S-068-1995 [4644]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de mil novecientos noventa cinco (l.995) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 4644 <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, procede la Corte a decidir la solicitud de exequatur eleva por Jaime Rojas, respecto de la sentencia de 16 de septiembre de 1991, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripci\u00f3n Judicial del estado T\u00e1chira -Venezuela-, en el proceso de divorcio promovido por \u00e9l contra Virginia Matamoros Buitrago, tambi\u00e9n colombiana, en relaci\u00f3n con el matrimonio civil celebrado en Venezuela el 29 de julio de 1.997. <\/p>\n
I.-Antecedentes <\/p>\n
1.- El citado Jaime Rojas suplic\u00f3 el exequatur para que la aludida sentencia for\u00e1nea produzca efectos en Colombia y para que se ordene, en consecuencia, que la Notar\u00eda Primera de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 tome nota de la decisi\u00f3n en el competente registro del estado civil de las personas. <\/p>\n
2.- Basa el demandante sus pretensiones en los hechos que a continuaci\u00f3n se relacionan: <\/p>\n
<\/p>\n
a.- Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado T\u00e1chira en Venezuela, entabl\u00f3 demanda de divorcio contra su c\u00f3nyuge Virginia Matamoros Buitrago. <\/p>\n
b.- El divorcio le fue concedido por sentencia 16 de septiembre de 1991, previo el cumplimiento del tr\u00e1mite pertinente y la pr\u00e1ctica de las pruebas respectiva. <\/p>\n
c.- La sentencia en menci\u00f3n, al no ser recurrida, encontr\u00f3 ejecutoria el 15 de noviembre de 1991. <\/p>\n
3.- Admitida la anterior solicitud, di\u00f3se de ella traslado al Ministerio P\u00fablico; y como el interesado manifestase desconocer el paradero de la demandada, orden\u00f3se su emplazamiento en la forma prevenida por el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de procedimiento Civil,lo que culmin\u00f3 con la designaci\u00f3n de un curador con quien se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- El curador nombrado, manifest\u00f3 su conformidad con las pretensiones del demandante. No as\u00ed el Procurador Delegado en lo Civil, quien reclam\u00f3 la prueba de la reciprocidad necesaria para la prosperidad del exequatur. <\/p>\n
Rituado el tr\u00e1mite que legalmente corresponde para este asunto, pasa la Corte a decidir lo pertinente. <\/p>\n
II. Consideraciones <\/p>\n
1.- La soberan\u00eda nacional de los Estados impone que sean sus funcionarios judiciales quienes impartan justicia en el respectivo territorio. Tal es la regla general, que implica que Colombia s\u00f3lo reconozca plena validez a las decisiones de sus propios jueces. <\/p>\n
2.- Pero la rigidez absoluta sobre tal punto, am\u00e9n de perjudicar las relaciones de car\u00e1cter internacional entre los Estados, implicar\u00eda desconocer los diferentes y complejos fen\u00f3menos originados por la vinculaci\u00f3n entre los diversos pueblos. <\/p>\n
Se busc\u00f3 entonces un punto de equilibrio, reconociendo excepcionalmente autoridad a fallos proferidos en el exterior; as\u00ed,tal reconocimiento no es de recibo m\u00e1s que cuando entre el Estado Colombiano y aquel en donde se dict\u00f3 la sentencia, exista tratado que obligue a reconocerle fuerza legal; y, en su defecto, que el Estado de donde emana la sentencia, reconozca igualmente efectos a las proferidas en Colombia. En cualquier caso, se requiere la concesi\u00f3n del exequatur, mediante sentencia que se dictar\u00e1 previo el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, atendiendo a las restricciones del precepto 694 ibidem. <\/p>\n
2.- Aplicando lo anterior al evento en estudio, obs\u00e9rvase ante todo que con la documentaci\u00f3n que obra a los folios 63 a 65, queda comprobada la existencia de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales\u00bb, que se encuentra en vigor desde el 14 de junio de 1980 y de la cual son Partes Colombia y Venezuela a partir del 10 de septiembre de 1981 y del 28 de febrero de 1985, respectivamente. <\/p>\n
Y por raz\u00f3n de esa Convenci\u00f3n, tendr\u00e1n eficacia extraterritorial en los Estados Partes, las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales dictadas en procesos civiles, comerciales o laborales. Siempre y cuando, eso s\u00ed, se cumplan las condiciones impuestas por el mismo tratado. <\/p>\n
3.- Existiendo entonces reciprocidad diplom\u00e1tica entre Colombia y Venezuela en virtud de la mencionada Convenci\u00f3n Interamericana, debe verificarse si todas las condiciones all\u00ed mismo requeridas para que opere la extraterritorialidad de las decisiones jurisdiccionales, son reunidas en cuanto hace relaci\u00f3n con la sentencia cuyo exequatur se solicita. <\/p>\n
Los requisitos en cuesti\u00f3n, aparecen relacionados en los art\u00edculos 2o. y 3o. del tratado. Los numerales \u00abd\u00bb, \u00abe\u00bb, \u00abf\u00bb y \u00abh\u00bb del art\u00edculo 2o., exigen que el juez sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar el asunto, de acuerdo con la ley del Estado donde la decisi\u00f3n debe surtir efecto; que tambi\u00e9n en forma sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley de ese Estado, se hayan surtido en el extranjero la notificaci\u00f3n o el emplazamiento del demandado; que se haya asegurado la defensa de las partes y que, por \u00faltimo, la decisi\u00f3n extranjera no contrar\u00ede los principios y leyes de orden p\u00fablico del Estado donde se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n. Por otra parte, el art\u00edculo 3o. de la Convenci\u00f3n, dispone que para solicitar el cumplimiento de las sentencias extranjeras se requiere, entre otros documentos, presentar copia aut\u00e9ntica de las piezas que acrediten la notificaci\u00f3n o emplazamiento del demandado, y la adecuada defensa de las partes. <\/p>\n
4.- En efecto, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 13 de la ley 1a. de 1976, reformatorio del art\u00edculo 163 del C\u00f3digo Civil,el divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se rige por la ley del domicilio conyugal, entendi\u00e9ndose por tal el lugar donde de consuno viven los c\u00f3nyuges y, en su defecto, el lugar del domicilio del c\u00f3nyuge demandado. <\/p>\n
Y ning\u00fan documento de los que obran en autos permite afirmar que Venezuela fuese el domicilio conyugal para la \u00e9poca del proceso de divorcio. Es m\u00e1s:todo lo contrario demuestran tales documentos. As\u00ed: la demanda en fue presentada en Venezuela por el c\u00f3nyuge Jaime Rojas el 26 de junio de 1.990, pero el 13 de junio de ese mismo a\u00f1o los esposos al disolver notarialmente su sociedad conyugal ante una Notar\u00eda de C\u00facuta, expresaron que era esa ciudad la de su domicilio; Y en la demanda de exequatur se afirma que Virginia Matamoros- la c\u00f3nyuge- es vecina y residente en C\u00facuta, \u00abseg\u00fan la \u00faltima informaci\u00f3n que data del a\u00f1o 1.990\u00bb. Por lo dem\u00e1s, tampoco resulta posible inferir ese domicilio del texto de la sentencia, pues ninguna referencia se hace all\u00ed sobre tal punto, sin que sea posible siquiera determinar si la demandada compareci\u00f3 personalmente al proceso. <\/p>\n
Se insiste en que la ley Colombiana tolera -como excepci\u00f3n al principio de la extraterritorialidad que contempla el art\u00edculo 19 del C\u00f3digo Civil-, que al divorcio del matrimonio celebrado por nacionales colombiana en el extranjero se aplique, no la ley del lugar donde se celebr\u00f3 el matrimonio, o la de cualquier otro Estado, sino, se repite, la del domicilio conyugal. <\/p>\n
De donde, al no aparecer demostrado en el caso sub-judice que era Venezuela el lugar del dicho domicilio, no es posible reconocer efectos en Colombia a la sentencia de divorcio all\u00ed proferida. Porque, por una parte, no ser\u00eda el Juez de ese pa\u00eds el competente para conocer del asunto, cual lo ordena el art\u00edculo 2o. literal \u00abd\u00bb de la Convenci\u00f3n Interamericana; y porque, por la otra, la aplicaci\u00f3n de la ley, -procesal y sustancial-, de un pa\u00eds diferente al del domicilio conyugal, contrar\u00eda en forma manifiesta el art\u00edculo 13 de la ley 1a. de 1976, que es de orden p\u00fablico. Violaci\u00f3n esta \u00faltima que tampoco es tolerada por la citada Convenci\u00f3n. – Art\u00edculo 2o. literal \u00abh\u00bb. <\/p>\n
5.- Por \u00faltimo, no hay para que hacer referencia a las implicaciones que en cuanto al derecho de defensa tiene el haberse adelantado un proceso en lugar diferente al del domicilio del demandado; porque la Convenci\u00f3n Interamericana se encarga de exigir, como requisitos de comprobaci\u00f3n indispensable para solicitar el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales de los Estados Partes, entre otros documentos, la copia autentica de las piezas necesarias para acreditar que se ha notificado o emplazado debidamente al demandado y que se ha respetado precisamente ese derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
Y tales documentos no fueron agregados. Y si bien la ley procesal colombiana presume con la ejecutoria de la sentencia extranjera la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado,no es posible omitir la prueba de los arriba aludidos requisitos, porque cada uno de los Estados Partes en la Convenci\u00f3n, habr\u00e1n de exigirlas para conceder eficacia a los fallos extranjeros. <\/p>\n
De todo lo anterior, fuerza es concluir que no es posible acceder al Exequatur solicitado. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
Resuelve: <\/p>\n
No conceder el exequatur a la sentencia arriba referenciada. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
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