S-161-1995 [5302]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 5302 <\/p>\n
Se decide sobre la solicitud de exequatur presentada por FABIOLA TOBON ROJAS para la providencia proferida por la Corte de Asuntos Comunes, Divisi\u00f3n de Familia, del Condado de Allegheny, Pennsylvania, Estados Unidos de Am\u00e9rica, en el proceso de divorcio adelantado contra JOSEPH JOHN HOLLAND. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada por apoderado, FABIOLA TOBON ROJAS solicit\u00f3 el exequatur de la sentencia judicial proferida el 15 de agosto de l991 por la Corte de Asuntos Comunes, Divisi\u00f3n de Familia, del Condado de Allegheny, Pennsylvania, por considerar que se re\u00fanen los requisitos exigidos por el estatuto procesal civil para el efecto. <\/p>\n
2. Fundamenta su solicitud en lo siguientes hechos: <\/p>\n
FABIOLA TOBON ROJAS, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio civil en los Estados Unidos de Am\u00e9rica ante la Corte de Asuntos Comunes del Condado de Allegheny, Pennsylvania el 3 de junio de l989, con JOSEPH JOHN HOLLAND, matrimonio que fue registrado en Colombia en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el 14 de diciembre de l990. <\/p>\n
Este v\u00ednculo fue disuelto mediante la sentencia de divorcio cuyo exequatur se solicita. <\/p>\n
Durante el matrimonio no hubo hijos, ni se adquirieron bienes mientras reg\u00eda la sociedad conyugal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sabido es que la soberan\u00eda de los Estados implica que sean sus magistrados quienes imparten justicia en el \u00e1mbito que circunscribe el territorio de cada uno. Sin embargo, esa soberan\u00eda y m\u00e1s concretamente el principio general de la independencia de los Estados, tiene una excepci\u00f3n basada en exigencias pr\u00e1cticas de internacionalizaci\u00f3n y eficacia de la justicia, consistente en permitir que decisiones de jueces de otros pa\u00edses surtan efectos, mientras que se respeten determinados principios sustanciales y procesales los cuales, en el caso de la legislaci\u00f3n colombiana, son enumerados por los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En apretada s\u00edntesis, esos principios son los siguientes: <\/p>\n
a. Requiere la ley, en primer lugar, la existencia de reciprocidad legislativa o diplom\u00e1tica con el estado extranjero de donde provenga la decisi\u00f3n judicial o arbitral de cuyo reconocimiento se trata. Debe entonces quedar probado en el proceso que existe tratado p\u00fablico vigente entre Colombia y el Estado en el cual se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n respectiva que permita acatar y hacer cumplir las sentencias proferidas en el pa\u00eds requerido; si no existe tratado, debe acreditarse la ley extranjera en la que se consagre la posibilidad de aceptarlas y, naturalmente, la carga de allegar estos elementos demostrativos recae sobre el actor interesado en obtener el exequatur, seg\u00fan se colige del art\u00edculo 174 y siguientes del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
b. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en el territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3. <\/p>\n
c. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento. <\/p>\n
d. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada. <\/p>\n
e. Que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos. <\/p>\n
f. Que en Colombia no exista proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. <\/p>\n
g. Que si se hubiere dictado en proceso contencioso, se haya cumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la ley del pa\u00eds de origen, lo que se presume por la ejecutoria. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, de acuerdo con la evidencia que suministra el expediente, se encuentra que la solicitud de exequatur que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, no re\u00fane la totalidad de las exigencias antes enumeradas, a saber: <\/p>\n
a. No obra en el expediente prueba alguna de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa con el estado extranjero de donde proviene la decisi\u00f3n judicial. En efecto, no existiendo tratado o convenio \u00abvigente que permita el reconocimiento rec\u00edproco de las sentencias proferidas por autoridades colombianas o estadounidenses en el otro pa\u00eds\u00bb como lo certific\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores (F. 36 C. 1), correspond\u00eda al demandante traer la prueba de que la ley del Estado de origen de la decisi\u00f3n judicial proferida, admite la posibilidad de darle paso a las sentencias de igual contenido proferidas por jueces colombianos. <\/p>\n
b. El numeral 3o del citado art\u00edculo 694 exige que la sentencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen\u00bb, texto que en otras palabras quiere significar que el actor debe demostrar la eficacia que tenga en dicho pa\u00eds el acto jurisdiccional de cuyo reconocimiento se trata, pues es apenas obvio suponer que para que dicho acto pueda constituir un t\u00edtulo provisto de fuerza vinculante en el exterior, preciso es que desde un principio y sin lugar a dudas quede establecido que su propio ordenamiento le otorga ese car\u00e1cter, lo que exige verificar por la tanto si seg\u00fan las leyes de aquel Estado, la providencia en cuesti\u00f3n se encuentra o no ejecutoriada. <\/p>\n
En la traducci\u00f3n oficial ordenada de oficio por esta Corporaci\u00f3n, y que ha de ser acogida pues, entre otras cosas, ella no mereci\u00f3 objeci\u00f3n de ninguna clase por los interesados (cfr. fls. 46 a 49 vto. del expediente), no aparece constancia de que la tan citada providencia se encuentre debidamente ejecutoriada, cosa que se afirma, por el contrario, en dos oportunidades en la traducci\u00f3n acompa\u00f1ada con la demanda, circunstancia \u00e9sta que adem\u00e1s de impedir la concesi\u00f3n del exequatur requerido, no deja alternativa distinta a poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes, teniendo en cuenta lo dispuesto por los Art\u00edculos 22 y 182 del C\u00f3digo Penal y 25 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
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c) Por \u00faltimo, y como quiera que por el motivo atr\u00e1s indicado no puede darse por acreditado que la providencia cuyo exequatur se solicita se encuentre ejecutoriada, tampoco es posible presumir que, en el proceso al que ella le debi\u00f3 poner fin, se haya cumplido el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado conforme a la ley del pa\u00eds de origen, y no obra en el informativo medio alguno distinto que permita verificar el cumplimiento de este requisito. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de las breves consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
1. No conceder el exequatur para la decisi\u00f3n judicial proferida el d\u00eda 15 de agosto de l991 por la Corte de Asuntos Comunes, Divisi\u00f3n de Familia, del Condado de Allegheny, Pennsylvania de los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio celebrado entre FABIOLA TOBON ROJAS y JOSEPH JOHN HOLLAND. <\/p>\n
2. De conformidad con lo dicho en la parte expositiva de esta providencia, exp\u00eddase copia \u00edntegra del expediente con destino a la Fiscal\u00eda Regional de la ciudad de Cali para que, en cuanto encuentre m\u00e9rito para hacerlo de acuerdo con la ley, se inicie y adelante investigaci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con la elaboraci\u00f3n y el uso posterior de la traducci\u00f3n que como anexo de la demanda, obra a folios 5 a 7 de este cuaderno. <\/p>\n
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3. Las costas causadas son de cargo de la solicitante. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE Y NOTIFIQUESE <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
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Expediente No. 5302 <\/p>\n
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JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
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CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
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PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
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RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
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Expediente No. 5302 <\/p>\n
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JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
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