S-091-1995 [5083]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y cinco 91995).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No 5083 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la solicitud de exeq\u00faatur formulada por CARLOS ARTURO PALAU BONILLA, encaminada a que produzca efectos en la Rep\u00fablica de Colombia la sentencia de divorcio de fecha 30 de junio de 1988, proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda, Rep\u00fablica de Venezuela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I.- En apoyo de su pretensi\u00f3n el actor refiri\u00f3 que con MARILDA VERA HERNANDEZ \u201ccontrajo matrimonio el d\u00eda 22 de febrero de 1985 ante el JUEZ OCTAVO DE PARROQUIA CECILIO JUAREZ MORA DEL DEPARTAMENTO LIBERTADOR DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA VENEZUELA\u201d, y posteriormente en sentencia sobre la cual recae la solicitud de exeq\u00faatur, se decret\u00f3 el divorcio de los c\u00f3nyuges \u201cpor abandono total de conformidad con el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo Civil Venezolano\u201d. Agreg\u00f3, que el matrimonio se encuentra registrado conforme a las leyes de la Rep\u00fablica de Colombia en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, que durante el matrimonio no se procrearon hijos, que la sentencia citada no se opone a las leyes ni a disposiciones de orden p\u00fablico y que \u201cExiste plena causal de identidad por la cual se decret\u00f3 el DIVORCIO, con la contemplada por la ley primera de 1976, numeral 8o. art\u00edculo 154, Art. 6 Ley 25 de 1992 vigente en la Rep\u00fablica de Colombia\u201d. <\/p>\n
II.- Admitida la demanda y emplazada la demandada por desconocimiento de su domicilio, se le design\u00f3 curador para la litis, quien en su respuesta manifest\u00f3 que no se opon\u00eda a la declaratoria del exeq\u00faatur siempre y cuando se cumplieran con todos los requisitos de ley sobre reciprocidad legislativa y diplom\u00e1tica. Tambi\u00e9n se cit\u00f3 al Ministerio P\u00fablico, consignando el Procurador Delegado en lo Civil, que deb\u00eda darse tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de pruebas a fin de \u201cestablecer el fundamento para otorgar la validez de la sentencia…\u201d. <\/p>\n
III.- Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, corresponde a la Corte decidir. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil precept\u00faa que \u201cLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d, lo que equivale a decir, que nuestra legislaci\u00f3n positiva, como muchas otras, atendiendo consideraciones de utilidad y solidaridad internacional, permite por excepci\u00f3n y bajo ciertas condiciones de car\u00e1cter sustancial y procesal, que decisiones judiciales extranjeras -tengan eficacia dentro del territorio patrio, ya en virtud de tratados internacionales vigentes reciprocidad diplom\u00e1tica-, o ya en virtud de existir en el pa\u00eds extranjero ley que le otorgue valor a las sentencias proferidas por la justicia colombiana -reciprocidad legislativa-. <\/p>\n
2.- Dicho de otra manera, la soberan\u00eda de los Estados, impone que sean sus propios jueces quienes administren e impartan justicia dentro del respectivo territorio, de ah\u00ed que, por regla general, las decisiones de Jueces de otros pa\u00edses, no se pueden hacer valer en Colombia. Sin embargo y por excepci\u00f3n, \u00e9stas adquieren vigencia atendiendo primeramente, a lo estipulado en los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos \u00f3rganos judiciales provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en el pa\u00eds: subsidiariamente y, a falta de derecho convencional, pueden acogerse las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza otorgada por esa ley a las dictadas en Colombia, en ambos casos dentro del marco del tr\u00e1mite especial previsto para el efecto, o como lo dice la Corte \u201csiempre que re\u00fanan los requisitos de legalidad que all\u00ed mismo se establecen, que no afecten el orden p\u00fablico ni las jurisdicciones nacionales, y que en el pa\u00eds donde se pronunci\u00f3 la sentencia se reconozca igual valor a las del pa\u00eds en donde se le quiere hacer cumplir, o se haya estipulado en tratados p\u00fablicos…\u201d (G.J.T. CLXIII, p\u00e1g. 78). <\/p>\n
3.- A nivel bilateral no existe convenio suscrito entre Colombia y Venezuela acerca del reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades judiciales de los dos pa\u00edses en asuntos matrimoniales. Sin embargo, a nivel multilateral existen los convenios sobre Ejecuci\u00f3n de Actos Extranjeros suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911 y la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979. <\/p>\n
4.- En este orden de ideas, imponi\u00e9ndose a cada Estado contratante la obligaci\u00f3n de reconocer, en los t\u00e9rminos acordados las decisiones de car\u00e1cter jurisdiccional emanadas del otro Estado contratante, es preciso establecer si para el caso presente se cumplieron a cabalidad las exigencias de las que depende el reconocimiento solicitado a la luz de la \u00faltima Convenci\u00f3n citada, aprobada mediante Ley 16 de 1981, con dep\u00f3sito de ratificaci\u00f3n efectuado, en vigor para Colombia desde el 10 de octubre de 1981, de la cual forma parte Venezuela, quien deposit\u00f3 su instrumento de ratificaci\u00f3n el 28 de febrero de 1985, convenci\u00f3n \u00e9sta que rige la materia y que en cuanto a la misma, sustituy\u00f3, con pocas variantes, el primer convenio multilateral firmado en Caracas por Colombia y Venezuela, el 18 de Julio de 1911, aprobado por la Ley 16 de 1o. de octubre de 1913, con ratificaci\u00f3n depositada el 28 de julio de 1914. <\/p>\n
5.- Dicho tratado exige en su art\u00edculo 3o., literales a y b, que se allegue \u201ccopia aut\u00e9ntica de la sentencia o del laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional\u201d y, copia aut\u00e9ntica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los inciso e) y f) del art\u00edculo anterior, que se refieren a que \u201cel juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto\u201d, y a la debida notificaci\u00f3n del demandado, en forma \u201csustancialmente equivalente\u201d a la aceptada en Colombia, y al aseguramiento del derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
6.- Conforme al mentado convenio no hay duda que la solicitud de exeq\u00faatur para la sentencia extranjera a que se refiere la demanda aqu\u00ed instaurada es procedente, toda vez que se trata de una sentencia civil proferida por un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de un Estado Venezolano, competente para proferirla seg\u00fan su propia legislaci\u00f3n, la que por lo dem\u00e1s es compatible con la colombiana. <\/p>\n
7.-A folios 2 a 6 obra copia del fallo de juez extranjero que declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo del matrimonio contra\u00eddo entre MARILDA VERA HERNANDEZ Y CARLOS ARTURO PALAU BONILLA, as\u00ed como la constancia de que dicha providencia qued\u00f3 definitivamente en firme y se orden\u00f3 su ejecuci\u00f3n, copia que re\u00fane todos los recaudos diplom\u00e1ticos y administrativos de legalizaci\u00f3n y legitimaci\u00f3n de firmas que exige el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para que tenga pleno valor en el pa\u00eds, la que por lo dem\u00e1s debe presumirse expedida con observancia de las formalidades externas que permite tenerla como aut\u00e9ntica en Venezuela. <\/p>\n
8.- De otra parte seg\u00fan el literal h. del art\u00edculo 2o. de la Convenci\u00f3n Interamericana referida, la eficacia extraterritorial en los Estados Partes de las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros que menciona el art\u00edculo 1o., no pueden contrariar \u201cmanifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n\u201d, lo cual no es mas que la indispensable defensa de principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo. <\/p>\n
9.- Del contexto de la providencia en estudio, se desprende que frente a la legislaci\u00f3n nacional, es procedente el exeq\u00faatur para la sentencia extranjera a que se refiere la demanda incoatoria, dado que se trata de sentencia civil, que declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial y orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la comunidad conyugal, la cual fue proferida por un juez venezolano, investido de competencia para dictarla conforme a su propia legislaci\u00f3n, que en cuanto a su contenido y efectos guarda consonancia con el r\u00e9gimen de divorcio matrimonial consagrado en la Ley 25 de 1992, siendo por este aspecto compatible con la legislaci\u00f3n colombiana. <\/p>\n
10.- Advi\u00e9rtese que, en acatamiento a lo prescrito en el art\u00edculo 6o. del convenio multilateral analizado y lo estatuido en el numeral 2 del art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el tr\u00e1mite del exeq\u00faatur se surti\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n con audiencia del respectivo agente del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
12.- Lo dicho es suficiente para concluir que debe accederse a la petici\u00f3n del demandante. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, concede el EXEQUATUR a la sentencia calendada el 30 de junio de 1988, proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Distrito Federal y Estado de Miranda, Rep\u00fablica de Venezuela, por medio de la cual se declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial entre MARILDA VERA HERNANDEZ y CARLOS ARTURO PALAU BONILLA y, se orden\u00f3 liquidar la sociedad conyugal. <\/p>\n
Ord\u00e9nase la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida en el respectivo folio de registro civil del matrimonio (Art\u00edculos 6o. 106 y 107 del Decreto 1873 de 1970; 9o. de la Ley 25 de 1992 y 13 del Decreto 1873 de 1971. L\u00edbrense las correspondientes comunicaciones. <\/p>\n
Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE EL EXPEDIENTE. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
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