STC16884-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC16884-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-02560-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo implorado por SAT Store S.A.S. respecto de la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor con radicado 22-227622. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad promotora demanda la salvaguarda de su derecho al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de las pruebas allegadas se establecen, como hechos relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Juan Esteban Hoyos Acosta demand\u00f3 a la aqu\u00ed accionante, para que se le conminara a entregarle unos equipos de c\u00f3mputo, adquiridos en las tiendas virtuales de la empresa, toda vez que se negaba a d\u00e1rselos, porque la compra se hizo por $183.024, fruto de un error humano de la persona encargada de indicar los precios en los productos. <\/p>\n
2.2. Notificada del auto admisorio1, la demandada propuso como excepciones de m\u00e9rito: \u00abERROR HUMANO, MALA FE DEL DEMANDANTE, NO CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEY 1480 DE 2011, ACTO CELEBRADO NO ES UN CONTRATO DE COMPRAVENTA POR CARECER DE OBJETO Y CAUSA L\u00cdCITA, ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 13 de octubre de 2023, la autoridad jurisdiccional querellada accedi\u00f3 a lo pretendido por el demandante. <\/p>\n
3. La gestora critica la decisi\u00f3n anterior, por defecto f\u00e1ctico en la valoraci\u00f3n probatoria, en tanto se acredit\u00f3 un error evidente y notorio en el precio de compra, por lo que las pretensiones no pod\u00edan prosperar. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo relatado solicita, en concreto, dejar sin efectos la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
La Superintendencia convocada se opuso a lo pretendido por la accionante y defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el amparo, por ausencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de la sociedad actora, en atenci\u00f3n a que la determinaci\u00f3n no se mostraba arbitraria ni carente de fundamento f\u00e1ctico ni jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora insisti\u00f3 en lo narrado en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En efecto, en relaci\u00f3n con la incidencia del error en el precio y las pretensiones planteadas por Juan Esteban Hoyos Acosta en el juicio criticado, la Superintendencia demandada adujo en el fallo de 13 de octubre de 2023 -in extenso- lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 de conformidad con lo se\u00f1alado en la contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) los hechos se dieron [por] un error humano que se vio reflejado en materia tecnol\u00f3gica y que era un precio,} irrisorio en el mercado (\u2026) se torna relevante se\u00f1alar que el precio irrisorio se encuentra regulado en el art\u00edculo 920 del C\u00f3digo de Comercio, que establece que el precio irrisorio se tendr\u00e1 por no pactado. C\u00f3mo se observa se trata de una norma extra\u00f1a al ordenamiento de consumo, toda vez que, seg\u00fan la Ley de Consumo de conformidad con el art\u00edculo cuarto, las normas que se manejan en este en este \u00edtem son diferentes y se encuentran subordinados a lo establecido en la Ley 1480 del a\u00f1o 2011. <\/p>\n
En ese respecto, debe tenerse en cuenta que la aplicaci\u00f3n supletiva de las normas de Comercio \u00fanicamente tiene lugar cuando se re\u00fanen la totalidad de las condiciones, es decir, exista un vac\u00edo regulatorio en las normas de consumo, que dicha laguna normativa no se haya podido resolver con los principios generales que est\u00e1n dentro del propio Estatuto al consumidor o por aplicaci\u00f3n extensiva de sus normas o por analog\u00eda entre sus normas y (\u2026) que el C\u00f3digo de Comercio no contravenga los principios del Derecho de consumo. <\/p>\n
\u2026con el objetivo de identificar la existencia de una Laguna jur\u00eddica para efectos de poder acudir a la analog\u00eda, la Corte Suprema de Justicia ha se\u00f1alado que resulta necesario diferenciar aquellos supuestos en el que el legislador omiti\u00f3 regular de forma exhaustiva una instituci\u00f3n, de aquellos otros eventos en los que deliberadamente se ha guardado silencio sobre determinada materia en ese sentido… <\/p>\n
\u2026es claro que el contrato de consumo, a diferencia de los esquemas de contrataci\u00f3n previstos tanto en el C\u00f3digo Civil como en el C\u00f3digo de Comercio, parten de una concepci\u00f3n que supera el fundamento tradicional de la teor\u00eda general del contrato, que es la autonom\u00eda de la voluntad privada de acuerdo con los contratantes, son vistos como sujetos en igualdad de condiciones y con capacidad para negociar sus acuerdos de manera libre e informada. Esta concepci\u00f3n liberal del negocio jur\u00eddico, que qued\u00f3 plasmada en los c\u00f3digos privados colombianos, se opone a una concepci\u00f3n de la base sociol\u00f3gica del contrato recogido en el derecho del consumo en lo que se reconoce la existencia de una parte d\u00e9bil merecedora de protecci\u00f3n en el tr\u00e1fico jur\u00eddico\u2026 <\/p>\n
En el que el acuerdo del consenso, una parte, si bien formalmente presente, no tiene un papel efectivo o tiene un papel menguado en la determinaci\u00f3n del contenido del contrato, por ende, es necesaria una particular tutela del legislador para proteger a esa parte d\u00e9bil (\u2026) la preocupaci\u00f3n del legislador en proteger la confianza del consumidor es precisamente la regulaci\u00f3n sobre el precio como la contraprestaci\u00f3n fundamental sobre los usuarios y los consumidores tienen frente a los bienes y los servicios que adquieren de sus proveedores. En este efecto, ustedes pueden encontrar abundante regulaci\u00f3n sobre el precio que contiene el Estatuto del consumidor (\u2026) por ejemplo, el literal C art\u00edculo 50 de la Ley 1480, en el que establece que informar el precio total del producto, incluyendo impuesto, costo, gasto que deba pagar el consumidor (\u2026) o el numeral E- J- II (\u2026) que previamente a la finalizaci\u00f3n de cualquier transacci\u00f3n se deber\u00e1 presentar al consumidor un resumen del pedido que debe contener, entre otros elementos y precio individual de cada uno de los productos, el precio de la operaci\u00f3n (\u2026) se trata de una regulaci\u00f3n exhaustiva sobre el precio, la cual est\u00e1 dirigida a proteger la confianza del consumidor en la relaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n exteriorizada por el empresario de anunciar un valor del producto. Lo anterior tambi\u00e9n lo podemos encontrar en el art\u00edculo primero de la Ley 1480. <\/p>\n
\u2026 si nosotros miramos las pruebas allegadas, se evidencia que efectivamente hay una publicidad en la cual se da un precio, se establecen unos valores, se establecen unos descuentos dentro del valor establecido dentro de la informaci\u00f3n. <\/p>\n
Habiendo acotado, en consecuencia, que la doctrina del precio irrisorio, recogida en el estatuto mercantil, no aplicaba para controversias de protecci\u00f3n a los derechos del consumidor, se detuvo a considerar si el error alegado por la demandada ten\u00eda la potencia de enervar la prestaci\u00f3n derivada de la relaci\u00f3n obligatoria: <\/p>\n
Si nosotros miramos con el tema del error evidente a la luz (\u2026) de la protecci\u00f3n que tiene el consumidor, pues la ignorancia de la parte d\u00e9bil, pues se considerar\u00e1 leg\u00edtima, toda vez que la persona al momento de ver el precio no tendr\u00eda la capacidad en ese momento para poder determinar si efectivamente habr\u00eda o no un error dentro del mismo, para que un hecho se considere notorio, evidente y manifiesto, el legislador (\u2026) y la doctrina han establecido unas caracter\u00edsticas, y es que el error puede hacer aprehensible f\u00e1cilmente si estamos en presencia de descuentos. (\u2026) tiene que ser un error aprehensible f\u00e1cilmente, o sea, que no tenga yo que acudir como consumidor a mayores racionamientos o escudri\u00f1ar demasiado para conocer eso. <\/p>\n
Segunda una desproporci\u00f3n del valor, es decir, que existe una diferencia abismal dentro de los precios del mercado, en ese orden de ideas, tambi\u00e9n es situaci\u00f3n particular que si estamos en presencia de una rebaja, si estamos en presencia de un descuento pues es normal que existan unas diferencias entre el precio de mercado y el precio ofertado, no, entonces ah\u00ed tambi\u00e9n digamos que no, no existir\u00eda alguna situaci\u00f3n en este momento que ponga de presente o que ponga en alerta que el precio manifestado ah\u00ed tal vez no corresponda a las realidades (\u2026) otra de las cosas que nos exige, es que el valor sea por debajo de los costos adicionales, situaci\u00f3n que no se evidencia\u2026. <\/p>\n
Por lo tanto, teniendo en cuenta los criterios expuestos, debe se\u00f1alarse que, en la l\u00ednea de principio, la mera desproporci\u00f3n del precio no resultar\u00eda suficiente para que haya lugar a considerar que este se trata de un error notorio, evidente y manifiesto, de ah\u00ed que sea necesario que quien alegue esto en su defensa deba demostrarlo dentro del proceso judicial y revisando el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) no se le llev\u00f3 al despacho ninguna otra prueba que demuestre que ese mismo bien dentro del mercado ten\u00eda un valor diferente. Tampoco se acredit\u00f3, se manifest\u00f3 en el interrogatorio, pero no se acredit\u00f3 la ocurrencia de otros supuestos mencionados. Por ejemplo, no se aport\u00f3 la prueba de la importaci\u00f3n, no se aport\u00f3 la prueba de la factura, que pudieran determinar o que pudieran darle a este fallador el convencimiento de que efectivamente est\u00e1bamos frente a un yerro… <\/p>\n
Y concluy\u00f3: <\/p>\n
no se prob\u00f3 que el consumidor haya actuado de manera deliberada, no se prob\u00f3 la existencia de un error tampoco notorio y evidente y manifiesto en el precio que pod\u00eda dar a entender que el consumidor era consciente de la existencia de dicho yerro (\u2026) o que hubiera una ilicitud dentro de la causa que motiv\u00f3 al consumidor (\u2026) no obra dentro del plenario ninguna prueba que lo demuestren, ninguna situaci\u00f3n que as\u00ed lo manifieste. Por lo tanto, no a este juzgador, teniendo en cuenta todas las afirmaciones, todos los an\u00e1lisis, todas las situaciones hechas anteriormente, no le queda m\u00e1s que en esta situaci\u00f3n, ordenar la entrega de los productos por parte de la sociedad demandada al demandante\u2026\u00bb (mins.: 1:02:00). <\/p>\n
3. De la providencia referida, no emerge el defecto endilgado con capacidad de configurar la v\u00eda de hecho atribuida por la sociedad censora, pues, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. <\/p>\n
La razonabilidad no se soporta necesariamente en una tesis \u00fanica; incluso, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho, de modo que el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados y tampoco para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (CSJ STC12201-2021, CSJ STC11453-2021, CSJ STC1218-2021, CSJ STC9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC1551-2021, CSJ STC492-2021, CSJ STC 6617-2021 y CSJ STC5632-2021). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El decurso se tramit\u00f3 por la v\u00eda del proceso verbal sumario (art. 392 CGP). <\/p>\n
<\/p>\n
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