STC16852-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16852-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 05001-22-03-000-2023-00656-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 16 de noviembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que C\u00e9sar Barrios Montero como agente oficioso de Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios promovi\u00f3 contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 2019-00013-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de su agenciada, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la empresa Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica SA., inici\u00f3 proceso de servidumbre en contra su progenitora Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios, el cual, luego de adelantarse las etapas de rigor, se declar\u00f3 terminado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que concluido el juicio \u00abfue revivido ilegalmente, por cuanto uno de los peritos al cual se le cancelaron sus honorarios inici\u00f3 un proceso ejecutivo para el pago de esos honorarios, estando ya cancelados\u00bb, (sic) actitud que demuestra una clara violaci\u00f3n al debido proceso, porque el auxiliar de la justicia debi\u00f3 iniciar un proceso ordinario para comprobar si el pago fue realizado o no, y posteriormente dar inicio al ejecutivo. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado accionado libr\u00f3 orden de apremio por la suma de $1.000.000, con lo que puso en riesgo el patrimonio y la salud de su agenciada, quien es un sujeto de especial protecci\u00f3n porque tiene 90 a\u00f1os. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 declarar improcedente el proceso ejecutivo iniciado por H\u00e9ctor Mahecha contra Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios, por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn, indic\u00f3 que frente a la providencia que se\u00f1al\u00f3 los honorarios a cargo del perito en el proceso de servidumbre, no se interpuso recurso alguno, y afirm\u00f3 que el ejecutivo por honorarios iniciado por H\u00e9ctor Mahecha, se encuentra en la etapa de notificaci\u00f3n a la demandada, por lo que la agenciada cuenta con todos los mecanismos ordinarios de defensa para hacer frente al tr\u00e1mite ejecutivo promovido en su contra, si lo considera pertinente. <\/p>\n
2. El apoderado de la empresa Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica SA ESP, se refiri\u00f3 a cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial, para finalmente aducir la improcedencia de la acci\u00f3n al no cumplir los presupuestos de hecho y de derecho exigidos por el Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, declar\u00f3 improcedente el amparo, por no superarse el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la accionante cuenta con mecanismos ordinarios para ejercer su derecho de defensa en relaci\u00f3n con el cobro ejecutivo que se adelanta en el Juzgado accionado, y destac\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa parte activa no ha sido notificada al interior del tr\u00e1mite ejecutivo que se adelanta ante el juzgado pasivo; una vez sea notificada, podr\u00e1 ejercer su derecho de defensa y acreditar el pago que mediante la presente tutela pretende hacer valer. La tutela deber\u00e1 declararse improcedente, en tanto en este escenario constitucional no se puede pretermitir la id\u00f3nea y eficaz herramienta con que cuenta el tutelante para dar por terminado el tr\u00e1mite ejecutivo en su contra\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El agente oficioso impugn\u00f3 la decisi\u00f3n por \u00abno sujetarse a derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer en el correspondiente proceso y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad se\u00f1alada por el agente oficioso de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios, se circunscribi\u00f3 a que en el proceso ejecutivo por honorarios que se inici\u00f3 en contra de su agenciada, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago, pese a haber sido efectuado el pago total al auxiliar de la justicia. <\/p>\n
3. Analizado el escrito de tutela y el expediente allegado a este tr\u00e1mite, se advierte que la decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 confirmada, toda vez que el amparo reclamado es improcedente por carecer del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Es as\u00ed, como quiera que en el proceso ejecutivo por honorarios adelantado por H\u00e9ctor Manuel Mahecha contra la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago el 17 de agosto de 2023, y a la fecha de formulaci\u00f3n del amparo, -27 de noviembre de 2023- el ejecutante se encontraba desplegando las gestiones tendientes para la notificaci\u00f3n de la demandada aqu\u00ed accionante, situaci\u00f3n que hace improcedente el amparo reclamado, en tanto que, una vez se realice el enteramiento de la ejecutada, se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios, podr\u00e1 ejercer su derecho de defensa, a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios que contempla la ley, como es el caso de la proposici\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito, si lo pretendido es probar el pago de la obligaci\u00f3n, tal como lo dispone el art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Lo anterior, pone en evidencia que el tema controvertido se encuentra en curso, situaci\u00f3n que impide al Juez constitucional anticiparse a la adopci\u00f3n de la determinaci\u00f3n que debe proferir la autoridad competente en el escenario natural, pues obrar de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta v\u00eda extraordinaria y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, pues recu\u00e9rdese que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ. STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017, STC6904-2020, STC6199-2022 y, STC9372-2023, entre otras). <\/p>\n
5. Finalmente en este caso, tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, si bien, el agente oficioso se\u00f1ala la afectaci\u00f3n al patrimonio y la salud de Mar\u00eda Teresa Montero de Barrios por tratarse de un adulto mayor, no prob\u00f3 de manera suficiente la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
V\u00e9ase que pertenecer a la tercera edad, no necesariamente implica la concesi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, pues, es necesario probar la vulneraci\u00f3n o amenaza por parte del accionado, situaci\u00f3n que como de evidenci\u00f3 no ocurre en este caso, tema sobre el cual, la Sala ha se\u00f1alado \u00absi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (CSJ. SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01, en STC1200-2014, STC458-2022 y STC12485-2023, entre otras). <\/p>\n
6. Conforme a lo se\u00f1alado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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