S-027-96<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente : Nicol\u00e1s Bechara Simancas <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y sesis (1996) <\/p>\n
Referencia: Expediente N\u00b0 4497 <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 14 de diciembre de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario promovido por JOSE LISANDRO VEGA CABRERA Y ROSA VACA DE VEGA contra MIGUEL PINEDA LOPEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
I. Por demanda presentada el 26 de abril de 1990, solicitaron los mencionados demandantes se decretase la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa celebrado entre ellos y su demandado, se condenase a \u00e9ste a devolverles la suma de dos millones de pesos y los intereses comerciales corrientes, desde el momento en que recibi\u00f3 dicha suma hasta cuando el pago se verifique, y se le impusiese el pago de las costas del proceso. <\/p>\n
II. La parte demandante apoy\u00f3 sus pretensiones en los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen : <\/p>\n
<\/p>\n
a) El 17 de febrero de 1990, en la ciudad de Villavicencio, los actores y el demandado \u00abcelebraron un contrato o especie de contrato de promesa de compraventa, por medio del cual, Miguel Pineda L\u00f3pez, se comprometi\u00f3 a vender a Lisandro Vega Cabrera y a Rosa Vaca de Vega, la finca denominada ‘El Cedral’, ubicada en jurisdicci\u00f3n del municipio de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
b) Se fij\u00f3 como precio de la citada finca la suma de cien millones de pesos ($100’000.000.oo), pagaderos con un lote de terreno por la suma de $40.000.000.oo, un \u00abdepartamento en Villavicencio\u00bb por la suma de $20’000.000.oo, y los restantes $40’000.000.oo en dos contados iguales, en fechas que se convendr\u00edan oportunamente. <\/p>\n
c) El demandado garantiz\u00f3 que el objeto de dicho contrato lo pose\u00eda regular, quieta y pac\u00edficamente, aunque no lo posee en su totalidad por tener colonos que alegan posesi\u00f3n. <\/p>\n
e) No se determinaron los linderos de la finca \u00abEl Cedral\u00bb, e igualmente \u00ablos prometientes compradores, se refirieron a los inmuebles con los cuales pagar\u00edan parte del precio\u00bb, como un lote y un departamento sin determinar su nomenclatura, se\u00f1ales y linderos, y en cuanto al resto del precio -$40’000.000.oo-, tampoco se determin\u00f3 la fecha de su exigibilidad, puesto que se convino acordarla posteriormente. <\/p>\n
f) El pacto as\u00ed referido, no es contrato de promesa \u00aben los t\u00e9rminos de la ley\u00bb, y por lo mismo no puede producir ning\u00fan efecto, careciendo de causa la suma entregada a t\u00edtulo de arras. <\/p>\n
III. Al enterarse el demandado de las pretensiones de los demandantes, consign\u00f3 su respuesta en el sentido de formular rotunda oposici\u00f3n a su prosperidad, admiti\u00f3 como ciertos algunos hechos, neg\u00f3 y dijo estarse a lo que se probara frente a los otros, y termin\u00f3 proponiendo las excepciones perentorias que denomin\u00f3 \u00abacci\u00f3n inadecuada\u00bb y \u00abcarencia de causa para impetrar la nulidad\u00bb. <\/p>\n
IV. Adelantado el proceso, la primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 29 de mayo de 1992, que al declarar probadas las excepciones propuestas por el extremo demandado, neg\u00f3 las pretensiones de los demandantes, a quienes conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
V. Inconforme la parte demandante con la decisi\u00f3n precedente, interpuso en su oportunidad recurso de apelaci\u00f3n, habiendo terminado el segundo grado con fallo de 14 de diciembre de 1992, que revoc\u00f3 el proferido por el a quo y, en su lugar, declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas, declar\u00f3 nulo, de nulidad absoluta, el contrato materia de la controversia, conden\u00f3 al demandado a restituir a los demandantes \u00abla suma de $2’000.000.oo, m\u00e1s los intereses corrientes causados a partir del 17 de febrero de 1.990, lo que deber\u00e1 hacer al d\u00eda siguiente de la ejecutoria del fallo\u00bb, al igual que a pagar las costas causadas en la primera instancia. <\/p>\n
VI. Contra lo as\u00ed decidido por el Tribunal, la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que por estar tramitado procede la Corte a decidir. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA: <\/p>\n
El Tribunal para revocar la decisi\u00f3n del a quo, sent\u00f3 las reflexiones siguientes: <\/p>\n
a) Que del examen del documento que las partes llamaron \u00abCarta de intenci\u00f3n\u00bb o \u00abcarta de inducci\u00f3n\u00bb, se concluye que lo que contiene es \u00abuna promesa de compraventa\u00bb, deducida principalmente del aparte en donde expresaron \u00abque las respectivas escrituras se correr\u00e1n en la Notar\u00eda Primera de Villavicencio el d\u00eda 2 de mayo de 1990 a las 10 a.m.\u00bb. <\/p>\n
b) Que fijada as\u00ed la naturaleza del contrato, la prueba escrita aportada no re\u00fane \u00abpor lo menos el requisito referido a la plena determinaci\u00f3n del inmueble prometido en venta, quebrant\u00e1ndose as\u00ed el perentorio presupuesto de que trata el art\u00edculo 89, numeral 4o. de la Ley 153 de 1887, toda vez que, al omitirse los linderos de la finca, ello conduce a no tener plenamente identificada la heredad\u00bb, lo cual impone declarar la nulidad del contrato. <\/p>\n
c) Que de no calificarse el contrato como promesa de compraventa, \u00abde todas maneras tampoco podr\u00eda reconoc\u00e9rsele eficacia jur\u00eddica a ese escrito, toda vez que si las partes pretend\u00edan elaborar ‘una Promesa de celebrar una promesa y no \u00e9sta’, como textualmente lo afirma el demandado al replicar el libelo, debieron igualmente precisar en el convenio que se analiza todos y cada uno de los requisitos necesarios del contrato prometido, lo que no hicieron\u00bb. <\/p>\n
d) Considera por \u00faltimo el Tribunal que \u00abcomo en la ejecuci\u00f3n del contrato \u00fanicamente la parte demandante dio como parte del precio la suma de $2’000.000.oo, tal cual se pide en el libelo, se ordenar\u00e1 al demandado reintegrar esta cantidad, m\u00e1s los intereses corrientes causados a partir de la fecha en que \u00e9ste recibi\u00f3 el dinero\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACION: <\/p>\n
Un \u00fanico cargo formula la recurrente contra la sentencia del Tribunal, por la causal primera de casaci\u00f3n, acus\u00e1ndola de \u00abser violatoria en forma directa del art\u00edculo 1.617 del C. C. por falta de aplicaci\u00f3n y de art\u00edculos (sic) 822 y 884 del C. de Co. por aplicaci\u00f3n indebida\u00bb. <\/p>\n
La censura, en el desarrollo del cargo, se ocupa de la clasificaci\u00f3n de los intereses, su noci\u00f3n, para concluir \u00abque el Tribunal no le dio aplicaci\u00f3n al art. 1.617 del C.C., y s\u00ed m\u00e1s bien a los art\u00edculos 822 y 884 del C. de Co. pues conden\u00f3 al pago de intereses corrientes y no al pago de los intereses legales civiles como era lo indicado por tratarse de una condena dentro de unas restituciones mutuas que es asunto exclusivamente civil valga decir como lo sostiene la sentencia en comento, sin vinculaci\u00f3n directa con el contrato estimado ineficaz; en otros t\u00e9rminos yendo a la fuente de la obligaci\u00f3n \u00e9sta es civil y no comercial\u00bb, en virtud de lo cual solicita la ruptura parcial del fallo en la parte atinente al pago de los intereses corrientes \u00abpara que ese sector de la resoluci\u00f3n del Ad-quem se modifique en el sentido de decir que el demandado est\u00e1 obligado al pago de los intereses legales civiles\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1.- Para decidir en la forma en que lo hizo, el Tribunal tuvo en cuenta que el contrato celebrado entre las partes fue una promesa de compraventa, y que como en \u00e9sta no se cumpli\u00f3 el requisito de la plena determinaci\u00f3n del inmueble correspondiente, se quebrant\u00f3 el art\u00edculo 89, numeral 4\u00b0 de la ley 153 de 1887, defecto del contrato por el que el sentenciador procedi\u00f3 a declarar su nulidad, al tenor de los art\u00edculos 1740 del C.C. y 2\u00b0 de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
2.- \u00abComo consecuencia de la nulidad\u00bb, el Tribunal manifest\u00f3 que \u00ablas partes deben ser restituidas al estado anterior a la celebraci\u00f3n del contrato que se anula (art\u00edculo 1746 del C.C.), sin que haya lugar a condena alguna por concepto de perjuicios\u00bb, procediendo a disponer que el prometiente vendedor restituyera los $2’000.000 que recibi\u00f3 como parte del precio, con sus intereses corrientes. <\/p>\n
3.- Fue, pues, en estricta aplicaci\u00f3n de las normas sobre restituciones m\u00fatuas consagradas en la ley para el caso de la nulidad declarada, que el sentenciador orden\u00f3 el reintegro dinerario aludido, pues as\u00ed lo contempla el art\u00edculo 1746 del C.C. al disponer que \u00abLa nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa il\u00edcita…\u00bb. El mismo precepto prev\u00e9 que \u00abEn las restituciones m\u00fatuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, ser\u00e1 cada cual responsable de la p\u00e9rdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, \u00fatiles o voluptuarias, tom\u00e1ndose en consideraci\u00f3n los casos fortuitos, y la posesi\u00f3n de buena o mala fe de las partes…\u00bb. <\/p>\n
4.- De manera que aun cuando el ad-quem orden\u00f3 en su sentencia al prometiente vendedor devolver la parte del precio que recibi\u00f3 junto con \u00ablos intereses corrientes\u00bb, ello no demuestra de suyo que hubiese aplicado, como lo estima la censura, los art\u00edculos 822 y 884 del C\u00f3digo de Comercio, pues el Tribunal -en cuanto refiere a esa obligaci\u00f3n (de pagar intereses)- no hizo otra cosa que observar estrictamente el art\u00edculo 1746 del C.C. aplicando cabalmente el fen\u00f3meno restitutorio all\u00ed previsto. Entonces, si, como puntualmente lo dej\u00f3 establecido el sentenciador, se trataba de un asunto eminentemente civil, mal podr\u00eda decirse por parte de la censura que aqu\u00e9l aplic\u00f3 aquellas normas del C\u00f3digo de Comercio, cuanto m\u00e1s si, de otra parte, el fallo no hizo remisi\u00f3n expresa o t\u00e1cita a dichos preceptos, y bien se sabe que no siempre que se condena al pago de \u00abintereses corrientes\u00bb se est\u00e1 aludiendo necesariamente a los comerciales, pues nada se opone a que la condena as\u00ed proferida pueda estar referida a intereses civiles. Si ello es as\u00ed, y si, por ende, el fallo atacado no permite concluir que en el caso de este proceso el sentenciador aplic\u00f3 los art\u00edculos 822 y 884 del C. de Cio., ya que contrariamente no hizo otra cosa que darle cabida a las restituciones mutuas, el cargo resulta desenfocado porque atribuye al sentenciador algo que en realidad \u00e9ste no hizo, aspecto sobre el cual se desarroll\u00f3 precisamente la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5.- El anterior no es el \u00fanico motivo por el que la acusaci\u00f3n ser\u00e1 desatendida. En efecto, si lo que como consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad se impuso fue el cumplimiento del fen\u00f3meno jur\u00eddico de \u00ablas restituciones m\u00fatuas\u00bb contemplado, seg\u00fan qued\u00f3 visto, en la ley, obvio es que la sentencia del Tribunal tampoco pudo ser violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, del art\u00edculo 1617 del C.C., cual se lo enrostra el ataque, por cuanto estando referida esta disposici\u00f3n, seg\u00fan ella misma lo advierte en forma expresa, a regular la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la mora en obligaciones que tengan por objeto el pago de sumas de dinero, su aplicaci\u00f3n resultar\u00eda extra\u00f1a frente a un fen\u00f3meno por completo diferente como es el de las restituciones mutuas originadas por la declaraci\u00f3n de nulidad de un negocio jur\u00eddico, al cual se refiere sin sombra de duda el art\u00edculo 1746 del C.C. Por manera que cuando el cargo alude a la infracci\u00f3n del art\u00edculo 1617 del C.C. como punto de partida de su ataque, involucra una situaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponde a la que en realidad ventil\u00f3 el Tribunal, pues no toca en nada con el espec\u00edfico asunto de las restituciones m\u00fatuas, determinante este s\u00ed de la condena a que alude la censura. <\/p>\n
6.- El cargo, por consiguiente, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de diciembre de 1992, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte demandada-recurrente. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
<\/p>\n
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