S-171-1995 [5098]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5098 <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de exequatur que Dora Luz Estrada Alvarez en su condici\u00f3n de representante legal de la menor Mirna Est\u00edvali Arango Estrada y Masuro Sanada, han elevado respecto de la sentencia proferida el 18 de mayo de 1983 por el juzgado Seccional de Menores de Chiriqu\u00ed y Bocas del Toro de Panam\u00e1, mediante la cual se autoriz\u00f3 al se\u00f1or Masuro Sanada para adoptar a la menor mencionada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda se apoya en los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
1.1. El 20 de noviembre de 1990 (sic) Dora Luz Estrada Alvarez dio a luz, en la ciudad de Medell\u00edn a la menor MIRNA ESTIVALI, quien fue reconocida como hija extramatrimonial por el se\u00f1or LUIS GUILLERMO ARANGO JARAMILLO. <\/p>\n
1.2. El 14 de enero de 1978 falleci\u00f3 en la ciudad de Medell\u00edn el padre de la menor. <\/p>\n
1.3. DORA LUZ ESTRADA ALVAREZ contrajo matrimonio con MASURO SANADA en David, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, el 8 de junio de 1981. <\/p>\n
1.4. Mediante providencia del 18 de mayo de 1983 el Juzgado Seccional de Menores de Chiriqu\u00ed y Bocas del Toro, David, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, concedi\u00f3 autorizaci\u00f3n judicial al se\u00f1or MASURO SANADA para adoptar a la menor MIRNA ESTIVALI ARANGO ESTRADA, sentencia que fue elevada a escritura p\u00fablica el 3 de junio del mismo a\u00f1o en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Chiriqu\u00ed de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la anterior solicitud, de ella recibi\u00f3 traslado el Ministerio P\u00fablico, el cual fue descorrido mediante escrito recibido el 23 de agosto de 1994 (fls. 41 al 44), en el que el representante de la sociedad, luego de advertir que esta misma petici\u00f3n de exequatur ya se hab\u00eda denegado con anterioridad en sentencia del 2 de julio de 1992, conceptu\u00f3 que de encontrarse acreditadas las exigencias legales por parte de los demandantes se deb\u00eda conceder el exequatur. <\/p>\n
3. Por prove\u00eddo del 25 de agosto de 1994 (fls. 45 y 46), se abri\u00f3 la causa a pruebas, decret\u00e1ndose como tales los documentos acompa\u00f1ados con la demanda, y, de manera oficiosa, se dispuso solicitar informaci\u00f3n al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a si exist\u00eda tratado celebrado entre Colombia y la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, por el cual dichos pa\u00edses hubiesen pactado reconocer mutuamente eficacia a las sentencias de adopci\u00f3n proferidas por uno de ellos cuando se solicite su aplicaci\u00f3n en el otro, o si exist\u00eda, en su defecto, tratado o convenio multilateral suscrito por estos mismos Estados al respecto. Tambi\u00e9n oficiosamente se le pidi\u00f3 al Ministerio en menci\u00f3n que por su conducto solicitara al C\u00f3nsul de Panam\u00e1 en Colombia copia autenticada de la legislaci\u00f3n sustancial vigente en materia de adopciones en dicho pa\u00eds (Art. 188 del C. de P. C.). <\/p>\n
4. Vencido el t\u00e9rmino probatorio se corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones, facultad de la que no hizo uso ninguno de los interesados, ni tampoco el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no observ\u00e1ndose defecto alguno, que por tener virtualidad para invalidar lo actuado y no haberse saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al art. 145 del C. de P. C., corresponde resolver la solicitud presentada, para lo cual son pertinentes las siguientes <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En virtud de la soberan\u00eda del Estado es regla general que sean sus jueces quienes administren justicia en el respectivo territorio, pero por razones pr\u00e1cticas de relaciones internacionales y de eficacia de la justicia, se ha permitido, como excepci\u00f3n a dicha regla general, que decisiones adoptadas por jueces de otros pa\u00edses surtan efectos en Colombia, siempre y cuando se respeten los principios sustanciales y procesales rese\u00f1ados en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la norma inicialmente anotada, Colombia reconoce a las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter pronunciadas en el extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, la misma fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto, la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia; es decir que se admiten dos sistemas, a saber: en primer lugar el de la reciprocidad diplom\u00e1tica y en segundo t\u00e9rmino el de la reciprocidad legislativa. Conforme al primer sistema se tienen en cuenta las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos Tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds, y a falta de tratados, se acude al segundo sistema, seg\u00fan el cual se aceptan las normas de la respectiva ley extranjera, para darle a la sentencia respecto de la que se solicite el exequatur, la misma fuerza concedida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia. <\/p>\n
En el asunto sub judice, el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores inform\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n que en los archivos de la Oficina de Tratados de ese Ministerio no se encontr\u00f3 que exista Convenio bilateral o multilateral mediante los cuales Colombia y la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 se hayan comprometido a reconocer mutuamente eficacia a las sentencias de adopci\u00f3n proferidas en los mismos (fl.48), lo que significa que no existe reciprocidad diplom\u00e1tica al respecto. <\/p>\n
Ahora bien, establecida la inexistencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica pasa la Corte a determinar si en autos se encuentra acreditado el requisito que puede suplir la falta de aqu\u00e9lla, esto es, si existe reciprocidad legislativa, encontrando que la misma se encuentra probada mediante copia debidamente autenticada de los art\u00edculos 581 y 582 del C\u00f3digo Judicial de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, (fls. 11 al 13 de este cdno.) seg\u00fan los cuales este pa\u00eds adopt\u00f3, en punto de reconocimiento de fallos extranjeros, un criterio similar al nuestro, pues dichas normas rezan: <\/p>\n
\u201cArt. 581. Las sentencias pronunciadas en pa\u00edses extranjeros tendr\u00e1n en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 la fuerza que establezcan los tratados respectivos. <\/p>\n
\u201cArt. 582. Si no hubiere tratados especiales con la naci\u00f3n en que se hayan pronunciado, tendr\u00e1n la misma fuerza que en ella se diere a las sentencias dictadas en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1\u201d. <\/p>\n
Precisado lo anterior, procede en consecuencia determinar si la sentencia de adopci\u00f3n (fl. 6) respecto de la cual se solicita el exequatur, re\u00fane los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 694 del C. de P. C., no observando la Corte reparo alguno respecto al se\u00f1alado en el ordinal 1o., mas encontrando dificultad en lo que toca con el del ordinal 2o., seg\u00fan el cual la sentencia extranjera no se puede oponer a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, salvedad hecha claro est\u00e1, de las leyes de procedimiento, ya que la existencia de dicho requisito s\u00f3lo se puede determinar con el examen de la legislaci\u00f3n paname\u00f1a que en materia de adopciones reg\u00eda para la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 el respectivo prove\u00eddo; prueba de la que carece este informativo, toda vez que las diligencias adelantadas oficiosamente por esta Corporaci\u00f3n a fin de obtener copia de tal legislaci\u00f3n fueron infructuosas (fls. 45 al 50) y, habida cuenta que la parte interesada solamente anex\u00f3 una certificaci\u00f3n del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panam\u00e1, seg\u00fan la cual los art\u00edculos 1449, 1450 y 1451 del C\u00f3digo Judicial relativos a la adopci\u00f3n se encuentran vigentes (fl. 17), pero sin anexar copia de los mismos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 188 del C. de P. C. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo imposible determinar si la legislaci\u00f3n paname\u00f1a conforme a la cual se autoriz\u00f3 la adopci\u00f3n de la menor Mirna Est\u00edvali Arango Estrada resulta o no contraria a las leyes colombianas de orden p\u00fablico sobre el particular, seg\u00fan las cuales en asunto de menores prima el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, y el Estado por medio de los organismos competentes, debe tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar el tr\u00e1fico y el secuestro de los mismos, as\u00ed como las adopciones ilegales (art\u00edculos 20, 27, 88 y 118 del C\u00f3digo del Menor), habr\u00e1 de denegarse el exequatur deprecado. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
DENIEGASE EL EXEQUATUR solicitado respecto de la Resoluci\u00f3n Judicial n\u00famero doscientos trece (213) de dieciocho (18) de mayo de mil novevecientos ochenta y tres (1983), dictada por el Juzgado Seccional de Menores de Chiriqu\u00ed, Bocas del Toro, David, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, protocolizada con la escritura p\u00fablica n\u00famero novecientos cincuenta y uno (951) del 3 de junio de 1983 ante el Notario Segundo de Chiriqu\u00ed (Panam\u00e1), mediante la cual se concedi\u00f3 autorizaci\u00f3n judicial a Masuro Sanada, de nacionalidad japonesa, para adoptar a la menor Mirna Est\u00edvali Arango Estrada, de nacionalidad colombiana. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JAVIER TAMAYO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
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