S-075-1995 [4948]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintiseis (26) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Rad. Expediente 4948 <\/p>\n
Decide la Corte la petici\u00f3n de exequatur de la sentencia del 4 de abril de 1990, proferida por el Juzgado Comarcal de Horgen, Canton Zurich (Suiza), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre HANS KUENZLI o K\u00dcNZLI y MARTHA CONSUELO ROZO ORTIZ, quien de casada llev\u00f3 los apellidos KUENZLI ROZO. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Se afirma en el libelo introductorio que HANS KUENZLI y MARTHA CONSUELO ROZO contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Pedro Mar\u00eda Urue\u00f1a, estado del T\u00e1chira (Venezuela), el 22 de marzo de 1988, el cual fue registrado el d\u00eda siguiente en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Los esposos KUENZLI-ROZO decidieron radicarse en Suiza. Empero, debido a que el matrimonio no funcion\u00f3, el se\u00f1or KUENZLI decidi\u00f3 demandar el divorcio del matrimonio ante el Juzgado o Tribunal de Horgen, cant\u00f3n Zurich (Suiza), habiendo obtenido sentencia favorable a sus pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Procurador Delegado en lo Civil, tras apoyarse en sendas citas doctrinarias, pone de presente la naturaleza e importancia de la petici\u00f3n que se resuelve. Repara, igualmente, en las atribuciones constitucionales de la Procuradur\u00eda, aspecto en torno al cual concluye que por mandato de la nueva Carta pol\u00edtica Nacional, se abre un gran espectro de intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, pudiendo participar en todos los procesos civiles y laborales sin limitaci\u00f3n, siempre y cuando sea para defender cualquiera de los intereses consagrados en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 277. <\/p>\n
Para finalizar, advierte que en el presente asunto no se ha acreditado la reciprocidad, bien sea diplom\u00e1tica o legislativa, raz\u00f3n por la cual la prosperidad de la demanda se supedita a dicha prueba. <\/p>\n
3. Agotado el t\u00e9rmino probatorio y habiendo transcurrido en silencio el que se concedi\u00f3 en forma com\u00fan a las partes para que presentaran sus alegaciones, se impone decidir lo pertinente, a lo cual procede la Corte conforme a las siguientes: <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. No se puede emprender el estudio del asunto sub-iudice sin abordar previamente el an\u00e1lisis de los alcances del art\u00edculo 13 de la ley 1a. de 1976, con miras a determinar si se establece en \u00e9l una excepci\u00f3n al requisito del exequatur a que alude el art\u00edculo 694 del C. de P.C. El cabal discernimiento de aquel precepto envuelve la distinci\u00f3n entre dos cuestiones que, si bien estrechamente ligadas entre s\u00ed, son esencialmente distintas. La una ata\u00f1e a la determinaci\u00f3n del juez competente para conocer de una demanda de divorcio que por sus peculiares circunstancias se conecte con el derecho extranjero, y, la otra, concierne a la ley material aplicable en tal supuesto. <\/p>\n
1.1. Si de la competencia del juez se trata, las reglas que la determinan son de orden p\u00fablico, y, salvo contadas excepciones, incumben al r\u00e9gimen procesal interno de cada pa\u00eds, donde, para fijarla, se acude a diversos criterios, como puede ser el de la nacionalidad del interesado, o el de la territorialidad absoluta, caso en el cual someten a las autoridades nacionales la decisi\u00f3n de todos los litigios relacionados con los habitantes de su territorio, naturales o extranjeros, o, en fin, a cualquiera otra circunstancia que le merezca especial reconocimiento. <\/p>\n
1.2. El otro aspecto, por el contrario, se relaciona con la inquietud que se le suscita el juez nacional sobre si en un determinado asunto debe aplicar la ley material de su pa\u00eds o la del extranjero, cuesti\u00f3n que se encuentra tratada por reglas que suelen denominarse \u00abde colisi\u00f3n\u00bb, o \u00abde elecci\u00f3n\u00bb, y por medio de las cuales el derecho privado de cada Estado delimita en el espacio la validez de su propia normatividad, disponiendo c\u00faando debe aplicarse y c\u00faando no, supuesto este en que entonces somete la soluci\u00f3n de la controversia a la aplicaci\u00f3n del derecho. extranjero. <\/p>\n
Para tal prop\u00f3sito, el art\u00edculo 18 del C\u00f3digo Civil Colombiano consagra el principio, ya revisado en otros \u00e1mbitos, de la territorialidad absoluta de la ley, por cuya virtud se somete al imperio del derecho nacional a todos los habitantes del pa\u00eds, sean estos nacionales o extranjeros, proposici\u00f3n jur\u00eddica que, dada su vastedad, asienta reglas de competencia, inclusive. Paralelamente, el art\u00edculo 19 ejusdem, adopta, con similar rigurosidad, el denominado estatuto personal, o ley nacional, al disponer que los colombianos residentes o domiciliados en pa\u00eds extranjero, permanecer\u00e1n sujetos a las leyes nacionales en estos asuntos: \u00ab…1) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o en asuntos de competencia de la Uni\u00f3n. 2) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus c\u00f3nyuges y parientes indicados en el inciso anterior\u00bb. <\/p>\n
Dada la rigidez con que el C\u00f3digo adopt\u00f3 aquellos principios, y que no pocos inconvenientes pueden originar al momento de su aplicaci\u00f3n, la ley 1a. de 1976, en frente de la innegable existencia de una comunidad mundial de intereses que exige del derecho internacional privado contempor\u00e1neo la adopci\u00f3n de criterios flexibles que permitan la aplicaci\u00f3n universal y uniforme de la ley extranjera en algunos en asuntos en que anta\u00f1o ello no era permisible, acogi\u00f3 el criterio del \u00abdomicilio conyugal\u00bb como factor para determinar la ley aplicable a los divorcios que de alg\u00fan modo entren en contacto con el derecho extranjero. En efecto, en el art\u00edculo 13 se dice que \u00abel divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero se regir\u00e1 por la ley del domicilio conyugal…\u00bb, precepto que en sentir de la mayor\u00eda de la Sala, no tiene un alcance distinto al de ofrecerle al juzgador nacional la pauta a seguir con miras a la elecci\u00f3n de la norma aplicable en un asunto que por su complejidad deje entrever una eventual colisi\u00f3n con legislaciones for\u00e1neas, sin que de all\u00ed pueda derivarse, entonces, que tal norma asigne a los jueces extranjeros la soluci\u00f3n de los conflictos de esa especie, atribuci\u00f3n que, salvo los tratados internacionales, solo compete al r\u00e9gimen procesal interno de cada pa\u00eds, ni que para su soluci\u00f3n est\u00e9 remitiendo invariablemente al derecho privado extranjero, puesto que bien puede suceder que el derecho que deba ser aplicado sea el nacional. <\/p>\n
Pi\u00e9nsese, por ejemplo, en una pareja conformada por dos extranjeros que celebraron matrimonio civil en el exterior, pero que establecieron el domicilio conyugal en Colombia. Frente a un proceso de divorcio tramitado ante el juez colombiano que asume competencia por ser este el domicilio conyugal, atendiendo la regla que se comenta, el litigio deber\u00e1 fallarse al amparo del derecho colombiano por haberse hallado ac\u00e1 el domicilio de la pareja. <\/p>\n
Si no puede inferirse v\u00e1lidamente que la susodicha norma atribuya al juez extranjero el conocimiento de los conflictos de la naturaleza referida, ni que indefectiblemente los litigios de esa estirpe deban solucionarse conforme al derecho privado for\u00e1neo, menos todav\u00eda puede pensarse que contiene una excepci\u00f3n a la regla del art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en el cual, sin distinciones de ninguna \u00edndole, se exige el cumplimiento del requisito del exequatur para abrirle paso a la ejecuci\u00f3n de las sentencias extranjeras, previa verificaci\u00f3n de las dem\u00e1s condiciones legales. <\/p>\n
1.3. Al respecto ha dicho la Corte que: \u00aba) El principio de la aplicaci\u00f3n al divorcio de matrimonio civil de las normas propias del domicilio conyugal, a que se contrae el precepto en comento, adem\u00e1s de ser espec\u00edfico en la materia, toca \u00fanicamente con la aplicaci\u00f3n de la ley extranjera y es ajeno en un todo a otro principio con perfil propio y de \u00edndole procesal, de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, seg\u00fan el cual, por regla general, las sentencias extranjeras no producen efectos en el territorio patrio. O sea, que una cosa es la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se somete a definici\u00f3n de una autoridad jurisdiccional y las normas que esta debe aplicar para decidir lo pertinente, y otra diferente el valor en s\u00ed de la sentencia que finalmente se profiere al efecto cuando su autor\u00eda proviene de un juez for\u00e1neo. <\/p>\n
\u00bb M\u00e1s exactamente, la sentencia extranjera que resuelve sobre una pretensi\u00f3n es en un todo diferente a la que provee sobre la solicitud de exequatur, puesto que esta obedece a la necesidad de un tr\u00e1mite inspirado en el principio de la soberan\u00eda estatal, hasta el punto de que en \u00e9l no se discute la justicia o el acierto del fallo extranjero, sino que, de modo exclusivo, se verifican o controlan otros aspectos de ese proceso que pueden llegar a afectar el orden jur\u00eddico nacional; verificaci\u00f3n o control tanto m\u00e1s explicables y justificables cuando la sentencia extranjera ha sido dictada en un proceso de declaraci\u00f3n constitutiva que, en esencia, como ocurre en el caso del divorcio de matrimonio civil, genera un estado jur\u00eddico nuevo y, por ende, determina la modificaci\u00f3n de los propios registros del estado civil en el pa\u00eds donde se quiere que aquella produzca efectos. <\/p>\n
\u00bb b) El art\u00edculo 13 de la ley 1a. de 1976, que corresponde al art\u00edculo 163 del C\u00f3digo Civil Colombiano, es una t\u00edpica norma de derecho internacional privado, que debe ser entendida como una excepci\u00f3n al principio de la extraterritorialidad de la ley colombiana que contempla el art\u00edculo 19 del C\u00f3digo Civil, consistente entre otras hip\u00f3tesis, en que `los colombianos residentes o domiciliados en pa\u00eds extranjero permanecer\u00e1n sujetos a las disposiciones de este C\u00f3digo y dem\u00e1s leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles en los relativo al estado de las personas…'\u00bb (Sentencia del 2 de febrero de 1994). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de concluirse que la norma en comento no constituye una excepci\u00f3n al mandato imperativo del art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que exige que se cumpla el requisito del exequatur como uno de los presupuestos para que las sentencias extranjeras produzcan efectos en Colombia, sin que al respecto sea permitido al int\u00e9rprete ensayar distinciones que el mencionado precepto no contempla. <\/p>\n
2. Dicho lo anterior, es oportuno recordar que el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional es, sin lugar a dudas, una de las mas trascendentes manifestaciones de la soberan\u00eda Nacional, puesto que el Estado Colombiano se atribuye para s\u00ed la facultad de que sean las decisiones de sus jueces las que puedan producir efectos jur\u00eddicos en su territorio. Lo anterior no obsta, sin embargo, para que de manera excepcional y en desarrollo de conocidos principios del Derecho Internacional Privado, y siempre y cuando se re\u00fanan de modo cabal los requisitos exigidos por la ley para el efecto, los laudos y sentencias proferidos en pa\u00eds extranjero puedan producir tambi\u00e9n tales efectos, caso en el cual debe acreditarse la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa. <\/p>\n
Tiene lugar la primera, esto es, la diplom\u00e1tica, cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la sentencia objeto de exequatur se ha celebrado un tratado p\u00fablico en virtud del cual los Estados intervinientes reconocen en forma rec\u00edproca efectos jur\u00eddicos a las sentencias proferidas en el otro u otros de los suscriptores. <\/p>\n
A su vez, existe reciprocidad legislativa cuando la naci\u00f3n extranjera le otorga efectos a la sentencia proferida en nuestro pa\u00eds, en correspondencia de lo cual, igual fuerza se le concede a las decisiones de sus jueces en el territorio colombiano. <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, gravita sobre el demandante la carga de probar la mencionada correlatividad diplom\u00e1tica o, en su defecto, la legislativa. Obra al folio 33 del expediente, comunicaci\u00f3n del Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores seg\u00fan la cual, entre Colombia y Suiza no existen tratados que establezcan el reconocimiento rec\u00edproco de las sentencias dictadas por las respectivas autoridades judiciales en proceso de divorcio civil. <\/p>\n
Tampoco prob\u00f3 el demandante que las leyes de aqu\u00e9l pa\u00eds concedieran la misma eficacia que aqu\u00ed reclama a las decisiones de los jueces Colombianos, raz\u00f3n por la cual no puede salir avante su petici\u00f3n. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NO CONCEDE el exequatur de la sentencia del 4 de abril de 1990, proferida por el Juzgado Comarcal de Horgen, Canton Zurich (Suiza), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre HANS KUENZLI o K\u00dcNZLI y MARTHA CONSUELO ROZO ORTIZ, de casada KUENZLI ROZO. <\/p>\n
Sin costas. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
A C L A R A C I O N D E V O T O <\/p>\n
Referencia: Expediente No.4948 <\/p>\n
1.- Aun cuando comparto la decisi\u00f3n de no conceder el exequatur solicitado respecto de la sentencia proferida el 4 de abril de 1990 por el Juzgado Comarcal de Horgen, Canton Zurich (Suiza), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre HANS KUENZLI o KUNZLI y MARTHA CONSUELO ROZO ORTIZ, quien de casada llev\u00f3 el apellido KUENZLI ROZO, me veo en la imperiosa necesidad de aclarar el voto, con todo respeto, por cuanto disiento de la motivaci\u00f3n para adoptar la decisi\u00f3n contenida en esta sentencia, en raz\u00f3n de que, a mi juicio, la denegaci\u00f3n del exequatur a la sentencia mencionada, no ha debido fundarse en la falta de prueba de los requisitos para concederlo, sino en el car\u00e1cter innecesario del exequatur para que esa sentencia surta efectos en Colombia. <\/p>\n
2.- En efecto, la exigencia del exequatur para que las sentencias extranjeras puedan adquirir eficacia en el Estado Colombiano, no es absoluta, sino relativa, como acontece en el caso sub-lite, pues, conforme a lo dispuesto por el art\u00edculo 13 de la Ley 1a. de 1976, que subrog\u00f3 el texto anterior del art\u00edculo 163 del C\u00f3digo Civil, la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial por sentencia judicial en que se decrete el divorcio fue deferida por el legislador colombiano a lo que al respecto disponga \u00abla ley del domicilio conyugal\u00bb, es decir la del \u00ablugar donde los c\u00f3nyuges viven de consuno\u00bb y, en defecto de \u00e9sta, donde viva el \u00abc\u00f3nyuge demandado\u00bb. <\/p>\n
3.- Ello significa, entonces, que el Estado Colombiano, en ejercicio de su soberan\u00eda, decidi\u00f3 aut\u00f3nomamente eximir del requisito de la obtenci\u00f3n del exequatur a las sentencias en que el juez extranjero competente decretare el divorcio, ya sea por una causal establecida en la legislaci\u00f3n respectiva, porque, consider\u00f3 que, en tal caso no se afecta el orden p\u00fablico interno colombiano, conforme a los preceptos contenidos en los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 1a. de 1976, pues, el reconocimiento de ese divorcio decretado por una autoridad judicial extranjera, no se encuentra sujeto a ning\u00fan requisito por la primera de las disposiciones legales mencionadas, lo que, en cambio, resulta diferente cuando se trata de divorcio decretado en el exterior respecto de matrimonio civil celebrado en colombia, caso en el cual se requiere que la causal para decretarlo se encuentre admitida por la ley colombiana, conforme al art\u00edculo 14 de la Ley 1a. de 1976, lo que, como es obvio, requiere la intervenci\u00f3n de la autoridad judicial competente para verificarlo. <\/p>\n
Fecha ut-supra. <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
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