STC16861-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16861-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00443-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 16 de noviembre de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de esa localidad, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda de Risaralda, Cotty Morales Caama\u00f1o y la sociedad \u00abFinangrup Agencia de Seguros Ltda\u00bb, as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00275. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mario Alberto Restrepo Zapata present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abFinangrup Agencia de Seguros Ltda\u00bb, en procura de que se ordenara la contrataci\u00f3n \u00abcon entidad id\u00f3nea la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, quien declar\u00f3 fallida la \u00abaudiencia de Pacto de Cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
En memorial del 27 de octubre de 2023, el convocante solicit\u00f3 el desistimiento, sin embargo, el cognoscente no accedi\u00f3 a ello, pues consider\u00f3 que en ese tr\u00e1mite no tiene \u00abcabida\u00bb dicha figura, teniendo en cuenta la finalidad del mismo, que es \u00abla protecci\u00f3n de los derechos de una colectividad, dejando a un lado los intereses personales o particulares\u00bb1. En la misma determinaci\u00f3n, el estrado encartado corri\u00f3 traslado para alegar. <\/p>\n
El precursor acudi\u00f3 a la presente salvaguarda cuestionando que \u00abla juez Constitucional, nunca cumple un solo termino perentorio de tiempo que la ley 472 de 1998 le impone y simplemente falla o resuelve cuando lo considera , pero sin cumplir un solo termino perentorio de tiempo que le impone la Ley 472 de 1998\u00bb. Igualmente, censur\u00f3 se \u00abnieg[ue] [su] desistimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que se ordene: (i) \u00abaceptar [su] desistimiento de la renuente acci\u00f3n popular\u00bb; y (ii) \u00absancionar a quien corresponda por conceder la apelaci\u00f3n extempor\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira realiz\u00f3 un recuento de \u00abla carga laboral del despacho\u00bb e inform\u00f3 que \u00abentre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2023 se han celebrado 122 audiencias en el tr\u00e1mite de acciones populares y 154 en el tr\u00e1mite de procesos civiles, para un total de 276\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su regional de Risaralda requirieron su desvinculaci\u00f3n del asunto por configurarse la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Municipio de Pereira. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia del auxilio, en tanto advirti\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Restrepo acudi\u00f3 al amparo antes de hacer uso del mecanismo judicial que ten\u00eda a su disposici\u00f3n (petici\u00f3n), para lograr en la v\u00eda ordinaria lo que ahora intenta propiciar por medio de la tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente, para insistir en su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental Mario Alberto Restrepo Zapata, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00275), por cuanto: (i) no acept\u00f3 el desistimiento que aquel present\u00f3; y (ii) presuntamente desconoci\u00f3 \u00ablos t\u00e9rminos perentorios de tiempo que la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado que el resguardo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la improcedencia del auxilio deprecado, puesto que: i) el reproche sobre la decisi\u00f3n del juzgado denunciado de no aceptar el desistimiento elevado por el actor, incumple el presupuesto de la subsidiariedad; y, ii) el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00275) se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n del despacho. <\/p>\n
3.1. De la subsidiariedad <\/p>\n
El resguardo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos; en el caso que se revisa se configura la primera modalidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, el convocante censura que la agencia judicial \u00abnieg[ue] [el] desistimiento\u00bb por \u00e9l formulado en la acci\u00f3n popular rad. 2022-00275; sin embargo, pese a las inconformidades tra\u00eddas a esta sede2, no acredit\u00f3 haber ejercido el medio de defensa de que dispon\u00eda para controvertir lo resuelto, esto es, el recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso3. <\/p>\n
Esto, por cuanto el uso racional de la presente acci\u00f3n, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Constituci\u00f3n y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3 que la tutela \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
A tono con ello, dijo que \u00ab[q]uien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los prove\u00eddos sobre los cuales el interesado no ejerci\u00f3 recurso constituya transgresi\u00f3n u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasi\u00f3n propicia. Es in\u00fatil, por tanto, apelar a la tutela, cual, si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el prop\u00f3sito de resarcir los da\u00f1os causados por su propio descuido procesal\u00bb (CC T-520\/92). <\/p>\n
3.2. De la mora judicial <\/p>\n
3.2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, mas no cuando esta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entretanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n, esta Sala recalc\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual de la agencia judicial, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto. Al respecto, se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
3.2.2. De esta forma, revisadas las diligencias, advierte la Corte que la inobservancia del plazo prudencial por parte de la agencia judicial fustigada, para fallar en primera instancia, en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00275, no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, explic\u00f3 en su contestaci\u00f3n que \u00abla carga laboral del despacho ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, mismas que, a la fecha no han ofrecido soluci\u00f3n definitiva\u00bb; en esa l\u00ednea, remiti\u00f3 el \u00abenlace de acceso a las solicitudes elevadas ante la Unidad de Desarrollo Estad\u00edstico -UDAE- y ante el Consejo Superior de la Judicatura con sus respectivas respuestas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, resalt\u00f3 que \u00abseg\u00fan reporte actualizado; entre el mes de enero de 2022 y el mes de junio de 2023, se han recibido 6408 memoriales con destino a acciones populares, 11291 con destino a procesos judiciales y 2497 con destino a otras acciones constitucionales, lo que representa una alta carga laboral en lo que respecta al \u00e1mbito operativo y al judicial, pues, cada memorial debe ser organizado en el expediente respectivo, ser objeto de estudio y de posterior pronunciamiento por parte del despacho\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, indic\u00f3 que \u00aben el referido lapso, se han proferido 1211 providencias en el tr\u00e1mite de acciones populares, 1861 en el tr\u00e1mite de procesos civiles y 459 en el tr\u00e1mite de otras acciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se ha presentado actuaci\u00f3n irregular por parte del Despacho, pues, al contrario, a la parte demandante se le ha garantizado plenamente el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
De manera que, no podr\u00eda en este caso endilgarse un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso de la agencia judicial convocada, por tratarse de una dilaci\u00f3n que obedece, se itera, a circunstancias objetivas de insoslayable consideraci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia del estrado enjuiciado, pues el simple paso del tiempo, analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
3.2.3. Finalmente, es necesario que se verifique que con la mora se genere un perjuicio irremediable que haga ineludible la protecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el amparo transitorio estar\u00eda supeditado igualmente a que se halle probada la actitud omisiva por parte de la querellada, la cual, al no estar acreditada en el sub-lite, hace inviable la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha resaltado que, <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
4.1. De otra parte, sobre la manifestaci\u00f3n realizada por Mario Alberto Restrepo Zapata indicando que el despacho encartado \u00abconcede la apelaci\u00f3n extempor\u00e1neamente\u00bb, se observa que, en el asunto confutado ninguna de las partes ha interpuesto recurso de apelaci\u00f3n4; de manera que no podr\u00eda atribu\u00edrsele al accionado vulneraci\u00f3n alguna en ese sentido, situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad el ruego. <\/p>\n
4.2. En lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de este auxilio, dirigidas a que se ordene \u00abAL CONSEJO SECCIONAL JUDICATURA SALA DISCIPLINARIA Y SALA ADMINISTRATIVA EN PEREIRA RDA QUE aporten copias digitales de todas las quejas en cualquier tiempo contra jueces civiles cto y magistrados sala civil en el tribunal superior de Pereira Rda (sic)\u00bb y \u00abaportar copias de todas, todas [sus] tutelas donde [ha] desistido de las acciones populares\u00bb, entre otras5, nada obsta para que el censor comparezca directamente ante las autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; pues se reitera que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que conciernen al interesado. <\/p>\n
4.3. Finalmente, respecto de la petici\u00f3n de que se \u00abnombre apoderado de pobre en esta tutela\u00bb\u2013, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb6 quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto. Sin embargo, si el promotor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada impide que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo7 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo correspondiente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo, pues: (i) el actor no hizo uso oportuno y adecuado del medio judicial legalmente previsto para rebatir la actuaci\u00f3n cuestionada; y (ii) no puede atribuirse una actitud ap\u00e1tica o negligente por parte del estrado fustigado, dado que, como se evidenci\u00f3 en estas diligencias, el retraso en la definici\u00f3n de la acci\u00f3n popular se explica a partir de circunstancias justificativas del contexto de congesti\u00f3n de ese despacho judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto del 9 de noviembre de 2023 <\/p>\n
2\u0002 Ello, teniendo en cuenta que, si bien dicha petici\u00f3n no hab\u00eda sido expuesta ante el cognoscente, previa interposici\u00f3n del resguardo, lo cierto es que, en el curso del amparo, el juzgado defini\u00f3 lo pertinente sin que el gestor recurriera tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 En concordancia con el canon 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
4\u0002 De conformidad con el expediente digital rad. 2022-00275. <\/p>\n
5\u0002 Igual se predica de los requerimientos para que se ordene \u00abse ordene que [la] acci\u00f3n popular y todas [sus] acciones (\u2026) se sigan tramitando con el Procurador delegado en el despacho que tramite la renuente acci\u00f3n popular y con la intervenci\u00f3n (\u2026) del delegado del ministerio p\u00fablico (sic)\u00bb y \u00ab[perder] competencia amparado art 121 factor tiempo\u00bb, pues no acredit\u00f3 presentar tales peticiones. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
7\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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STC16861-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC16861-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2023-00443-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78250","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78250\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}