STC16908-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16908-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-02163-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de octubre de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por William Parra Barajas y Liliana Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez contra el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad -Zona Centro-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 11001310305120090039500. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado William Parra Barajas, en nombre propio y en representaci\u00f3n de Liliana Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez, seg\u00fan poder que obra en la foliatura, demandan la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la honra, trabajo en condiciones dignas, debido proceso, observancia de los t\u00e9rminos judiciales con diligencia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La fallecida Lucila Rodr\u00edguez de Beltr\u00e1n1 inici\u00f3 un proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio contra Arqu\u00edmedes Octavio Romero Moreno sobre el inmueble de matr\u00edcula 50C-1500346, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Centro, que curs\u00f3 en el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esa ciudad bajo el radicado 11001310303620090039500. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n de ese proceso, Jos\u00e9 Ignacio C\u00e1rdenas Perea promovi\u00f3 un juicio ejecutivo contra Lucila Rodr\u00edguez de Beltr\u00e1n, porque no le pagaron sus honorarios como perito avaluador, en cuya virtud el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de mayo de 2012 y, el 25 de julio siguiente, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 4 de julio de 2013, el Juzgado de conocimiento accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de pertenencia y orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia, determinaci\u00f3n que se encuentra en firme. <\/p>\n
2.4. El 6 de febrero de 2019 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo y se dispuso el levantamiento de medidas cautelares, por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. En septiembre de ese mismo a\u00f1o, el abogado tutelante retir\u00f3 del Juzgado el oficio de levantamiento de medidas cautelares 19-1726 del 5 de septiembre de 2019 y lo radic\u00f3 en la respectiva oficina de instrumentos p\u00fablicos. <\/p>\n
2.6. El 7 de junio de 2023, el Juzgado orden\u00f3 corregir el oficio 19-1276, siendo lo pertinente el 19-1726 del 5 de septiembre de 2019, en raz\u00f3n a que la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n de las partes. <\/p>\n
2.7. El 30 de junio siguiente, el abogado solicit\u00f3 corregir ese prove\u00eddo, sin que se hubiera emitido respuesta. <\/p>\n
3. Los accionantes alegan que, desde entonces y a pesar de la infinidad de solicitudes, no ha sido posible el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el inmueble de folio 50C-1500346, debido a innumerables yerros del Juzgado. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, piden que se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito accionado expedir el auto y los oficios de cancelaci\u00f3n de dicha medida y a la Oficina de Registro convocada proceder en consecuencia. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Notariado y Registro solicit\u00f3 negar la tutela, dado que ning\u00fan derecho fundamental de los actores vulner\u00f3. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que estaba a la espera de la respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Centro, sobre la solicitud de cancelaci\u00f3n de la medida cautelar que fue emitida por el Despacho el 7 de julio de 2023. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, de un lado, por falta de legitimaci\u00f3n respecto del abogado William Parra Barajas, porque no fue parte en los procesos objeto de litigio, en tanto su intervenci\u00f3n se dio a t\u00edtulo de apoderado y, de otro, porque, estando en tr\u00e1mite la tutela, la omisi\u00f3n alegada en nombre de Liliana Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez se super\u00f3 con la expedici\u00f3n del auto del 25 de septiembre del a\u00f1o en curso, en virtud del cual el Juzgado solicit\u00f3 a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos accionada corregir el auto del 7 de junio anterior. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes alegaron que William Parra Barajas s\u00ed se encuentra legitimado para interponer en nombre propio la tutela, en tanto la actuaci\u00f3n de los accionadas vulner\u00f3 su derecho al trabajo y el ejercicio digno de su oficio como abogado, pues lleva m\u00e1s de 5 a\u00f1os tratando de levantar las medidas cautelares, lo cual no ha sido posible, debido a la negligencia del Juzgado, lo que ha imposibilitado iniciar el proceso de sucesi\u00f3n de los herederos de Lucila Rodr\u00edguez de Beltr\u00e1n. <\/p>\n
De igual forma, cuestionaron que el hecho vulnerador no puede superarse con el auto del 25 de septiembre de 2023, pues la sola correcci\u00f3n del proferido el 7 de junio anterior no materializa la soluci\u00f3n, toda vez que el embargo a\u00fan sigue vigente y, adem\u00e1s, el nuevo auto carece de claridad y contiene errores. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. En efecto, como lo asegur\u00f3 el a quo, el abogado William Parra Barajas no se encuentra legitimado para interponer en nombre propio la tutela objeto de estudio, en tanto no fue parte en los procesos referenciados, pues su intervenci\u00f3n en estos se dio como apoderado de la se\u00f1ora Liliana Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales; as\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (Ver cita en CSJ STC10721-2023), m\u00e1xime que este puede seguir ejerciendo su profesi\u00f3n en otros asuntos, raz\u00f3n por la cual su derecho al trabajo no ve afectado. <\/p>\n
3. De otro lado, observa la Sala que con la emisi\u00f3n del auto del 25 de septiembre del a\u00f1o en curso se supera la falta de pronunciamiento alegada, pues el Juzgado accionado corrigi\u00f3 el yerro evidenciado en el prove\u00eddo del 7 de junio anterior, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la solicitud elevada por el apoderado de la heredera de la demandante (\u2026) se advierte que por un error involuntario se indic\u00f3 que el oficio que se deb\u00eda actualizar por parte de la secretaria del Juzgado era el No. 19-1276, cuando en realidad se debe actualizar es el No. 19-1726 del del cinco (5) de septiembre de 2019. <\/p>\n
En cuanto al hecho superado, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026que si el demandado ya emiti\u00f3 el acto extra\u00f1ado por el promotor de la acci\u00f3n de tutela, se infiere que el punto materia de protesta ya no existe, pues como lo ha entendido la jurisprudencia, el hecho superado es el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que torna improcedente la decisi\u00f3n del juez constitucional […] por lo que en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales (Resaltado fuera del texto) (CSJ STC265-2021). <\/p>\n
3.1. Y, si bien se aduce que con la sola emisi\u00f3n del auto del 25 de septiembre de 2023 no se materializa la soluci\u00f3n, lo cierto es que la determinaci\u00f3n del Juzgado tiene que surtir un tr\u00e1mite, en tanto en el inciso segundo se orden\u00f3: \u00abPor secretaria actual\u00edcese el referido oficio, y proceda de conformidad a lo ordenado en el inciso segundo del auto del siete (7) de junio de 2023\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en este \u00faltimo se dispuso: \u00abUna vez elaborado el Oficio, por Secretar\u00eda rem\u00edtase este al abogado William Parra Barajas (\u2026) quien deber\u00e1 proceder de conformidad con lo se\u00f1alado en el Literal B del ac\u00e1pite \u201cII RADICACI\u00d3N DE ACTOS, T\u00cdTULOS Y DOCUMENTO PARA PROCESO DE REGISTRO\u201d de la Instrucci\u00f3n Administrativa Nro. 05 del 12 (sic) de marzo de 2022 de la Superintendencia de Notariado y Registro\u00bb. <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, en cuanto a lo alegado en impugnaci\u00f3n, en el sentido de que el auto del 25 de septiembre de 2023 es impreciso y contiene errores, resulta pertinente se\u00f1alar que tales inconformidades deben ser puestas de presente por la parte interesada ante al juez natural, dado que el juez constitucional no puede desplazar al competente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Liliana Beltr\u00e1n Rodr\u00edguez es su hija, seg\u00fan el registro civil de nacimiento que obra en el proceso. <\/p>\n
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