STC16877-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16877-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 50001-22-13-000-2023-00205-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 8 de noviembre de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por L.E.A.T, contra el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2008-00692-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. El actor present\u00f3 demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria en contra de M.Z.F.V -madre de su hija M.C.A.F – y S.B.U -progenitora M.P.A.B1-, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Villavicencio. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que la se\u00f1ora M.Z.F.V., contest\u00f3 la demanda de forma extempor\u00e1nea, mientras que S.B.U la contest\u00f3 en t\u00e9rmino sin presentar excepciones de m\u00e9rito. Sin embargo, esta \u00faltima expuso que la menor padec\u00eda de una enfermedad dermatol\u00f3gica \u00abgranuloma anular pierna derecha\u00bb, que ten\u00eda problemas de glicemia y se encontraba asistiendo a tratamiento psicol\u00f3gico, pruebas que correspond\u00edan a los a\u00f1os 2017 y 2018. Recalc\u00f3 que, a la fecha, la menor no sufr\u00eda de dichas enfermedades. <\/p>\n
2.2. Mencion\u00f3 que el juzgado atacado tiene la obligaci\u00f3n de estudiar la capacidad econ\u00f3mica del demandante y la necesidad del menor, pues en dicha causa se acredit\u00f3 que la necesidad de M.P.A.B, por concepto de alimentos y arriendo correspond\u00eda a la suma de $249.203, lo que equivaldr\u00eda a una disminuci\u00f3n del 50% de la cuota. En contraste, respecto de la necesidad de la menor M.C.A.F, al haberse guardado silencio, se debi\u00f3 tener en cuenta como confesi\u00f3n. Y, por tanto, era pertinente la disminuci\u00f3n, dando como resultado el ajuste de las dos cuotas por el mismo valor. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que las menores viven en bienes inmuebles de propiedad de sus respectivas madres. Adem\u00e1s, que ambas son beneficiarias del r\u00e9gimen de salud y que M.P.A.B., estudia en colegio p\u00fablico. Destac\u00f3 que remiti\u00f3 al juzgado cuestionado el desprendible de pago de n\u00f3mina del mes de mayo del presente a\u00f1o, en el que se evidencia el descuento que se le realiza por libranza por concepto de compra de vivienda. Asimismo, indic\u00f3 que acredit\u00f3 que sus ingresos mensuales equivalen a la suma de $1.502.136, y sus gastos a $1.468.221. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que S.B.U., tiene mejor capacidad econ\u00f3mica, pues es ejecutiva de ventas de Co\u00e9xito, por lo cual cuenta con ingresos variables por recaudo de cartera, ventas, comisiones y bonificaciones. Adem\u00e1s, tiene casa propia, veh\u00edculo y solicita prestamos al tener una buena solvencia econ\u00f3mica. En su sentir, el juzgado cuestionado con tal decisi\u00f3n incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico y sustancial por transgresi\u00f3n a la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene a la autoridad convocada dejar sin valor y efecto la providencia del 7 de julio de 2023. Y, en su lugar, se ordene la reducci\u00f3n de la cuota alimentaria de sus hijas \u00aben el equivalente del 21.483 % del S.M.L.M.V que en la actualidad corresponde a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS. ($ 249.203) MCTE, para cada una de las menores (\u2026) Que por concepto de garantizar la SALUD de las menores, junto los gastos que no cubre la EPS; como del cincuenta por ciento (50%) de las dem\u00e1s prebendas por EDUCACI\u00d3N (Cuidado de terceros, matriculas, pensi\u00f3n, ruta, uniformes, \u00fatiles, textos y gastos extracurriculares), RECREACI\u00d3N y por VESTUARIO, se fije las cuotas extraordinarias sobre la prima semestral, equivalente al 25 % del S.M.L.M.V que en la actualidad corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ( $ 290.000) MCTE, para cada una de las menores. Y se fija una cuota extraordinaria, sobre la prima de navidad, equivalente al 50% del S.M.L.M.V que en la actualidad corresponde a QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 580.000) MCTE, para cada una de las menores\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Villavicencio expres\u00f3 que de las actuaciones realizadas al interior del proceso de disminuci\u00f3n o regulaci\u00f3n de alimentos \u00abno surge vulneraci\u00f3n alguna al derecho fundamental constitucional al debido proceso que indica el accionante, ni otro de igual talante, siendo evidente que su tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros sustanciales como legales que gobiernan esta clase de asuntos\u00bb. Pidi\u00f3 que se deniegue el amparo implorado. <\/p>\n
2. Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Ladino Aguas, apoderada del actor en el referido tr\u00e1mite, indic\u00f3 que \u00abno se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho o por lo menos que se halla demostrado la configuraci\u00f3n de una violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. S.B.U, asever\u00f3 que no hubo vulneraci\u00f3n de los derechos del libelista, pues el proceso \u00abse adelant\u00f3 de acuerdo con el procedimiento taxativos, seg\u00fan la norma establecida para los Verbal Sumario de \u00fanica instancia, donde se dict\u00f3 sentencia y est\u00e1 en firme con toda las pruebas aportadas y controvertidas en oportunidad procesal\u00bb. M.Z.F.V, alleg\u00f3 poder otorgado a su abogada sin emitir ning\u00fan pronunciamiento sobre la acci\u00f3n tutelar. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00aben la audiencia realizada el 7 de julio de 2023 se realiz\u00f3 un ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria en la capacidad econ\u00f3mica del accionante, con la revisi\u00f3n del \u00faltimo desprendible de n\u00f3mina remitido al juzgado y adicionalmente se tuvo en cuenta la informaci\u00f3n rendida en interrogatorios; diferente es que, no todos los gastos relacionados por el deudor hubieren sido descontados al momento de calcular las cuotas, como as\u00ed lo pretende aquel. En consecuencia, es de indicar que no pueden ser responsables las menores de nuevas acreencias adquiridas por su padre, cuando conoc\u00eda la responsabilidad de alimentos para con sus dos hijas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor aduce que se \u00abdesconoci\u00f3 los hechos y la problem\u00e1tica en torno al asunto, de encontrarme endeudado y sin los recursos para garantizar el cubrir todas las obligaciones contra\u00eddas e impuestas al confirmar la decisi\u00f3n de aumentar la cuota alimentaria y no reducirla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Se observa que el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Villavicencio -con determinaci\u00f3n del 7 de julio de 20232- resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO. Denegar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
SEGUNDO. Mantener la cuota alimentaria fijada a cargo del se\u00f1or L.E.A.T, a favor de su menor hija M.C.A.F, a trav\u00e9s de sentencia calendada el 12 de junio de 2009 por el Juzgado Segundo de Familia de Villavicencio \u2013 Meta. <\/p>\n
TERCERO. Fijar la cuota alimentaria que el se\u00f1or L.E.A.T, debe sufragar para su menor hija M.P.A.B a partir del mes de agosto de 2023\u2026 <\/p>\n
2.1. Para ello, luego de invocar el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y de hacer \u00e9nfasis en el inter\u00e9s superior de las menores, se refiri\u00f3 frente a la declaraci\u00f3n realizada por el libelista, en el sentido que \u00abtiene unos egresos mensuales que han conllevado a que como ingresos netos tenga o perciba tan solo $1.347.000, que \u00e9l tiene cr\u00e9dito con Bancolombia, debiendo cancelar mensualmente $379.000, que debe pagar tambi\u00e9n un cr\u00e9dito con Davivienda y tambi\u00e9n tiene un cr\u00e9dito con el Banco de Bogot\u00e1, que tuvo que sacar un cr\u00e9dito para ponerse al d\u00eda dentro de un proceso Ejecutivo que curs\u00f3 en este mismo juzgado y que fuera instaurado por la se\u00f1ora S.B.U, en nombre y representaci\u00f3n legal de M.P.A.B, este proceso Ejecutivo correspondi\u00f3 al radicado 2019 504 y que en el 2021, pues \u00e9l debi\u00f3 realizar solicitudes de cr\u00e9dito, endeudarse para pagar $15.000.000 a la se\u00f1ora S.B.U. De igual manera que se encuentra pagando un cr\u00e9dito a la vivienda\u2026 $8.000.000, y que este cr\u00e9dito lo sac\u00f3 para estudiar contadur\u00eda en la Universidad Uniminuto, contadur\u00eda incluso, pues ya sabemos que el se\u00f1or L.E.A.T ya tiene su t\u00edtulo como contador p\u00fablico, que debe pagar por este cr\u00e9dito $272.000 mensuales y que le quedan 38 cuotas\u2026\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, resalt\u00f3 que en el caso, no se puede predicar un cambio en la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, dado que este \u00abdebe ocurrir por circunstancias, que no dependan de la voluntad del se\u00f1or alimentante\u00bb. As\u00ed las cosas, constat\u00f3 que las deudas con Bancolombia y Davivienda fueron adquiridas en el mes de febrero de 2022 y 27 de agosto de 2021. Asimismo, contrario a lo expuesto por el quejoso, la autoridad cuestionada s\u00ed valor\u00f3 el recibo de n\u00f3mina referido. Y se percat\u00f3 de \u00abuna deuda que es bastante cuantiosa, bastante grande que es la acreencia con el Banco de Bogot\u00e1 que es de donde le efect\u00faan el descuento de n\u00f3mina de $1.347.224, mensuales\u00bb del cual se le empez\u00f3 a descontar en el mes de noviembre de 2022. Es decir, encontr\u00f3 que los mencionados cr\u00e9ditos fueron adquiridos con posterioridad a las obligaciones contra\u00eddas con las alimentarias. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, tuvo en cuenta que \u00abpara la ni\u00f1a M.C.A.F, la cuota es del 56,35% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente. Esto implica que siendo el salario actualmente de $1.160.000 esta cuota estar\u00eda en $653.660, entonces es una cuota la que est\u00e1 fijada para M.C.A.F, que no sobrepasa el monto que debe tenerse en cuenta para los alimentos para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes que se ha dicho tienen prelaci\u00f3n sobre los derechos de los dem\u00e1s y hay que equiparar la cuota que se est\u00e1 sufragando tambi\u00e9n para M.P.A.B, respecto de la cuota de M.C.A.F, por elemental derecho a la igualdad\u00bb3 <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, frente a la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. En una palabra, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00abmenos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia4\u00bb Aunado a que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 048Actaaudiencia7juliode2023.pdf. Expediente Juzgado <\/p>\n
3\u0002 Min 00:57:25. Anexo 049Video1audiencia07juliode2023.mp4. Expediente Juzgado <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020 <\/p>\n
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