STC16897-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16897-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2023-00339-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 la tutela peticionada por Samuel Hern\u00e1ndez Coronado respecto del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de sucesi\u00f3n de radicado 73001311000120170005800. <\/p>\n
<\/p>\n
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1. El promotor demanda la salvaguarda de sus derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de las pruebas allegadas se establecen, como hechos relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hip\u00f3lita Ca\u00f1izales de Hossman y Ricardo Hossman Ca\u00f1izales solicitaron la apertura de la sucesi\u00f3n de Camilo Hossman Brice\u00f1o. <\/p>\n
2.2. El 21 de febrero de 2017, el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 abierta la sucesi\u00f3n y orden\u00f3 el embargo y secuestro de unos bienes (rad. 2017-00058). <\/p>\n
2.3. El 10 de abril de 2018 se reconoci\u00f3 a Francesca Andrea Hossman C\u00e1rdenas como heredera del causante, por derecho de representaci\u00f3n de su padre Yamil Hossman Canizales, hijo de aqu\u00e9l, y se reconoci\u00f3 al actor Samuel Hern\u00e1ndez Coronado como apoderado de la primera. <\/p>\n
2.4. El 5 de febrero de 2021, el abogado pidi\u00f3 se\u00f1alar fecha para la audiencia de objeciones y aprobaci\u00f3n de inventarios y aval\u00fao. En caso de no ordenarse lo anterior, inst\u00f3 que se declarara que el Juzgado perdi\u00f3 competencia para seguir conociendo de este proceso. <\/p>\n
2.5. El pedimento anterior fue desestimado el 18 de mayo siguiente, por cuanto, \u00absiendo este un asunto liquidatorio, no tienen aplicaci\u00f3n las disposiciones del Art. 121 del C.G. del Proceso (\u2026)\u00bb. Se le advirti\u00f3 al abogado aqu\u00ed accionante que hasta tanto no cumpliera con la \u00abcarga procesal dispuesta en audiencia de fecha 22 de agosto del a\u00f1o 2018 y en auto de fecha 11 de diciembre del mismo a\u00f1o\u00bb, no habr\u00eda lugar a fijar \u00abfecha para decidir la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos como quiera que no se cuenta con las pruebas que de otro lado \u00e9ste solicit\u00f3 para definir las objeciones\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.6. El anterior prove\u00eddo fue atacado por el tutelante en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n. El 1\u00ba de julio de 2022 se desestim\u00f3 el primero, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del segundo y se mult\u00f3 al recurrente con diez salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por entorpecer desarrollo del juicio y actuar con temeridad y mala fe. <\/p>\n
2.7. El gestor impugn\u00f3 esa determinaci\u00f3n en reposici\u00f3n y, en subsidio, en queja. La primera se desestim\u00f3 el 7 de febrero de 2023 y, el 28 de julio siguiente, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 bien denegada la alzada propuesta contra el pronunciamiento de 18 de mayo de 2021. <\/p>\n
3. El accionante cuestion\u00f3 la labor del Juzgado demandado, porque se desconoci\u00f3 el plazo previsto en el art\u00edculo 121 C.G.P., sin que se hubieran desatado las objeciones a los inventarios, y se le impuso una multa ilegal, en tanto fue sancionado sin haberse agotado el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo relatado solicit\u00f3, en concreto, que (i) se declarara que la autoridad judicial censurada hab\u00eda perdido competencia para seguir tramitando el asunto, debiendo pasar el expediente al juez que le segu\u00eda en turno y se informara a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y (ii) se revocara la multa a \u00e9l atribuida. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado querellado indic\u00f3 que todas las peticiones elevadas por el accionante hab\u00edan sido resueltas y refiri\u00f3 que el asunto se encontraba al \u00abDespacho con ingreso de fecha 13 de octubre de 2023, a efecto de resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, interpuestos contra el auto de fecha 6 de septiembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Jos\u00e9 Fernando \u00c1lvarez Benavides, quien dijo ser el apoderado de Hip\u00f3lita Canizales de Hossman y de Constanza Hoffman1, manifest\u00f3 no querer hacer pronunciamiento de fondo respecto del amparo peticionado. Lo propio hizo Luis Eduardo Trujillo, quien se anunci\u00f3 como mandatario judicial de Ana Juleth Hossman2. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la tutela, por incumplir con el presupuesto de inmediatez frente a la revocatoria de la multa impuesta en su condici\u00f3n de abogado, pues la queja constitucional se promovi\u00f3 seis meses despu\u00e9s de la sanci\u00f3n del 1 de julio de 2022, ratificada el 7 de febrero de 2023. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo que el actor no estaba legitimado para cuestionar la violaci\u00f3n del plazo previsto en el art\u00edculo 121 CGP, dado que la tutela la present\u00f3 en nombre propio, a pesar de no ser parte del proceso de sucesi\u00f3n, pues su intervenci\u00f3n en este se dio como apoderado. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor dijo que fue hasta el 28 de julio de 2023 que el Tribunal Superior declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del auto de 18 de mayo de 2021; luego, a partir de aquella fecha deb\u00edan contabilizarse los 6 meses para interponer el ruego. Aleg\u00f3 que s\u00ed fue parte del proceso y el directo perjudicado con la multa y la demora en el adelantamiento del asunto, pues ello perjudicaba su labor de abogado. En lo dem\u00e1s, se ratific\u00f3 en lo narrado en el libelo introductorio. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala ratificar\u00e1 la sentencia impugnada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En efecto, respecto de la decisi\u00f3n de imposici\u00f3n de la multa al abogado promotor, el ruego no satisface el presupuesto de la inmediatez, porque la sanci\u00f3n fue impuesta el 1 de julio de 2022 y confirmada el 7 de febrero de 2023, mientras que la tutela se interpuso el 20 de octubre del mismo a\u00f1o, esto es, por fuera de los seis meses estimados por esta Sala como razonables para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Y, como lo ha sostenido esta Sala, contrario a lo afirmado por el gestor, tal t\u00e9rmino -de seis meses- no puede contabilizarse desde el 28 de julio de los cursantes, cuando se desat\u00f3 la queja contra el prove\u00eddo de 1 de julio de 2022, que -a su vez- neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n interpuesta respecto del auto de 18 de mayo de 2021, porque, como lo reconoci\u00f3 el Tribunal Superior, la alzada, desde un principio, era totalmente improcedente y, por tanto, carec\u00eda de la potencialidad de interrumpir los plazos que ven\u00edan corriendo desde el 7 de febrero de 2023 (CSJ STC13613-2021, CSJ STC10388-2022). <\/p>\n
3. Comparte esta Corporaci\u00f3n el otro argumento esbozado por el a quo constitucional, puesto que, como el promotor actu\u00f3 en esta sede en nombre propio, no pod\u00eda cuestionar la supuesta violaci\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 C.G.P., en tanto tal facultad est\u00e1 reservada a quienes intervienen en el proceso como partes o terceros reconocidos. Porque s\u00f3lo a esas precisas calidades es que el ordenamiento les reconoce la titularidad sobre los derechos e intereses que se buscan proteger por medio de la acci\u00f3n constitucional frente a decisiones judiciales. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No alleg\u00f3 poder especial. <\/p>\n
2\u0002 Tampoco alleg\u00f3 mandato especial. <\/p>\n
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