S-052-1996 [4522]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 4522.- <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala de Familia, que data del once (11) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), proferida dentro del proceso ordinario de revisi\u00f3n instaurado por el se\u00f1or JOSE ISRAEL MARTINEZ MONROY en frente de la menor MARISOL PORTELA, representada por su madre MARTHA HELENA PORTELA. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S <\/p>\n
ii.- Tal pretensi\u00f3n la hizo descansar el actor en los hechos que se resumen del siguiente modo: <\/p>\n
a) Demandado el actor Jos\u00e9 Israel Mart\u00ednez Monroy, ante la autoridad ya mencionada como padre de la menor Marisol Portela, el Juzgado, en sentencia del 20 de junio de 1990, despach\u00f3 favorablemente esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
b) Mart\u00ednez Monroy, tanto en la respuesta de la demanda como en el interrogatorio que absolvi\u00f3, manifest\u00f3 no ser el padre de Marisol, pues demostr\u00f3 no haber tenido relaciones sexuales con la madre de la menor Marisol. <\/p>\n
c) \u201c…La prueba testimonial presentada por la parte actora no era suficiente para hacer las declaraciones solicitadas pues son contradictorias, vagas, de o\u00eddas y sin fundamento…\u201d. <\/p>\n
d) El Juzgado de Menores, al hacer el an\u00e1lisis de las pruebas, parti\u00f3 del supuesto falso de considerar que Jos\u00e9 Israel Mart\u00ednez era el padre de Marisol, lo que le impidi\u00f3 examinar con objetividad el conjunto de la prueba. <\/p>\n
e) Los testimonios recaudados demuestran que no existi\u00f3 trato sexual entre Jos\u00e9 Israel y Martha Helena. <\/p>\n
iii.- Notificada la madre de la menor demandada del auto admisorio del anterior escrito incoativo, lo respondi\u00f3 oponi\u00e9ndose a la pretensi\u00f3n en \u00e9l deducida para lo cual, en s\u00edntesis, insisti\u00f3 en que entre ella y el aqu\u00ed demandante s\u00ed existieron relaciones sexuales durante la \u00e9poca en que pudo tener lugar la concepci\u00f3n de Marisol. <\/p>\n
Trabado el debate, el Juzgado remiti\u00f3 el asunto a la jurisdicci\u00f3n de familia como de su competencia. <\/p>\n
Asumido el conocimiento por el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo, este, en la debida oportunidad, dio t\u00e9rmino a la primera instancia con decisi\u00f3n desestimatoria de la pretensi\u00f3n del actor, quien interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual, a su vez, le fue resuelto de manera desfavorable por el Tribunal, como quiera que all\u00ed se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
LA MOTIVACION DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
i.- La resoluci\u00f3n adoptada por el ad-quem se sustent\u00f3 en las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Empieza por recordar que la acci\u00f3n, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 18 de la ley 75 de 1968, se ejerce ante el juez civil competente y siempre que se intente dentro del t\u00e9rmino all\u00ed indicado. <\/p>\n
Recuerda que a partir del 1\u00ba de febrero de 1990, fecha en que entr\u00f3 en vigor el Dto. 2272 de 1989, los jueces de menores pasaron a serlo de familia, y que desde tal \u00e9poca la investigaci\u00f3n de la paternidad natural establecida en la ley 75 de 1968, pas\u00f3 a ser asunto de primera instancia \u201ccon sujeci\u00f3n a los recursos de ley establecidos para esta clase de acciones, lo que significa que con esta nueva legislaci\u00f3n desapareci\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n consagrada en el art. 18 de la ley 75\u201d. <\/p>\n
ii.- Despu\u00e9s, en abono de su punto de vista, trae a cuento jurisprudencia del extinto Tribunal Disciplinario y concepto doctrinal, lo que entonces lo conduce a afirmar que \u201cla sentencia sometida a revisi\u00f3n mediante la acci\u00f3n ordinaria, no tiene prosperidad, porque a la fecha de ella (junio 20\/90), ya no exist\u00eda esta acci\u00f3n por haber quedado derogado el art. 18 de la ley 75 de 1968 con la expedici\u00f3n del Dec. 2272\/89…\u201d, derogatoria que, se\u00f1ala luego, fue de car\u00e1cter t\u00e1cito, \u201csometiendo el juicio de investigaci\u00f3n a las dos instancias\u201d, por lo que, concluye, al haberse proferido la sentencia objeto de revisi\u00f3n en vigencia del decreto citado, ella \u201cqued\u00f3 sujeta a las dos instancias, caso contrario, si se hubiese dictado antes de regir el mismo\u201d. <\/p>\n
iii.- Tras anunciar que esas son las razones que lo conducen a confirmar lo decidido en la primera instancia, arguye que su criterio encuentra respaldo en lo dicho por la Corte en auto fechado el 28 de julio de 1992, donde se record\u00f3 que organizada la jurisdicci\u00f3n de familia por el Decreto 2272 de 1989, \u201ca la vez que se determinaron los asuntos de familia que correspond\u00edan a su dominio, se elimin\u00f3 la posibilidad de revisar aquellas providencias a trav\u00e9s de la mencionada acci\u00f3n…\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
i.- Contiene un solo cargo, formulado con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de p. c. En \u00e9l, como consecuencia de errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, se acusa la sentencia por la violaci\u00f3n de las siguientes reglas legales: Art. 18 de la ley 75 de 1968; 16-11 del C. de p. c.; 17 del Dto. 2272 de 1989; 4\u00ba y 5\u00ba del mismo Dto. 2272; 1\u00ba de la ley 45 de 1936 (nums. 4\u00ba y 5\u00ba, sic.); 10, 11, 13, 14 y 16 de la ley 75 de 1968. <\/p>\n
ii.- Al desarrollar el cargo, la parte recurrente empieza por destacar el mecanismo previsto por el art\u00edculo 17 del decreto 2272 de 1989 para realizar el tr\u00e1nsito del campo civil al de familia en relaci\u00f3n con los asuntos asignados a esta, una vez fuera puesta en funcionamiento. <\/p>\n
Sobre tal base, argumenta que \u201csi al entrar en vigor el citado decreto 2272 ven\u00eda rigiendo el art\u00edculo 18 de la ley 75 de 1968 que consagraba la acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante los Jueces civiles del circuito, de las sentencias de paternidad natural pronunciadas por los Jueces de menores, s\u00edguese que no obstante la vigencia del decreto apuntado, en el espec\u00edfico caso del fallo de paternidad dictado por el Juez segundo de menores de Espinal, no qued\u00f3 abolido el mencionado art\u00edculo 18 de la ley 75 de 1968 y que, por tanto, la acci\u00f3n ordinaria de revisi\u00f3n segu\u00eda siendo procedente ante el Juez civil del circuito del Guamo, pues s\u00f3lo en octubre de 1990 entraron en funcionamiento los nuevos despachos judiciales creados, desde luego que, como lo expresa el art\u00edculo 17 precitado, en \u2018el entretanto\u2019 segu\u00eda conociendo el Juez competente, de acuerdo con las respectivas disposiciones legales vigentes al momento de entrar a regir el decreto 2272\u201d (Dest. el rec.). <\/p>\n
iii.- Expresa que, cometiendo evidente error de hecho, el Tribunal no vi\u00f3 que \u00fanicamente mediante auto del 4 de marzo de 1991 (fl. 29, c. 1), el Juzgado Civil del Circuito del Guamo, dispuso enviar el proceso al se\u00f1or Juez de familia, y que tambi\u00e9n dej\u00f3 de ver que seg\u00fan auto del 16 de abril siguiente, el Juzgado de familia asumi\u00f3 el conocimiento, y el certificado (fl. 12, c. 2) del Presidente de la Sala de Familia, relativo a que esta s\u00f3lo se integr\u00f3 el 27 de septiembre de 1990, iniciando labores el 1\u00ba de octubre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
iv.- Infiere que si el sentenciador no hubiera ignorado las anteriores pruebas, habr\u00eda conclu\u00eddo que como en el Distrito judicial de Ibagu\u00e9 la jurisdicci\u00f3n de familia s\u00f3lo empez\u00f3 a funcionar despu\u00e9s del 1\u00ba de octubre de 1990, el competente para conocer de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de la sentencia del Juzgado 2\u00ba de menores de Espinal, en el entretanto que transcurri\u00f3 del 1\u00ba de febrero de 1990 al mencionado 1\u00ba de octubre, era el Juez Civil del Circuito del Guamo, \u201cquien por expreso mandato del art\u00edculo 17 del decreto 2272 de 1989, deb\u00eda seguir conociendo \u2018de acuerdo con las respectivas disposiciones vigentes al momento de entrar a regir el presente decreto\u2019\u201d. <\/p>\n
Tras insistir en la competencia del Juzgado Civil del Circuito del Guamo para conocer de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, reproduce lo dicho en el fallo de primera instancia en el sentido de que \u201c\u2018…cuando se autoriz\u00f3 la remisi\u00f3n de los expedientes (al Juez de familia), estaba el actor en el goce y t\u00e9rmino para promover el juicio ante el se\u00f1or Juez civil, toda vez que no lo fu\u00e9 inmediatamente se promulg\u00f3 el reparto (sic) el 1\u00ba de febrero de 1990, y compet\u00eda a\u00fan al citado funcionario conocer del asunto de acuerdo a lo dispuesto en el art\u00edculo 16-11 del C. de P. Civil\u2019 \u201d. <\/p>\n
El razonamiento anterior lo lleva a inferir, con apoyo en el art\u00edculo 17 del decreto 2272 de 1989, en armon\u00eda con el art\u00edculo 18 de la ley 75 de 1968, que \u201cen la especie de este litigio y por haber entrado a funcionar el Juzgado Promiscuo de Familia del Guamo despu\u00e9s del 1\u00ba de octubre de 1990, s\u00ed era procedente la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contra el fallo del Juez segundo de menores de Espinal\u201d (Dest. el rec.). <\/p>\n
Por eso, a\u00f1ade, si el ad-quem hubiera tenido en cuenta las pruebas ya mencionadas, habr\u00eda admitido la viabilidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y no la hubiera declarado improcedente, con lo que viol\u00f3 el art\u00edculo 18 de la ley 75. Tampoco habr\u00eda dejado inc\u00f3lume el fallo del Juzgado de menores, con lo que no hubiera transgredido las normas que cita de las leyes 45 de 1936 y 75 de 1968. <\/p>\n
v.- Concluyendo, afirma que \u201csi el Tribunal hubiera aceptado la procedencia de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, habr\u00eda procedido al estudio en conjunto de todas las probanzas, tanto de las que se adujeron ante el Juez de menores como las aducidas aqu\u00ed, lo que est\u00e1 permitido plenamente…, ya que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n del art. 18 de la ley 75 de 1968, permit\u00eda replantear en el nuevo proceso la cuesti\u00f3n debatida ante el Juez de menores, aduciendo nuevas pruebas, sin quedar limitado a las ya practicadas\u201d. <\/p>\n
Por eso, termina con la petici\u00f3n de que se case el fallo del Tribunal para que la Corte, en sede de instancia, revoque el de primer grado y revise el del Juzgado de menores. <\/p>\n
i.- Si, conforme lo tiene definido la jurisprudencia de la Corte, las normas de derecho sustancial son aquellas que, sobre el supuesto de hecho previsto en las mismas, crean, modifican o extinguen una relaci\u00f3n jur\u00eddica, no se puede negar que el art\u00edculo 18 de la ley 75 de 1968, era un precepto de esa clase, como quiera que le daba a quienes hab\u00edan sido partes en el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad natural adelantado en \u00fanica instancia por los extintos jueces civiles de menores con base en la ley 75 de 1968, la facultad de impetrar la revisi\u00f3n de lo que estos hubiesen decidido, ante los jueces civiles del circuito, dentro de los plazos se\u00f1alados en la regla legal. <\/p>\n
ii.- Empero, a ra\u00edz de la creaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de familia por el Decreto 2272 de 1989, ese derecho desapareci\u00f3 en vista de que, por una parte, el art\u00edculo 5\u00ba de dicho estatuto atribuy\u00f3 el conocimiento en primera instancia del antecitado asunto a los jueces de familia, y, por la otra, el art\u00edculo 9\u00ba ib. determin\u00f3 de manera expresa que \u201cadem\u00e1s de los casos, en que conforme al C\u00f3digo de procedimiento civil proceden los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, tambi\u00e9n son susceptibles de los mismos, las sentencias proferidas en los procesos a que se refieren los art\u00edculos 13 a 16 de la ley 75 de 1968\u201d (Se destaca por la Sala). <\/p>\n
As\u00ed, pues, la segunda instancia y el ulterior recurso de casaci\u00f3n vinieron a reemplazar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 18 de la ley 75, el cual, subsecuentemente, qued\u00f3 derogado en forma t\u00e1cita pero clara. <\/p>\n
iii.- En el anterior orden de ideas, la perspectiva que ofrece el caso hoy sometido al juicio de la Sala, es muy diferente de la que el impugnante brinda en el cargo, puesto que \u00e9l parte de estimar que era titular del derecho a impetrar la revisi\u00f3n del fallo proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo de Menores de Espinal, cuando, de modo cabal, el punto b\u00e1sico reside en definir si en verdad la ley todav\u00eda le permit\u00eda plantear un debate de tal naturaleza. <\/p>\n
La piedra de toque de la cuesti\u00f3n se encuentra al notar c\u00f3mo la sentencia cuya revisi\u00f3n se ha pretendido por medio de este proceso, aparece dictada el veinte (20) de junio de mil novecientos noventa (1990), fecha para la cual ya hab\u00eda comenzado a regir el decreto 2272 de 1989, lo que sucedi\u00f3 desde el 1\u00ba de febrero de 1990, conforme al art\u00edculo 17 del referido Decreto. <\/p>\n
Es claro, entonces, que la sentencia as\u00ed proferida, qued\u00f3 cobijada por el nuevo r\u00e9gimen. Por tanto, el aqu\u00ed recurrente y a la saz\u00f3n demandado, en vez de acudir a una inexistente acci\u00f3n de revisi\u00f3n, ten\u00eda el camino amplio y expedito para interponer los recursos que el susodicho reglamento le otorgaba, entre ellos, obviamente el de apelaci\u00f3n, sin que el hecho consistente en que la Sala de Familia del Tribunal de Ibagu\u00e9 \u00fanicamente hubiese entrado en funcionamiento el 1\u00ba. de octubre de 1990, se convirtiese en un escollo que incidiera en la tramitaci\u00f3n de la alzada puesto que, por virtud de la competencia residual que el art\u00edculo 12 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le asigna a la \u201cjurisdicci\u00f3n\u201d civil, le habr\u00eda correspondido al \u00f3rgano competente de \u00e9sta despachar la eventual apelaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
iv. Y es que, por lo restante, no se puede olvidar que, de conformidad con el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887, \u201clas leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
v.- Resulta de lo expuesto que al Tribunal, a t\u00e9rminos del an\u00e1lisis precedente, le bastaba con haber se\u00f1alado, como lo hizo, que la acci\u00f3n de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 18 de la ley 75, desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, motivo por el cual es patente que no cometi\u00f3 los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria que en el cargo se le imputan y, subsecuentemente, no viol\u00f3 las normas legales all\u00ed mismo citadas. <\/p>\n
El cargo, entonces, no se abre paso. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo discurrido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala de Familia, el 11 de mayo de 1993, proferida dentro del proceso ordinario de reviisi\u00f3n de JOSE ISRAEL MARTINEZ MONROY en frente de la menor MARISOL PORTELA, representada por su madre MARTHA HELENA PORTELA. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4522 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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