sobre el asunto se discute\u00bb. En esa l\u00ednea, estim\u00f3 que \u00abuna vez el interesado present\u00f3 solicitud de desacato, la Corporaci\u00f3n en cita, la examin\u00f3 y encontr\u00f3 que la respuesta del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n daba cumplimento a la orden de tutela, en tanto que, de manera clara, precisa y explicativa, le inform\u00f3 las razones por las cuales no acced\u00eda a la petici\u00f3n de variaci\u00f3n de asignaci\u00f3n de los asuntos en discusi\u00f3n, sin que la suscripci\u00f3n de aquella contestaci\u00f3n por parte del Fiscal General de la Naci\u00f3n pueda predicar una irregularidad, dado que, conforme al art\u00edculo 14 de la Resoluci\u00f3n No. 0-0985 del 15 de agosto de 2018, tales requerimientos deben ser resueltos por esa dependencia, en aplicaci\u00f3n del principio de delegaci\u00f3n de funciones\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El gestor fund\u00f3 su inconformidad en argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
2. Ciertamente, la Sala ha sostenido reiteradamente la improcedencia para rebatir decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, porque, esta puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior. Y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T1113\/05. Citado por esta sala, entre otras, en STC6808-2023). Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha considerado su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
En efecto, en el presente caso la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1 -con prove\u00eddo del 30 de agosto de 2023-, se abstuvo de iniciar el incidente de desacato propuesto por el censor5. Para ello, resalt\u00f3 que \u00abla figura jur\u00eddica del desacato es un mecanismo cuyo prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; tiene un car\u00e1cter coercitivo y sancionatorio propio de la actividad judicial, y en especial de la potestad disciplinaria del juez que act\u00faa en virtud de la acci\u00f3n de tutela2, puesto que las decisiones judiciales deben cumplirse, como consecuencia l\u00f3gica de la estructura de Estado Social de Derecho, establecido constitucionalmente\u00bb. Sin embargo, aclar\u00f3 que \u00abuna vez instaurada la queja por presunto desacato, si la persona o entidad destinataria de la orden judicial informa haberla cumplido, el juez constitucional debe determinar si el obedecimiento fue completo y, en caso afirmativo, se abstendr\u00e1 de abrir el incidente reclamado o declarar\u00e1 infundado el que se hallare en tr\u00e1mite, previa verificaci\u00f3n del cumplimiento conforme lo se\u00f1ala el art. 27 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, rese\u00f1\u00f3 lo acontecido desde que se profiri\u00f3 la sentencia que concedi\u00f3 el amparo. Y, asimismo analiz\u00f3 la respuesta otorgada por la autoridad censurada como consecuencia de ello. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que la Corte Constitucional \u00abha indicado que, frente a la respuesta a las peticiones, no hay vulneraci\u00f3n de derechos, as\u00ed se resuelvan de manera desfavorable a los intereses del peticionario, con tal que se realice un pronunciamiento de manera clara, de fondo y congruente a lo solicitado, como ocurri\u00f3 en este caso\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, expuso que la queja del actor tambi\u00e9n est\u00e1 dirigida \u00abpor obtener una respuesta de un funcionario diferente al Fiscal General de la Naci\u00f3n\u00bb. Al respecto, sostuvo que \u00abes necesario aclarar que, en el presente caso, el mencionado funcionario puede delegar el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades. Esto obedece a que ser\u00eda imposible que una sola persona en cabeza de una entidad se pronunciara sobre los miles de requerimientos que llegan diariamente a una entidad que tiene presencia en todo el pa\u00eds\u00bb. En esa l\u00ednea, igualmente resalt\u00f3 que \u00abcomo fue indicado en el informe de cumplimiento, en punto al tr\u00e1mite y funcionario competente sobre la variaci\u00f3n de asignaciones, el Fiscal General de la Naci\u00f3n, mediante la Resoluci\u00f3n No. 0-0985 del 15 de agosto de 2018, dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: \u201cArt\u00edculo 14. Del tr\u00e1mite de las asignaciones especiales. Las solicitudes de asignaci\u00f3n especial y variaci\u00f3n de investigaciones ser\u00e1n tramitadas por el Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales conformado por la Resoluci\u00f3n 0-3151 de 2016 y cuyas funciones fueron desarrolladas en la Resoluci\u00f3n 0-2717 de 2017\u201d. Por lo anterior, contrario a lo manifestado por el tutelante, se observa que la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales s\u00ed es la funcionaria competente para dar tr\u00e1mite a ese tipo de solicitudes\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, concluy\u00f3 que \u00abla orden de tutela del 23 de junio de 2023, proferida por esta Sala de decisi\u00f3n, fue cumplida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en raz\u00f3n a que mediante oficio del 29 de junio de 2023 dio respuesta de fondo a las solicitudes del accionante. Por consiguiente, esta Sala de decisi\u00f3n concluye que no hay lugar a la apertura del tr\u00e1mite incidental al que alude el art. 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 \u00abfrente a la solicitud del accionante que se compulsen copias en contra del Fiscal General de la Naci\u00f3n, pues, a su parecer, se encuentra incurso en los delitos de fraude a resoluci\u00f3n judicial y prevaricato por omisi\u00f3n. Esta Sala no acceder\u00e1 a ello, pues se trata de manifestaciones subjetivas sin ning\u00fan elemento probatorio que las sustente. Por lo cual, si as\u00ed lo desea, el tutelante puede acudir ante la autoridad correspondiente a interponer la denuncia que considere necesaria\u00bb. <\/p>\n
4. De lo reproducido, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable6. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis probatorio, normativo y jurisprudencial del tema debatido. Sumado a que, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo tanto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454-2020, 15 de julio de 2020). Aunado a que no se advierte la falta de motivaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria frente a lo propuesto en la demanda incidental, y que se cumpli\u00f3 con lo ordenado en la sentencia de tutela sub examine. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab11001-22-04-000-2023-01154-00 (0261)\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00abArtavia Demanda de Incidente de Desacato\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab11001-22-04-000-2023-01154-00 (0261) se abstiene de abril y archiva\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab11001-22-04-000-2023-01154-00 (0261) se abstiene de abril y archiva\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
<\/p>\n
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