S-071-1995 [4339]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n que Manuel Rodr\u00edguez Cuervo, Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez viuda de Su\u00e1rez y Fabriciano, Publio y Jos\u00e9 Andr\u00e9s Reyes Cuervo formularon contra la sentencia de 30 de septiembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el proceso ordinario que promovieron los dos primeros y Balbina Cuervo de Reyes (progenitora fallecida de los tres \u00faltimos precitados) contra el municipio de Chiquiza (Boy.). <\/p>\n
<\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. El juicio se adelant\u00f3 con el fin de <\/p>\n
que a los demandantes se los declarase due\u00f1os del inmueble denominado \u00abEl Recuerdo\u00bb (antes \u00abAdyacentes\u00bb), ubicado en la vereda \u00abEl Monte\u00bb del municipio de Chiquiza, alindado y especificado como aparece en la respectiva demanda, y para que, en consecuencia, se condenase al demandado a restituirles el predio junto con los frutos debidos y las cosas que de \u00e9l hacen parte, y se inscribiese en el registro inmobiliario la sentencia que as\u00ed lo disponga. <\/p>\n
2. Para ello adujeron haber adquirido el bien por adjudicaci\u00f3n que se les hizo en la mortuoria de sus padres Juana Mar\u00eda Cuervo y Tom\u00e1s Cuervo, seg\u00fan sentencia que profiri\u00f3 el juzgado civil del circuito de Tunja, y cuyo proceso se protocoliz\u00f3 por la escritura 615 de 14 de marzo de 1989 de la notar\u00eda segunda de la precitada ciudad; tales causantes, a su turno, hab\u00edanlo adquirido \u00aben reparto de Ind\u00edgenas, seg\u00fan diligencia del 4 de Febrero de 1.839\u00bb. <\/p>\n
3. El municipio se opuso a las pretensiones, indicando que los actores no tienen ning\u00fan derecho real sobre el predio, dado que el que pretenden reivindicar no corresponde con el determinado en la demanda. <\/p>\n
Es de subrayarse que aunque al proceso fueron convocadas inicialmente otras personas, finalmente se adelant\u00f3 s\u00f3lo contra el municipio de Chiquiza, de conformidad con lo dispuesto por auto de 11 de julio de 1990. <\/p>\n
4. La primera instancia fue clausurada por el juzgado tercero civil del circuito de Tunja mediante sentencia estimatoria de 8 de abril de 1992, la que sin embargo revoc\u00f3 el tribunal superior de Tunja al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por el demandado, en cuyo fallo decidi\u00f3 a cambio denegar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Relatada la cuesti\u00f3n litigiosa, not\u00f3 la importancia que tiene en esta clase de juicios el establecer si el t\u00edtulo que presente el actor data de tiempo anterior a la posesi\u00f3n del demandado. Lo cual hizo muy a prop\u00f3sito, porque enseguida destac\u00f3 que en el sub lite no se configura dicha hip\u00f3tesis, toda vez que, tras analizar la prueba recaudada, determin\u00f3 que la posesi\u00f3n aqu\u00ed alegada arrancaba desde el a\u00f1o 1986, y que el mero t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n, que data de 1989, es ineficaz para derribar la presunci\u00f3n de due\u00f1o que entra\u00f1a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Y, a su juicio, el otro t\u00edtulo en que ensay\u00f3 apuntalarse la parte demandante, o sea la escritura p\u00fablica 223 de 21 de marzo de 1839, \u00abno puede acogerse\u00bb, por cuanto que, en primer lugar, no est\u00e1 registrado, \u00abomisi\u00f3n que le resta toda eficacia probatoria por expresa disposici\u00f3n de los art\u00edculos 2 y 43 del decreto 1250 de 1970\u00bb; y , en segundo lugar, porque no est\u00e1 probado que el inmueble en \u00e9l referido \u00absea el mismo que les fue adjudicado a los actores en el proceso sucesorio\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, as\u00ed, que los demandantes \u00abno obtienen respaldo jur\u00eddico en la cadena de t\u00edtulos esgrimidos, y al no sucederse este predicado, el t\u00edtulo que est\u00e1 inscrito a su nombre, por no ser anterior a la posesi\u00f3n del demandado, carece de aptitud para destruir la presunci\u00f3n de propietario que le atribuye la ley\u00bb. <\/p>\n
III. El recurso extraordinario <\/p>\n
1. Form\u00falase al amparo de la primera causal de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con fundamento en los siguientes hechos: <\/p>\n
Al proceso se adjunt\u00f3, am\u00e9n de la escritura 615 de 14 de marzo de 1989, el folio de matr\u00edcula inmobiliaria radicado bajo el No. 070-0063522, en el que consta que ella fue inscrita \u00abteniendo como antecedente el reparto de Ind\u00edgenas llevado a efecto por el Estado el d\u00eda 4 de febrero de 1.839\u00bb. <\/p>\n
La oficina de registro abri\u00f3 el folio el 21 de febrero de 1.989, con base en la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, \u00aby tom\u00f3 como antecedente el citado reparto de Ind\u00edgenas\u00bb. Esto porque al momento de inscribirse dicha sentencia no se encontr\u00f3 all\u00ed otro antecedente, \u00abo el libro respectivo donde constan los repartos de Ind\u00edgenas que realiz\u00f3 el Estado por la \u00e9poca en que ocurri\u00f3 el reparto\u00bb. <\/p>\n
En la inspecci\u00f3n judicial practicada, el a quo dio por identificado el predio cuyo dominio ostentan los demandantes \u00abcon fundamento en los t\u00edtulos escriturarios ya mencionados\u00bb, el mismo que ahora posee el municipio de Chiquiza. <\/p>\n
Los actores indagaron en la oficina de registro si \u00aben verdad no exist\u00eda alg\u00fan antecedente hist\u00f3rico sobre el predio en menci\u00f3n\u00bb, y lograron establecer all\u00ed que \u00abexiste un libro en el que constan los repartos de ind\u00edgenas de 1839\u00bb; pero que el reparto del 4 de febrero de ese a\u00f1o \u00abno fue posible encontrarlo en raz\u00f3n del alarmante deterioro que presenta el Libro y de la falta de numerosas hojas del mismo\u00bb, cual lo certific\u00f3 el propio Registrador el 21 de enero de 1994 y lo verificaron directamente los recurrentes. <\/p>\n
Der\u00edvase que la culpa de que el reparto de ind\u00edgenas efectuado el 4 de febrero de 1839, \u00abhecho a favor de TOMAS y JUANA MARIA CUERVO\u00bb, es atribuible al Estado, \u00abquien debe conservar de los documentos\u00bb. Tal hecho no es imputable a los impugnantes; hubo, pues, fuerza mayor. <\/p>\n
\u00abSi en la Notar\u00eda Primera de Tunja, en sus archivos, consta el reparto de Ind\u00edgenas del 4 de febrero de 1839 y en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja se logra establecer un libro en el que constan los repartos de ind\u00edgenas anteriores al 4 de febrero de 1839 y posteriores a esta fecha, es de suponer, con sana l\u00f3gica, que all\u00ed debi\u00f3 reposar el reparto de ind\u00edgenas en el que se le adjudic\u00f3 a TOMAS y JUANA MARIA CUERVO el predio que hoy reclaman sus herederos, pero que debido, como ya lo dije, al deterioro y p\u00e9rdida de hojas del libro no es posible localizarlo\u00bb. <\/p>\n
Resulta parad\u00f3jico, adem\u00e1s, que el municipio de Chiquiza, no obstante decirse poseedor, al propio tiempo les reciba a los demandantes \u00abreligiosa y candorosamente el valor del impuesto predial\u00bb. <\/p>\n
Cuanto a la falta de identidad entre los linderos del predio objeto del reparto de ind\u00edgenas y los del que posee el municipio, debido a que, seg\u00fan lo dijo el sentenciador, \u00abno hay claridad en los que rezan en el reparto de ind\u00edgenas ni coincidencia con los linderos actuales\u00bb, arguyen los recurrentes que los integrantes de la Comisi\u00f3n de dicho reparto no tuvieron en cuenta \u00abel sistema actual de hectariaje o de metros cuadrados para medir la tierra sino que se habl\u00f3 de fanegadas, medida hoy en desuso\u00bb. Comentario que a\u00f1adi\u00f3 el recurrente as\u00ed: \u00abLa Comisi\u00f3n de reparto, se limit\u00f3 a esbozar unos linderos y si se lee detenidamente el texto de dicho reparto, con las dem\u00e1s adjudicaciones ocurri\u00f3 lo mismo, es decir, por ning\u00fan aspecto aparecen medidas exactas ni mojones o hitos de f\u00e1cil determinaci\u00f3n, dado muy seguramente al hecho de que dichas tierras, para la \u00e9poca estaban v\u00edrgenes lo que hac\u00eda dif\u00edcil su medida y m\u00e1s bien pudo hacerse el reparto a puro c\u00e1lculo visual\u00bb. <\/p>\n
No obstante el a quo hall\u00f3 plena identificaci\u00f3n entre el objeto reclamado y el pose\u00eddo por el demandado; s\u00f3lo que \u00abno s\u00e9 por qu\u00e9 extra\u00f1o malabar el Tribunal lo desconoci\u00f3\u00bb. Adem\u00e1s, el municipio jam\u00e1s demostr\u00f3 que el predio \u00abEl Recuerdo\u00bb, sea distinto del que posee de su parte. <\/p>\n
Y los actores averiguaron que en el lugar no hay otro predio que con el nombre susodicho figure a nombre de Tom\u00e1s y Juana Mar\u00eda Cuervo. <\/p>\n
Generalizando, concluye el recurrente que de haber arrimado con la demanda la certificaci\u00f3n sobre cu\u00e1l fue la causa de \u00abno encontrarse\u00bb el registro del reparto de ind\u00edgenas del 4 de febrero de 1839, \u00abmuy distinta\u00bb habr\u00eda sido la decisi\u00f3n del tribunal. Con ella -dice-, ciertamente se hubiera demostrado que la imposibilidad de aportar \u00abtal hecho\u00bb no es imputable a los particulares sino al Estado mismo. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ya con el acopio cabal de cuanto elemento de juicio existe en el expediente, ti\u00e9nese que la controversia planteada en el proceso gir\u00f3 en torno a un inmueble ubicado en una vereda del municipio de Chiquiza, de explotaci\u00f3n agr\u00edcola. Cuesti\u00f3n que no s\u00f3lo fluye indiscutida del expediente, sino aceptada expresamente algunas veces. En el proceso obran, en efecto, diversos elementos de convicci\u00f3n que as\u00ed lo confirman; sucede con el dictamen pericial rendido en la primera instancia (folios 8 y 9 del cuaderno 5), en el que aparece consignada n\u00edtidamente aqu\u00e9lla explotaci\u00f3n; lo propio con el que se rindi\u00f3 para justipreciar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. Y fue una destinaci\u00f3n similar la que se pact\u00f3 cuando el municipio dio en arrendamiento el inmueble a los demandados iniciales en este proceso, seg\u00fan aparece de documentos tales como los que militan a folios 128 y 134 del cuaderno principal; es m\u00e1s: en el Incora se tramit\u00f3 la solicitud que uno de ellos, Herminio L\u00f3pez, elev\u00f3 all\u00ed para que se le adjudicase (folio 55 del mismo cuaderno). <\/p>\n
Y, en fin, la propia demanda de revisi\u00f3n parte de esa premisa, pues que el recurrente disiente del fallo acusado porque no consulta la filosof\u00eda del decreto 2303 de 1989, que, como de todos es sabido, cre\u00f3 la jurisdicci\u00f3n agraria. <\/p>\n
2. La relaci\u00f3n jur\u00eddica objeto del debate es, pues, agraria, y tiene origen en la controversia sobre la propiedad de un fundo rural (art. 1o. del decreto precitado); y exactamente se trata de un proceso (reivindicatorio) de los que de manera expresa menciona el art. 2o. ib\u00eddem. Cosas que juntas, y cada una por s\u00ed, est\u00e1n indicando que el pleito cae sin discusi\u00f3n alguna bajo la \u00e9gida de la jurisdicci\u00f3n agraria, y que, por consecuencia, \u00e9sta hubiera sido la llamada a conocer del asunto si es que durante la tramitaci\u00f3n del juicio hubiese entrado en funcionamiento en el distrito judicial de Tunja. Pero como esto no ha sucedido all\u00ed, es por lo que ninguna objeci\u00f3n existe a que fuera la jurisdicci\u00f3n civil la que agotara las instancias, seg\u00fan la previsi\u00f3n del art\u00edculo 140 in fine. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, siendo que la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada se decidi\u00f3 como agraria, la cual, it\u00e9rase, est\u00e1 gobernada por el Decreto 2303 de 1989 fluye indiscutido que la sentencia que defini\u00f3 la segunda instancia de la misma no es susceptible de impugnarse mediante revisi\u00f3n, sencillamente porque tal decreto apenas s\u00ed consagr\u00f3 como recurso ordinario el de apelaci\u00f3n y como extraordinario el de casaci\u00f3n; \u00aben ninguna de sus reglas y normas alude siquiera impl\u00edcitamente al extraordinario de revisi\u00f3n. De modo que si los recursos en general tienen que ser establecidos por el legislador con sujeci\u00f3n por supuesto a la Carta Pol\u00edtica, con mayor raz\u00f3n tienen que ser los extraordinarios, toda vez que estos por su naturaleza deben referirse a determinadas providencias, a la par que no basta la mera inconformidad de quien se siente agraviado, sino que su procedencia exige causal espec\u00edfica. Luego si el ordenamiento jur\u00eddico que vino a regular \u00edntegramente el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n agraria no habla de este recurso s\u00edguese que no existe en esta \u00e1rea jur\u00eddica, conclusi\u00f3n \u00e9sta que no contrar\u00eda la prevenci\u00f3n del art. 139 del citado estatuto, como que la aplicaci\u00f3n de reglas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a los procedimientos agrarios, tiene ocurrencia en los eventos de vac\u00edos o lagunas de la reglamentaci\u00f3n procedimental agraria. Tiene, pues, lugar para llenar los silencios de actividad o tr\u00e1mites, pero no para el llamado Derecho Procesal Material, esto es aqu\u00e9l que define actos procesales o crea institutos de proceso, como los recursos. Tampoco se opone al debido proceso, porque se refiere a un recurso extraordinario y no al que da ocasi\u00f3n a las dos instancias, el de apelaci\u00f3n o alzada (art. 29 y 31 C.N.) [Prove\u00eddo de 3 de junio de 1993]. Tanto m\u00e1s evidente si al mismo cuerpo normativo (decreto 2303) le impone al juez el deber de rechazar los recursos \u00abque no est\u00e9n legalmente autorizadas\u00bb (art. 16, num. 2). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, la sentencia que en este proceso dict\u00f3 el tribunal superior de Tunja, no era susceptible de impugnarse mediante revisi\u00f3n; de manera que si ahora est\u00e1 plenamente definido tal cosa, lo que corresponde es que la Corte se inhiba de decidir dicha impugnaci\u00f3n, como as\u00ed se dispondr\u00e1. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
Como corolario de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, se inhibe de decidir el recurso de revisi\u00f3n interpuesto contra la sentencia de 30 de septiembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el proceso ordinario de Manuel Rodr\u00edguez Cuervo, Ver\u00f3nica Rodr\u00edguez viuda de Su\u00e1rez y Balbina Cuervo de Reyes contra el municipio de Chiquiza. <\/p>\n
Con arreglo a lo estatuido en el numeral 4 del art. 679 del C. de P. C., canc\u00e9lase la cauci\u00f3n constituida dentro del tr\u00e1mite de la revisi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, devu\u00e9lvase al tribunal susodicho el expediente contentivo del proceso aludido, excepto el cuaderno inherente al recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
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