S-116-1995 (4366)<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Referencia: Expediente No.4266 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante JOSE DE JESUS TRUJILLO TRUJILLO contra la sentencia del 7 de septiembre de 1992 proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en este proceso DIVISORIO que promovi\u00f3 el demandante recurrente frente a la sociedad \u00abCultivos Santa Mar\u00eda del Monte S.A.\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante libelo presentado ante el se\u00f1or Juez Civil del Circuito de Turbo (Antioquia) Jos\u00e9 de Jes\u00fas Trujillo Trujillo, por conducto de apoderado judicial demand\u00f3 a la sociedad \u00abCulti\u00advos Santa Mar\u00eda del Monte S.A., -antes \u00abOrtiz Franco & C\u00eda. S. en C.\u00bb, para que previa observancia de los ritos procesales consagrados en el libro 3o. T\u00edtulo XXVI, Cap\u00edtulo I del C. de P.C., se decretara la partici\u00f3n material del inmueble descrito en el hecho primero de la demanda, de acuerdo a los derechos de cada uno de los comuneros; y una vez aprobada la partici\u00f3n, se dispusiera la entrega a los comuneros de la parte del inmueble que a cada uno le corresponda. <\/p>\n
2.- Las s\u00faplicas referidas se hicie\u00adron descansar en los hechos que a continuaci\u00f3n se indican: <\/p>\n
2.1.- Jos\u00e9 de Jes\u00fas Trujillo Trujillo ha detentado en comunidad con la sociedad \u00abCultivos de Santa Mar\u00eda del Monte S.A.\u00bb un lote de terreno de aproximada\u00admente veinte (20) hect\u00e1reas situado en la zona sub-urbana del Municipio de Apartad\u00f3 con el nombre de \u00abMaquil\u00f3n\u00bb, comprendido dentro de los linderos que se consignan y sobre el cual no se ha pactado indivisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- El demandante tiene derecho a la tercera parte (1\/3) del bien comunitario, el cual fue habido conjuntamente con Jaime Jos\u00e9 Ortiz Betancur y Fabio Vel\u00e1squez Mej\u00eda, por compraventa a Ram\u00f3n Antonio Jaramillo P\u00e9rez, seg\u00fan escritura p\u00fablica 287 del 18 de mayo de 1987 de la Notar\u00eda Unica de Turbo, debidamente registrada. <\/p>\n
2.3.- El comunero Jaime Jos\u00e9 Ortiz Betancur vendi\u00f3 su derecho al comunero Fabio Vel\u00e1squez Mej\u00eda, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica 255 del 14 de febrero de 1983 de la Notar\u00eda Octava de Medell\u00edn, quedando el \u00faltimo de los nombrados con las dos terceras partes (2\/3) del dominio sobre el inmueble se\u00f1alado. <\/p>\n
2.4.- A su vez Fabio Vel\u00e1squez vendi\u00f3 a la sociedad \u00abOrtiz Franco & C\u00eda S. en C.\u00bb, hoy \u00abCultivos Santa Mar\u00eda del Monte S.A.\u00bb, dicho derecho como consta en la escritura p\u00fablica No. 2611 del 17 de agosto de 1984 de la Notar\u00eda 8a. de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.5.- El inmueble en cuesti\u00f3n es susceptible de partici\u00f3n material, sin causar menoscabo a los derechos del otro comunero y sin que se afecte negativamente su valor. <\/p>\n
3.- Admitida la demanda por providen\u00adcia del 13 de septiembre de 1985 (fol 14 c.1), se orden\u00f3 correrla en traslado al demandado, quien oportunamente la contest\u00f3, aceptando los fundamentos de hecho en que ese escrito se apoya, y allan\u00e1ndose las pretensiones ( fl.30 y 31 ib). <\/p>\n
4.- El a-quo por providencia del 14 de octubre de 1987 (fol. 35 ib) decret\u00f3 la divisi\u00f3n material del inmueble de que trata la demanda; y dispuso que por la v\u00eda pericial se estableciera el valor real del bien com\u00fan, as\u00ed como el valor de las cuotas que correspond\u00edan a cada una de las partes vinculadas al proceso. <\/p>\n
5.- Prevenidas las partes para que nombraran partidor, (fl. 82 c.1) y ante el silen\u00adcio de \u00e9stas, se design\u00f3 al Dr. Juan Diego Trujillo B. (fl.82 vto.ib), quien previa posesi\u00f3n, someti\u00f3 a consideraci\u00f3n del juzgado y de las partes, el trabajo de partici\u00f3n que obra a folios 85 a 89 del cuaderno principal. <\/p>\n
<\/p>\n
7.- El a-quo le puso fin a la instancia, por sentencia del 13 de diciembre de 1991 (fl.25 a 29 c 2), mediante la cual declar\u00f3 no probada la obje\u00adci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n propuesta por el mandatario judicial de la parte accionante, y en consecuencia aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n por divisi\u00f3n del lote de terreno denominado MAQUILON, elaborado por el Dr. JUAN DIEGO TRUJILLO BOTERO. <\/p>\n
8.- Inconforme con la anterior decisi\u00f3n la parte demandante la apel\u00f3. Dicho recurso fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia mediante sentencia del 7 de septiembre de 1992 (fls.41 a 46 c.Trib.), por la cual se confirm\u00f3 en su totalidad la sentencia del a-quo. <\/p>\n
<\/p>\n
II- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El ad-quem luego de cotejar los dict\u00e1menes periciales practicados en la primera y en la segunda instancia con las inspecciones judiciales efectuadas en la primera instancia, concluy\u00f3 que las experticias difieren sustancialmente, en que la partici\u00f3n debe darse bajo coordinadas o direcciones distintas. <\/p>\n
<\/p>\n
Puntualizado lo anterior, procedi\u00f3 a examinar las objeciones del demandante a la luz de los conceptos emitidos por los expertos en el dictamen practicado en la alzada. Al efecto encontr\u00f3, que no obstante que los mismos expertos conceptuaban que no exist\u00edan diferencias notables en los predios desde el punto de vista topogr\u00e1fico y agron\u00f3mico, y que no exist\u00edan v\u00edas de acceso al inmueble objeto de la divisi\u00f3n, lo que conllevar\u00eda a recurrir a la imposici\u00f3n o cesi\u00f3n de servidumbre conforme a la ley; estimaban que la partici\u00f3n deb\u00eda hacerse en sentido diferente al aprobado por el juez de primera instancia. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido dijo el Tribunal que no acog\u00eda dicho concepto, ya que el mismo conllevaba \u201cuna pol\u00edtica solo de \u2018modificar por modificar. Pues de acuerdo a las conceptualizaciones pretextualizadas no se avisora entonces lo alegado por el actor en su escrito de objeciones…\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas sostuvo el Tribunal que si dividi\u00e9ndose el inmueble en alguno de los dos sentidos conceptuados en los dict\u00e1menes, los fundos quedaban sin diferencias notables, en cuanto a su producci\u00f3n se refiere, y si ambos estaban sometidos a la imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito, no ten\u00eda ning\u00fan objeto variar la direcci\u00f3n de la divisi\u00f3n insinuada en el primer dictamen. Adem\u00e1s estim\u00f3 que este trabajo ofrec\u00eda mayor credibilidad dado que los peritos conoc\u00edan mejor la zona, puesto que resid\u00edan en ella, y que a\u00fan si se aceptara en gracia de discusi\u00f3n que la divisi\u00f3n deb\u00eda hacerse seg\u00fan el \u00faltimo dictamen, tal insinuaci\u00f3n tampoco ser\u00eda acogible, por no estar de acuerdo con lo pedido por el objetante, pues \u00e9ste quer\u00eda que se hiciera en direcci\u00f3n norte-sur y no noreste-sureste como lo conceptuaron los expertos. <\/p>\n
<\/p>\n
III- LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contra la sentencia de segundo grado cuyo contenido se acaba de resumir, se present\u00f3 un cargo que se resuelve a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P. C. se acusa la sentencia de violar indirectamente el art\u00edculo 14 del Decreto 2303 de 1989, a consecuencia de error de hecho manifiesto en que incurri\u00f3 el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial. <\/p>\n
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Afirma inicialmente el recurren\u00adte, que el tribunal decret\u00f3 oficiosamente la pr\u00e1ctica de una nueva experticia, con el fin de constatar los beneficios, o a contrario sensu, los perjuicios econ\u00f3mico-agr\u00edcolas que se pod\u00edan causar a cada una de las partes con la partici\u00f3n objetada, como tambi\u00e9n para que los peritos conceptuaran en qu\u00e9 sentido o direcci\u00f3n era m\u00e1s procedente para el bien de los intereses de ambas partes fraccionar materialmente dicho predio. <\/p>\n
Sostiene la censura que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al ignorar la experticia rendida por los peritos Juan Fernando Alvarez Castrill\u00f3n y Alberto Correa Villa, \u201cen cuanto que tal ignorancia sustrajo las conclusiones del fallo de los objetivos de equidad y de protecci\u00f3n a la parte d\u00e9bil en este proceso como se lo impone el mandato positivo\u00bb. <\/p>\n
A manera de sustentaci\u00f3n del cargo dice, que el experticio en menci\u00f3n garantizaba a su cliente una f\u00e1cil salida a la v\u00eda p\u00fablica, por un trayecto m\u00e1s reducido que el resultante de cualesquiera otras formas de partici\u00f3n, por lo que resultar\u00eda menos costosa la servidumbre de tr\u00e1nsito, adem\u00e1s se eludir\u00edan \u201clos nocivos efectos de colindancia con una zona de invasi\u00f3n que adem\u00e1s del deterioro econ\u00f3mico y social infligido a la franja asignada, le impide legalizar ahora y en el futuro, una servi\u00addumbre que le d\u00e9 salida por carecer los invasores de t\u00edtulos que los habiliten para ser sujetos pasivos de la acci\u00f3n de servidumbre sobre sus predios\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente asevera el casacionista, que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error el Tribunal al atribuirle al trabajo de partici\u00f3n bondades que no posee, puesto que dicho trabajo no tiene en cuen\u00adta ninguna de las situaciones anotadas, limit\u00e1ndose a consignar la incomunicaci\u00f3n que padece el predio Maquil\u00f3n, pero sin aportar una alternativa que pudiera contrarrestar o atenuar las desven\u00adtajas de orden econ\u00f3mico y de tenencia de tierra que se advirtieron en contra del demandante. <\/p>\n
IV- CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
De la sola lectura del cargo que se ha copiado, prima facie aparece que en su formulaci\u00f3n incurri\u00f3 el censor en varias deficien\u00adcias t\u00e9cnicas que por s\u00ed solas lo hacen impr\u00f3spero. <\/p>\n
En efecto: Como se precis\u00f3 al comienzo del ac\u00e1pite de la demanda de casaci\u00f3n, el recurrente acusa al Tribunal de haber violado el art\u00edculo 14 del Decreto 2303 de 1989, a causa de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial. <\/p>\n
Conforme a dicha norma: \u00abLos jueces y magistrados aplicar\u00e1n la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicci\u00f3n es conseguir la plena realizaci\u00f3n de la justicia en el campo, en consonancia con los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protecci\u00f3n de la parte m\u00e1s d\u00e9bil en las relaciones de tenencia de tierra y de produc\u00adci\u00f3n agraria. <\/p>\n
\u00abLos jueces y magistrados interpretar\u00e1n y aplicar\u00e1n las disposiciones procesales en armon\u00eda con los principios y los fines que gu\u00edan este decreto y, en cuanto no se opongan a ellos, con los que orientan el sistema procesal colombiano\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y como la disposici\u00f3n transcrita, no se refiere a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, ya que no declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n; s\u00edguese que dicha norma no tiene el car\u00e1cter de sustancial, y en consecuencia no sirve para fundar una acusaci\u00f3n con apoyo en la causal 1a. de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, si por v\u00eda de simple hip\u00f3tesis se pasara por alto el defecto de t\u00e9cnica anterior, suficiente por s\u00ed s\u00f3lo para que el cargo no se abra paso, se advierten otros motivos de impros\u00adperidad de la acusaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
1o. En el caso de que se trata, el ad-quem, para confirmar la decisi\u00f3n del a-quo que declar\u00f3 no probada la objeci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n en el proceso divisorio en cuesti\u00f3n, se apoy\u00f3 fundamentalmente en los siguientes elementos de convicci\u00f3n: <\/p>\n
a) Los dict\u00e1menes periciales que corren de folios 8 a 9 del cuaderno No. 2, y, 9 a 12 del cuaderno No.3; y <\/p>\n
b) Las inspecciones judiciales practicadas en la primera instancia. <\/p>\n
De los medios a que atr\u00e1s se alude, la censura se refiere \u00fanicamente el dictamen pericial que corre de folios 9 a 12 del cuaderno No.3, mas no atac\u00f3 el dictamen y las inspecciones judiciales que se practicaron en la primera instancia, pruebas estas que fueron las determinantes en la decisi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
Pues bien. Como el recurrente no enjuicia expresamente el experticio que obra a folios 8 a 9 del cuaderno No.2, como tampoco la prueba de inspecci\u00f3n judicial en que tambi\u00e9n se apoy\u00f3 el Tribunal para fundar la decisi\u00f3n que hoy es objeto del recurso extraordinario, s\u00edguese que el ataque resulta incompleto y, por lo tanto, en virtud de la presunci\u00f3n de acierto dicha decisi\u00f3n permanece inc\u00f3lume, ya que los elementos de convicci\u00f3n que no fueron censurados son suficientes para sostenerla. <\/p>\n
2o. De otra parte sostiene el impugnante que: \u201cel cargo que se le endilga a la sentencia impugnada tiene que ver con el error de hecho que significa ignorar deliberadamente la fuerza demostrativa del trabajo pericial que se viene analizando en cuanto que tal ignorancia sustrajo las conclusiones del fallo de los objetivos de equidad y de protecci\u00f3n a la parte d\u00e9bil de este proceso como se lo impone el mandato positivo\u201d. <\/p>\n
Analizado el cargo, claramente se advierte que el error que se le endilga al falla\u00addor, no es de hecho, sino de derecho, por referirse a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba y no a su contemplaci\u00f3n objetiva. Por dicha raz\u00f3n el cargo tampoco podr\u00eda abrirse paso. <\/p>\n
Corolario de lo anterior es que no prospera el cargo. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de septiembre de 1992 proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en este proceso Divisorio instaurado por JOSE DE JESUS TRUJILLO TRUJILLO frente a la sociedad \u00abCULTIVOS SANTA MARIA DEL MONTE S.A.\u00bb. Antes ORTIZ FRANCO Y CIA. S. en C. <\/p>\n
<\/p>\n
Costas a cargo del demandante-recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, Notif\u00edquese y Devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
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