STC16890-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16890-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 1\u00ba de agosto de 20231, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Ventura Fredys Coronado Orozco contra la Sala de Descongesti\u00f3n n \u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad y, citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00b0 2017-00182. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que inici\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004 aplicable para trabajadores del Instituto de Seguros Sociales -ISS. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 13 de febrero de 2018, absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones formuladas, decisi\u00f3n que en sede de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 11 de abril de 2018. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconforme con ese pronunciamiento, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL4569-2020 de 9 de noviembre de 2020, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Sostuvo que la Sala accionada vulner\u00f3 su derecho fundamental a la igualdad, al establecer que no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n convencional reclamada, cuando en un caso id\u00e9ntico la misma Sala de Descongesti\u00f3n Laboral conformada por los mismos Magistrados, mediante sentencia SL4559-2021 reconoci\u00f3 a Marlene Guevara Arag\u00f3n, tambi\u00e9n trabajadora del ISS, la pensi\u00f3n convencional estipulada en el art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n colectiva 2001-2004. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que resulta incomprensible, que, si en los dos casos para resolver sobre la procedencia de reconocimiento de la pensi\u00f3n estipulada en el referido art\u00edculo 98, se bas\u00f3 en la sentencia SL3635-2020 de 16 de septiembre de 2020, en la que estableci\u00f3 que la vigencia de las pensiones convencionales depend\u00eda de lo que fuera acordado por las partes y, en el caso de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 la vigencia se extendi\u00f3 hasta el a\u00f1o 2017, en su caso absolvi\u00f3 a la UGPP y, en el de su compa\u00f1era Marlene Guevara Arag\u00f3n la conden\u00f3, \u00absi es exactamente la misma cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 proteger su derecho a la igualdad para poder acceder a la pensi\u00f3n convencional reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la Magistrada Ponente de la sentencia objeto de reproche, manifest\u00f3 que en el caso bajo estudio no se cumple el requisito de la inmediatez, puesto que han transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 8 meses desde que se profiri\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el tema de la vigencia de las disposiciones convencionales frente el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, no ha sido pac\u00edfico y se ha estructurado en un continuo desarrollo del criterio actual, por lo que, al momento de proferirse la sentencia cuestionada, se construy\u00f3 de acuerdo con al alcance del criterio fijado en ese momento. <\/p>\n
Luego de hacer referencia a las sentencias SL2543-2020, SL2798-2020 y SL3635-2020, sostuvo que en las mismas se se\u00f1al\u00f3 que bajo cualquiera de los escenarios all\u00e1 analizados, esto es, \u00abque la CCT se encuentre en curso para el momento en que entr\u00f3 en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005 por la vigencia inicial pactada, que no ocurre en el sub lite, pues este t\u00e9rmino, en principio, es desde el 1\u00b0 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre del 2004; por las pr\u00f3rrogas previstas en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto debido a la denuncia de la convenci\u00f3n, la disposici\u00f3n convencional aqu\u00ed analizada en materia de pensiones tendr\u00e1n vigor, m\u00e1ximo, hasta el 31 de julio de 2010, lo que no significa atentar contra derechos adquiridos, las expectativas leg\u00edtimas o el derecho de negociaci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, argumentando que respet\u00f3 los derechos fundamentales a las partes. <\/p>\n
3. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la UGPP se opuso a la prosperidad del amparo, advirtiendo que en las decisiones adoptadas tanto por los jueces de instancia, como por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que negaron las pretensiones del accionante, no se incurri\u00f3 en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente, pues la sentencia se ajust\u00f3 al ordenamiento legal, donde se evidenci\u00f3 que no hab\u00eda lugar a conceder una pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n al accionante. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s que carece de los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad, se est\u00e1 utilizando como una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal luego de flexibilizar el requisito de inmediatez, concedi\u00f3 el amparo constitucional, al determinar que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, que la llev\u00f3 a inobservar las reglas fijadas en la sentencia SL3536-2020, concretamente la definida en el literal a), seg\u00fan la cual, las cl\u00e1usulas convencionales que se encuentren en curso a la entrada en vigencia del Acto Legislativo mantendr\u00e1n su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, aunque sea superior al 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la Sala accionada, consider\u00f3 err\u00f3neamente que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004, rigi\u00f3 entre el 1\u00b0 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, de tal suerte que, a la fecha de expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, ya hab\u00eda perdido vigencia y, adem\u00e1s inadvirti\u00f3 que el art\u00edculo 2\u00b0 de la referida convenci\u00f3n, consagr\u00f3 que el acuerdo tendr\u00eda una vigencia de 3 a\u00f1os contados a partir del 1\u00b0 de noviembre de 2001, salvo algunos art\u00edculos como el 98, en el que se fij\u00f3 que ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017, como se concluy\u00f3 en la sentencia SL3635-2020 donde se estableci\u00f3 ese criterio y, en la que se estudi\u00f3 el caso de una demandante que solicit\u00f3 el reconocimiento de la misma pensi\u00f3n convencional. <\/p>\n
Por lo anterior, resolvi\u00f3 amparar el derecho fundamental al debido proceso del accionante y orden\u00f3 \u00aba la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral que, dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la sentencia SL4569-2020 y profiera una nueva decisi\u00f3n con observancia de lo dispuesto en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004 y el precedente fijado por la Sala permanente en la sentencia SL3635-2020\u00bb. <\/p>\n
Fue formulada por el Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la UGPP, quien, adem\u00e1s, de reiterar lo manifestado en el informe rendido, adujo que contrario a lo resuelto por el a quo, la acci\u00f3n de tutela es improcedente, por cuanto el actor la utiliza como una instancia adicional del tr\u00e1mite ordinario para que se revoque la decisi\u00f3n del juez natural y de la Sala Casaci\u00f3n Laboral que negaron sus pretensiones. <\/p>\n
Igualmente, insisti\u00f3 en que el interesado no promovi\u00f3 en un t\u00e9rmino razonable la acci\u00f3n constitucional, por lo que se no encuentra satisfecho el requisito de protecci\u00f3n urgente o inmediata a los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por esa entidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n propuesta por el Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la UGPP, se advierte que la decisi\u00f3n proferida por el juzgador de primer grado deber\u00e1 mantenerse inc\u00f3lume, teniendo en cuenta que tal y como lo advirti\u00f3 la hom\u00f3loga Penal, la Sala de Casaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente, circunstancia que habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a exponerse. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales. <\/p>\n
Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Para la procedencia de amparos como el presente, deben observarse las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, entre \u00e9stas, \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi) que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela\u00bb (CSJ. STC075-2022). <\/p>\n
A las anteriores, deben sumarse las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, las cuales, seg\u00fan la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, siguiendo la l\u00ednea de la Corte Constitucional, se contraen en los defectos o vicios, org\u00e1nico, procedimental absoluto, f\u00e1ctico, material o sustantivo, error inducido, decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente, y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n2, los cuales se presentan cuando, <\/p>\n
i) Defecto org\u00e1nico, (\u2026) el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello. <\/p>\n
ii) Defecto procedimental absoluto, (\u2026) se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
iii) Defecto f\u00e1ctico, (\u2026) surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. <\/p>\n
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. <\/p>\n
vi) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. <\/p>\n
vii) Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb (C.C. T-522 de 2001, reiterada en CSJ. STP-109764 de 24 de marzo de 2020) (Se destaca). <\/p>\n
3. La queja constitucional. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ventura Fredys Coronado Orozco cuestiona la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral SL4569-2020 de 9 de noviembre de 2020, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirmatorio de la decisi\u00f3n que neg\u00f3 las pretensiones formuladas en el proceso ordinario que inici\u00f3 contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004 aplicable para trabajadores del Instituto de Seguros Sociales ISS. <\/p>\n
4. Flexibilizaci\u00f3n del requisito de inmediatez. <\/p>\n
De manera preliminar se advierte que si bien la acci\u00f3n de tutela fue formulada el 7 de julio de 2023, es decir transcurridos alrededor de 2 a\u00f1os y 8 meses despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual. (CSJ. STC6492-2021 reiterada en la STC7852-2022 y STC16635-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
5. De la vulneraci\u00f3n evidenciada. <\/p>\n
5.1 Tal como lo consider\u00f3 el a quo constitucional, en el presente asunto se establece la configuraci\u00f3n de un defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, circunstancia que conduce a que la sentencia de primera instancia sea confirmada, sin que los argumentos expuestos por el Subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado Judicial de la UGPP en la impugnaci\u00f3n, permitan adoptar una decisi\u00f3n diferente. <\/p>\n
5.2 En efecto, revisada la sentencia SL4569-2020 se evidenci\u00f3 que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al realizar el an\u00e1lisis del cargo primero formulado por Ventura Fredys Coronado Orozco, procedi\u00f3 a confrontar la decisi\u00f3n del Tribunal con lo estipulado en el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, para establecer si el fallador de segundo grado hab\u00eda incurrido en los errores endilgados. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que, frente al alcance de las reglas pensionales contenidas en el mencionado Acto Legislativo, esa Corporaci\u00f3n en sentencia SL2543-2020 efectu\u00f3 un nuevo an\u00e1lisis en el que determin\u00f3 que, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas prevista en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de la convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00edan vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
En ese orden, destac\u00f3 que ese criterio fue rectificado parcialmente en la sentencia SL3635-2020 de 16 de septiembre de 2020 en la que se estableci\u00f3 que, cuando una convenci\u00f3n colectiva de trabajo establezca una vigencia inicial que supere el 31 de julio de 2010, este lapso debe respetarse, porque, adem\u00e1s de ser la voluntad de las partes, es un derecho adquirido que corresponde garantizar, lo cual no suceder\u00e1 si para dicha data se encuentra en vigor el texto convencional por las pr\u00f3rrogas legales. <\/p>\n
En esa misma decisi\u00f3n se expuso: <\/p>\n
\u00abEn conclusi\u00f3n, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto, son las siguientes: <\/p>\n
a) En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
c)Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010\u00bb. (negrillas fuera del texto). <\/p>\n
Advirti\u00f3 que de la jurisprudencia citada, era posible concluir que \u00abbajo cualquiera de los escenarios analizados, esto es, que la CCT se encuentre en curso para el momento en que entr\u00f3 en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005 por la vigencia inicial pactada, que no ocurre en el sub lite, pues este t\u00e9rmino es desde el 1\u00b0 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre del 2004; por las pr\u00f3rrogas previstas en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto debido a la denuncia de la convenci\u00f3n, la disposici\u00f3n convencional aqu\u00ed analizada en materia de pensiones tendr\u00e1n vigor, m\u00e1ximo, hasta el 31 de julio de 2010, lo que no significa atentar contra derechos adquiridos, las expectativas leg\u00edtimas o el derecho de negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, y de lo anterior determin\u00f3, que en el caso concreto el demandante estaba habilitado para cumplir los requisitos convencionales para acceder a la prestaci\u00f3n, hasta antes del 31 de julio de 2010, sin embargo, cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicios -\u00fanica exigencia requerida para ser acreedor de la pensi\u00f3n convencional, el 24 de noviembre de 2012, es decir con posterioridad al t\u00e9rmino fijado, de manera que en ning\u00fan error incurri\u00f3 el Tribunal en la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
6. Las consideraciones anteriormente plasmadas y las pruebas aportadas a este tr\u00e1mite, dan cuenta del desconocimiento del precedente jurisprudencial en que incurri\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2 en la sentencia cuestionada, en relaci\u00f3n con la postura fijada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente en la sentencia SL3635-2020 de 16 de septiembre de 2020, respecto a la vigencia de las convenciones colectivas en materia pensional de conformidad con lo estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2005 y las pautas que regulan el asunto, sin que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada hubiera expuesto alguna argumentaci\u00f3n para apartarse del criterio judicial vinculante. <\/p>\n
Asimismo, se evidenci\u00f3 que en la sentencia SL4559-2021 a la que hizo referencia el accionante en su escrito de tutela, proferida por la misma Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, y en la que estudi\u00f3 el caso de Marlene Guevara Arag\u00f3n, expuso: <\/p>\n
\u00abEn ese contexto, por tanto, desde el reciente criterio jurisprudencial, le asiste raz\u00f3n a la impugnante, porque a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, efectivamente la cl\u00e1usula convencional de la cual pretende beneficiarse, [art, 98 CCT 2001-2004] ven\u00eda rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017, con lo cual se fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos durante dicho lapso, tal como se determin\u00f3 en la sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, que reiter\u00f3 la CSJ SL, 14 sep. 2010, rad. 35588 y la CSJ SL1409-2015. <\/p>\n
En consecuencia, como en las instancias no fue objeto de discusi\u00f3n que la demandante i) naci\u00f3 el 14 de febrero de 1958, por lo que cumpli\u00f3 50 a\u00f1os en 2008 y 20 de servicios el 11 de noviembre de 2013; ii) que labor\u00f3 para el ISS como trabajadora oficial entre el 11 de noviembre de 1993 y el 31 de marzo de 2015; iii) que desempe\u00f1\u00f3 como \u00faltimo cargo el de ayudante; iv) que la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita por el ISS y Sintraseguridad Social se celebr\u00f3 el 31 de octubre de 2001, con vigencia hasta el 31 de octubre de 2004 (art\u00edculo 2\u00b0), a excepci\u00f3n, entre otros, del art\u00edculo 98 cuya aplicabilidad se pact\u00f3 hasta el 2017, el cargo prospera y se casar\u00e1 la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, resulta necesario indicar que, aun cuando los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, en el presente asunto se hace necesario confirmar la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela resuelta por el a quo constitucional, con el objeto de remediar la vulneraci\u00f3n constitucional advertida, a fin de que en sede de casaci\u00f3n se resuelva nuevamente sobre la tem\u00e1tica debatida, teniendo en cuenta lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en el precedente referenciado, sentencia SL3635-2020 de 16 de septiembre de 2020. (CSJ. STC3798-2022). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que como lo ha se\u00f1alado la Sala, \u00abEn nuestro sistema normativo, tanto la doctrina probable como los precedentes integran el concepto de jurisprudencia, \u00e9stos constituyen fuente de derecho, pues proyectan un valor vinculante o persuasivo en la actividad judicial posterior; de ah\u00ed, que en aplicaci\u00f3n de los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica los jueces est\u00e1n obligados a seguir la doctrina probable y la cosa juzgada constitucional (art\u00edculo 243 C.N.) o a justificar fuerte y adecuadamente la decisi\u00f3n de apartarse, como as\u00ed lo consagra el art\u00edculo 7 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ. STC1619-2022). <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural mediante oficio n\u00ba 12348 de 28 de noviembre de 2023 y asignada con Acta de reparto de 29 de noviembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el punto, pueden consultarse las Sentencias de la Corte Constitucional SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20, entre otras. <\/p>\n
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STC16890-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC16890-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78261","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78261\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}