S-010-1995 [4223]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C. primero (1o.) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4223 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por la Parroquia San Miguel, de la Arquidi\u00f3cesis de Medell\u00edn, contra la sentencia dictada por esta Corporaci\u00f3n, el veinte (20) de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), por medio de la cual no se cas\u00f3 la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, proferida dentro del proceso ordinario promovido por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR en frente de JAIRO ANTONIO ZAPATA AGUDELO, ABRAHAM GARCIA LOPEZ, PARROQUIA DE LA CANDELARIA, PARROQUIA DE SAN JOSE, PARROQUIA DE SAN MIGUEL, PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO y COMUNIDAD HERMANAS DE LOS POBRES \u00f3 CONGREGACION \u00abHERMANITAS DE LOS POBRES\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
1. En demanda repartida al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn (fls. 12 al 16, c.1), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicit\u00f3, que previa audiencia y citaci\u00f3n de los antes anotados, se declarara la nulidad absoluta del testamento cerrado otorgado por FEDERICO BARRIENTOS URIBE, contenido en la escritura p\u00fablica No.6 del 11 de enero de 1982, protocolizado en su apertura y publicaci\u00f3n por la No. 1406 del 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, corridas ambas en la Notar\u00eda Catorce del C\u00edrculo de Medell\u00edn; y, que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se reconociera al demandante como heredero \u00fanico del causante. Como pretensi\u00f3n subsidiaria formul\u00f3 la de que se declarara indigno para suceder al se\u00f1or JAIRO ANTONIO ZAPATA AGUDELO. <\/p>\n
2. Por auto del 25 de febrero de 1993 se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 notificar dicho prove\u00eddo a cada una de las personas demandadas y darles en traslado el libelo por el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas (fls. 21 vto. y 22, c. 1) . <\/p>\n
3. Mediante diligencia efectuada el 19 de agosto de 1983 (fl. 49, id.), se cumpli\u00f3 lo ordenado en el auto anterior respecto de la Parroquia San Miguel. <\/p>\n
4. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 8 de octubre de 1986 (fls. 154 al 163 del c. 1), mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. La anterior decisi\u00f3n fue revocada en virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, declar\u00e1ndose en su lugar la nulidad absoluta del testamento impugnado (fls. 32 al 44 del c. No. 9), la que, a su vez, fue recurrida en casaci\u00f3n, produci\u00e9ndose la decisi\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, del 20 de noviembre de 1989, la cual cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda 7 de diciembre de ese a\u00f1o (fls. 66 al 99, c. No. 10). <\/p>\n
Inconforme con la actuaci\u00f3n la \u00abPARROQUIA DE SAN MIGUEL\u00bb, de la Arquidi\u00f3cesis de Medell\u00edn, por intermedio de apoderado judicial impetr\u00f3 la revisi\u00f3n de la anterior sentencia (fls. 24 al 44, c. Corte), con apoyo en la causal consagrada en el numeral 7 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a fin de que se declare la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
1. Fundamenta la pretensi\u00f3n en los argumentos f\u00e1cticos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1.1. El primero lo hace residir en el hecho de que no obstante tener la condici\u00f3n de demandada dentro del proceso ordinario objeto de esta litis, no fue notificada en legal forma del auto admisorio de la demanda, toda vez que, como consta en el folio 50 (sic) del cuaderno principal, la diligencia de notificaci\u00f3n no aparece firmada por el Secretario, \u00ab\u00fanico y exclusivo funcionario autorizado para dar f\u00e9 de la misma, en los t\u00e9rminos del entonces vigente Art\u00edculo 315 del C. de P. Civil, y cuya firma era total y absolutamente imprescindible para la existencia y cumplimiento regular de dicha diligencia\u00bb. <\/p>\n
1.2. Como un segundo argumento esgrime, el hecho de que pese a haberse declarado nulo el proceso el Tribunal Superior de Medell\u00edn, mediante prove\u00eddo del 3 de julio de 1985, y \u00ab..a partir del auto de mayo 19 de 1983, inclusive..\u00bb, nunca se intent\u00f3 efectuar de nuevo la notificaci\u00f3n en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
1.3. La nulidad no ha sido saneada, toda vez que \u00abno efectu\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n en el proceso, ni lo ha hecho hasta la fecha, y \u00e9sta es su primera actuaci\u00f3n con posterioridad a la irregular notificaci\u00f3n ocurrida el 19 de agosto de 1983..\u00bb. 2. Una vez otorgada la cauci\u00f3n se\u00f1alada por esta Corporaci\u00f3n mediante auto del 24 de febrero de 1993 (fls. 103 al 107, c. Corte), se solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente contentivo del proceso ordinario en cuesti\u00f3n (fl. 112, id.). <\/p>\n
3. Por auto del 3 de mayo de 1993 (fl. 114, ib.),se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 el traslado mediante notificaci\u00f3n personal a la representante legal del Instituto Colombiano de Bienestar familiar y a las otras personas que tienen el car\u00e1cter de demandadas dentro del proceso ordinario objeto de la litis, a saber: JAIRO ANTONIO ZAPATA AGUDELO. PARROQUIA DE \u00abLA CANDELARIA\u00bb, PARROQUIA DE \u00abSAN JOSE\u00bb, PARROQUIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, JOAQUIN ALFONSO SALAZAR ARANGO (cesionario y subrogatario de los derechos de la Congregaci\u00f3n \u00abHermanitas de los Pobres\u00bb) y ABRAHAM GARCIA LOPEZ. <\/p>\n
4. Surtido el traslado anterior, \u00fanicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y JAIRO ANTONIO ZAPATA AGUDELO, dieron contestaci\u00f3n a la demanda, oponi\u00e9ndose el primero a la revisi\u00f3n impetrada (fls. 139 al 144, c. Corte), y allan\u00e1ndose el segundo a la demanda, con aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos planteados y de la pretensi\u00f3n incoada (fls. 190 al 191, id.). 5. Por auto del 22 de septiembre de 1993 (fls. 215 al 217, ib.) se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. <\/p>\n
Tramitado el recurso extraordinario, procede proveer lo que fuere de derecho, previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En el sistema positivo Colombiano, el recurso de revisi\u00f3n s\u00f3lo procede frente a las sentencias ejecutoriadas, (salvo las que dicten los jueces municipales en \u00fanica instancia -inciso 2o. del art\u00edculo 379 del C. de P. C.), como una excepci\u00f3n al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, y toda vez que se trata de un medio de impugnaci\u00f3n extraordinario, la ley se\u00f1ala taxativamente las causales en que dicho recurso se puede apoyar, las cuales son de interpretaci\u00f3n restrictiva. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, como ya se dijo, afirma el recurrente que no obstante tener la condici\u00f3n de demandado en el proceso ordinario en cuesti\u00f3n, no fue notificado en legal forma del auto admisorio de la demanda, incurri\u00e9ndose por ende en la causal de nulidad contemplada en el numeral 8o. del art\u00edculo 140 del C. de P. C., la cual a su vez esta consagrada como causal de revisi\u00f3n en el ordinal 7o. del art\u00edculo 380 del C. de P. C., consagraci\u00f3n que tiene su raz\u00f3n de ser en la necesidad de garantizar el derecho de defensa al demandado, en virtud del cual \u00e9ste puede ejercer a cabalidad la facultad de contradicci\u00f3n, erigida en principio fundamental del derecho procesal. <\/p>\n
Como bien es sabido en el sistema legal que rige la materia de las nulidades procesales imperan los principios de trascendencia y convalidaci\u00f3n, respecto de los cuales ha dicho la Corte: \u00ab… el C\u00f3digo, siguiendo la orientaci\u00f3n trazada por sus redactores en el sentido de restringir en lo posible los motivos de nulidad, en sus art\u00edculos 154, 155 y 156 -actualmente 142, 143 y 144 de acuerdo con la nueva numeraci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 1o. del Decreto 2282 de 1989- no s\u00f3lo consign\u00f3 reglas acerca de la oportunidad y legitimaci\u00f3n para alegarlos sino que estableci\u00f3, adem\u00e1s, todo un sistema de saneamiento t\u00e1cito; de tal suerte que las nulidades procesales no se pueden alegar por cualquier persona ni en el momento que le provoque. Por lo que toca a la legitimaci\u00f3n para alegar un motivo de nulidad, si se tiene en cuenta el principio de la trascendencia, se puede sentar como regla general la de que est\u00e1 legitimado para alegar una nulidad procesal quien a causa del vicio haya sufrido lesi\u00f3n o menoscabo de sus derechos. Con todo, carecen de legitimaci\u00f3n: a) Quienes hayan dado lugar al hecho que la origina. b) Quienes tuvieron la oportunidad de proponerla como excepci\u00f3n previa. c) La nulidad por indebida representaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, s\u00f3lo puede alegarla la persona afectada. d) Las nulidades a que se refieren los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del art\u00edculo 152 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil no pueden invocarlas quienes hayan actuado en el proceso sin alegarlas. En lo que concierne al saneamiento, el art\u00edculo 156 establece que se considera saneada la nulidad cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente, es decir, tan pronto como pudo actuar en el proceso y tener conocimiento de ella, de tal modo que si posteriormente la alega, el juez debe rechazarla de plano… (G.J. T. CLXXX, p\u00e1g. 193)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Dada la trascendencia de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, dicho acto esta rodeado de m\u00faltiples garant\u00edas y formalidades de derecho estricto, que le brindan la mayor protecci\u00f3n, tanto cuando se efect\u00faa en forma personal, como cuando es preciso hacerlo mediante citaci\u00f3n edictal. <\/p>\n
El art\u00edculo 314 de los decretos 1400 y 2019 de 1970, vigente para la \u00e9poca de los hechos, ordenaba notificar personalmente al demandado el auto que le confer\u00eda el traslado de la demanda, diligencia que al tenor del art\u00edculo 315 \u00eddem, se deb\u00eda realizar de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abEl secretario o empleado del despacho a quien aquel autorice, pondr\u00e1 en conocimiento del interesado la providencia respectiva en cualquier d\u00eda y hora, h\u00e1bil o no. De ello se extender\u00e1 un acta en la que se expresar\u00e1 en letras la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deber\u00e1 firmarse por aquel, el secretario y el empleado cuando fuere el caso\u00bb. Conforme con lo anterior es palmar que lo esencial de la notificaci\u00f3n personal, es noticiar directamente al interesado de la existencia y contenido de la providencia judicial que por ese medio se pone en su conocimiento, diligencia que debe cumplirse por los funcionarios que la ley se\u00f1ala y de la cual se deber\u00e1 dejar constancia en un acta, como prueba de que la misma se realiz\u00f3. Y como ya lo ha dicho la Corte, \u00ab…la notificaci\u00f3n es por completo diferente a la prueba de la misma, la cual consistir\u00e1 en el acta que, de tal diligencia se extienda conforme a lo establecido en el art\u00edculo 315 del C. P. C.\u00bb (sentencia Cas. Civil No. 080 del 6 de marzo de 1990, n.p.). <\/p>\n
En el asunto sub judice, se observa al folio 49 del cuaderno No. 1, que el 19 de agosto de 1983 el notificador del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, previamente autorizado por el Secretario de dicho despacho judicial se traslad\u00f3 a la direcci\u00f3n indicada con el objeto de notificar en forma personal del auto admisorio al representante legal de la Parroquia de San Miguel y de entregarle copias del libelo para efectos del respectivo traslado, diligencia que efectivamente fue llevada a cabo, seg\u00fan consta en la respectiva acta que aparece firmada tanto por el notificado presbitero JOAQUIN GUILLERMO PEREZ como por el notificador EFREN AGUDELO. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la irregularidad que se advierte en la demanda de revisi\u00f3n, consistente en la ausencia de la firma del secretario en dicha acta, no afecta la validez del acto de comunicaci\u00f3n cumplido con el representante legal de la Parroquia de \u00abSan Miguel\u00bb, en raz\u00f3n de que el susodicho acto se cumpli\u00f3 siguiendo las previsiones que se\u00f1ala el art. 315 del C. de P. C. (Decretos 1400 y 2019 de 1970), esto es, poniendo en conocimiento del notificado, el auto admisorio de la demanda, tal y cual lo consigna el acta que al efecto se levanto, y cuya autenticidad no ha sido cuestionada. <\/p>\n
Lo anterior ha sido sostenido por diferentes tratadistas. Es as\u00ed como GUASP considera \u00abque la autorizaci\u00f3n de las providencias y notificaciones por el secretario es cuesti\u00f3n de constancia. ‘La autorizaci\u00f3n -dice- por el secretario: art\u00edculos 249 a 251’, plantea ‘un problema de constancia de los actos m\u00e1s que de regulaci\u00f3n de la forma escrita’. <\/p>\n
\u00abEl C\u00f3digo de Procedimiento Civil Italiano contempla la nulidad de las notificaciones, en su art\u00edculo 60, solo ‘cuando no se observan las disposiciones acerca de la persona a quien debe ser entregada la copia, o si hay absoluta falta de certeza sobre la persona a quien se le ha hecho o sobre la fecha’, a menos que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su finalidad (art. 156) y siempre que la parte en cuyo inter\u00e9s deb\u00eda practicarse el acto la solicite (art. 157). <\/p>\n
Para CARNELUTI, \u00abcuando la notificaci\u00f3n resulta viciada, pero ‘el hecho demuestre que ha ocurrido as\u00ed, la nulidad del acto que, aun cuando defectuoso, ha logrado, sin embargo, su finalidad, ser\u00eda una p\u00e9rdida in\u00fatil. En tal caso, por tanto, el alcanzar la finalidad, no obstante el vicio del acto, constituye un equivalente del requisito que falta, el cual sana el vicio o, en otras palabras, convalida el acto viciado’. <\/p>\n
\u00abLa validez de esas notificaciones, que en todo caso han cumplido su funci\u00f3n, est\u00e1 de acuerdo con el concepto generalizado en la doctrina y consagrado en el art\u00edculo 156 del C\u00f3digo Italiano, que excluye la nulidad siempre que el acto haya cumplido su finalidad. <\/p>\n
En este sentido, dice EDUARDO PALLARES: ‘Cuando, a pesar de faltar al acto determinada forma, realiza dicha funci\u00f3n o, lo que es igual, cumple el fin para que fue establecido, el acto ser\u00e1 v\u00e1lido’ ROSENBERG expresa, en el mismo sentido, que ‘si se produce la testificaci\u00f3n de modo defectuoso, ello no tiene importancia si la notificaci\u00f3n en s\u00ed estuvo en orden’. Y, por su parte, COUTURE advierte que ‘la sentencia es, en primer t\u00e9rmino, un acto jur\u00eddico’, distinto del documento que la contiene, por lo cual considera que inclusive la falta de firma de uno de los magistrados no la invalida, si vot\u00f3 favorablemente, concepto que estudiaremos en el punto siguiente y que es aplicable a toda clase de providencias y de actos procesales en general. Esta diferencia entre el acto jur\u00eddico y su prueba es todav\u00eda m\u00e1s clara trat\u00e1ndose de notificaciones\u00bb (Citados por Hernando Devis Echand\u00eda en la obra Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Aguilar S.A., p\u00e1gs. 699 y 700). <\/p>\n
Tambi\u00e9n esta Corporaci\u00f3n ha afirmado: <\/p>\n
\u00abDel acto de la notificaci\u00f3n personal debe levantarse el acta en que consten las circunstancias que se\u00f1ala el art\u00edculo 315 citado. De manera que esta acta no es la notificaci\u00f3n personal, sino la constancia de la que se hizo. Por consiguiente, si el acto de la notificaci\u00f3n personal se ajusta a la forma prescrita por la ley, los errores en el acta no afectan la notificaci\u00f3n en s\u00ed y much\u00edsimo menos cuando el yerro se refiere a la fecha del acto, no a la notificaci\u00f3n\u00bb. (Cas. Civ. 23 de marzo de 1988. Extractos de Jurisprudencia Tomo I, 1988, p\u00e1gs. 117 y 118). <\/p>\n
Corolario de lo anterior es que en manera alguna se presenta la nulidad planteada por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento de la Parroquia San Miguel demandada; pero es m\u00e1s, en el evento de que se aceptara por v\u00eda de simple hip\u00f3tesis, que la irregularidad descrita tiene la significaci\u00f3n invalidativa que le atribuye la parte recurrente, no puede pasarse por alto que la misma estar\u00eda saneada al tenor de lo dispuesto en el numeral 4 del art\u00edculo 144 del C. de P. C., por cuanto \u00ab… a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb, toda vez que, se reitera, por el hecho de que el secretario hubiese omitido firmar el acta que daba cuenta de la notificaci\u00f3n, no dej\u00f3 de cumplir la diligencia su finalidad, cual era poner en conocimiento del recurrente la existencia del proceso que se adelantaba en su contra y hacerle entrega de las respectivas copias de la demanda para efectos del traslado. <\/p>\n
En lo que toca con el segundo argumento esgrimido por el recurrente, seg\u00fan el cual, al haber declarado el Tribunal Superior de Medell\u00edn, la nulidad del proceso en prove\u00eddo del 3 de mayo de 1985 y a partir del auto del 19 de mayo de 1983, inclusive, quedo comprendida la \u00abirregular e indebida ‘notificaci\u00f3n’ a la Parroquia de San Miguel -que no firmara el Se\u00f1or Secretario estando obligado a hacerlo… y sin embargo nunca se intent\u00f3 efectuarla de nuevo\u00bb; se observa que la decisi\u00f3n del Tribunal (fls. 103 al 106, c. 5), tuvo su raz\u00f3n de ser, de manera exclusiva, en el indebido emplazamiento del demandado JAIRO ZAPATA, y, en consecuencia, la actuaci\u00f3n que deb\u00eda renovarse era la que resultase afectada, quedando a salvo las notificaciones que se hubiesen hecho en legal forma. Lo anterior resulta ser as\u00ed, toda vez que no obstante haber adolecido de falta de precisi\u00f3n la redacci\u00f3n del prove\u00eddo del Tribunal, al decir que se declaraba nulo el proceso, la ley -art\u00edculo 158 del C. de P. C. (actualmente 146)- se\u00f1ala en su inciso primero los efectos de la nulidad declarada, de la siguiente manera: \u00abLa nulidad solo comprender\u00e1 la actuaci\u00f3n posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, se insiste, la actuaci\u00f3n que deb\u00eda reponerse era la concerniente a la persona emplazada, conservado su validez la realizada en legal forma, puesto que \u00ab… en los casos de indebida representaci\u00f3n o de ausencia de notificaci\u00f3n en legal forma, esa ineficacia tiene una limitaci\u00f3n de car\u00e1cter subjetivo que disposiciones claras y concluyentes, como lo son sin duda las citadas en el p\u00e1rrafo precedente, definen con absoluta precisi\u00f3n. Se trata al tenor de tales textos de una nulidad parcial que pudiendo en verdad recaer sobre la totalidad de la actuaci\u00f3n surtida o apenas incidir en ella parcialmente, lo que depende de hasta donde sea posible extender las consecuencias de la invalidez declarada seg\u00fan las pautas en la materia delineadas por el art\u00edculo 146 -antes 158- del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ha de refer\u00edrsela de modo indefectible a una persona en particular, la ileg\u00edtimamente representada o la que no fue notificada como lo manda la ley, y no a otras para quienes la irregularidad ocurrida ninguna restricci\u00f3n trajo respecto de sus garant\u00edas procesales esenciales, quedando desde luego a salvo la hip\u00f3tesis de excepci\u00f3n en que entre estas y aquella exista un litisconsorcio necesario y a la causa se le haya puesto fin mediante sentencia, toda vez que en este caso la decisi\u00f3n tiene que ser uniforme para el conjunto y es forzoso en consecuencia descartar la posibilidad de que un fallo determinado pueda llegar a ser nulo tan s\u00f3lo para unos, conservando su validez frente a los restantes (Sentencia del 11 de marzo de 1993, n. p.). <\/p>\n
Aunque es cierto que la notificaci\u00f3n en cuesti\u00f3n qued\u00f3 hecha dentro del tiempo a que se refiere la declaraci\u00f3n de nulidad, lo cierto es que no era necesario repetirla, en raz\u00f3n de que hab\u00eda sido practicada en legal forma y como no se le hab\u00eda puesto fin al proceso mediante sentencia, no se presentaba la situaci\u00f3n de excepci\u00f3n antes mencionada, y en consecuencia la declaraci\u00f3n de nulidad por indebido emplazamiento solo favorec\u00eda al demandado Jairo Zapata, pese a tratarse de un litis consorcio necesario. Prueba de ello es que el juzgado s\u00f3lo dispuso la notificaci\u00f3n del demandado Jairo Zapata (fls. 98 vto. y 100 vto. y ss., c. 1). <\/p>\n
Cosa diferente ser\u00eda si en forma expresa el Tribunal hubiese ordenado espec\u00edficamente repetir la notificaci\u00f3n a la Parroquia de San Miguel, pues en un caso tal no quedar\u00eda duda de que la notificaci\u00f3n hecha a la Parroquia San Miguel deber\u00eda ejecutarse nuevamente. <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, se reitera lo que al punto se dijo en la sentencia de casaci\u00f3n que es objeto de esta revisi\u00f3n (fls. 66 al 69, c. No. 10). <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto el recurso est\u00e1 llamado a fracasar, y ante su improsperidad sobra cualquier consideraci\u00f3n en relaci\u00f3n con los planteamientos que hace la parte demandada, en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda (fls. 139 y s.s. de este cuaderno). DECISION <\/p>\n
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO. Declarar infundado el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por la Parroquia de San Miguel contra la sentencia del 20 de noviembre de 1989, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario promovido contra la recurrente y otros por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
SEGUNDO. Cond\u00e9nase a la entidad recurrente a pagar a la parte demandada en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n los perjuicios y las costas causadas con la formulaci\u00f3n de esta impugnaci\u00f3n, para cuyo pago se har\u00e1 efectiva la cauci\u00f3n prestada. Liqu\u00eddense los primeros por el procedimiento se\u00f1alado en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. T\u00e1sense las segundas por la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Por medio de oficio ent\u00e9rese a la sociedad garante de lo decidido en este asunto, para los efectos que son de su incumbencia. <\/p>\n
CUARTO. Decr\u00e9tase la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares ordenadas con ocasi\u00f3n del recurso. Of\u00edciese a quienes corresponda. <\/p>\n
QUINTO. Cumplido lo anterior, devu\u00e9lvase el expediente al Juzgado de origen, excepto el cuaderno que contiene el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
L\u00edbrese el oficio con la anotaci\u00f3n pertinente sobre el resultado del recurso extraordinario. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4223 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILO <\/p>\n
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S-010-1995 [4223] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: JAVIER TAMAYO JARAMILLO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C. primero (1o.) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-81205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}