STC16940-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16940-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-04777-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rub\u00e9n Dar\u00edo Campo Pernett, quien dice actuar como apoderado de Juan Fernando Navas Hern\u00e1ndez y de Medifarma de la Costa S.A.S., en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2021-00108, as\u00ed como el Juzgado Quince Civil del Circuito de la misma capital. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El abogado tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de quienes dice representar. <\/p>\n
2.1. Con el objeto de recaudar las sumas representadas en un pagar\u00e9, Edwin Bola\u00f1os Garc\u00eda promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Karla Patricia de la Rosa Borrero, Juan Fernando Navas Hern\u00e1ndez y Medifarma de la Costa S.A.S. <\/p>\n
2.2. En fallo de 21 de abril de 2022, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Barranquilla declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por los demandados Juan Fernando Navas Hern\u00e1ndez y Medifarma de la Costa S.A.S. y, en consecuencia, ces\u00f3 la ejecuci\u00f3n en relaci\u00f3n con ellos; no obstante, orden\u00f3 seguir el compulsivo respecto de la se\u00f1ora De la Rosa Borrero. <\/p>\n
2.3. Apelado ese pronunciamiento por el extremo demandante, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad lo revoc\u00f3 \u00edntegramente el 14 de junio de 2023 y, en su lugar, dispuso que la ejecuci\u00f3n habr\u00eda de seguirse contra los tres demandados. <\/p>\n
3. El abogado promotor tacha de ilegal la determinaci\u00f3n de segundo nivel, rese\u00f1ada, porque desconoci\u00f3 \u00abla prueba pericial grafol\u00f3gica en la cual se constat\u00f3 que la firma contenida en el t\u00edtulo valor no corresponde a la reconocida por mi cliente, y dando validez a un t\u00edtulo valor que no cumple con los requisitos de existencia establecidos en la ley (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el actor pide que se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia y que se provea nuevamente. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado vinculado remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. <\/p>\n
2. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala unific\u00f3 su criterio con respecto a lo que ata\u00f1e a los requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en la reciente sentencia CSJ STC10721-2023, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa providencia. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 ibidem dispone que <\/p>\n
(\u2026) podr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. (\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud… <\/p>\n
Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acci\u00f3n de tutela tenga un inter\u00e9s directo y particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta. <\/p>\n
De lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a la tutela de diferentes formas: i) directamente, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jur\u00eddicas; iii) mediante apoderado judicial, evento en el cual el mandatario debe ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) a trav\u00e9s de agente oficioso. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. As\u00ed, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un tr\u00e1mite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acci\u00f3n constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ STC7905-2023). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
2.3. En cuanto al mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado, la Corte Constitucional, en providencia CC T-001-1997, precis\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb1. <\/p>\n
2.3.1. Desde luego, el poder especial para tutela solo puede ser otorgado a un profesional del derecho titulado y habilitado con tarjeta profesional vigente, calidad que tambi\u00e9n debe acreditarse (CC T-531-04, CC T-024-19, CSJ STC17259-2021). <\/p>\n
2.3.2. Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como \u00abrefiere de manera indeterminada a la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protecci\u00f3n se solicitar\u00e1, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposici\u00f3n\u00bb, no es posible \u00abdistinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abal no configurarse la legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, inviable es pronunciarse de \u00abfondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3.3. En otra oportunidad, frente a un poder otorgado para promover una tutela, que indicaba la autoridad accionada y los derechos vulnerados, la Corte Constitucional consider\u00f3 que este era insuficiente, pues el prop\u00f3sito que dio lugar a la acci\u00f3n constitucional no fue incorporado en el mandato. En sustento, el Alto Tribunal desatac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) en el poder ni siquiera se hace referencia a un derecho de petici\u00f3n en especial \u2013no aparece ni la fecha, ni se menciona la materia o el objeto del mismo-, mucho menos se precisan los elementos que permitan concluir, en una interpretaci\u00f3n pro homine, que la petici\u00f3n elevada contiene los elementos para poder derivar de all\u00ed la existencia de un poder otorgado para interponer la presente demanda de tutela. <\/p>\n
2.2.8. Si bien el poder suscrito por la se\u00f1ora Ram\u00edrez y su apoderado cuenta con los elementos esenciales y se\u00f1ala los extremos de la Litis, el acto o documento que causa la vulneraci\u00f3n y el derecho fundamental violado; en el presente asunto, ni la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, ni las actuaciones cuestionadas dentro del amparo se compaginan con lo expuesto en el poder allegado. Por eso, se descarta la legitimaci\u00f3n por activa pretendida por el abogado (\u2026), para representar los intereses de la se\u00f1ora (\u2026) (CC T-194-12). <\/p>\n
2.3.4. An\u00e1loga postura adopt\u00f3 esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al destacar que un poder especial debe \u00abidentificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo\u00bb (CSJ STP2343-2023). <\/p>\n
2.4. Igualmente, trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas que pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela directamente a trav\u00e9s de su representante legal2, es necesario precisar que, si este otorga un poder, debe reunir los requisitos de especificidad se\u00f1alados, para lo cual se requiere, adicionalmente, que quien otorga poder est\u00e9 facultado para ello, por lo que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal vigente o su equivalente, seg\u00fan la naturaleza de la persona jur\u00eddica, en tanto sin ese documento actualizado, imposible resulta validar que quien suscribe el mandato sea quien en la fecha pertinente ostenta la calidad en la que dice actuar3. <\/p>\n
2.5. De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ STC10721-2023, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u2026La legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. <\/p>\n
\u2026Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. <\/p>\n
\u2026Los poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u2026Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que origina la tutela. <\/p>\n
\u2026La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. <\/p>\n
3. En el caso concreto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Juan Fernando Navas Hern\u00e1ndez y de Medifarma de la Costa S.A.S., pero el poder otorgado no es suficiente, porque, si bien precisa la autoridad accionada y el proceso, no determina la actuaci\u00f3n a censurar ni hace referencia alguna que permita individualizar la providencia que origina el mandato otorgado, por lo cual es inviable pronunciarse de fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
(Con Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia CC SU-439-2017, precis\u00f3 que: <\/p>\n
(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 (Resalta la Sala). <\/p>\n
3\u0002 Tal criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes sentencias: CSJ STC15374-2022, CSJ STC15159-2022, CSJ STC11859-2022, CSJ STC8335-2022, CSJ STC2277-2022, STC797-2022. <\/p>\n
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