STC16926-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16926-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dubian Esteban Restrepo M\u00e1rquez -quien dice actuar como apoderado de Robinson P\u00e9rez Joven- contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Florencia (Caquet\u00e1) y el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2018-00437-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, tutela judicial efectiva y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. Ante el Juzgado de Familia accionado, Diana Maritza G\u00f3mez Herrera formul\u00f3 proceso verbal tendiente a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por ocultamiento de bienes sociales \u2013art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil- contra el accionante. Tr\u00e1mite en el que el 6 de agosto de 2018, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda y se dispuso correr el traslado correspondiente1. El 25 de octubre siguiente, el all\u00ed demandado -a trav\u00e9s de apoderado- contest\u00f3 la demanda y propuso como excepciones de m\u00e9rito: \u00abINOBSERVANCIA DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, INEXISTENCIA DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA APLICAR LA SANCI\u00d3N CONTENIDA EN EL ART\u00cdCULO 1824 DEL C\u00d3DIGO CIVIL, TEMERIDAD Y MALA FE, ABUSO DEL DERECHO e INEXISTENCIA DE LA CAUSA2\u00bb. <\/p>\n
2.1. Integrado el contradictorio, vencido el t\u00e9rmino de traslado de las objeciones y surtidos algunos tr\u00e1mites, el Juzgado -con providencia del 2 de mayo de 2019- resolvi\u00f3: (i) declarar al denunciado responsable de la sanci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil. (ii) declarar \u00abla perdida de la porci\u00f3n conyugal de gananciales del se\u00f1or ROBINSON PEREZ JOVEN\u2026 sobre el inmueble distinguido con la matr\u00edcula inmobiliaria 420-109448\u00bb. (iii) disponer la restituci\u00f3n de este a favor de la demandante. Y (iv) condenar en costas al extremo vencido. Inconformes, las partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n3. <\/p>\n
2.2. El Tribunal -con prove\u00eddo del 30 de octubre de 2019- decidi\u00f3 \u00abMODIFICAR el numeral tercero de la sentencia\u00bb. En consecuencia, declar\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n a favor de la se\u00f1ora Diana\u2026a cargo del se\u00f1or Robinson\u2026de la suma de $150.286.013\u00bb. Y declar\u00f3 desierta la alzada interpuesta por la defensa del extremo pasivo4. <\/p>\n
2.3. El 8 de noviembre de 2019, el accionante present\u00f3 solicitud de nulidad de lo actuado. No obstante, la Corporaci\u00f3n querellada -con auto del 20 de noviembre de 2019- la desestim\u00f3, en tanto que \u00abdebi\u00f3 ser presentada a trav\u00e9s de un profesional del derecho5\u00bb. El all\u00ed demandado insisti\u00f3 en la nulidad por indebida representaci\u00f3n. Sin embargo, el Juzgado -en audiencia del 25 de agosto de 2020- neg\u00f3 la nulidad propuesta6. El Colegiado confutado -con prove\u00eddo del 30 de junio de 2023- resolvi\u00f3 confirmar el auto atacado. <\/p>\n
2.4. Por su parte, el extremo actor promovi\u00f3 ejecutivo conexo para la ejecuci\u00f3n de la condena7. Tr\u00e1mite en el que el juzgado de conocimiento, el 20 de enero de 20208 libr\u00f3 orden de apremio por $150.286.013 por concepto de la sanci\u00f3n impuesta en el asunto cuestionado. Y el 27 de julio pr\u00f3ximo, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y conden\u00f3 en costas al demandado9. <\/p>\n
2.5. El promotor censura que en el juicio rebatido se haya proferido sentencia adversa a los intereses de Robinson P\u00e9rez Joven, sin que estuviera representado por su apoderado, pues el all\u00ed designado -no asisti\u00f3 a la audiencia en raz\u00f3n a la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de Antioquia, que lo suspendi\u00f3 en el ejercicio de la profesi\u00f3n desde el 12 de abril de 2019 hasta el 11 de abril de 2020-. Que como el se\u00f1or P\u00e9rez Joven le hab\u00eda conferido poder \u2013el 16 de octubre de 2018- deb\u00eda nulitarse \u00abtodo lo actuado desde el 12 de abril de 2019; sin embargo, el Honorable Tribunal le comunic\u00f3 que no pod\u00eda atender su solicitud de nulidad, pues ella deb\u00eda realizarse a trav\u00e9s de un profesional del derecho con tarjeta profesional vigente\u00bb. <\/p>\n
Aduce que el \u00ab11 de diciembre de 2019\u2026radiqu\u00e9 en el Juzgado de conocimiento, incidente de nulidad, seg\u00fan poder conferido\u2026 solicitud que fue argumentada bajo los numerales 3\u00b0 y 4\u00b0 del Art\u00edculo 133 del C.G.P. y 2\u00b0 del Art\u00edculo 159 del C.G.P.\u00bb. La cual fue desestimada en ambas instancias, situaci\u00f3n que, en su sentir, representa una afrenta de sus derechos. M\u00e1xime que estos fueron \u00abalegados dentro del curso del proceso siempre que fue posible\u2026como figura en el acta de audiencia de impugnaci\u00f3n, el se\u00f1or Robinson expres\u00f3 la necesidad de aplazar la audiencia ante la inasistencia de su abogado, pretensi\u00f3n que le fue negada\u2026 desconoce el Tribunal el inciso tercero del \u2026art\u00edculo \u2026135\u2026el cual establece que: \u201cLa nulidad por indebida representaci\u00f3n\u2026solo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u201d\u00bb, procedente para el caso, por cuanto \u00abel afectado\u2026estaba siendo representado por un abogado suspendido\u00bb, sin que tuviera conocimiento de ello hasta la audiencia que fue adversa a sus pretensiones. <\/p>\n
3. Depreca que se tutelen los derechos fundamentales. En consecuencia, \u00abse ordene al Juzgado Segundo de Familia de Florencia, Caquet\u00e1 acoger la solicitud de nulidad de la Sentencia del dos de mayo de 2019 y a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia de acoger la solicitud de nulidad del 30 de octubre de 2019 y permitir al se\u00f1or Robins\u00f3n P\u00e9rez Joven ser asistido dentro del proceso por un abogado debidamente autorizado\u00bb. Tambi\u00e9n que el Juzgado se abstenga de continuar con el proceso ejecutivo conexo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado judicial plural defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. Por su parte, el Juzgado Segundo de Familia denunciado pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo, por desatenci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
2. Quien dijo ser el apoderado de Diana Maritza G\u00f3mez Herrera, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en tanto que \u00abtodas las actuaciones procesales tuvieron su control de legalidad de saneamiento y vicios de nulidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala \u2013con sentencia CSJ STC10721-2023- unific\u00f3 su criterio respecto a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en este tr\u00e1mite especial, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: \u00abpodr\u00e1 ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u2026 Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u2026\u00bb. <\/p>\n
Con base en esa normativa, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente. ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial. O iv) mediante agente oficioso. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho10\u00bb. Por tanto, la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. Tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, lo sostuvo la Corte Constitucional -en las sentencias CC T-530-98 y CC T-695-98-. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb11. An\u00e1loga postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
3. Acorde con lo expuesto, esta Sala \u2013con sentencia STC10721-2023- concluy\u00f3 lo que viene. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se tiene que el abogado tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Robinson P\u00e9rez Joven. Sin embargo, el poder allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, aunque precisa las autoridades accionadas, no determina los derechos invocados, el proceso o la actuaci\u00f3n a censurar, ni hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra de los despachos convocados, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento Pdf03AutoAdmiteNotificaciones. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Documento Pdf04PoderContestacionDemanda. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Documento Pdf11AudienciaFalloApelada. Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Carpeta 26CuadernoN\u00b05. Pdf 01ActuacionesTribunal. Folios 12-21. Expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Carpeta 26CuadernoN\u00b05. Pdf 01ActuacionesTribunal. Folios 24-28. Expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Carpeta 24CuadernoN\u00b03. Pdf04AutoNiegaSolicitudNulidad. Expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Carpeta 23CuadernoN\u00b02EjecutivoSancion. Pdf01DemandaEjecutiva. Expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Carpeta 23CuadernoN\u00b02EjecutivoSancion. Pdf02MandamientoPagoComunicaciones. Expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Carpeta 23CuadernoN\u00b02EjecutivoSancion. Pdf04AutoDecideEjecutivo. Expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
11\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
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