STC16903-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16903-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01972-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de octubre de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Crist\u00f3bal G\u00f3mez Villanueva instaur\u00f3 contra el Tribunal Superior Militar y Policial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 877-52938 y 91-53660. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso administrativo y judicial\u00bb para que se determinara si el \u00ab(\u2026) TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR DE BOGOT\u00c1 AL CONFIRMAR LA SENTENCIA EL 16 de Julio de 1976; DICTADA EN IBAGU\u00c9-TOLIMA por el CONSEJO DE GUERRA VERBAL, SIN INVESTIGACI\u00d3N PREVIA (…) TEN\u00cdA JURISDICCI\u00d3N Y COMPETENCIA PARA JUZGAR, CONDENAR Y RETIRAR, EN FORMA ABSOLUTA (\u2026) A UN AGENTE DE LA POLIC\u00cdA NACIONAL EN SERVICIO ACTIVO; CUANDO ESA FACULTAD EN ESA FECHA (12-03-1973) estaba OTORGADA EXCLUSIVAMENTE AL SR DIRECTOR GENERAL DE LA POLIC\u00cdA NACIONAL, ( Decreto 2340 de 1971); es decir, que si ese RETIRO ABSOLUTO, POR PENA ACCESORIA, ES O FUE LEGAL y por qu\u00e9, EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR DE BOGOT\u00c1, CONFIRM\u00d3 ESA PENA ACCESORIA, DE RETIRO ABSOLUTO (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y el material suasorio que reposa en el plenario se deduce que, en la causa 877-52938, el Departamento de Polic\u00eda del Tolima Consejo de Guerra verbal conden\u00f3 al accionante por el delito de hurto agravado (12 mar. 1973), prove\u00eddo que el Tribunal Superior Militar y Policial ratific\u00f3, en decisi\u00f3n en la que orden\u00f3 su retiro definitivo como agente de la Polic\u00eda Nacional (16 jul. 1976) y, frente a la cual se neg\u00f3 la demanda casaci\u00f3n (12 jul. 1977). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s, en el radicado 53660, el Comandante del Departamento del Tolima lo sanciono por el punible de abandono del servicio (22 abr. 1977), determinaci\u00f3n que el superior refrend\u00f3 (9 sep.). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que las resoluciones cuestionadas hacen parte de los mismos hechos, lo que constituye una violaci\u00f3n al principio nom bis in idem consagrado en la sentencia C-870 de 2002. <\/p>\n
2.- El Juzgado de Primera Instancia de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial de Risaralda se opuso al resguardo, por cuanto \u00aba pesar de haber existido conexidad entre los dos delitos, teniendo en cuenta que los uniformados HENRY VILLALBA JARAMILLO y JOS\u00c9 CRIST\u00d3BAL G\u00d3MEZ VILLANUEVA, fueron destinados para escoltar unos funcionarios de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero del Espinal Tolima, para el traslado de un dinero desde el Banco de la Rep\u00fablica de Girardot, optaron durante el desplazamiento, por apoderarse de la suma de $ 600.000, consum\u00e1ndose el primer il\u00edcito; igualmente no regresaron al servicio, desde el d\u00eda 7 de marzo de 1973, consum\u00e1ndose el segundo delito, al no presentarse ante su superior dentro de los diez d\u00edas siguientes de su evasi\u00f3n. Por estos hechos, la justicia penal militar, inici\u00f3 dos investigaciones, precisando que cada una fue por un delito diferente, la primera por el punible de robo agravado y la segunda por abandono del servicio, sin que, con esta decisi\u00f3n, se vulnerara el principio non bis in \u00eddem\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en tanto, \u00abla demanda de tutela fue interpuesta el 28 de septiembre de 2023; y la \u00faltima de las providencias que presuntamente afect\u00f3 los intereses del implicado fue confirmada el 9 de septiembre de 1977 por el Tribunal Superior Militar y Policial (\u2026). Si bien es cierto, luego de promulgarse la nueva Constituci\u00f3n de Colombia, el 4 de junio de 1991, y se estableciera formalmente la acci\u00f3n de tutela al ordenamiento jur\u00eddico por medio del Decreto con fuerza de Ley 2591 del 19 de noviembre del mismo a\u00f1o, no se encuentra justificaci\u00f3n alguna que habilite a JOS\u00c9 CRIST\u00d3BAL G\u00d3MEZ VILLANUEVA a formular la tutela luego de 32 a\u00f1os, de haberse creado dicho mecanismo y ni siquiera justific\u00f3 los motivos por los cuales dej\u00f3 transcurrir tanto tiempo para acudir a este tr\u00e1mite preferente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, reliev\u00f3 que \u00ab(\u2026) tambi\u00e9n se incumple el requisito general de subsidiariedad, como quiera que contra una la sentencia objeto de reproche no se interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, por consiguiente, no es posible impugnarla por este medio, el cual no puede confundirse con una herramienta adicional o alternativa a las ordinarias\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el promotor con similares planteamientos a los del pliego genitor, agregando, que \u00abs\u00ed hice uso de ese mecanismo, pero, por desconocimiento de la norma; en 1.992, present\u00e9 desde la ciudad de Cali, Valle del Cauca, una acci\u00f3n de Tutela, con los mismos documentos y argumentos que hoy sigo RECLAMANDO; pero, \u00e9sta fue enviada al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 Tolima, quien DECRET\u00d3 extinguido el derecho a la Tutela presentada por m\u00ed (\u2026)\u00bb y, adem\u00e1s \u00abME CAUS\u00d3 UN DA\u00d1O IRREPARABLE; porque no se percat\u00f3 que el Sr. Juez de Primera INSTANCIA. Haciendo uso del poder puesto en sus manos, me CONDEN\u00d3 DOS veces, por hechos del mismo caso, con violaci\u00f3n del debido proceso administrativo y judicial, no existe la menor duda, de que mi TUTELA ES JUSTA; Y PORQUE NO CUENTO CON LOS MILLONES QUE CUESTA UNA ACCI\u00d3N DE REVISI\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y, por ende, el acompa\u00f1amiento del veredicto de primer grado, por no satisfacerse el presupuesto de la inmediatez que impera en esta sui generis senda. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque desde la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, el 4 de julio de 1991, que en su art\u00edculo 86 consagr\u00f3 la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, data posterior a la sentencia del Tribunal Superior Militar y Policial que convalid\u00f3 la dictada por el Comandante de Polic\u00eda del Tolima que impuso al gestor una pena de 47 meses de arresto por el \u00abdelito de abandono del cargo\u00bb (9 sep. 1977) y, la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa – 28 sep. 2023 -, transcurrieron m\u00e1s de treinta y dos (32) a\u00f1os, esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
<\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
<\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021, STC8192-2022 y STC2024-2023). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, toda vez que, si el tutelante se demor\u00f3 en interponer la queja superlativa, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales rogados, m\u00e1xime cuando en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en el prove\u00eddo STC3949-2021 para dar por superada dicha exigencia, en tanto, Jos\u00e9 Crist\u00f3bal G\u00f3mez Villanueva no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en comparecer oportunamente a esta especial v\u00eda. <\/p>\n
2-. Ergo, se acompa\u00f1ar\u00e1 la directriz opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
CON AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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