STL16452-2023<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STL16452-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 71500 <\/p>\n
Acta 45 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por YENY ARENAS MURILLO contra SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA y el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE APARTAD\u00d3, autoridades que resolvieron la acci\u00f3n constitucional n\u00b0. 05045310500120220000500 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La convocante impulsa el presente amparo, con el prop\u00f3sito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al \u00abDEBIDO PROCESO (\u2026) ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA \u2013 (\u2026) TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (\u2026), DEBIDA NOTIFICACI\u00d3N, EFICACIA DEL DERECHO SUSTANCIAL (\u2026), SEGURIDAD JURICA, (sic) BUENA FE, CONFIANZA LEGITIMA M\u00cdNIMO VITAL (\u2026) (sic)\u00bb los cuales estim\u00f3 presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Del escrito introductor y de las pruebas allegadas al proceso se logra extraer que, la parte convocante previo a iniciar acci\u00f3n constitucional en contra de la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, le fue reconocida la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n No. 04102019-30870 del 21 de agosto de 2019, por el \u00abhecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO\u00bb. <\/p>\n
A trav\u00e9s del referido Acto se orden\u00f3 la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, con la finalidad de establecer el orden de desembolso de la misma y, en forma ajustada a los recursos de dicha vigencia fiscal, lo anterior, toda vez que, \u00abpara la fecha del reconocimiento no se acredit\u00f3 una de las situaciones descritas como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para priorizar la entrega\u00bb. <\/p>\n
Adujo, que la acci\u00f3n de tutela interpuesta contra la referida Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas fue asignada para conocimiento del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, autoridad que, mediante sentencia de 31 de enero de 2022, concedi\u00f3 el resguard\u00f3 del derecho fundamental deprecado en el sentido de \u00abrecibir una indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb en forma \u00e1gil, de igual manera, orden\u00f3 a la accionada: <\/p>\n
(\u2026) SE PREVIENE a la UAE PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, que si el turno por medio del cual fije la fecha para entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, es posterior a la fecha de 31 de julio de 2022 y\/o 31 de julio de 2023, la UARIV DEBER\u00c1 INCLUIR a la se\u00f1ora YENY ARENAS MURILLO, en el METODO TECNICO DE PRIORIZACION a celebrar el 31 de julio de 2022 y\/o el 31 de julio de 2023, PARA LA ENTREGA DE LA INDEMNIZACI\u00d3N ADMINISTRATIVA. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que inconforme con el fallo de primer grado constitucional la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, lo impugn\u00f3, decisi\u00f3n que fuera confirmada mediante sentencia proferida el 8 de marzo de 2022, por la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
Que, formul\u00f3 incidente de desacato ante el juez de conocimiento, autoridad que por medio de prove\u00eddo del 17 de marzo de 2023, sancion\u00f3 con arresto y multa a la Directora de Reparaci\u00f3n Individual, as\u00ed como tambi\u00e9n a la Directora de la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y, orden\u00f3 el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 31 de enero de 2022 por el a quo constitucional, igualmente, compuls\u00f3 copias a las Fiscal\u00edas Delegadas ante los Jueces Penales el Circuito de Cali, para lo pertinente y, su consulta en grado jurisdiccional ante el Superior jer\u00e1rquico. <\/p>\n
Que remitido en consulta el asunto censurado, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, en prove\u00eddo de 28 de marzo de 2023, resolvi\u00f3 revocar la determinaci\u00f3n consultada, por cuanto, observ\u00f3 que el juez de primer grado constitucional, a trav\u00e9s de los prove\u00eddos del 18 de abril y 22 de julio de 2022, requiri\u00f3 a la Subdirectora de Reparaci\u00f3n Individual y, al entonces Director de Reparaciones este \u00faltimo en calidad de superior jer\u00e1rquico de la primera mencionada, con la finalidad de que emitieran contestaci\u00f3n o procedieran con el cumplimiento de la orden impartida en la precitada sentencia de tutela, as\u00ed, como para proceder a la apertura del consiguiente proceso disciplinario. <\/p>\n
En respuesta a dicho requerimiento la entidad adujo, que la aqu\u00ed accionante no demostr\u00f3 encontrarse en circunstancia alguna contenida en el art\u00edculo 4\u00b0 de la resoluci\u00f3n 1049 de 2019, as\u00ed como tampoco cumpli\u00f3 el requisito de edad establecido en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Resoluci\u00f3n 582 de 2021, de igual forma, indic\u00f3 que en relaci\u00f3n con los actos administrativos proferidos para los a\u00f1os 2019, 2020 y 2021, sin \u00abacreditaci\u00f3n de situaci\u00f3n de vulnerabilidad manifiesta, se les aplicar\u00e1 el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n que se realizar\u00eda el 31 de julio de 2022 y aport\u00f3 respuesta dirigida a la accionante en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que \u00abla medida est\u00e1 supeditado a la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, que se aplica de manera anual y determina de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, atendiendo las condiciones particulares de cada persona\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3, que a la aqu\u00ed promotora de la acci\u00f3n, se le aplic\u00f3 el 31 de marzo de 2022, el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n, el cual estableci\u00f3, que era improcedente concretar la entrega de la reparaci\u00f3n referida, sin embargo, indic\u00f3, que dicha medida se emplear\u00eda nuevamente el 31 de julio de 2023, con la advertencia que solo en \u00abel evento que la accionante cumpla con uno de los criterios de priorizaci\u00f3n podr\u00e1 aportar los certificados que acrediten tal situaci\u00f3n\u00bb, de igual modo, reiter\u00f3 la dificultad de establecer fecha cierta para el pago de la referida compensaci\u00f3n. <\/p>\n
A trav\u00e9s, de prove\u00eddo de 28 de marzo de 2023, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n consultada, declar\u00f3 la improcedencia de la sanci\u00f3n impuesta, tras considerar, que la orden impartida a trav\u00e9s del auto proferido el 17 de marzo de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, \u00abse est\u00e1 cumpliendo por la entidad accionada\u00bb, raz\u00f3n por la cual determin\u00f3 no conservar dicha sanci\u00f3n. <\/p>\n
El Colegiado advirti\u00f3 en su decisi\u00f3n que el tr\u00e1mite dado al incidente de desacato que radic\u00f3 la ac\u00e1 accionante, se prorrog\u00f3 sin justificaci\u00f3n alguna, toda vez, que este se elev\u00f3 el 22 de marzo de 2022 y solo hasta el 28 de febrero del a\u00f1o que avanza, se procedi\u00f3 con la apertura del mismo y, continu\u00f3 su gesti\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, dispuso compulsar copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, para lo pertinente. <\/p>\n
Por otra parte, adujo la suplicante del resguardo que el ad quem, al proferir la decisi\u00f3n del 28 de marzo de 2023, incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico, sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial y, violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
La accionante acudi\u00f3 entonces al presente mecanismo excepcional de amparo, para que se resguarden sus prerrogativas superiores y, en consecuencia, solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto el auto emitido el 28 de marzo de 2023, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, para que, en su lugar, se ordene: <\/p>\n
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i. (\u2026) reabrir el tr\u00e1mite incidental que formul\u00f3 contra la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas por incumplimiento del fallo de tutela proferido el 31 de enero de 2022 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. (\u2026) se le informe una fecha \u00abCIERTA, DETERMINADA O DETERMINABLE (sin que esto implique el desconocimiento de los turnos ya asignados), de cuando va a proceder a hacerle entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho v\u00edctimizante de desplazamiento forzado, ya reconocida desde el a\u00f1o 2019, por medio de la Resoluci\u00f3n No 04102019-30870 – del 21 de agosto de 2019 por la cual se reconoce el derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n administrativa. (negrilla dentro del texto). <\/p>\n
<\/p>\n
iii. A la Unidad accionada, con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela que ampar\u00f3 su derecho a recibir la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa \u00abQUE SE INCLULLO (sic) Y CELEBRO (sic) EL PASADO 31 DE JULIO DE 2023, Con EL METODO TECNICO DE PRIORIZACION que se APLICDO (sic) en esa fecha a mi la se\u00f1ora YENY ARENAS MURILLO\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente esta Sala de la Corte admiti\u00f3 la acci\u00f3n a trav\u00e9s de auto de 9 de agosto de 2023, y con sentencia CSJ STL9654-2023 se neg\u00f3 el resguardo implorado, decisi\u00f3n frente a la cual la accionante interpuso el recurso de impugnaci\u00f3n y, seguido a ello, la Homologa Penal mediante prove\u00eddo ATP1371-2023 del 12 de octubre hoga\u00f1o declar\u00f3 la nulidad, tras considerar, que no se vincul\u00f3 al presente tr\u00e1mite a la ciudadanas \u00abClelia Andrea Anaya Benavides, en su condici\u00f3n de Directora de Reparaci\u00f3n individual de la UARIV, y Patricia Tob\u00f3n Yagari, en su calidad de Directora de la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
Luego de regresar el expediente y, en atenci\u00f3n a lo dispuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en aras de garantizar el derecho de defensa de las partes convocadas, se notific\u00f3 por auto del 20 de noviembre del a\u00f1o que avanza a las referidas funcionarias de la tutela interpuesta por Yeny Arenas Murillo, contra el Tribunal convocado, tr\u00e1mite que se hizo extensivo al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas UARIV-, Enrique Ardila Franco en calidad de Director de Reparaciones, a las dem\u00e1s partes e intervinientes en el incidente de desacato de la referencia, esta Sala orden\u00f3 enterar a las partes; y corri\u00f3 el traslado correspondiente. <\/p>\n
Revisado el expediente, se observa que las partes e intervinientes fueron debidamente notificadas del presente resguardo, conforme dan cuenta las direcciones de correo electr\u00f3nico remitidos a cada una. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino concedido para tal efecto, la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad para las v\u00edctimas, manifest\u00f3 que la accionante de acuerdo con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, \u00abRAD NE00346023\u00bb (sic), se encuentra incluida en el registro \u00abpor el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO (sic)\u00bb, por otro lado, indic\u00f3 que dicha entidad carece de legitimidad en la causa por pasiva, toda vez, que lo requerido por la accionante, no se encuentra dentro de las funciones asignadas a la misma, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite de tutela. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal comparti\u00f3 el link de acceso al expediente objeto de censura. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Cali, se\u00f1al\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la casusa por pasiva, raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al presente tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
Las dem\u00e1s partes y convocados guardaron silencio. <\/p>\n
i)CONSIDERACIONES <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acci\u00f3n de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de tr\u00e1mite preferente y sumario, la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten lesionados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ha sido criterio reiterado de esta Sala de la Corte, que el mecanismo constitucional se\u00f1alado no es procedente cuando se trata de controvertir decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en el tr\u00e1mite del incidente de desacato regulado en el Decreto 2591 de 1991, restricci\u00f3n que encuentra su raz\u00f3n de ser, en que las decisiones que se profieren en el campo tutelar no pueden ser reexaminadas indefinidamente por los jueces a trav\u00e9s, de acciones del mismo linaje constitucional, so pena de que resulten quebrantados los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, en los que se sustenta el Estado Social de Derecho. <\/p>\n
Pues bien, esta Sala de la Corte ha expresado, con la misma persistencia, que la regla general previamente dilucidada encuentra su excepci\u00f3n, en los casos en los que quien solicita la salvaguarda constitucional demuestra suficientemente, que la autoridad judicial cognoscente del incidente de desacato se ha apartado en el tr\u00e1mite de los principios y derroteros establecidos en el precitado Decreto 2591 de 1991 y, de contera, ha transgredido sus prerrogativas fundamentales. \u00danicamente, en estos espec\u00edficos eventos se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional, as\u00ed como la adopci\u00f3n de medidas urgentes, dirigidas a restablecer los derechos de rango superior que han resultado vulnerados durante el citado procedimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
De ah\u00ed que lo primero que debe recordarse, es que esta Sala en repetidas ocasiones, al estudiar el tema sobre las diligencias surtidas en el interior del incidente de desacato, ha estimado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Sin embargo, tambi\u00e9n ha establecido que, de manera excepcional, es procedente este mecanismo si se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda constitucional al debido proceso de los intervinientes. <\/p>\n
<\/p>\n
Revisado el presente caso, la Sala estima que el amparo debe ser denegado, toda vez que no se evidencia la violaci\u00f3n al debido proceso y tampoco es admisible que la acci\u00f3n de tutela se emplee para discutir las decisiones adoptadas dentro de los incidentes de desacato de que trata el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de actuaciones de la misma naturaleza constitucional, so pena de desconocer la autonom\u00eda de los jueces y someter los asuntos resueltos a interminables cuestionamientos, en desmedro de la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Es relevante anotar, que el an\u00e1lisis que efect\u00fae el juez constitucional exige un examen de la conducta del presunto responsable, con el fin de establecer si es posible exonerar al implicado, cuando por razones ajenas a su voluntad, no ha sido posible cumplir a cabalidad. En ese sentido ha adoctrinado esta Sala de Casaci\u00f3n que \u00abpese a la obligatoriedad que dimana del cumplimiento de la orden constitucional, aspecto que le otorga un car\u00e1cter objetivo, no sucede lo mismo con el desacato, el cual es incidental y la responsabilidad que se exige es subjetiva\u00bb (CSJ ATL1247-2016 y CSJ ATL256-2015, entre otros). <\/p>\n
Por su parte, la sentencia CC SU-034 de 2018, con relaci\u00f3n a la finalidad que persigue dicho mecanismo indic\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] si bien una de las consecuencias derivadas de este tr\u00e1mite incidental es la imposici\u00f3n de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su aut\u00e9ntico prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanci\u00f3n en s\u00ed misma, sino que \u00e9sta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a trav\u00e9s de una medida de reconvenci\u00f3n cuya objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acci\u00f3n impetrada y, con ella, la reivindicaci\u00f3n de los derechos quebrantados. <\/p>\n
As\u00ed, la sanci\u00f3n por desacato se encuentra autorizada no solo porque se est\u00e9 frente a un incumplimiento de un fallo de tutela, sino porque, adem\u00e1s se halla por acreditado que el llamado a cumplir la orden constitucional, act\u00fao en franca rebeld\u00eda, capricho, negligencia o incuria, frente a su deber de acatar lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
Establecido lo anterior, se observa que, en el caso puesto a consideraci\u00f3n de esta Sala, se advierte, que la petici\u00f3n de amparo se dirige a que se ordene a la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal de Antioquia, a dejar sin valor y efecto el auto proferido el 28 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual, revoc\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta en su orden, a las Directoras de Reparaci\u00f3n Individual y de la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las V\u00edctimas, para que en su lugar, se proceda a reabrir el incidente por desacato en el incumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 31 de enero de 2022, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3 y, se efect\u00fae la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida por medio de la Resoluci\u00f3n n\u00b0. 04102019-30870 de 21 de agosto de 2019. <\/p>\n
Ahora bien, del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, se evidencia que no existen argumentos que demuestren violaci\u00f3n alguna al debido proceso dentro del tr\u00e1mite incidental cuestionado, dado que, lo que pretende la accionante es que se invalide la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, lo que, en principio, hace improcedente este mecanismo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
La anterior aserci\u00f3n, tiene fundamento en lo adoctrinado por la Corte Constitucional en sentencia CC SU\u2013034 de 2018, prove\u00eddo en el que, en lo referente a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de decisiones adoptadas al interior de un tr\u00e1mite incidental, adoctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en la jurisprudencia se ha consignado, como presupuesto material, que la acci\u00f3n de tutela s\u00f3lo procede de forma excepcional cuando se materializa una vulneraci\u00f3n del debido proceso de las partes. Ello tiene lugar, por ejemplo, cuando \u201cel juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u201d, incursionando el funcionario judicial, por esa v\u00eda, en alguna de las causales espec\u00edficas de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En tal sentido, el juez constitucional que asuma el conocimiento de una acci\u00f3n de tutela enfilada contra providencia dictada en el curso de un incidente de desacato s\u00f3lo est\u00e1 autorizado para examinar la observancia del debido proceso al interior del tr\u00e1mite y la adecuaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada en virtud del mismo, mas no puede revisar, cuestionar y\/o modificar la decisi\u00f3n de tutela, el alcance o contenido sustancial de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de la tutela primigenia \u2013salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado, pues se trata de un debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ce\u00f1irse al tr\u00e1mite incidental objeto de estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
En otras palabras, este Tribunal ha puesto de relieve que las acciones de tutela que se presentan en estos eventos no pueden cuestionar los juicios y valoraciones en los que se bas\u00f3 la sentencia de tutela que sirvi\u00f3 como par\u00e1metro para decidir el incidente de desacato o la solicitud de cumplimiento, en la medida en que ello ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Por ello, al momento de evaluar si se estructur\u00f3 una violaci\u00f3n iusfundamental con ocasi\u00f3n de un incidente de desacato, el juez debe proceder a verificar si la decisi\u00f3n que puso fin al tr\u00e1mite incidental estuvo precedida de todas las garant\u00edas procesales y si su contenido se ajust\u00f3, o no, a lo ordenado en la sentencia de tutela inicial, para pasar a determinar si se configuran los supuestos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial. <\/p>\n
Del mismo modo, es menester se\u00f1alar, que las referidas causales de procedencia no se enmarcan en el presente asunto, habida cuenta que, de los planteamientos esbozados en el escrito genitor, es claro que a la parte incidentante y aqu\u00ed accionante, se le respetaron sus garant\u00edas procesales. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, a partir del examen del prove\u00eddo cuestionado, se advierte que el juez convocado analiz\u00f3 los antecedentes del caso y determin\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en establecer si la entidad accionada cumpli\u00f3 o no la sentencia de tutela que ampar\u00f3 los derechos de la all\u00ed inicidentante. <\/p>\n
Por lo anterior, no se advierte la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales de la suplicante del resguardo, toda vez que, la autoridad fustigada realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso y emiti\u00f3 una decisi\u00f3n coherente, razonable y motivada, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 28 de marzo de 2023 la Sala Tercera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Antioquia en grado jurisdiccional de consulta consider\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] cumple precisar que tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la finalidad de los incidentes de desacato no es la de imponer una sanci\u00f3n, sino esencialmente la de procurar el cumplimiento de la orden de tutela, de modo que, si ello se logra en el curso del tr\u00e1mite, el implicado podr\u00e1 evitar la sanci\u00f3n a imponerse o la ya impuesta, satisfaciendo la orden de tutela impartida. <\/p>\n
Por tanto, el funcionario judicial correspondiente deber\u00e1 constatar si se dio cumplimiento cabal a la orden emitida en el fallo o, si, por el contrario, contin\u00faa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, caso en el cual deber\u00e1 proceder a <\/p>\n
sancionar al responsable de la omisi\u00f3n en el cumplimiento. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la inconformidad manifestada por la accionante frente al incumplimiento de la orden impartida mediante el fallo proferido por el juez de conocimiento el 31 de enero de 2022, el ad quem, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] a partir de las pruebas que reposan en el expediente, se tiene que en respuesta a los requerimientos efectuados por el Juzgado de conocimiento, la entidad accionada respondi\u00f3 que el 31 de marzo de 2022, le aplic\u00f3 a la accionante el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n el cual determin\u00f3 la improcedencia de materializar la entrega de la reparaci\u00f3n administrativa e indic\u00f3 que proceder\u00eda aplicar nuevamente el instrumento, el 31 de julio de 2023, advirtiendo que en el evento que la accionante cumpla con uno de los criterios de priorizaci\u00f3n podr\u00e1 aportar los certificados que acrediten tal situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) si bien en el fallo de tutela que dio origen a las presentes diligencias, se orden\u00f3 a la accionada dar una fecha cierta, determinada o determinable para la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, tambi\u00e9n lo es, que en la misma se dispuso respetar los turnos ya asignados; y fue as\u00ed, conforme lo explic\u00f3 la entidad accionada, que el 31 de marzo de 2022, aplic\u00f3 el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n a la peticionaria, sin que en dicha oportunidad satisficiera los criterios de la herramienta, para que se pudiera materializar la entrega de la indemnizaci\u00f3n, por lo que anunci\u00f3 que aplicar\u00eda nuevamente el m\u00e9todo el 31 de julio de 2023. (negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por lo expuesto, se advierte que fue acertada la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal referente a revocar la medida de arresto y multa impuesta a las funcionarias competentes de la UARIV, en tanto, observ\u00f3, que la Unidad Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, dio diligencia a la protecci\u00f3n ordenada en el fallo de tutela proferido el 31 de enero de 2022, toda vez, que en el mismo se indic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) dentro de las t\u00e9rmino (sic) cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, el cual no podr\u00e1 exceder de diez (10) d\u00edas calendario, le fije e informe a la se\u00f1or (sic) YENY ARENAS MURILLO, una FECHA CIERTA, DETERMINADA O DETERMINABLE (sin que esto implique el desconocimiento de los turnos ya asignados), de cuando va a proceder a hacerle entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho v\u00edctimizante de desplazamiento forzado, ya reconocida desde el a\u00f1o 2019, por medio de la Resoluci\u00f3n No 04102019-30870 – del 21 de agosto de 2019 por la cual se reconoce el derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
(\u2026) que si el turno por medio del cual fije la fecha para entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, es posterior a la fecha de 31 de julio de 2022 y\/o 31 de julio de 2023, la UARIV DEBER\u00c1 INCLUIR a la se\u00f1ora YENY ARENAS MURILLO, en el METODO TECNICO DE PRIORIZACION a celebrar el 31 de julio de 2022 y\/o el 31 de julio de 2023, PARA LA ENTREGA DE LA INDEMNIZACI\u00d3N ADMINISTRATIVA (sic). (negrilla dentro del texto). <\/p>\n
Por consiguiente, el Juez Colegiado, consider\u00f3 levantar la medida impuesta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, al interior del tr\u00e1mite incidental, por cuanto evidenci\u00f3 que sin justificaci\u00f3n alguna la solicitud elevada por la incidentante el 22 de marzo de 2022, se resolvi\u00f3 solo hasta el 28 de febrero de 2023, pasado m\u00e1s de un a\u00f1o y sin tener en cuenta las actuaciones surtidas en dicho lapso, entre ellas, \u00abSe hizo un requerimiento previo el 22 de marzo de 2022 (\u2026), otro al superior jer\u00e1rquico el 22 de julio de 2022 (\u2026), un nuevo requerimiento previo a quien fung\u00eda como subdirectora de reparaciones \u2013 febrero 8 de 2023 (\u2026), y otro adicional a la Directora de Reparaciones como superiora jer\u00e1rquica de la responsable \u2013 febrero 16 de 2023 (\u2026). <\/p>\n
Adicionalmente, manifest\u00f3 que la fecha se\u00f1alada, en el fallo de tutela, es decir, el 31 de julio de 2023, para aplicar nuevamente el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, no se cumpl\u00eda para el momento en el cual, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, se encontraba resolviendo el grado jurisdiccional de consulta, del incidente puesto a su consideraci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, no habr\u00eda lugar a interponer la sanci\u00f3n que extra\u00f1a la tutelante. <\/p>\n
Ahora bien, verificados los reproches de la censora, para esta Sala luego de analizado los antecedentes y elementos de valor que integran el plenario constitucional, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el Tribunal fustigado no incurri\u00f3 en los defectos indilgados por la accionante. <\/p>\n
Por consiguiente, se evidencia que la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, motiv\u00f3 razonadamente su decisi\u00f3n, al amparo de una hermen\u00e9utica plausible que no impone la intromisi\u00f3n del juez constitucional; es m\u00e1s, el Colegiado tuvo en cuenta la ley y la jurisprudencia aplicables para resolver el caso y una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas, con plena observancia de los principios de la libre formaci\u00f3n del convencimiento y la sana cr\u00edtica, raz\u00f3n por la cual no es dable calificarla de caprichosa, por lo que no se vislumbra la concurrencia de un dislate jur\u00eddico de su parte. <\/p>\n
Por lo expuesto, considera esta Sala que, el prove\u00eddo censurado est\u00e1 arraigado en argumentos que consultaron las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica y que, sin lugar a duda, obedecieron a la labor hermen\u00e9utica propia del juez natural. <\/p>\n
Acorde con lo anterior, se negar\u00e1 el amparo constitucional invocado. <\/p>\n
ii)DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si esta decisi\u00f3n no fuere impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
CLARA IN\u00c9S L\u00d3PEZ D\u00c1VILA <\/p>\n
MARJORIE ZU\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
SCLAJPT-11 V.00 <\/p>\n
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STL16452-2023 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente STL16452-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 71500 Acta 45 Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por YENY ARENAS MURILLO contra SALA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69],"tags":[],"class_list":["post-78303","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78303\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}