T 23173 (20-01-09)<\/p>\n
<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL <\/p>\n
LUIS JAVIER OSORIO L\u00d3PEZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 23173 <\/p>\n
Acta No. 2 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinte (20) de enero de dos mil nueve (2009). <\/p>\n
Se procede a resolver la impugnaci\u00f3n presentada por CARLOS ALBERTO L\u00d3PEZ ALZATE contra el fallo proferido por la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro de la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN conformada por los magistrados Dora Helena Hern\u00e1ndez Giraldo, Gloria Patricia Montoya Arbel\u00e1ez y Germ\u00e1n Alonso Fl\u00f3rez Incapie <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Se plantea en el escrito de tutela que en proceso ejecutivo que CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA adelanta, como cesionaria del derecho litigioso de Bancaf\u00e9 S.A, contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Massalud Ltda., el accionante propuso incidente de regulaci\u00f3n de honorarios contra CAFESALUD, el cual fue resuelto mediante providencia del 11 de octubre de 2007 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medell\u00edn, aceptando las objeciones que las partes hicieron, por error grave, al primer experticio y fij\u00e1ndole como honorarios la suma $54.000.000; decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la Sala Civil del Tribunal Superior de esa ciudad, al desatar la alzada por prove\u00eddo de 23 de septiembre de 2008. <\/p>\n
El peticionario cr\u00edtica la actuaci\u00f3n del Tribunal, en tanto se\u00f1al\u00f3 como argumento del interlocutorio \u201cque no hab\u00eda existido aceptaci\u00f3n expresa de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito por parte del deudor\u201d; considera que \u00e9sta s\u00ed se present\u00f3 toda vez que cuando se le notific\u00f3 la demanda ya se hab\u00eda hecho la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito entre el Banco Cafetero y Cafesalud S.A. y Massalud y la parte demandada no manifest\u00f3 ninguna inconformidad. <\/p>\n
Aduce que el 3 de agosto del 2006, se dict\u00f3 sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n a favor de Cafesalud S.A., como cesionaria del Banco Cafetero S.A., y tampoco en ese momento la deudora manifest\u00f3 inconformidad alguna, por el contrario, \u201centabl\u00f3 negociaciones con Massalud deudora de Cafesalud S.A. y por la v\u00eda de la transacci\u00f3n le cancel\u00f3 los cr\u00e9ditos que le adeudaba\u201d. <\/p>\n
Argument\u00f3 que los integrantes de la Sala de decisi\u00f3n olvidaron que lo que ten\u00edan que fallar, en esencia, era el valor de los honorarios fijados por el perito y acogidos por el juez de primera instancia y revivieron actuaciones y desconocieron otras, para finalmente dictar un fallo que tilda de arbitrario. Agreg\u00f3 que toda su actuaci\u00f3n como apoderado dentro del proceso fue diligente y productiva, que en \u00e9ste obran constancias de las m\u00faltiples oportunidades en que le inform\u00f3 al representante legal de Cafesalud S.A. sobre el tr\u00e1mite procesal y de la solicitud de reconocimiento de expensas en las que incurri\u00f3 para impulsar el proceso. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que otra arbitrariedad contenida en la decisi\u00f3n que censura por esta v\u00eda, es \u201cla de desconocer diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, al manifestar que el suscrito no era abogado de Cafesalud Medicina Prepagada S.A. dado que Cafesalud S.A. \u201c\u2026 acudi\u00f3 al proceso por medio del Dr. Wilmar Jos\u00e9 Fuentes Cepeda, apoderado general que en esa condici\u00f3n ten\u00eda facultad para ejercer su representaci\u00f3n judicial en ese proceso, poder del que hizo uso reclamando el reconocimiento de la correspondiente personer\u00eda para actuar (folios 40-49), otra cosa es que el juzgado haya omitido pronunciarse al respecto\u2026\u201d. El Tribunal deduce de la prueba no conclusiones objetivas como ser\u00eda de esperarse, sino interpretaciones a encajar con perfecci\u00f3n en su teor\u00eda revocatoria\u201d. <\/p>\n
Cuestiona el hecho de que Cafesalud no hubiera insistido en el reconocimiento de personer\u00eda judicial para actuar, si no ten\u00eda voluntad de actuar a trav\u00e9s suyo, m\u00e1xime que le inform\u00f3 por escrito sobre el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
Finalmente sintetiza las arbitrariedades del Tribunal de Medell\u00edn, entre otras, en que desconoci\u00f3 que ya se hab\u00eda aceptado la actuaci\u00f3n de Wilmar Jos\u00e9 Fuentes Cepeda como apoderado general de Cafesalud S.A., pero no como apoderado judicial; no tuvo en cuenta el auto en firme que acept\u00f3 el nombramiento de apoderado judicial por parte de Cafesalud y revoc\u00f3 el poder a Carlos Alberto L\u00f3pez como apoderado de la misma, calidad que ostent\u00f3 hasta esa fecha; desconoci\u00f3 que hubo aceptaci\u00f3n expresa de la demandada de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito. <\/p>\n
En consecuencia, acude al presente mecanismo de amparo constitucional, a efecto de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad de las partes, disponiendo que el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios presentado contra la empresa CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A., vuelva al estado que ten\u00eda antes de la violaci\u00f3n de los invocados derechos, esto es, que no exista raz\u00f3n ni causa, para revocar el auto impugnado. <\/p>\n
I. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela fue tramitada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien puso fin a la primera instancia mediante fallo del 24 de noviembre de 2008, denegando la protecci\u00f3n solicitada tras concluir que las interpretaciones que hizo el accionado corresponden al ejercicio normal de las facultades propias del juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia de las distintas jurisdicciones, lo que impide al constitucional entrometerse en las mismas y sustituir a aquel como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como el instrumento excepcional que es. <\/p>\n
III. DE LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconformes con la anterior decisi\u00f3n el accionante la impugn\u00f3, reiterando algunos planteamientos contenidos en su escrito de tutela y criticando a la Sala de Casaci\u00f3n Civil por no haber amparado sus derechos, no obstante que, en su criterio, la actuaci\u00f3n del Tribunal accionado \u201cfue abierta y manifiestamente contrario a la ley, una v\u00eda de hecho\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
La v\u00eda preferente de la tutela, establecida en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales. <\/p>\n
La prosecuci\u00f3n de la eficacia de los citados derechos, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en particular, en lo que concierne a la administraci\u00f3n de justicia, la seguridad jur\u00eddica, espec\u00edficamente la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonom\u00eda de los jueces. <\/p>\n
En este sentido se ha decantado jurisprudencialmente que la acci\u00f3n de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, s\u00f3lo s\u00ed con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; adem\u00e1s que est\u00e1 limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal, en segundo lugar, cuando existiendo otro medio, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la interpretaci\u00f3n de normas o valoraci\u00f3n de pruebas, se pone de manifiesto el principio de la autonom\u00eda de los jueces, que consagra los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En este caso, la interpretaci\u00f3n que los funcionarios accionados, le dieron, tanto a las normas aplicables, como a las pruebas aportadas en el asunto sometido a su consideraci\u00f3n no desborda el l\u00edmite de lo razonable y la simple divergencia interpretativa no constituye una v\u00eda de hecho. La circunstancia de que el peticionario no coincida con el criterio de la Sala de decisi\u00f3n accionada, a quien la ley le ha asignado competencia para conocer el caso concreto, o no la comparta, en ning\u00fan caso invalida sus actuaciones y mucho menos las hace susceptibles de ser modificadas por la v\u00eda de la tutela. <\/p>\n
En efecto, una vez le\u00edda la providencia censurada, no se advierte que la misma obedezca al capricho o arbitrio del Tribunal, por el contrario, para revocar la decisi\u00f3n de primer grado, que le hab\u00eda fijado como honorarios la suma de $54\u2019000.000 al actor, por la gesti\u00f3n de apoderamiento que realiz\u00f3 dentro del proceso ejecutivo que el Banco Cafetero S.A. sustituido por Caf\u00e9 Salud Medicina Prepagada S.A adelant\u00f3 contra la Cooperativa de Trabajo Asociado en Salud Massalud, tuvo en cuanta, entre otras fundadas consideraciones, que el hecho de que se le haya permitido actuar en el proceso al abogado Carlos L\u00f3pez luego de aceptar la cesi\u00f3n del derecho litigioso, no pude servir de argumento para concluir, que lo hizo como apoderado de Cafesalud Medicina Prepagada, pues cualquier intervenci\u00f3n que hubiera hecho, tuvo que serlo en representaci\u00f3n de su primigenio poderdante, vale decir, el Banco Cafetero, \u201cquien sigui\u00f3 fungiendo como demandante dentro del proceso al no haber sido sustituido dentro de \u00e9l, por Cafesalud\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, hizo ver que el despacho judicial una vez informado de la cesi\u00f3n del derecho litigioso, que Bancaf\u00e9 realiz\u00f3 a favor de a Cafesalud E.P.S. Medicina Prepagada, se pronunci\u00f3 por auto del 1\u00ba de abril de 2004, se\u00f1alando que antes de aceptarla, deb\u00eda allegarse la constancia de la aceptaci\u00f3n por parte de la demandada, y que sin este requisito la segunda de las nombradas no pod\u00eda considerarse como cesionaria, sino como litisconsorte del demandante, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 60 de C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
FALLA: <\/p>\n
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por CARLOS ALBERTO L\u00d3PEZ ALZATE contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN. <\/p>\n
SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegr\u00e1ficamente o por cualquier otro medio expedito. <\/p>\n
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS JAVIER OSORIO L\u00d3PEZ <\/p>\n
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDER\u00d3N GUSTAVO JOS\u00c9 GNECCO MENDOZA <\/p>\n
EDUARDO L\u00d3PEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE G\u00d3MEZ <\/p>\n
MARIA ISMENIA GARC\u00cdA MENDOZA <\/p>\n
Secretaria <\/p>\n
<\/p>\n
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