S-067-1995 [4868]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
Referencia: <\/p>\n
Expediente No. 4868 <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Decide la Corte sobre la solicitud de exequatur presentada por Ra\u00fal Guillermo Fonseca Sandoval en representaci\u00f3n de su menor hija PAULA FONSECA BUENDIA, con el objeto de que produzca efectos en la Rep\u00fablica de Colombia la sentencia de divorcio de \u00e9l y Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o, dictada el 13 de marzo de 1987, por el Juzgado Primero en lo Familiar de Puebla, Estado de Puebla de los Estados Unidos de M\u00e9xico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1.1. Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o de nacionalidad colombiana y Ra\u00fal Guillermo Fonseca Sandoval de nacionalidad mexicana, contrajeron matrimonio por los ritos de la iglesia cat\u00f3lica el 10 de agosto de 1974 en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el cual se encuentra registrado en la Notar\u00eda Cuarta del Circulo de esta ciudad. (fl. 36 vto.). <\/p>\n
1.2. Los cony\u00fages establecieron su domicilio en la ciudad de Puebla del Estado de Puebla de los Estados Unidos Mexicanos, y durante la uni\u00f3n procrearon a la menor Paula Fonseca Sandoval. <\/p>\n
1.3. De mutuo acuerdo solicitaron a la Jurisdicci\u00f3n civil mexicana decretara el divorcio, petici\u00f3n que fue despachada favorablemente en la sentencia para la que se solicita el exequatur, \u00abla cual adem\u00e1s contiene la liquidaci\u00f3n (sic) de la sociedad conyugal conformada por el hecho del matrimonio\u00bb. <\/p>\n
1.4. \u00abLa se\u00f1ora Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o falleci\u00f3 en la ciudad de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el d\u00eda 4 de julio de 1993, sin haber otorgado testamento, siendo su \u00fanica heredera su hija Paula Fonseca Buend\u00eda\u00bb. <\/p>\n
1.5. Afirma el demandante que \u00abla sentencia de divorcio cuyo exequatur se solicita no versa sobre derechos reales constituidos sobre bienes ubicados en territorio colombiano; no se opone a las leyes colombianas, toda vez que las mismas contemplan la causal esgrimida ante la jurisdicci\u00f3n mexicana por los esposos Fonseca – Buend\u00eda para obtener el divorcio, dado que tal causal se encuentra consagrada en la ley 1a. de 1976, en cuyo caso la sentencia de divorcio equivaldr\u00eda a una separaci\u00f3n de cuerpos, como en la ley 54 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la anterior solicitud, de ella recibi\u00f3 traslado el Ministerio P\u00fablico, el cual fue descorrido mediante escrito del 2 de junio de 1994 (fls. 87 al 91), por medio del cual el Procurador Delegado en lo Civil, conceptu\u00f3 que en el asunto sub judice se encuentran re\u00fanidos los requisitos del art\u00edculo 694 del C. de P. C., salvo el de la constancia de la ejecutoria de la sentencia, y que en el evento de que no se subsanara tal omisi\u00f3n deber\u00edan denegarse las pretensiones de la demanda. De otra parte estim\u00f3, que teniendo en cuenta que el 4 de julio de 1993 falleci\u00f3 en la ciudad de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 la c\u00f3nyuge divorciada, sin haber otorgado testamento, \u00abes ineficaz la sentencia de exequatur que se dicte en el proceso de la referencia, ya que en caso de que fuese favorable, deber\u00eda entrar a liquidarse la sociedad conyugal por el juez competente conforme a las reglas generales, actuaci\u00f3n que puede realizarse dentro del proceso de sucesi\u00f3n de la c\u00f3nyuge Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o, ya iniciado como lo afirma el demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Por prove\u00eddo del 14 de junio de 1994 (fls. 93 y 94), se abri\u00f3 la causa a pruebas, decret\u00e1ndose como tales los documentos acompa\u00f1ados con la demanda, y, oficiosamente, se dispuso solicitar informaci\u00f3n al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a s\u00ed exist\u00eda reciprocidad diplom\u00e1tica \u00f3 en su defecto legislativa entre Colombia y Los Estados Unidos de M\u00e9xico. <\/p>\n
En virtud de la iniciativa oficiosa, el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores, inform\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n (fl.101), que no hay convenio bilateral, pero que a nivel multilateral existe la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, realizada por la Organizaci\u00f3n de los Estados americanos en Montevideo el 8 de mayo de 1979. Instrumento internacional que fu\u00e9 aprobado por Colombia mediante ley 16 de 1981, y ratificado el 10 de septiembre del mismo a\u00f1o, y que por su parte M\u00e9xico deposit\u00f3 el instrumento de ratificaci\u00f3n el 12 de junio de 1987. De lo anterior anex\u00f3 la respectiva fotocopia, (fls. 98 al 100). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Vencido el t\u00e9rmino probatorio se corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones, en orden a lo dispuesto por el numeral 6o. del art\u00edculo 695 del C. de P. C., facultad de la que no hizo uso ninguno de los interesados, ni tampoco el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no observ\u00e1ndose defecto alguno, que por tener virtualidad para invalidar lo actuado y no haberse saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al art. 145 del C. de P. C., corresponde resolver sobre el fundamento de la solicitud presentada, para lo cual son pertinentes las siguientes <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
6. En virtud del art\u00edculo 693 del ordenamiento procesal civil \u00abLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb. La disposici\u00f3n precedente tambi\u00e9n se aplica a los laudos arbitrales proferidos en el exterior. <\/p>\n
6.1. Lo anterior se ha admitido como una excepci\u00f3n a la soberan\u00eda de los Estados, seg\u00fan la cual son sus jueces quienes deben administrar justicia en el respectivo territorio, \u00abbasada en exigencias practicas de internacionalizaci\u00f3n y eficacia de la justicia, consistente en permitir que decisiones de jueces de otros pa\u00edses surtan efectos en Colombia, mientras que se respeten determinados principios sustanciales y procesales, los cuales la legislaci\u00f3n colombiana ha enumerado en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acogiendo sin lugar a dudas el sistema llamado de la ‘regularidad internacional de los fallos extranjeros’, sistema que consiste en aceptar por norma de cumplimiento en el pa\u00eds, de providencias de esa naturaleza, en la medida en que se reunan ciertas exigencias m\u00ednimas se\u00f1aladas previamente por la legislaci\u00f3n con el fin de precaverse de las ‘irregularidades internacionales’ de que las ameritadas sentencias puedan adolecer\u00bb. (Sentencia No.090 del 19 de julio de 1994. Expediente No. 3894. n. p.). <\/p>\n
6.2. En lo atinente a esta especie, ha dicho la Corte, \u00ab… se combinan, entonces, dos sistemas, el de la reciprocidad diplom\u00e1tica con el de la reciprocidad legislativa, de manera que, como se ha reiterado en numerosas ocasiones por la doctrina jurisprudencial, ‘.. en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos Tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…’. (G. J., ts.LXXX, pag. 464, CLI, pag. 69), CLVIII pag. 78 y CLXXVI pag. 309 entre otras), lo que en otras palabras significa que aquellos cap\u00edtulos de los c\u00f3digos de procedimiento civil constituyen estatutos legales subsidiarios que bien puede decirse, cual lo ense\u00f1aba Eduardo J. Couture (Procedimiento, Primer Curso, T. III. pag. 63), ‘funcionan en segundo t\u00e9rmino’ y para los supuestos en los cuales Colombia no ha celebrado con paises extranjeros un convenio que fije el valor de una sentencia dictada por otra soberan\u00eda\u00bb. (Sentencia No. 184. del 24 de mayo de 1989. n. p.). <\/p>\n
6.3. En el asunto sub judice se demostr\u00f3 la existencia de un tratado -La Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros- por el cual los Gobiernos de los Miembros de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, de los cuales forman parte los Estados Unidos de M\u00e9xico y Colombia, se comprometieron a reconocer eficacia extraterritorial en los Estados Partes, a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras dictados en procesos civiles, comerciales o laborales, siempre y cuando se re\u00fanan las siguientes condiciones, se\u00f1aladas en el art\u00edculo 2o. de la misma Convenci\u00f3n: <\/p>\n
\u00aba. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados aut\u00e9nticos en el Estado de donde proceden; <\/p>\n
\u00abb. Que la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios seg\u00fan la presente convenci\u00f3n, est\u00e9n debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
\u00abc. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto; <\/p>\n
\u00abd. Que el Juez o Tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
\u00abe. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional deban surtir efecto; <\/p>\n
\u00abf. Que se haya asegurado la defensa de las partes; <\/p>\n
\u00abg. Que tengan el car\u00e1cter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; <\/p>\n
\u00abh. Que no contrar\u00eden manifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6.4. Por su parte el art\u00edculo 3o. id., consagra que \u00abLos documentos de comprobaci\u00f3n indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes: <\/p>\n
\u00aba. Copia aut\u00e9ntica de la sentencia o del laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional; <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abb. Copia aut\u00e9ntica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del art\u00edculo anterior; <\/p>\n
\u00abc. Copia aut\u00e9ntica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el car\u00e1cter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
6.5. Precisado lo anterior, procede la Corte a examinar el acervo probatorio recaudado a fin de determinar si se re\u00fanen las condiciones se\u00f1aladas. Al efecto se observa lo siguiente: <\/p>\n
a) En los autos obra copia de la sentencia de divorcio cuyo reconocimiento se pide, as\u00ed como de la providencia judicial que la declar\u00f3 ejecutoriada y dispuso su ejecuci\u00f3n (fls. 43 vto. al 46), copias estas que en cuanto se encuentran debidamente aut\u00e9nticadas por el C\u00f3nsul General de Colombia en M\u00e9xico (fl. 53 vto.), hace presumir que se expidieron con observancia de las formalidades externas que permiten considerarlas aut\u00e9nticas en dicho pa\u00eds, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 259 del C. de P. C. <\/p>\n
b) Puesto que Ra\u00fal Guillermo Fonseca Sandoval y Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o ten\u00edan su domicilio conyugal en la ciudad de Puebla Estado de Puebla de los Estados Unidos Mexicanos, seg\u00fan lo afirmaron en la solicitud del divorcio (fl.12), y se establece con los documentos anexados con la demanda, que el fallo fue dictado por la autoridad jurisdiccional competente en el orden internacional, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 14 de la ley 1a. de 1976 en concordancia con el art. 12 de la ley 25 de 1992. <\/p>\n
<\/p>\n
c) Dado el car\u00e1cter eminentemente voluntario del asunto decidido a trav\u00e9s de la sentencia cuyo reconocimiento se solicita, la cual es el resultado de una petici\u00f3n presentada por los c\u00f3nyuges interesados en obtener por mutuo consentimiento el divorcio (fls. 12 al 19), era innecesario exigir la documentaci\u00f3n se\u00f1alada en el literal b del art\u00edculo 3o. de la Convenci\u00f3n en menci\u00f3n, a fin de acreditar si en el proceso en cuesti\u00f3n se cumpli\u00f3 con las garant\u00edas procesales consagradas en los literales e y f del art\u00edculo 2o. idem. <\/p>\n
d) En cuanto a la condici\u00f3n de que las sentencias extranjeras no deben contrariar \u00abmanifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n\u00bb, hay que destacar, que no obstante que para la \u00e9poca en que se declar\u00f3 \u00abdisuelto el matrimonio celebrado por los se\u00f1ores LUCIA BUENDIA LONDO\u00d1O Y RAUL GUILLERMO FONSECA SANDOVAL\u00bb (Fl. 44 vto.), la ley colombiana no ten\u00eda autorizado el divorcio para el matrimonio celebrado por los ritos cat\u00f3licos y menos a\u00fan el mutuo consentimiento como causal, procede conceder el exequatur, en atenci\u00f3n a que por la ley 25 de 1992, se consagr\u00f3 el divorcio en los matrimonios religiosos (art. 5o.), y el mutuo consentimiento como causal (art. 6o. numeral 9o.), adem\u00e1s de que la demanda (fls. 12 al 19) y sentencia en cuesti\u00f3n (fls. 43 vto. al 45), cumplen en lo esencial -alimentos, cuidado personal y r\u00e9gimen de visitas de los hijos comunes, etc.- las reglas se\u00f1aladas por la legislaci\u00f3n procedimental civil para este tipo de divorcios (Art. 9o. id.). Esto resulta ser as\u00ed, porque \u00abel orden p\u00fablico que ha de apreciarse como relevante al decidir sobre el exequatur, es el existente al momento del otorgamiento de \u00e9ste y no al momento de proferirse la decisi\u00f3n extranjera\u00bb, seg\u00fan lo dijo la Corte en la sentencia del 19 de julio de 1994, antes citada. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Conceder el exequatur a la sentencia proferida por el Juzgado Primero en lo Familiar de Puebla, Estado de Puebla de los Estados Unidos de M\u00e9xico, el 13 de marzo de 1987, en cuanto decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por LUCIA BUENDIA LONDO\u00d1O y RAUL GUILLERMO SANDOVAL, declar\u00f3 disuelta la sociedad conyugal y aprob\u00f3 el convenio \u00abque arregla la situaci\u00f3n de los hijos habidos en el matrimonio\u00bb. <\/p>\n
Los efectos ser\u00e1n los propios de la ley colombiana, particularmente, en lo relacionado con la sucesi\u00f3n de la c\u00f3nyuge Luc\u00eda Buend\u00eda Londo\u00f1o. <\/p>\n
Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6o., 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 1873 de 1971, ord\u00e9nase la inscripci\u00f3n de esta providencia y de la sentencia reconocida, tanto en el folio de registro del matrimonio como en el de nacimiento de Lucia Buendia Londo\u00f1o, que reposan en la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones a las que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE Y NOTIFIQUESE. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
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