STC16932-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16932-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-04725-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Enrique Reyes Santiago, quien dice actuar como apoderado de la Cooperativa Multiactiva Cootranor, contra la Sala de Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta ciudad1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad de quien dice representar, presuntamente vulneradas en el juicio de radicado 11001310301420160049500 (01). <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 16 de agosto de 2016 la Cooperativa Multiactiva Cootranor promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Jeidy Viviana Henao Rodr\u00edguez y Juan Carlos Guti\u00e9rrez Henao para que se librara mandamiento de pago por $113.032.157 de capital insoluto contenido en un pagar\u00e9, m\u00e1s los intereses moratorios liquidados sobre dicho valor desde el 2 de octubre de 2015 hasta que se verificara el pago total de la obligaci\u00f3n. El 15 de septiembre de 20162 se emiti\u00f3 la correspondiente orden compulsiva. <\/p>\n
2.2. En sentencia anticipada del 12 de abril de 2021 el Juzgado accionado declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria\u00bb y dio por terminado el proceso. Consider\u00f3 que se bien, con la presentaci\u00f3n de la demanda se hab\u00eda interrumpido el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, el mandamiento de pago no se notific\u00f3 dentro del a\u00f1o al que se refiere el art\u00edculo 94 del CGP y para cuando se logr\u00f3 el enteramiento, hab\u00edan trascurrido los tres a\u00f1os legales. Frente a esa decisi\u00f3n la ejecutante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia del 31 de agosto de 20233 el Tribunal convocado confirm\u00f3 lo determinado por el a quo. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pretende que se ordene a los accionados revocar las sentencias de instancia. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada sostuvo que su providencia no alberga defecto que se lesione las prerrogativas del inconforme. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado convocado destac\u00f3 que el actor no cuenta con poder especial para actuar y por tanto carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Adem\u00e1s, que el fallo controvertido se emiti\u00f3 conforme la normativa legal que regula el tema. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo invocado, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala, en reciente sentencia CSJ STC10721-2023, unific\u00f3 su criterio en relaci\u00f3n con los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos all\u00ed expuestos. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que: <\/p>\n
podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) mediante apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) a trav\u00e9s de agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judicialmente a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, <\/p>\n
[a]unque podr\u00eda pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (\u2026); es cierto que \u00e9ste la representa conforme al poder espec\u00edfico que se le ha conferido; pero \u00e9ste aun cuando suficiente para la actuaci\u00f3n en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acci\u00f3n de tutela4. <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb5. <\/p>\n
Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.4. Esta Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente (Se resalta). <\/p>\n
3. Pues bien, aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se advierte que el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de la Cooperativa Multiactiva Cootranor, pero no alleg\u00f3 poder especial para actuar en su nombre, lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Cooperativa Multiactiva Cootranor, Jeidy Viviana Henao Rodr\u00edguez y Juan Carlos Guti\u00e9rrez Henao. <\/p>\n
2\u0002 Folio 29, documento 01CuadernoPrincipal, Cuaderno Juzgado, expediente 2016-00495. <\/p>\n
3\u0002 Documento 11, Cuaderno Tribunal, expediente 2016-00495. <\/p>\n
4\u0002 Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC T-695-98. <\/p>\n
5\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
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