S-123-1995 [4325]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Referencia: Expediente 4325 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de fecha 30 de octubre de 1992, mediante la cual se desat\u00f3 la segunda instancia del proceso ordinario promovido por Jorge Luis Escudero Henao contra Jos\u00e9 Jes\u00fas Herrera. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I. Las pretensiones de la demanda est\u00e1n dirigidas a que se produzcan las siguientes declaraciones: <\/p>\n
\u201cQue como consecuencia de la declaraci\u00f3n de dominio en favor de las personas se\u00f1aladas en el numeral anterior, se condene al demandado Jos\u00e9 Jes\u00fas Herrera, a restituir seis (6) d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriada la sentencia, a mi mandante, el inmueble descrito en el hecho primero de la demanda. <\/p>\n
\u201cCondenar en abstracto, al demandado Jos\u00e9 Jes\u00fas Herrera, a pagar a mi mandante, seis d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriada la sentencia, el valor de los frutos naturales y civiles del inmueble y no solo los percibidos sino tambi\u00e9n todos aquellos que el due\u00f1o hubiera podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, desde el momento en que tiene la posesi\u00f3n el demandado de mala fe y hasta la entrega del inmueble.\u201d <\/p>\n
II. Los hechos de la demanda, en s\u00edntesis, son los siguientes: <\/p>\n
Jorge Luis Escudero Henao aparece como propietario inscrito de cuatro derechos sobre el lote de terreno denominado \u201cLa linda\u201d, con cabida de 9 hect\u00e1reas, ubicado en la vereda \u201cLa Aurora\u201d, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Balboa – Risaralda. Se mencionan linderos. <\/p>\n
Jorge Luis Escudero le compr\u00f3 el inmueble a Gloria del Socorro Jojoa Rosales, Martha Luc\u00eda Serna de Zapata, Luz Helena Zapata Serna, y Jos\u00e9 Antonio Zapata Serna, mediante escritura p\u00fablica 224 de marzo 23 de 1990. <\/p>\n
Estas personas adquirieron el inmueble por compra hecha a la Asociaci\u00f3n Municipal de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de la Virginia – Risaralda, mediante escritura p\u00fablica 65 de diciembre 17 de 1985. <\/p>\n
La asociaci\u00f3n citada adquiri\u00f3 por compra hecha a Luis Evelio Morales Zapata, mediante escritura p\u00fablica 25, de abril 13 de 1985. <\/p>\n
Luis Evelio Morales adquiri\u00f3 por permuta efectuada con Ricardo Antonio Betancurt, seg\u00fan consta en escritura p\u00fablica 482 de noviembre 20 de 1983. <\/p>\n
Ricardo Antonio Betancurt adquiri\u00f3 por adjudicaci\u00f3n hecha dentro del proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jes\u00fas Antonio Valencia Cano en mayo de 1972. <\/p>\n
Existe una tradici\u00f3n no interrumpida superior a 20 a\u00f1os. <\/p>\n
Jos\u00e9 Jes\u00fas Herrera, poseedor de mala fe, se reputa due\u00f1o sin serlo desde hace aproximadamente 5 a\u00f1os. <\/p>\n
III. A las pretensiones del demandante, el demandado opuso las siguientes excepciones: <\/p>\n
Contrato no cumplido: en cuanto que Luis Evelio Morales prometi\u00f3 en venta mediante permuta al demandado, el inmueble que se pretende reivindicar. Corresponde a Luis Evelio Morales otorgar la escritura p\u00fablica. El contrato se encuentra vigente. <\/p>\n
Nulidad o ineficacia del t\u00edtulo: seg\u00fan la cual, el presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal de la Virginia carec\u00eda de poder para adquirir o vender bienes a nombre de la Junta. Con la escritura p\u00fablica no se protocoliz\u00f3 poder alguno que lo facultara para disponer de los bienes de la comunidad. <\/p>\n
IV. Mediante sentencia de abril 3 de 1992, el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble en favor del demandante y de la comunidad formada por \u00e9ste y otros. <\/p>\n
El fallo conden\u00f3 a la parte demandante al reconocimiento de mejoras en cuant\u00eda de $4.370.000\u00b0\u00b0. Reconoce la providencia, en favor del demandado, derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
El demandado, a su turno, fue condenado a pagarle $1.120.000\u00b0\u00b0 al demandante, por concepto de frutos civiles y naturales, suma esta compensable con la anterior. <\/p>\n
Mediante sentencia de octubre 30 de 1992, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirm\u00f3 la sentencia del A quo. Aclar\u00f3, sin embargo, que la restituci\u00f3n es en favor de la comunidad formada por el demandante y por Mar\u00eda Isabel Obando de Alzate, Jos\u00e9 Miguel Valencia Gordillo, Octavio de Jes\u00fas Casta\u00f1eda y Luis Antonio Olaya Boh\u00f3rquez. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Ad quem, en s\u00edntesis, hace las siguientes consideraciones: <\/p>\n
Son elementos de la acci\u00f3n reivindicatoria: derecho de dominio del demandante, posesi\u00f3n material del demandado, identidad de lo pretendido y lo pose\u00eddo, cosa singular o cosa determinada de cosa singular. <\/p>\n
Tales elementos aparecen acreditados en el proceso con la escritura p\u00fablica 224 de marzo 23 de 1990, el certificado de registro, la confesi\u00f3n del demandado en el sentido de ser poseedor del bien, las declaraciones de Martha Luc\u00eda Serna de Zapata, Jos\u00e9 Antonio Zapata, Gloria del Socorro Jojoa e Ignacio Cleof\u00e1s Guerrero, la inspecci\u00f3n judicial en el inmueble, y las escrituras p\u00fablicas 482 de noviembre 20 de 1983 y 25 de abril 13 de 1985. <\/p>\n
La promesa de venta y la confesi\u00f3n del demandado indican que \u00e9ste no tiene t\u00edtulo constitutivo o traslaticio de dominio que legalice la posesi\u00f3n. Esta es de mala fe, en consecuencia. <\/p>\n
El demandante act\u00faa a nombre de la comunidad de la cual hace parte, circunstancia admitida legalmente, ya que aunque no representa a los otros condue\u00f1os, s\u00ed tiene un inter\u00e9s que se confunde con el de \u00e9stos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada una de las excepciones formuladas por el demandado, el Tribunal hace las siguientes reflexiones: <\/p>\n
EXCEPCION DE CONTRATO NO CUMPLIDO. <\/p>\n
\u201cEl contrato de promesa celebrado por el demandado y el se\u00f1or Luis Evelio Morales Zapata, causante original del t\u00edtulo de dominio que ostenta el demandante, no le es oponible a \u00e9ste porque \u00e9l es tercero a esa relaci\u00f3n de cr\u00e9dito surgida entre aquellos y que solo afecta a \u00e9stos y sus causahabientes a t\u00edtulo universal. El demandante adquiri\u00f3 un derecho real de dominio que como tal es preferente a la relaci\u00f3n personal de los contratantes en la promesa ya que \u00e9sta solo genera obligaci\u00f3n de hacer. Y la posesi\u00f3n no est\u00e1 determinada como entregada por dicho contrato, tal como lo analiza el A quo en la sentencia y la intervenci\u00f3n del t\u00edtulo explicada antes.\u201d. <\/p>\n
NULIDAD O INEFICACIA DEL TITULO. <\/p>\n
\u201cSi el t\u00edtulo del demandante en reivindicaci\u00f3n es v\u00e1lido porque fue emitido por personas capaces que dan su consentimiento de una manera libre, sin vicios, sobre un objeto l\u00edcito y con causa l\u00edcita, no hay por qu\u00e9 adentrarse en la nulidad de los t\u00edtulos anteriores, m\u00e1xime que quien lo opone no es ni ha sido nunca due\u00f1o de la cosa reivindicada. <\/p>\n
\u201cEl t\u00edtulo del actor es justo porque procede de quien seg\u00fan el certificado de registro ha sido su propietario desde antes de que el demandado entrara en posesi\u00f3n. <\/p>\n
PRESCRIPCION AGRARIA. <\/p>\n
\u201cB\u00e1stenos decir que la prescripci\u00f3n aludida no cabe en el presente caso porque el predio no tiene la calidad de bald\u00edo para el demandado, ya que negoci\u00f3 con el propietario su venta, conoc\u00eda de la existencia de un dominio privado sobre el bien y no de un dominio p\u00fablico, condici\u00f3n sine qua nom para poder alegar aquella.\u201d. <\/p>\n
En materia de prestaciones mutuas, el Tribunal afirma: <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 966 dice que el poseedor de buena fe vencido tiene derecho a que se le abonen las mejoras \u00fatiles hechas antes de contestada la demanda; para las hechas despu\u00e9s podr\u00e1 llevarse los materiales de dichas mejoras, siempre que pueda retirarlas sin detrimento de la cosa y el propietario rehuse pagarle el precio que tendr\u00edan dichos materiales despu\u00e9s de separados. Esto \u00faltimo rige tambi\u00e9n para las mejoras voluptuarias (967). Las mejoras necesarias o expensas necesarias se le reconocen a cualquier poseedor sea de buena o mala fe (965).\u201d <\/p>\n
\u201cObran en los autos las declaraciones de Gabriela Bedoya, Mois\u00e9s Mart\u00ednez, Javier Antonio G\u00f3mez Espinosa, Antonio Mar\u00eda V\u00e9lez Aguirre quienes coinciden en declarar que el demandado ha hecho plantaciones de caf\u00e9, resiembras del mismo, de pl\u00e1tano, banano y otros frutales, a partir del momento en que negoci\u00f3 la finca por su casa de la Virginia; unos de ellos son sus amigos y lo han frecuentado all\u00e1 y otros han sido sus trabajadores y han realizado los trabajos por cuenta de aqu\u00e9l, sembrando 4.000 y 5.000 palos de caturro, resiembras de ar\u00e1bigo. <\/p>\n
\u201cPor lo dem\u00e1s las declaraciones de Jos\u00e9 Antonio Zapata y Martha Luc\u00eda Serna de Zapata se\u00f1alan que el predio ten\u00eda unos cafetales viejos y una casa de habitaci\u00f3n de bahareque en mal estado, que en el a\u00f1o de 1990 estuvieron en ella constatando la existencia de las mismas mejoras viejas y enrastrojadas.\u201d. <\/p>\n
El dictamen pericial valora las mejoras agr\u00edcolas en $1.700.000\u00b0\u00b0 . Est\u00e1n representadas en caf\u00e9, pasto, ma\u00edz, tomate, frijol y frutales. Se\u00f1ala que el predio cuenta con una casa de guadua y revoque sin pintar, piso de guadua en el corredor, y una habitaci\u00f3n. Existe, adem\u00e1s, un beneficiadero de guadua y zinc, letrinas con taza sin techo, paredes de guadua y base de cemento, por valor de $400.000\u00b0\u00b0. <\/p>\n
Este dictamen fue objetado por error grave, puesto que a juicio del demandado se cometi\u00f3 un \u201cerror abismal\u201d en el conteo del caf\u00e9. El nuevo dictamen pericial estima que las mejoras agr\u00edcolas ascienden a $4.550.000\u00b0\u00b0, y que el beneficiadero tiene un valor de $300.000\u00b0\u00b0, en tanto que la casa de bahareque, en p\u00e9simo estado, asciende a $350.000\u00b0\u00b0 <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas est\u00e1 demostrado que el demandado s\u00ed ha plantado mejoras desde su ocupaci\u00f3n del predio en 1984, 27 de enero, fecha que surge del contrato de promesa. Ha sembrado caf\u00e9 ar\u00e1bigo, caturra y frutales; plantaciones de pan coger tales como frijol, ma\u00edz, tomate. <\/p>\n
\u201cPara que exista error grave en el dictamen es necesario que se haya variado una cualidad esencial de la cosa como por ejemplo decir que es blanca cuando en realidad es negra; cuando los peritos faltan a los elementos b\u00e1sicos del sentido com\u00fan y de la l\u00f3gica; si ello no es as\u00ed el criterio podr\u00e1 ser equivocado pero no suficiente para desecharlo totalmente. Los errores de fundamentaci\u00f3n operan sobre su m\u00e9rito probatorio porque el juez puede neg\u00e1rselo por indebida fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 241 del C.P.C. por su parte reglamenta la forma como debe ser apreciada por el juez la prueba pericial y dice que si se ha practicado un segundo dictamen \u00e9ste no sustituir\u00e1 al primero sino que se estimar\u00e1 conjuntamente con \u00e9l, excepto cuando prospere objeci\u00f3n por error grave. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas en los dict\u00e1menes practicados hay univocidad en cuanto a las mejoras agr\u00edcolas plantadas, lo que concuerda adem\u00e1s con el informe t\u00e9cnico del Incora: caf\u00e9, pl\u00e1tano, frutales, pastos. Difieren en cuanto al n\u00famero de cafetos y su edad resultando en d\u00e9ficit el primero. Por este aspecto merece m\u00e1s credibilidad el segundo dictamen por el apoyo del informe del Incora y las motivaciones del mismo, adem\u00e1s la impugnaci\u00f3n y la objeci\u00f3n se dirige a la cuantificaci\u00f3n del caf\u00e9 \u00fanicamente y a las mejoras de pan coger.\u201d <\/p>\n
Se\u00f1ala el Tribunal que las plantaciones y construcciones posteriores a la notificaci\u00f3n de la demanda no deben ser reconocidas por el demandante porque en ellas prima la consideraci\u00f3n de mala fe del demandado. <\/p>\n
Tales plantaciones, afirma el Ad quem, no tienen el car\u00e1cter de mejoras necesarias como equivocadamente lo afirma el apelante. <\/p>\n
\u201cLa decisi\u00f3n del A quo entonces respecto de las mejoras reconocidas no ofrece reproche alguno.\u201d. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formula el recurrente, ambos por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, causal primera del art\u00edculo 368 del C.P.C. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de ser violatoria en forma directa de la ley sustancial, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, aplicaci\u00f3n indebida y falta de aplicaci\u00f3n de distintas normas, seg\u00fan se especifica a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 766-3 del C\u00f3digo Civil; 25, 28, 99-4 del decreto 960 de 1970; 1740, 1741 inc. 1 ; 762 inc. 2 del C\u00f3digo Civil; 89 de la ley 153 de 1887; 1602, 1603, 1605, 1606, 1608-1; 1850, 1956, 1958; 749, 1857 inc. 2, 1760, 756 del C\u00f3digo Civil, 12 del decreto 960 de 1970; 1873, 1880, 1881, 1882 inc. 1, 2 y 3, 1884 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 143 inc. 3 del C.P.C., 2323, 2107, 2104 inc. 2, 2105; 1871; 1502; 946, 947 inc. 1, 959, 952, 961, 962, 963 inc. 2, 964 inc. 3 y 4, 965 inc. 2, 966 inc 1, 2 y 4, 969, 970 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El censor se refiere en los siguientes t\u00e9rminos a los desaciertos que en su opini\u00f3n incurri\u00f3 el Tribunal: <\/p>\n
\u201cPRIMER ERROR JURIS: hablar de que \u00b4El art\u00edculo 1871 del C.C….legitima la venta de cosa ajena\u00b4; porque esta consideraci\u00f3n jur\u00eddica, aunque cierta y evidente, es impertinente y extra\u00f1a a la excepci\u00f3n discurrida, y de ninguna manera incide en la nulidad formal (absoluta) de los t\u00edtulos de tradici\u00f3n del demandante. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO ERROR JURIS: Decir que \u00b4Si el t\u00edtulo del demandante en reivindicaci\u00f3n es v\u00e1lido porque fue emitido por personas capaces que dan su consentimiento de una manera libre, sin vicios, sobre un objeto l\u00edcito y con causa l\u00edcito\u00b4 y por lo tanto \u00b4no hay por qu\u00e9 adentrarse en la nulidad de los t\u00edtulos anteriores, m\u00e1xime que quien lo opone no es ni ha sido nunca due\u00f1o de la cosa reivindicada\u00b4; porque el art\u00edculo 1502 C.C. que cita los requisitos gen\u00e9ricos de validez de los actos y contratos, es norma impertinente y extra\u00f1a a la excepci\u00f3n discurrida, como al comienzo y final de esa cita lo trae el mismo Ad quem; y, porque la conclusi\u00f3n del Ad quem no es cierta: aunque el t\u00edtulo inmediato del demandante sea formalmente v\u00e1lido (lo que se dice en gracia de discusi\u00f3n, puesto que la nulidad de un t\u00edtulo precedente disloca la tradici\u00f3n para los t\u00edtulos subsiguientes) s\u00ed es del caso \u00b4adentrarse en la nulidad de los t\u00edtulos anteriores\u00b4, ya que en ellos es en los que el actor funda su tradici\u00f3n; y porque la ley no dice que solo el due\u00f1o pueda oponer la excepci\u00f3n de nulidad contra el reivindicante. <\/p>\n
\u201cTERCER ERROR JURIS: Decir que \u00b4El t\u00edtulo del actor es justo porque procede de quien seg\u00fan el certificado de registro ha sido su propietario desde antes de que el demandado entrara en posesi\u00f3n\u00b4; porque la cadena continua en la tradici\u00f3n, lo que no se discute, no es suficiente para dar validez formal a los t\u00edtulos de tradici\u00f3n que carecen de los requisitos formales para su validez, vale decir, porque la nulidad formal (absoluta) de una escritura p\u00fablica no se acarrea por la discontinuidad en la tradici\u00f3n del inmueble, sino porque uno o varios de los t\u00edtulos, inmediato o precedentes, no re\u00fanan los requisitos formales (o sustanciales, en otro caso) para su validez, como con nitidez lo dice el art\u00edculo 763 inc. 3 C.C. <\/p>\n
\u201cCUARTOS ERRORES JURIS: Decir que \u00b4Los actos de los \u00f3rganos de representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica generan inoponibilidad para \u00e9sta\u00b4, y que por ser \u00b4La Asociaci\u00f3n Municipal de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de la Virginia, Risaralda, empresa comunitaria, un ente jur\u00eddico de car\u00e1cter privado, es ella la \u00fanica legitimada para incoar el t\u00edtulo que se acusa de nulo\u00b4; porque, esa consideraci\u00f3n jur\u00eddica, adem\u00e1s de falsa dado que los representantes de una persona jur\u00eddica s\u00ed la obligan cuando act\u00faan en su nombre y sus actos s\u00ed le son oponibles a la representada, es impertinente y extra\u00f1a a la excepci\u00f3n discurrida por no tener aqu\u00ed relevancia en raz\u00f3n de no discutirse sobre los actos que le son oponibles o no a la persona jur\u00eddica; y porque no es cierto que solo la persona jur\u00eddica sea la \u00fanica legitimada para impugnar, ora como acci\u00f3n ya como excepci\u00f3n, la validez de las escrituras p\u00fablicas que haya otorgado, puesto que es evidente que la legitimaci\u00f3n sustancial es atributo de toda persona, natural o jur\u00eddica y a\u00fan de un patrimonio aut\u00f3nomo o comunidad, que se sienta afectada o padezca alg\u00fan perjuicio serio y actual con la oposici\u00f3n que se le pretenda hacer del acto o contrato contenido en la escritura p\u00fablica viciada, lo que se colige sin esfuerzo del n\u00edtido texto del art\u00edculo 1742 C.C. (con la subrogaci\u00f3n del art. 2 de la ley 50 de 1936), err\u00f3neamente interpretado por el Ad quem, por mutilarle su alcance legitimador para alegar la nulidad. Impl\u00edcitamente, aplic\u00f3 indebidamente aqu\u00ed el Ad quem la limitaci\u00f3n procesal del inc. 3 del art. 143 C.P.C. (con la reforma del art\u00edculo 1-83 del decreto 2282 de 1989) para alegar la nulidad por indebida representaci\u00f3n, que s\u00ed corresponde \u00fanicamente a la persona indebidamente representada; m\u00e1s, por tratarse la discurrida de una excepci\u00f3n sustancial de nulidad absoluta (por ausencia de requisitos formales de las escrituras p\u00fablicas de tradici\u00f3n), y no de una excepci\u00f3n procesal saneable, es patente la impertinencia y aplicaci\u00f3n aqu\u00ed de la limitaci\u00f3n procesal.\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el recurrente se refiere, m\u00e1s a manera de resumen que de an\u00e1lisis, a las 46 normas denunciadas en la censura, una de ellas violada por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, y las dem\u00e1s por falta de aplicaci\u00f3n o por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
En este cargo, el recurrente denuncia como violadas, por iguales conceptos, 36 de las 46 normas denunciadas en el cargo primero. As\u00ed: <\/p>\n
POR FALTA DE APLICACION: los art\u00edculos 749,756, 762-2, 1602, 1603, 1605, 1606, 1608-1, 1760, 1850, 1857-2, 1873, 1880, 1881, 1882-1-2-3, 1884, 1956 Y 1958 del C\u00f3digo Civil. Art\u00edculo 12 del decreto 960 de 1970, y art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
POR APLICACION INDEBIDA: los art\u00edculos 946, 947-1, 950, 952, 961, 962, 963-2, 964-3-4, 965-2, 966-1-2-4, 969, 970, 2104-2, 2105, 2107 y 2323 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El censor sustenta el cargo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cPRIMER ERROR JURIS: Decir que \u00b4El contrato de promesa celebrado por el demandado y el se\u00f1or Luis Evelio Morales Zapata, causante original del t\u00edtulo de dominio que ostenta el demandante, no le es oponible a \u00e9ste porque \u00e9l es tercero a esa relaci\u00f3n de cr\u00e9dito surgida entre aqu\u00e9llos y que s\u00f3lo afecta a \u00e9stos y sus causahabientes a t\u00edtulo universal\u00b4; porque si el se\u00f1or Luis Evelio Morales Zapata es el \u00b4causante principal\u00b4 tanto de la promesa de permuta aducida por el demandado como \u00b4del t\u00edtulo de dominio que ostenta el demandante\u00b4, como lo dice el mismo Ad quem, esa promesa de permuta y los derechos que genera en favor del demandado s\u00ed son oponibles al demandante en raz\u00f3n de generarse ambos contratos en un causante com\u00fan y, principalmente, en raz\u00f3n de que el demandado recibi\u00f3 y entr\u00f3 en posesi\u00f3n de la finca litigiosa antes que el demandante (este nunca ha tenido la posesi\u00f3n, lo que las partes y el Ad quem admiten), todo lo cual tiene asidero en el art. 1873 C.C.; porque si bien es cierto que el art. 1873 C.C. refi\u00e9rese a la venta y \u00e9sta no se ha perfeccionado en el demandado por faltar la escritura p\u00fablica (arts. 749, 756, 1857 inc. 2, 1760, C.C.; 12 del decreto 960 de 1970), no menos cierto es que cuando se expidi\u00f3 el C.C. se prohibi\u00f3 la promesa de contrato por el art. 1611 que dec\u00eda que \u00b4La promesa de celebrar un contrato no produce en ning\u00fan caso obligaci\u00f3n alguna\u00b4, pero como con el art. 89 de la ley 153 de 1887 se autoriz\u00f3 la celebraci\u00f3n de promesas de contrato con sujeci\u00f3n a ciertos requisitos, es necesario armonizar estos preceptos para concluir que quien tenga celebrada promesa de permuta, como el demandado, s\u00ed puede oponer sus efectos contra cualquier persona que pretenda disputarle la posesi\u00f3n que est\u00e9 ejerciendo sobre el predio objeto de la promesa. De lo contrario se vulnerar\u00edan abiertamente los derechos del prometiente permutante (o comprador), aqu\u00ed demandado, que ha entrado en posesi\u00f3n de la finca prometida, en beneficio de un comprador con t\u00edtulo inscrito que nunca tuvo la posesi\u00f3n material y que por lo mismo no debe ser contractualmente preferido, seg\u00fan lo dicho. Todo lo contrario acontecer\u00eda si el demandado, prometiente permutante, no hubiera entrado en posesi\u00f3n material de la finca y no la conservara en la actualidad, con anterioridad a la posesi\u00f3n que nunca ha ejercido el demandante. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO ERROR JURIS: Decir que \u00b4El demandante adquiri\u00f3 un derecho real de dominio que como tal es preferente a la relaci\u00f3n personal de los contratantes en la promesa, ya que \u00e9sta s\u00f3lo genera obligaciones de hacer\u00b4 porque si bien es cierto que el demandante adquiri\u00f3 el dominio sobre la finca litigiosa, no menos cierto es que la promesa de permuta tiene como objeto la adquisici\u00f3n del dominio de esa misma finca litigiosa por parte del demandado, en cuyo caso \u00e9ste seguir\u00eda siendo preferido en la tradici\u00f3n por haber recibido y entrado en posesi\u00f3n material de la finca antes que el demandante, a fortiori cuando los efectos de la escritura p\u00fablica de cumplimiento de la promesa se retrotraer\u00edan a la fecha de la promesa (20 enero 1984).\u201d. <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares a los del primer cargo, el censor hace luego un recuento de las normas indebidamente aplicadas o dejadas de aplicar. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
I. La censura ataca, por separado, las siguientes cuatro apreciaciones del Ad quem: <\/p>\n
– El art\u00edculo 1871 del C.C. legitima la venta de cosa ajena. <\/p>\n
– Puesto que el t\u00edtulo que exhibe el demandante es v\u00e1lido, no hay por qu\u00e9 adentrarse en la nulidad de t\u00edtulos anteriores. <\/p>\n
– El t\u00edtulo del demandante es justo porque procede de quien, seg\u00fan el certificado de registro, ha sido su propietario. <\/p>\n
– S\u00f3lo la Asociaci\u00f3n Municipal de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de la Virginia est\u00e1 legitimada para invocar la nulidad de las escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n
El asunto, minuciosamente presentado por el censor, resulta sin embargo algo m\u00e1s simple al analizar el texto completo del cargo. En tanto que el Tribunal estima que el demandado no est\u00e1 legitimado para impugnar eslabones de la cadena que exhibe el demandante, el recurrente afirma que s\u00ed lo est\u00e1. <\/p>\n
Se trata, entonces, de establecer si el fallador de instancia razon\u00f3 bien en derecho al decir lo que dijo sobre legitimaci\u00f3n. El punto, as\u00ed definido, aparece centrado en el an\u00e1lisis de los art\u00edculos 1741 y 1742 del C.C. <\/p>\n
Pero como el Tribunal no estudi\u00f3 en s\u00ed misma la nulidad alegada por el demandado, por negarle a \u00e9ste legitimaci\u00f3n para invocarla, resulta entonces que la prosperidad de la causa del demandado depende de 2 cosas: <\/p>\n
– De la existencia de un error in judicando del Tribunal al negarle al demandado legitimaci\u00f3n para alegar la nulidad absoluta de las escrituras. <\/p>\n
– De que, en efecto, exista la nulidad, y ella sea suficiente para impedir la reivindicaci\u00f3n del predio. <\/p>\n
II. La v\u00eda directa de la causal primera de casaci\u00f3n plantea un error de juicio del fallador. Existe plena conformidad y armon\u00eda entre recurrente y fallador respecto de los aspectos f\u00e1cticos del proceso. Nada se discute en materia de hechos, o de pruebas, o de apreciaci\u00f3n de la demanda y su respuesta. El error que se le endilga al sentenciador es jur\u00eddico. Consiste en haber interpretado mal la norma que se aplic\u00f3, pese a que era la aplicable, o en no haber aplicado la norma correcta o, por \u00faltimo, simult\u00e1neo con lo anterior, en haber aplicado una norma que no correspond\u00eda al caso. <\/p>\n
La violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial en la forma anotada, permite casar la sentencia en la medida en que dicha violaci\u00f3n haya repercutido en la parte resolutiva del fallo acusado. <\/p>\n
III. En el an\u00e1lisis del sub-lite, la Corte advierte que la violaci\u00f3n de la ley sustancial se anuncia como directa, pero no lo es en el desarrollo del cargo. El casacionista no se margina de las conclusiones a que lleg\u00f3 el Tribunal en el campo f\u00e1ctico, para ubicar sus discrepancias en el plano estr\u00edctamente jur\u00eddico que caracteriza la violaci\u00f3n directa. <\/p>\n
Por el contrario, el censor hace referencias a la errada apreciaci\u00f3n del fallador en el campo probatorio, con lo cual incurre en un error de t\u00e9cnica que impide la prosperidad del cargo. <\/p>\n
En efecto, el casacionista incurre en distintas oportunidades en el campo f\u00e1ctico, as\u00ed: <\/p>\n
Controvierte la apreciaci\u00f3n del Tribunal en cuanto a la naturaleza jur\u00eddica de la Asociaci\u00f3n de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de La Virginia – Risaralda: <\/p>\n
Error Juris, decir que \u201cLos actos de los \u00f3rganos de representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica generan inoponibilidad para \u00e9sta, y que por ser la Asociaci\u00f3n Municipal de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de La Virginia, Risaralda, empresa comunitaria, un ente jur\u00eddico de car\u00e1cter privado, es ella la \u00fanica legitimada para incoar el t\u00edtulo que se acusa de nulo…\u201d <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante: <\/p>\n
\u201c…Pues en no haberse demostrado la representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica que aparece como antecesora en el dominio (Asociaci\u00f3n de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de La Virginia – Risaralda) fue que el demandado fund\u00f3 su excepci\u00f3n de nulidad absoluta…\u201d <\/p>\n
Controvierte lo apreciado por el Tribunal en las escrituras p\u00fablicas 25 de abril 13 de 1985, y 65 de diciembre 17 del mismo a\u00f1o, en cuanto que en ellas no se acredit\u00f3 qui\u00e9n era el representante legal de la persona jur\u00eddica compareciente: <\/p>\n
\u201c…escrituras p\u00fablicas estas 2 \u00faltimas en donde no se acredit\u00f3 quien era el representante legal de la persona jur\u00eddica compareciente, origin\u00e1ndose la nulidad absoluta (formal) alegada…\u201d <\/p>\n
Controvierte lo apreciado por el Tribunal en cuanto al contenido de la promesa de permuta: <\/p>\n
\u201c…Pues, con la promesa de permuta aducida por el demandado se generaron en su favor y continuan vigentes los derechos sustanciales reconocidos por las normas citadas, o sea los derechos a que en su favor se otorgue escritura p\u00fablica por el otro permutante, se\u00f1or Luis Evelio Morales Zapata, para que pueda perfeccionarse la tradici\u00f3n prometida; derechos que son harto suficientes para legitimar al demandado para obtener la nulidad absoluta excepcionada.\u201d <\/p>\n
Controvierte la apreciaci\u00f3n del Tribunal, en cuanto que Luis Evelio Morales Zapata es causante com\u00fan de demandante y demandado: <\/p>\n
\u201cSi el se\u00f1or Luis Evelio Morales Zapata es el causante original tanto de la promesa de permuta aducida por el demandado como del t\u00edtulo de dominio que ostenta el demandante, como lo dice el mismo ad quem, esa promesa de permuta y los derechos que genera en favor del demandado s\u00ed son oponibles al demandante en raz\u00f3n de generarse ambos contratos en un causante com\u00fan y, principalmente, en raz\u00f3n de que el demandado recibi\u00f3 y entr\u00f3 en posesi\u00f3n de la finca litigiosa antes que el demandante…\u201d <\/p>\n
\u201cCon insistencia y por cuanto la noci\u00f3n responde a exigencias l\u00f3gicas bien conocidas, ha sostenido la Corte en forma reiterada que a la violaci\u00f3n de la ley sustancial que constituye el supuesto b\u00e1sico de la causal primera de casaci\u00f3n, se puede llegar por dos caminos diferentes, directamente o por v\u00eda indirecta, distinci\u00f3n que nunca debe perderse de vista. \u2018…Tiene lugar la primera modalidad, cuando sin consideraci\u00f3n a los medios de convicci\u00f3n que le hayan servido al sentenciador para formar su juicio, el fallo inaplica en el litigio un precepto que claramente lo rige, o le aplica el que no lo gobierna o le aplica el que s\u00ed le es pertinente pero d\u00e1ndole un alcance que no le corresponde…\u2019, al paso que se configura la violaci\u00f3n indirecta \u2018…cuando el fallador en la estimaci\u00f3n de la prueba incurre en un error de hecho o en uno de derecho, y a consecuencia de tales desaciertos, deja de aplicar al caso litigioso la norma que verdaderamente lo regula o le aplica una que le es extra\u00f1a…\u2019 (Casaci\u00f3n Civil de 28 de noviembre de 1989 y 13 de febrero de 1992, no publicadas), lo que en el terreno de las consecuencias pr\u00e1cticas equivale a decir, como tambi\u00e9n lo tiene afirmado la doctrina jurisprudencial, que la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial implica, por contraposici\u00f3n a la que a su vez es hip\u00f3tesis propia de la violaci\u00f3n indirecta, que por el juzgador no se haya ca\u00eddo en desacierto alguno, de hecho o de derecho, en el manejo de las probanzas y que, por lo tanto, \u2018…tampoco exista reparo que oponer contra los resultados que en el campo de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica haya encontrado el fallador, como consecuencia del examen de la prueba…\u2019 (G.J. T. CXLVI, pag. 60).\u201d <\/p>\n
Los cargos, en consecuencia, no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de fecha octubre 30 de 1992, en el proceso ordinario promovido por Jorge Luis Escudero Henao contra Jos\u00e9 Jes\u00fas Herrera. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
HECTOR MARIN NARANJO <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-123-1995 [4325] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) Referencia: Expediente 4325 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-81310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-76"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}