STC16891-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC16891-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-001-2023-00185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Distrito Judicial de Valledupar el 16 de noviembre de 2023, en la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Dalvis Laudith Ortiz Correa contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Vida Alfa SA y el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar y citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual de radicado No. 22019-00357-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que present\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra Seguros de Vida Alfa SA, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar profiri\u00f3 sentencia anticipada el 13 de agosto de 2020, en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de cobertura temporal de la p\u00f3liza expedida por Seguros de Vida Alfa SA\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en esa providencia se dijo que el riesgo asegurado proven\u00eda desde el 10 de marzo de 2017, cuando la demandante padec\u00eda m\u00faltiples patolog\u00edas que le generaron el 98.6% de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral, circunstancia que fue corroborada por la UT. Red Integrada Foscal -CUB- y por tanto, para ese tiempo la relaci\u00f3n contractual no exist\u00eda, argumentos con los que se concluy\u00f3 que el riesgo amparado no ocurri\u00f3 dentro de la vigencia del seguro. <\/p>\n
Explic\u00f3 que apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, con fundamento en que la limitaci\u00f3n temporal de la cobertura resultaba temeraria e inaplicable porque no existi\u00f3 una incapacidad continua e ininterrumpida que acreditara la p\u00e9rdida de la capacidad laboral hasta el 13 de agosto de 2018, fecha para la cual exist\u00eda un v\u00ednculo contractual. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, en fallo de 11 de julio de 2023 decidi\u00f3 el recurso interpuesto, sin resolver los reparos planteados como lo ordena el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo General del Proceso, atendiendo que la discusi\u00f3n era si exist\u00eda una falta de cobertura del contrato de seguro y el pronunciamiento se limit\u00f3 a una reticencia, de conformidad con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el 11 de julio de 2023, y, en consecuencia, ordenarle examinar los argumentos expuestos por el apelante \u00fanico y los del Juez Segundo Civil Municipal de esa ciudad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, relat\u00f3 que en la sentencia cuestionada se resolvieron los motivos de apelaci\u00f3n, es respetuosa del ordenamiento jur\u00eddico y no vulneraron los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Valledupar, manifest\u00f3 que el descontento de la accionante es el tr\u00e1mite de segundo grado. <\/p>\n
3. Seguros de Vida Alfa SA, Vidalfa SA refiri\u00f3 que la acci\u00f3n se dirige exclusivamente contra los Juzgados accionados, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Valledupar, declar\u00f3 improcedente el amparo al advertir que la sentencia cuestionada no estructuraba una v\u00eda de hecho, porque no desconoc\u00eda los derechos fundamentales de la accionante, atendiendo que se abord\u00f3 todo lo que constitu\u00eda su objeto, pronunci\u00e1ndose sobre cada una de las inconformidades de la apelante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la discusi\u00f3n planteada era de \u00edndole legal, producto de su descontento con una decisi\u00f3n que contrar\u00eda sus intereses, sin que se observara que fuera antojadiza, caprichosa o subjetiva, sino el resultado de valorar las pruebas a la luz de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien aleg\u00f3 que lo que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional fueron los defectos en los que incurri\u00f3 el juzgador ad quem quien se extralimit\u00f3 al resolver los reparos concretos y fall\u00f3 con reglas no aplicables al caso. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que uno de los reparos, fue la excepci\u00f3n que se declar\u00f3 probada y, por tanto, \u00e9ste era quien correspond\u00eda determinar el asunto, de acuerdo a las circunstancias en que la p\u00f3liza se hab\u00eda tomado. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la decisi\u00f3n se bas\u00f3 en la reticencia desarrollada en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, que no hab\u00eda sido alegada en primera instancia y \u00absu interpretaci\u00f3n\u00bb contrari\u00f3 postulados de razonabilidad jur\u00eddica, omitiendo el principio de congruencia porque el juez solo puede pronunciarse sobre los reparos formulados. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que de negar que la p\u00f3liza fue contratada con anterioridad a la configuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral es contrario a los presupuestos constitucionales, porque \u00abmi poderdante es una mujer que actualmente no cuenta con recursos suficientes y por su estado de salud le es imposible generar activos a su patrimonio que permitan el pago de dicha deuda\u00bb. <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiera adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, entre otros, que previamente se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en la ley para solucionar la situaci\u00f3n concreta, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Dalvis Laudith Ortiz Correa acudi\u00f3 inconforme con el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el 11 de julio de 2023, porque no resolvi\u00f3 los reparos concretos que formul\u00f3 contra la sentencia anticipada del Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad de 13 de agosto de 2020, en la que se negaron sus pretensiones. <\/p>\n
3. Revisadas las actuaciones cuestionadas en el expediente remitido para resolver esta acci\u00f3n constitucional, se encuentra que, en el tr\u00e1mite en referencia, en primera instancia se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abfalta de cobertura temporal de la p\u00f3liza expedida por Seguros de Vida Alfa S.A. del contrato de seguro recogido en la p\u00f3liza de seguro individual grupo deudores GRD-408\u00bb. <\/p>\n
Para ese efecto, sostuvo que no era materia de discusi\u00f3n la fecha en que entr\u00f3 en vigor la p\u00f3liza, esto es el 23 de marzo de 2018, momento en que se desembols\u00f3 el correspondiente cr\u00e9dito y, por tanto, la divergencia entre las partes radicaba en la fecha en que se estructur\u00f3 la incapacidad total y permanente, porque la demandante consideraba que era el momento en que se expidi\u00f3 el dictamen y la aseguradora, sosten\u00eda que era la fecha incorporada en \u00e9ste. <\/p>\n
Consider\u00f3 que en el clausulado general de la p\u00f3liza grupo deudores GRD No. 408 Banca Personal Libranza Especial para el amparo de incapacidad total y permanente, se establecieron entre otras que \u00abla fecha de ocurrencia del siniestro es equivalente a fecha de estructuraci\u00f3n de la incapacidad total, por lo tanto, la fecha de desembolso y\/o aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito (inicio de cobertura) debe ser anterior a la fecha de estructuraci\u00f3n para efectos de cobertura en la p\u00f3liza, de no ser as\u00ed, no existir\u00eda amparo por tratarse de un hecho cierto el cual no es asegurable y por lo tanto tampoco aplicar\u00eda la cl\u00e1usula de cobertura especial de amparo autom\u00e1tico\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Infiri\u00f3 que como de conformidad con el dictamen que declar\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de la demandante, la fecha de estructuraci\u00f3n era el 10 de marzo de 2017 y el desembolso se efectu\u00f3 el 3 de marzo de 2018, no hab\u00eda lugar a la indemnizaci\u00f3n porque no se hab\u00eda estructurado el siniestro dentro de la vigencia del amparo. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que llamaba la atenci\u00f3n que la interesada hubiese sido declarara con p\u00e9rdida de la capacidad total y permanente del 98.6% cuando hab\u00edan transcurrido solo 5 meses contados desde el desembolso, esto es desde el 23 de marzo de 2018, por patolog\u00edas como disfon\u00eda cr\u00f3nica y n\u00f3dulo en cuerdas vocales por tratarse de enfermedades que se manifiestan progresivamente, puesto que el dictamen estaba sustentado en ex\u00e1menes y diagn\u00f3sticos de 2017 y principios de 2018. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que aunque esas circunstancias no incid\u00edan en la entrada en vigencia de la p\u00f3liza, \u00absi (sic) refutan el argumento de la parte actora en cuanto a la imposibilidad de la demandante en conocer su estado de forma previa a la declaratoria de incapacidad total y permanente, en el entendido que si bien, no era posible que la asegurada conociera con exactitud su grado de p\u00e9rdida antes de la realizaci\u00f3n de dictamen que as\u00ed lo declar\u00f3, no lo es menos, que ten\u00eda comprensi\u00f3n, al menos con mediana prudencia de su estado de salud para cuando adquiri\u00f3 el cr\u00e9dito amparado en la p\u00f3liza que ahora reclama\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Sostuvo que el riesgo asegurado acontec\u00eda de \u00abuna fecha objetiva y cierta, esto es el 10 de marzo de 2017, cuando la demandante ya padec\u00eda m\u00faltiples patolog\u00edas (\u2026), que le gener\u00f3 98,6% de p\u00e9rdida de capacidad laboral, conforme fue corroborado por la UT. RED INTEGRADA FOSCAL – CUB, quien determin\u00f3 en este d\u00eda la fecha de estructuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral. Por tanto, ante la voluntad contractual de las partes que determinan es claro que para ese tiempo no exist\u00eda la relaci\u00f3n contractual, es decir, la p\u00f3liza no estaba vigente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la buena fe constitu\u00eda un principio que disciplinaba y constitu\u00eda un eje fundamental en los contratos de seguro, obligaci\u00f3n que recae en el tomador de declarar de manera cierta todas las circunstancias inherentes al riesgo, \u00abcosa que en este caso no ocurri\u00f3, teniendo en cuenta la declaraci\u00f3n de asegurabilidad que rindi\u00f3 la tomadora, donde NO manifest\u00f3 el verdadero estado de salud que padec\u00eda, as\u00ed, hubo preexistencia, lo cual se entiende como las afecciones que ya ven\u00edan aquejando a la paciente en el momento de suscribir el contrato, y que por tanto, no se incluyen como objeto de los servicios, es decir no se encuentran amparadas\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
3.1 En el expediente tambi\u00e9n se encontr\u00f3 que, como se aduce en el escrito de tutela, contra esa determinaci\u00f3n la demandante por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelaci\u00f3n con fundamento en los siguientes reparos, <\/p>\n
No se analizaron las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen a la demanda, en particular que el dictamen fue emitido con posterioridad a tomar la p\u00f3liza y el cr\u00e9dito con la entidad bancaria, lo que pon\u00eda en una situaci\u00f3n de desventaja a la interesada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con que la demandante \u00abconoc\u00eda sobre su p\u00e9rdida de capacidad laboral al tomar la p\u00f3liza genera preocupaci\u00f3n, toda vez que [se] est\u00e1 excluyendo la responsabilidad que tiene la entidad de verificar la informaci\u00f3n entregada (\u2026), hace que recaiga de manera inmediata una presunci\u00f3n de mala fe sobre [su] actuar (\u2026)\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
La aseguradora est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de verificar el estado de salud de quien toma un cr\u00e9dito, \u00abasimismo es err\u00f3neo afirmar el conocimiento del grado exacto de p\u00e9rdida de capacidad laboral (\u2026), toda vez que aunque bien es cierto que ven\u00eda siendo tratada por diversos padecimientos, en la fecha en la cual tom\u00f3 el cr\u00e9dito no se encontraba en estudio de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Se negaron las peticiones \u00absin tener en cuenta las obligaciones que tiene la parte demandada quien a pesar del conocimiento que ten\u00eda sobre el estado de salud de mi cliente, teniendo (\u2026) acceso a su historia cl\u00ednica no realiz\u00f3 a cabalidad y pertinencia el estudio debido\u00bb. <\/p>\n
En escrito posterior la accionante sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n en los siguientes t\u00e9rminos, <\/p>\n
Se dedujo de forma err\u00f3nea que no hab\u00eda cobertura si la estructuraci\u00f3n de la enfermedad que provoc\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral es anterior a la entrada en vigencia de la p\u00f3liza. <\/p>\n
Corresponde al tomador expresar con sinceridad las circunstancias en que se halla, pero tambi\u00e9n \u00abal asegurador se le impone una labor de verificaci\u00f3n, de investigaci\u00f3n, de diligencia, de \u00abpesquisa\u00bb como ya los hab\u00eda exigido al interpretar el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
En la interpretaci\u00f3n de \u00abla regla 1058 del C\u00f3digo de Comercio, tocante con la reticencia, los deberes de conducta frente a la buena fe son de doble v\u00eda, pero a la aseguradora le incumbe adoptar una conducta activa, para retraerse de la celebraci\u00f3n del contrato o para estipular condiciones m\u00e1s onerosas\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con que \u00abera deber de la se\u00f1ora DALVIS ORTIZ CORREA, en consideraci\u00f3n a que presuntamente conoc\u00eda sobre su agravado deterioro f\u00edsico al momento mismo de adquir\u00edr la p\u00f3liza, genera preocupaci\u00f3n, toda vez que la juez est\u00e1 excluyendo la responsabilidad que tiene la entidad de verificar la informaci\u00f3n entregada, y no bastando con eso, catalogando de forma segura la \u201cmala fe\u201d\u00bb (subrayas fuera de texto). <\/p>\n
3.2 El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en sentencia de 11 de julio de 2023 confirm\u00f3 la providencia apelada, y para este efecto, tuvo en cuenta que la inconformidad de la parte recurrente era con \u00abla manifestaci\u00f3n de la A-quo, de declarar probada la excepci\u00f3n denominada FALTA DE COBERTURA TEMPORAL DE LA POLIZA EXPEDIDA POR SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., del contrato de seguro recogido en la p\u00f3liza de seguro individual Grupo Deudores GRD-408\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, adujo que \u00abel apelante plantea como argumento de su inconformidad (\u2026), que la A-quo, no analiz\u00f3 en conjunto las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen a la demanda presentada por este, ya que si bien es cierto que dentro del recuento de los hechos se mencionan las fechas en que tom\u00f3 la p\u00f3liza su cliente, la fecha de estructuraci\u00f3n y la fecha de expedici\u00f3n del dictamen, no es menos cierto que este dictamen fue emitido en una fecha posterior a la toma de la p\u00f3liza de deudores y el cr\u00e9dito en la entidad bancaria, lo cual pone en una situaci\u00f3n de desventaja frente a la reclamaci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente puso de manifiesto que, <\/p>\n
(\u2026) El r\u00e9gimen normativo de la declaraci\u00f3n reticente o inexacta del estado del riesgo, fundamentalmente se estructura al amparo del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026). <\/p>\n
Bajo esta premisa, este Despacho entra a analizar el argumento expuesto por el apoderado judicial de la demandante en sustento de la apelaci\u00f3n, cuando insiste en afirmar \u201cque la entidad SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de verificar el estado de salud de quien toma un cr\u00e9dito, para lo cual cuenta con el personal correspondiente del an\u00e1lisis de dichos clientes, as\u00ed mismo manifest\u00f3, que es err\u00f3neo afirmar el conocimiento del grado exacto de p\u00e9rdida de capacidad laboral de su cliente, toda vez que aunque bien es cierto que ven\u00eda siendo tratada por diversos padecimientos, en la fecha en la cual tom\u00f3 el cr\u00e9dito no se encontraba en estudio de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, traz\u00f3 como punto de partida para resolver la instancia que centrar\u00eda en el estudio de la apelaci\u00f3n en determinar \u00absi efectivamente el demandado (sic) fue reticente faltando a la verdad e incurriendo las sanciones que estipula el articulo 1058 ibidem, y si la p\u00f3liza en menci\u00f3n se encontraba vigente para la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a si la demandante fue reticente, luego de confrontar las pruebas obrantes, en particular el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, concluy\u00f3 que \u00abla demandante con anterioridad a la toma de la p\u00f3liza objeto de este proceso, padec\u00eda de varios diagn\u00f3sticos de los cuales le fue preguntado al momento de tomar el cr\u00e9dito, y que no puso en conocimiento de la entidad, ocultando, informaci\u00f3n relevante para la aseguradora lo cual, lesiona grandemente el principio de buena fe\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la vigencia de la p\u00f3liza, dijo \u00abdeteni\u00e9ndonos en las fechas de desembolso del cr\u00e9dito e inicio de la vigencia de la p\u00f3liza VIDA GRUPO DEUDORES N\u00b0 GRD 408 05, la cual es el d\u00eda 23 de marzo de 2018, y la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL u ocurrencia del siniestro, la cual es el d\u00eda 10 de marzo de 2017, seg\u00fan dictamen de PCL fechado 13 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente a si la demandante ten\u00eda conocimiento de sus patolog\u00edas a la fecha del cr\u00e9dito, concluy\u00f3 \u00abno es cierto lo manifestado por el procurador judicial de la parte demandante, cuando aduce \u201cen la fecha en la cual tom\u00f3 el cr\u00e9dito no se encontraba en estudio de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u201d, si las fechas relacionadas y las historias cl\u00ednicas y patolog\u00edas de la demandante, conllevan a interpretar que la misma ten\u00eda conocimiento de todos sus patolog\u00edas y de su proceso de calificaci\u00f3n, ya que este no se hace a sus espaldas, sino con conocimiento del calificado\u00bb. <\/p>\n
A manera de conclusi\u00f3n, sostuvo que \u00abla ocurrencia del siniestro tal y como es la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez, fue anterior al momento de tomar la p\u00f3liza objeto de reclamaci\u00f3n, y sin mayores razonamientos, quedan desvirtuados a simple vista, los argumentos expresados por el procurador judicial de la parte actora, ya que no logro el mismo, acreditar fehacientemente con pruebas diferentes a las presentadas en primera instancia, que el siniestro aducido por la demandante, ocurri\u00f3 en vigencia de la p\u00f3liza VIDA GRUPO DEUDORES N\u00b0 GRD 408 05\u00bb. <\/p>\n
4. Puestas, as\u00ed las cosas, no evidencia la Sala en la providencia reprochada defecto del talante de una v\u00eda de hecho como lo pretende hacer ver la accionante, quien lo que busca es abrir paso a una oportunidad adicional para imponer su propia visi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre c\u00f3mo debi\u00f3 resolverse la controversia planteada y la interpretaci\u00f3n que debi\u00f3 extraerse de la normativa que regula el asunto, pese a que en segunda instancia se resolvieron los puntos de inconformidad formulados, relacionados con la vigencia de la p\u00f3liza reclamada y la declaraci\u00f3n de la accionante sobre el estado del riesgo al momento en que tom\u00f3 el seguro objeto de litigio. <\/p>\n
Prop\u00f3sito que no se ajusta a la naturaleza del mecanismo excepcional que por esta v\u00eda se trata, el que en manera alguna se estableci\u00f3 como tercera instancia de las providencias que las autoridades judiciales han proferido en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido (CSJ. STC-9232-2018, reiterada entre otras en STC-5974-2021, STC1212-2022, STC9932-2022 y STC4373-2023). <\/p>\n
5. En todo caso, cumple resaltar que contrario a lo afirmado por la recurrente, la segunda instancia se resolvi\u00f3 dentro del marco de los reparos formulados y con reglas aplicables al caso, como el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, el cual fue citado por la misma apelante en el escrito de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, y que gobierna el tema relacionado con la declaraci\u00f3n del estado del riesgo y las sanciones sobrevinientes por inexactitud o reticencia en los contratos de seguro. <\/p>\n
No sobra resaltar, que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 atendiendo los puntos de apelaci\u00f3n de cara a lo resuelto en primera instancia y con base en estos, concluy\u00f3 que la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez ocurri\u00f3 con anterioridad al momento de tomar el seguro, circunstancia que permit\u00eda descartar que el siniestro hubiese ocurrido en vigencia de la p\u00f3liza adem\u00e1s del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral se coleg\u00eda que la reclamante padec\u00eda de varios diagn\u00f3sticos antes de que tomara el seguro, los cuales no puso en conocimiento. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
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\u00ab(\u2026) \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ. STC 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC825-2020, STC4330-2021, STC15420-2021, STC619-2023, STC10927-2023 y, STC1997- 2023, entre muchas). <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16891-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC16891-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-001-2023-00185-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78262\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}