STC16906-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16906-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01966-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 10 de octubre de 2023, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Javier Enrique C\u00e1ceres Leal contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso penal 2011-07010-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El promotor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. El accionante relat\u00f3 que fue senador de la rep\u00fablica. Debido a ello, \u00abfue investigado y condenado por la H. Sala penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 28436 bajo la sindicaci\u00f3n que prest\u00f3 colaboraci\u00f3n a grupos armados al margen de la ley\u00bb. Refiri\u00f3 que bajo ese radicado, la Corte \u00abtuvo a bien ordenar o compulsar copias para que [\u2026] fuera investigado por la FGN por la hip\u00f3tesis delictiva de amenaza a testigos. La H. Sala se desprendi\u00f3 del conocimiento de este segundo asunto porque, la delincuencia \u00faltima anotada no guardaba relaci\u00f3n con la funci\u00f3n congresional\u00bb. <\/p>\n
2.1. En ese orden, manifest\u00f3 que \u00abla FGN radic\u00f3 o asign\u00f3 la investigaci\u00f3n penal [\u2026] \u2013por territorialidad\u2013 de los hechos, a un fiscal delegado de la ciudad de Cartagena bajo el radicado [\u2026] 2015-00473 inicialmente conocida por la fiscal\u00eda seccional 52 de Cartagena y a posteriori por la fiscal\u00eda seccional 15 de la misma urbe\u00bb. Al respecto, indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n penal que se segu\u00eda en su contra \u00abestaba radicada en Cartagena y la carpeta estaba f\u00edsicamente en Cartagena y los actos de investigaci\u00f3n los ordenaba, los supervisaba y los dirig\u00eda un fiscal de Cartagena. En suma, era y fue, un fiscal de Cartagena el gerente y director de la actuaci\u00f3n penal [\u2026] y solamente \u00e9l y nadie m\u00e1s, pod\u00eda tomar decisiones en el asunto referenciado y bajo esa arista, elevar ruegos ante los jueces de la rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que en el a\u00f1o 2021 la fiscal \u00ab14 especializada DCCO de Bogot\u00e1 [\u2026] antecesora del fiscal 03 especializado DCCO \u2013 dentro del radicado [\u2026] 20110701000 [\u2026] resuelve radicar -en Bogot\u00e1- una solicitud de preclusi\u00f3n por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en [su favor] por los hechos -amenazas a testigos- [\u2026] cuya carpeta y actuaci\u00f3n estaba [\u2026] en la ciudad de Cartagena, en manos del fiscal seccional No. 15 [\u2026] y donde el indiciado hab\u00eda rendido interrogatorio [\u2026]. Dicha solicitud de preclusi\u00f3n le correspondi\u00f3 a la [\u2026] juez 44 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.3. Expuso que dicha solicitud de preclusi\u00f3n ten\u00eda 5 defectos \u00abque son los que motivan est\u00e1 solicitud de amparo constitucional porque, no existe otra manera de conjurar lo ocurrido, ni existen mecanismos ordinarios [\u2026] para derribar la decisi\u00f3n tomada por el se\u00f1or juez 13 penal del circuito de Barranquilla y por la H. Sala [\u2026] penal del Tribunal [\u2026] de Barranquilla\u00bb. A saber: (i) la fiscal solicitante no ten\u00eda a su cargo la actuaci\u00f3n penal. (ii) en la actuaci\u00f3n criminal que ten\u00eda a cargo la fiscal solicitante, el aqu\u00ed actor no era sujeto pasivo. (iii) no se hab\u00eda cumplido el tiempo para declarar extinguida la acci\u00f3n penal. (iv) el indiciado hab\u00eda renunciado a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Y, (v) la fiscal se encontraba impedida, lo cual, no declar\u00f3. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se dejen \u00absin efectos, los pronunciamientos de los se\u00f1ores jueces 13 penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla y sala penal del Tribunal superior de barranquilla dentro de la actuaci\u00f3n referenciada -11-001-60-00049-2011-07010 – y ordenar a la parte accionada que, en tiempo breve y prudencial \u2013 que deber\u00e1 fijarse por parte del se\u00f1or juez constitucional de tutela \u2013 se haga un nuevo pronunciamiento que entregue una respuesta judicial al punto del fiscal sin carpeta y sin actuaci\u00f3n a cargo que hace ruegos a los jueces de la rep\u00fablica y a contar adecuadamente, los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n y estudiar bajo esa perspectiva la renuncia de la prescripci\u00f3n hecha por el indiciado\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00ablo planteado por el accionante carece de relevancia constitucional, en primer lugar porque lo pretendido es hacer uso de la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia m\u00e1xime cuando estos aspectos fueron puntos neur\u00e1lgicos de los alegatos de conclusi\u00f3n expuestos en la audiencia de solicitud de preclusi\u00f3n ante el Juzgado 13 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla y de la segunda instancia que conoci\u00f3 esta Colegiatura, asuntos que fueron resueltos en las providencias atacadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla relat\u00f3 lo acontecido al interior de la causa sub examine. Con base en ello, solicit\u00f3 \u00abnegar las pretensiones del accionante, por cuanto, no se ha violentado los derechos fundamentales [\u2026] expuesto en la presente acci\u00f3n tutelar\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los aspectos planteados en el escrito inicial. Frente a lo cual, indic\u00f3 que en el transcurrir de la actuaci\u00f3n cuestionada no se vulneraron las prerrogativas fundamentales del censor. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n Seccional Bol\u00edvar de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n mencion\u00f3 que realiz\u00f3 \u00ablas gestiones que en derecho correspond\u00edan, ya que [sus] funciones [\u2026] son meramente administrativas, de acuerdo a lo establecido en el decreto ley 016 de 2014, modificado por el decreto 898 de 2017 y acceder a lo requerido por el [\u2026] tutelante, es un acto exclusivo del Fiscal asignado al asunto\u00bb. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n Seccional Bogot\u00e1 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, dado que \u00abse corri\u00f3 traslado a la Fiscal\u00eda competente\u00bb. <\/p>\n
6. La Fiscal\u00eda Tercera Especializada del Grupo de Trabajo para la Investigaci\u00f3n del delito de Falso Testimonio y Delitos Conexos rese\u00f1\u00f3 el tr\u00e1mite surtido y mencion\u00f3 que el censor \u00abintenta darle un marco distinto a pesar de las diversas decisiones judiciales que han reconocido que esa presunta conducta por parte del ex congresista no hac\u00eda parte de su funci\u00f3n constitucional y legal es desconocer de plano la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que tienen las decisiones judiciales, en este caso: de la m\u00e1xima Corporaci\u00f3n de lo penal, el Tribunal del Distrito Judicial de Bol\u00edvar y el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, analiz\u00f3 lo sustentado en el prove\u00eddo dictado por el Tribunal de Barranquilla -26 de junio de 2023-, frente a lo cual, estim\u00f3 que \u00abuna vez revisadas las particularidades del caso concreto y los elementos de prueba allegados, aprecia [\u2026] que la solicitud de amparo no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la decisi\u00f3n que se pretenden dejar sin efectos en virtud de esta acci\u00f3n no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada; por el contrario, se aprecia acorde con el marco legal aplicable al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El gestor indic\u00f3 que \u00abimpugna el fallo notificado\u00bb. Conforme a lo reglado en el canon 8 de la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la censura propuesta, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. <\/p>\n
De cara al caso, sostuvo que la postulaci\u00f3n de preclusi\u00f3n del fiscal delegado \u00absolo abarca el delito de -amenaza- contemplado en el art\u00edculo 454 A del C\u00f3digo Penal, que tiene como noticia criminal una compulsa de copias ordenada por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal -, en el auto AP7041-2014 del 19 de diciembre del 2014\u00bb. Luego, se\u00f1al\u00f3 que bajo una \u00ablectura reposada o si se quiere detenida del texto argumentativo3 del auto citado nos indica que los sujetos pasibles de la acci\u00f3n penal, en el contexto de indiciados de ser probables autores del delito de amenaza no tienen la condici\u00f3n de servidores p\u00fablicos y en tales condiciones jur\u00eddicas, se abre paso tal como est\u00e1n las cosas o el trascurrir del tiempo de la probable ocurrencia de los hechos la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n comunes para todo aquel particular inmerso en una indagaci\u00f3n preliminar de estirpe penal\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resalt\u00f3 que \u00abpara cerrar la brecha o discusi\u00f3n que provoca la defensa t\u00e9cnica del indiciado Javier C\u00e1ceres Leal, quien bajo una equivoca percepci\u00f3n de los hechos y de la calidad de particular que tiene en esta investigaci\u00f3n advierte la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 pretende que se acuda a una rara simbiosis jur\u00eddica y se constituya no solo el juez de conocimiento de esta urbe o el mismo tribunal, por raz\u00f3n de la apelaci\u00f3n del auto que dispone la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, en unos jueces singular y plural que deban conocer y decidir sobre la suerte jur\u00eddico penal de congresistas como ser\u00eda el caso del ex Senador Javier C\u00e1ceres Leal, lo cual es un dislate que conspira contra la estructura funcional de la Rama Judicial del Poder P\u00fablico, ya que para comprender el errado entendimiento que se viene precisando basta con mirar el auto de la Corte multicitado que compulsa las copias de nuestro inter\u00e9s y se ver\u00e1 con una claridad vertiginosa de que los hechos fueron ocurridos y entendidos por nuestro alto Tribunal no con ocasi\u00f3n o por raz\u00f3n de las calidades de Congresista de Javier C\u00e1ceres Leal\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, concluy\u00f3 que efectivamente los indiciados tienen las calidades de particulares y que se est\u00e1 ante el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el delito de amenaza. En esa l\u00ednea, rese\u00f1\u00f3 lo reglado en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal4 y en el precepto 454 A del C\u00f3digo Penal5, al respecto precis\u00f3 que en \u00abeste \u00faltimo caso en fase de instrucci\u00f3n o de formal investigaci\u00f3n penal formal tendr\u00eda la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 12 a\u00f1os y si como se infiere que los hechos ocurrieron en el a\u00f1o 2008, sin que se precise si la conducta se realiz\u00f3 en un solo acto o varios actos o cual fue le d\u00eda o el mes en que se hicieron las acciones amenazantes para que el testigo no declarara y sin importar de qu\u00e9 tipo de acciones se utilizaron para torcer la voluntad de destinatario de las acciones para que no declarara y desde luego probablemente delincuenciales hoy igual el termino se encuentra en exceso rebasado o dicho de otra manera ha operado el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para el delito de amenaza y en ese sentido hay que declararla sin reparar en las diferentes vertientes argumentativas de los impugnantes porque el estado perdi\u00f3 competencia o capacidad para investigar, juzgar y definir este asunto por otra v\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, sostuvo que como viene \u00abde advertirse en esta decisi\u00f3n que la acci\u00f3n penal se encuentra prescrita y ha perdido el estado el poder de investigar, juzgar y finiquitar estas diligencias de manera diferente debe recordarse que aun con la renuncia a la prescripci\u00f3n por parte de la defensa t\u00e9cnica de Javier C\u00e1ceres Leal, igual se ha rebasado el termino contemplado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo Penal, cuando le otorga al indiciado en nuestro caso la facultad de renunciar a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, sin embargo en todo caso, \u201csi trascurridos de 2 a\u00f1os contados a partir de la prescripci\u00f3n no se ha proferido decisi\u00f3n definitiva, se decretara la prescripci\u00f3n\u201d [\u2026]. Cosa que tambi\u00e9n ocurri\u00f3 en el a\u00f1o 2020, recordando que los hechos sucedieron en el a\u00f1o 2008 y el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para el delito de amenaza agravada es de 12 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abtambi\u00e9n hay que poner de relieve y con sensato juicio que por el factor territorial se define tambi\u00e9n la competencia y si los hechos presuntos ocurrieron en la ciudad de Barranquilla y concretamente en un Centro de Reclusi\u00f3n del Estado, el art\u00edculo 42 de la ley 906 del 2004 le otorga la competencia para conocer de esta solicitud de preclusi\u00f3n a los Jueces Penales del Circuito de esta urbe y desde luego que la segunda instancia est\u00e1 en cabeza del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
3. Justamente, la determinaci\u00f3n acusada de declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por amenaza a testigos, agot\u00f3 un an\u00e1lisis integral frente a la exigencias sustanciales y procesales de dicha instituci\u00f3n, por lo que atendiendo las situaciones acaecidas en la causa, el estudio de las normas que gobiernan el asunto y la jurisprudencia relacionada con ese t\u00f3pico, el tribunal, dispuso que aun cuando el actor renunci\u00f3 a la prescripci\u00f3n, era procedente su decreto en virtud del cumplimiento de los t\u00e9rminos para ello -art\u00edculo 85 del C\u00f3digo Penal-. As\u00ed las cosas, se vislumbra que la medida dictada no puede configurar un defecto. <\/p>\n
4. Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que puso fin al debate objeto de cuestionamiento constitucional. Archivo PDF \u00ab0018Auto Preclusi\u00f3n Javier C\u00e1ceres Leal (prescripci\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab09ActadeAudiencia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Indic\u00f3 que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rese\u00f1o que \u00abeEn efecto, pese a que para la \u00e9poca de los hechos el imputado oficiaba como Senador de la Rep\u00fablica, las amenazas y presiones supuestamente ejercidas en contra de UBER BANQUEZ MARTINEZ para que faltara a la verdad en el proceso que la Sala de Casaci\u00f3n Penal adelantaba en su contra por el delito de concierto para delinquir, no tiene conexi\u00f3n con las atribuciones que cumpl\u00eda en ejercicio del cargo\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 ART\u00cdCULO 83. T\u00c9RMINO DE PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N PENAL. La acci\u00f3n penal prescribir\u00e1 en un tiempo igual al m\u00e1ximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ning\u00fan caso ser\u00e1 inferior a cinco (5) a\u00f1os, ni exceder\u00e1 de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este art\u00edculo\u2026 <\/p>\n
5\u0002 amenaza a testigos, seg\u00fan el art\u00edculo 454 A del C\u00f3digo Penal, es decir referido a una persona testigo de un hecho delictivo la pena oscila entre 4 a 8 a\u00f1os de presi\u00f3n y en la eventualidad qu\u00e9 fuera agravado la pena ser\u00eda de 5 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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