STC16853-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16853-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2023-00524-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 19 de octubre de 2023, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el amparo que promovieron Mar\u00eda Helena G\u00f3mez Luque, Myriam Stella G\u00f3mez Luque, Juli\u00e1n Camilo Rodr\u00edguez G\u00f3mez y Diego Alejandro Rodr\u00edguez G\u00f3mez, contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho, extensiva a las partes y los intervinientes del proceso divisorio 2022-00090-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas pretenden que \u00abse decrete la invalidez de todo lo actuado en la (\u2026) audiencia\u00bb practicada el 12 de septiembre pasado y, como consecuencia de ello, se retrotraigan \u00ablas actuaciones hasta el momento despu\u00e9s de realizado el interrogatorio de oficio a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, adujeron que Nohora Mercedes G\u00f3mez Luque promovi\u00f3 el juicio objeto de escrutinio en su contra, en procura de la divisi\u00f3n del predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 170-670 ubicado en Pacho – Cundinamarca; tr\u00e1mite en el cual, pese a que el Juez convocado \u00aboficiosamente interrog\u00f3\u00bb a la demandante, neg\u00f3 la \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb de la prueba a ambas partes; adem\u00e1s fij\u00f3 \u00abunilateralmente\u00bb el litigio pues \u00abneg\u00f3 la posibilidad de un dialogo entre las partes\u00bb y excluy\u00f3 arbitrariamente del debate probatorio la excepci\u00f3n denominada \u00abposesi\u00f3n exclusiva y excluyente de la cuota parte de la demandante\u00bb, con el argumento de que en este tipo de controversias no se admiten excepciones distintas a la de prescripci\u00f3n adquisitiva o extintiva. <\/p>\n
2.- El Juzgado aludido precis\u00f3 que el interrogatorio al que hicieron referencia los promotores no puede tener contradicci\u00f3n, pues no es una prueba de oficio conforme al canon del art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, sino que obedece a lo previsto en el art\u00edculo 372 ibidem, aunado a que guardaron silencio respecto de las decisiones cuestionadas. Ahora frente al decreto de pruebas, las partes estuvieron conformes y no lo recurrieron, mientras que, en relaci\u00f3n con la fijaci\u00f3n de objeto del litigio, esta no se efect\u00faa a trav\u00e9s de una discusi\u00f3n de las partes, sino que corresponde al Juzgador determinarla conforme los art\u00edculos 372 y 373 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
3.- El a quo deneg\u00f3 el amparo por incumplir con el requisito de la subsidiariedad pues los gestores omitieron cuestionar a trav\u00e9s de los mecanismos procesales pertinentes las decisiones que resolvieron sobre el decreto, pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de los medios de prueba. <\/p>\n
4.- Los actores impugnaron. Reiteraron lo expuesto en su tutela y a\u00f1adieron que no utilizaron tales herramientas en raz\u00f3n a que lo decidido no se profiri\u00f3 en auto, as\u00ed como que el a quo constitucional no se pronunci\u00f3 frente a los hechos relacionados con los yerros en la fijaci\u00f3n del objeto del litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En esta materia se tiene ampliamente decantado que la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales est\u00e1 supeditada al cumplimiento de unos requisitos generales y otros espec\u00edficos. Entre los primeros, se halla el de subsidiariedad que supone que los accionantes agoten en el litigio cuestionado todos los mecanismos previstos en la ley para procurar all\u00e1 el restablecimiento de sus prerrogativas, pues no es aceptable \u2013 en principio \u2013 acudir a este escenario cuando se han desperdiciado otros instrumentos de \u00abdefensa\u00bb. <\/p>\n
De este modo, se impondr\u00eda avalar la negativa del resguardo porque los gestores no discutieron ante el funcionario natural de la causa el t\u00f3pico aqu\u00ed planteado. No obstante, observa la Corte que el Juzgado incurri\u00f3 en un desafuero may\u00fasculo y trascendente que amerita, para este caso en concreto, flexibilizar el presupuesto de residualidad, sumado a que la tem\u00e1tica merece especial an\u00e1lisis dadas las circunstancias \u00edntimamente relacionadas con el derecho de defensa y debido proceso. <\/p>\n
Al respecto, se ha establecido que: <\/p>\n
De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad (\u2026) No obstante, cuando la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es protuberante y afecta garant\u00edas de superior valor como lo son los derechos al debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, uno de cuyos componentes es la tutela judicial efectiva, la procedencia del amparo no puede desconocerse, so pretexto de que no se atendieron unos requerimientos de naturaleza simplemente procedimental (\u2026) Lo anterior \u00aben aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb y atendiendo que la herramienta de la tutela, \u00abno puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos\u00bb, de ah\u00ed que \u00abla mera ausencia de un requisito general de procedencia, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb (STC7474-2018). <\/p>\n
Por consiguiente, se abordar\u00e1 el fondo de la problem\u00e1tica esgrimida. <\/p>\n
2.- Con la anterior precisi\u00f3n, estudiados los reclamos tutelares, pronto se avizora que se conceder\u00e1 parcialmente el amparo, en el sentido de ordenar al estrado judicial accionado que otorgue la oportunidad a los sujetos procesales contrainterrogar a las partes que evacuaron el interrogatorio de parte oficioso y obligatorio del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1. En el actual r\u00e9gimen procesal, debe distinguirse el interrogatorio a las partes efectuado de oficio y de forma obligatoria por el juzgador de acuerdo con el mandato del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, de aquel solicitado en debida forma y oportunidad por los extremos procesales conforme lo establecido en el precepto 198 ibidem. <\/p>\n
En el primero de los escenarios, con independencia de si existe o no solicitud de pr\u00e1ctica de este medio probatorio por alguno de los sujetos procesales, el art\u00edculo 372 impone al juez, \u00aboficiosamente y de manera obligatoria\u00bb, la tarea de interrogar \u00abde modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso\u00bb. Entonces, el juzgador, en aras de develar los hechos que interesan al debate, deber\u00e1 formular las preguntas que considere pertinentes para conocer directamente de las partes su versi\u00f3n sobre los sucesos que dieron origen al litigio. <\/p>\n
Claro est\u00e1, el interrogatorio oficioso aludido no es ajeno al principio de contradicci\u00f3n de la prueba que, como esta Sala lo ha se\u00f1alado, es \u00ab[u]na de las garant\u00edas derivadas del debido proceso\u00bb, la cual \u00abse traduce, en esencia, en la posibilidad de conocer su contenido y de refutarla\u00bb1. En ese mismo sentido, el inciso segundo del art\u00edculo 170 del estatuto adjetivo establece expresamente que \u00ablas pruebas decretadas de oficio estar\u00e1n sujetas a la contradicci\u00f3n de las partes\u00bb. <\/p>\n
En este orden, una vez el juez evac\u00faa el cuestionario oficioso a las partes, debe conceder la palabra a sus apoderados para que, en ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n, procedan a efectuar el respectivo contrainterrogatorio el cual deber\u00e1 versar \u00fanicamente sobre lo preguntado por la autoridad judicial, as\u00ed como lo que fue contestado por el interrogado, esto a fin de que puedan obtener su aclaraci\u00f3n, refutar el relato o, con fundamento en ello, confirmar su versi\u00f3n sobre los hechos del litigo. <\/p>\n
A este respecto, en un caso de similares contornos, esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3: <\/p>\n
Vistas en coherencia las disposiciones generales, especialmente, el principio de concentraci\u00f3n (art. 4\u00ba C.G.P.), el inciso segundo del art\u00edculo 170, el precepto 372, ambos del C.G.P., en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n y las reglas 228 – 230 de la misma normativa, no hay duda que las decisiones censuradas, infringen rectamente el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto el texto y contexto del problema jur\u00eddico, hacen imperativo el derecho fundamental de contradicci\u00f3n en todas la fases del proceso, con autorizaci\u00f3n concreta y expresa, trat\u00e1ndose para las pruebas de oficio, como la que concita la atenci\u00f3n de la Sala, donde expresamente el art\u00edculo 372 del C.G.P. dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El juez oficiosamente y de manera obligatoria interrogar\u00e1 de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto del proceso. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ordenar el careo (\u2026)\u201d (se enfatiza). <\/p>\n
A su vez, el inciso segundo del canon 170 \u00eddem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026). Decreto y pr\u00e1ctica de prueba de oficio. El juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las pruebas decretadas de oficio estar\u00e1n sujetas a la contradicci\u00f3n de las partes (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
De acuerdo con la arquitectura del art\u00edculo 372 ej\u00fasdem, si la declaraci\u00f3n de parte, en primer orden, la realiza oficiosamente el juez, su contradicci\u00f3n debe sujetarse a lo normado en el mandato 170 in fine y, de acuerdo con el principio de concentraci\u00f3n. (STC2156-2020) <\/p>\n
Diferente es lo que ocurre con el interrogatorio surgido de la solicitud probatoria de uno o varios de los litigantes conforme el art\u00edculo 198 del estatuto procesal. En este caso, de haber pedido su pr\u00e1ctica, el apoderado podr\u00e1 formular interrogatorio directo mediante preguntas que versen sobre cualquier hecho, sin las limitaciones propias del contrainterrogatorio, siempre que se relacionen con la materia del litigio, sean claras y precisas, no hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, que no sean inconducentes y\/o manifiestamente superfluas. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la oportunidad y etapa de su pr\u00e1ctica, tanto el interrogatorio de parte oficioso, como aquel pedido por las partes, se surten en la misma audiencia del art\u00edculo 372 del estatuto procesal \u2013 y no despu\u00e9s del decreto probatorio o en la audiencia del precepto 373 ibidem \u2013, de conformidad con los principios de econom\u00eda procesal y concentraci\u00f3n, sin que ello conlleve suprimir la oportunidad de contradicci\u00f3n del primero de ellos. Recu\u00e9rdese que, en STC2156-2020, citado en precedencia, se dilucid\u00f3 sobre el asunto que: <\/p>\n
De tal modo, no s\u00f3lo el interrogatorio de parte que debe realizar el juez oficiosamente y de manera obligatoria, puede consumarse en la audiencia inicial, sino tambi\u00e9n el solicitado por los contradictores, pues aparte de no distinguir el legislador si \u00fanicamente procede la intervenci\u00f3n del fallador, la sistem\u00e1tica del precepto as\u00ed permite entenderlo. Entre otras razones, porque su consumaci\u00f3n, inclusive por quien la ha solicitado, materializa los principios procesales de econom\u00eda e inmediaci\u00f3n y facilita el desarrollo de las fases de la audiencia como la conciliaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de hechos probados. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La estructura del nuevo sistema procesal permite inferir que la pr\u00e1ctica fragmentada del interrogatorio de parte atenta contra la econom\u00eda procesal, la concentraci\u00f3n y la celeridad en el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas y en el proceso en general; adem\u00e1s, pospone y entorpece la soluci\u00f3n pronta de la controversia para el reconocimiento del derecho material. <\/p>\n
Por consiguiente, el interrogatorio oficioso de la audiencia inicial previsto por Ley, por virtud del derecho de las partes a contrainterrogar o a formular interrogatorio a las partes, puede surtirse junto con el de las partes, sin tropiezo en esa diligencia. En esta hip\u00f3tesis, resulta est\u00e9ril practicarlo nuevamente, salvo que, haya necesidad de aclarar hechos o ampliar puntos o para prevenir colusi\u00f3n o fraude o, tambi\u00e9n, como se anunci\u00f3 anteriormente, en la hip\u00f3tesis del inciso 4\u00ba, del numeral 3\u00ba del art 372 del C.G.P., por causa de las excusas. <\/p>\n
2.2. Revisado el caso objeto de estudio, se extrae del plenario que, en desarrollo de la audiencia del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, despu\u00e9s de agotada la etapa de saneamiento, el juez procedi\u00f3 a desarrollar el interrogatorio de parte oficioso a la demandante2. Una vez finalizado, le concedi\u00f3 la palabra uno de los apoderados de los demandados3, quien procedi\u00f3 a contrainterrogar a la demandante sobre lo que hab\u00eda contestado previamente; no obstante, despu\u00e9s de formular la tercera pregunta, quiso dejar constancia de estar ejerciendo la contradicci\u00f3n al cuestionario oficioso, mientras que el interrogatorio solicitado por su poderdante lo efectuar\u00eda posteriormente, as\u00ed: <\/p>\n
Apoderado: Se\u00f1or Juez quisiera hacer una aclaraci\u00f3n. En este momento estoy haciendo uso de la contradicci\u00f3n de la prueba para posteriormente poder efectuar mi interrogatorio de parte que como tal lo solicit\u00e9, entonces quer\u00eda solo\u2026 para que lo tuvieran en cuenta y no me contabilicen estas preguntas.4 <\/p>\n
Como respuesta, el servidor judicial le advirti\u00f3 al apoderado que la oportunidad de preguntar a la actora se le hab\u00eda concedido, pero en ejercicio del interrogatorio solicitado por la parte. Ante el desacuerdo insistente del abogado, el juzgador afirm\u00f3 que el interrogatorio oficioso no es objeto de contradicci\u00f3n, toda vez que no es una prueba decretada de oficio, sino que est\u00e1 establecida en la ley: <\/p>\n
Juez: A ver Doctor. El Despacho le est\u00e1 dando el uso de la palabra para que usted realice de una vez su interrogatorio de parte porque imagine usted interrogando ahorita y despu\u00e9s nuevamente doctor. <\/p>\n
Apoderado: Doctor estoy haciendo uso de la contradicci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Apoderado: Quiero insistir respetuosamente se\u00f1or\u00eda. Es que por econom\u00eda procesal no podemos suprimir el derecho que tengo o que tienen mis poderdantes de contradicci\u00f3n de la prueba, entonces su interrogatorio como tal, una prueba de oficio. Entonces puedo hacer uso de la contradicci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Juez: Doctor, no es una prueba de oficio. Esto no es una prueba de oficio. <\/p>\n
Apoderado: Se\u00f1or\u00eda, perd\u00f3neme, el art\u00edculo 171 que habla de la contradicci\u00f3n de la prueba del C\u00f3digo General del Proceso me permite a mi hacer este tipo de preguntas respecto de las pruebas que usted haya podido extraer. <\/p>\n
Juez: Dr. vuelvo y le repito, esto no es ninguna prueba de oficio. Este es el tr\u00e1mite procesal correspondiente exigido por la norma, de que el Despacho para una ilustraci\u00f3n m\u00e1s del despacho hace un interrogatorio a las partes a todas las partes y esto no es objeto de contradicci\u00f3n de la prueba, porque simplemente el despacho el despacho se est\u00e1 instruyendo sobre lo que piensan las partes. Imag\u00ednese usted al abogado de la parte demandante interrogando por contradicci\u00f3n de la prueba a las partes suyas cuando ni siquiera se le decret\u00f3 interrogatorio de parte, eso no tiene discusi\u00f3n entonces le voy a pedir el favor. Como aqu\u00ed no queremos econom\u00eda procesal que es lo que estaba haciendo el despacho, doctor en su momento, en el evento en que se decreten las pruebas podr\u00e1 agotar el interrogatorio de parte correspondiente.5 (Se destaca) <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, conforme los lineamientos desarrollados en precedencia, es evidente el error del juzgador al negar a los promotores la posibilidad de formular contrainterrogatorio al demandante despu\u00e9s del cuestionario oficioso evacuado,6 lo que se constituye en un el defecto procedimental absoluto. No pod\u00eda, con fundamento en la celeridad y la econom\u00eda procesal, cercenar el derecho de defensa y debido proceso de las partes, a trav\u00e9s de la eliminaci\u00f3n de la contradicci\u00f3n del interrogatorio de parte oficioso del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, el art\u00edculo 2\u00ba de ese compendio normativo, reconoce a los ciudadanos el derecho a gozar de la \u00abtutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses\u00bb, as\u00ed como, de acuerdo con el precepto 11\u00ba, \u00abal interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con la actuaci\u00f3n censurada el acusado se apart\u00f3 del procedimiento legalmente establecido para el medio de prueba se\u00f1alado, de donde surge imperiosa la intervenci\u00f3n del fallador constitucional para corregir el desafuero procedimental observado. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, en cuanto a la queja relacionada con la fijaci\u00f3n del litigio, as\u00ed como de la presunta exclusi\u00f3n de una de las excepciones de m\u00e9rito por ellos invocada, pronto se avizora el tropiezo del resguardo porque la decisi\u00f3n criticada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen descabellados o absurdos; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, la judicatura aludida, para mantener inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, previo a consultar con las partes si se manten\u00eda en los hechos, las pretensiones y los medios de defensa formulados, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
El art\u00edculo 409 del C\u00f3digo General del Proceso, (\u2026) habla de que si no hay pacto de indivisi\u00f3n se procede a decretar el divisorio o a (\u2026) la venta, seg\u00fan corresponda. La Corte Constitucional en sentencia C241-2021 pretendi\u00f3 garantizar un poco m\u00e1s el derecho al debido proceso (\u2026), a la defensa y s\u00f3lo manifest\u00f3 que en esta clase de procesos se podr\u00eda dar tr\u00e1mite [a las excepciones] cuando se alegara la posesi\u00f3n o buscando con ello la prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio. <\/p>\n
El despacho a efectos de darle eco a esa sentencia y garantizar el derecho de defensa es que ha citado a esta audiencia y la ha desarrollado (\u2026) simplemente para decidir sobre las excepciones que tienen que ver con la posesi\u00f3n del bien que se encuentra en disputa. Entonces en ese punto hay que ser espec\u00edfico y aqu\u00ed no podemos entrar a estudiar otra clase de excepciones porque no est\u00e1 permitido por la norma y es por eso que el despacho circunscribe la fijaci\u00f3n del litigio a lo que la parte demandada y de alguna u otra forma toda la parte demandada en bloque quiere sentar como defensa ante las pretensiones de la demandante, por lo tanto, la fijaci\u00f3n del litigio solo versar\u00e1 sobre el tema de la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, en atenci\u00f3n al pronunciamiento de la hom\u00f3loga constitucional en materia de procesos divisorios cuando no se alega pacto de indivisi\u00f3n, as\u00ed como las normas aplicables al asunto y, aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte que en la mentada decisi\u00f3n, si bien no se acogi\u00f3 la fijaci\u00f3n del litigio en los t\u00e9rminos expuestos por los aqu\u00ed actores, ciertamente al abordar el estudio de la prescripci\u00f3n del dominio, inexorablemente se estudiar\u00e1 la posesi\u00f3n que los comuneros tambi\u00e9n esgrimen respecto del bien inmueble aludido. <\/p>\n
De manera que se concluye que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley resuelve REVOCAR la providencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDER PARCIALMENTE el amparo solicitado por Mar\u00eda Helena G\u00f3mez Luque, Myriam Stella G\u00f3mez Luque, Juli\u00e1n Camilo Rodr\u00edguez G\u00f3mez y Diego Alejandro Rodr\u00edguez G\u00f3mez. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho que, en el lapso improrrogable de 48 horas, fije nueva fecha para evacuar los contrainterrogatorios de las partes al interrogatorio oficioso practicado por ese Despacho, de conformidad con los par\u00e1metros establecidos en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC14026-2022; reiterada en STC12160-2023. <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital; Carpeta \u201cCuadernoPrincipalDivisorio\u201d; Archivo n\u00famero 061, contentivo de la primera parte de la audiencia del art\u00edculo 372 CGP; minutos 16:46 a 54:57. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem; a partir del minuto 55:40. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem; minutos 59:22 a 59:48. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem; minutos 59:49 a 1:02:40 <\/p>\n
6\u0002 Ibidem; minutos 1:03:34 a 1:05:52 <\/p>\n
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STC16853-2023 Magistrado ponente STC16853-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2023-00524-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 19 de octubre de 2023, dictado por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78245","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78245\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}