S-001-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4636 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 28 de mayo de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario adelantado por GUILLERMO LAGOS BOLIVAR contra BENJAMIN PERICO ALDANA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En demanda cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado l7 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el mencionado demandante solicita que con citaci\u00f3n y audiencia del tambi\u00e9n referido demandado, se declare resuelto \u201cel contrato de permuta\u201d que se celebr\u00f3 el 11 de mayo de 1982 respecto de las fincas \u00abLAS PALMAS\u00bb y \u201cLAS CAMELIAS\u201d situadas en la comprensi\u00f3n de \u201cGUALANDAY\u201d, municipio de Ibagu\u00e9 (Tol.) con la finca \u00abEL VERGEL\u00bb del corregimiento \u201cLA PRADERA\u201d, municipio de La Victoria (Cds.), las cuales determina por su situaci\u00f3n y linderos en el mismo libelo, con la consecuente comunicaci\u00f3n a la Notar\u00eda del C\u00edrculo Judicial (sic.) de Honda y a las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ibagu\u00e9 y la Dorada; adem\u00e1s, se disponga las restituciones mutuas; y, finalmente, se condene a la parte demandada a pagar no solamente los frutos civiles y naturales percibidos o que hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, sino tambi\u00e9n los perjuicios irrogados con ocasi\u00f3n del incumplimiento (da\u00f1o emergente y lucro cesante). <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones las apoya en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1.- Mediante contrato de \u201cpromesa de permuta\u201d celebrada el 11 de mayo de 1982 el permutante demandado se oblig\u00f3 a transferir a favor del demandante el derecho de dominio y posesi\u00f3n de las fincas \u201cLas Palmas\u201d y \u201cLas Camelias\u201d con todas las mejoras y anexidades. Como contraprestaci\u00f3n, \u00e9ste se comprometi\u00f3 a transferir a favor de aqu\u00e9l el derecho de dominio y posesi\u00f3n de la finca \u201cEl Vergel\u201d que hab\u00eda adquirido por compra al se\u00f1or Jos\u00e9 Aristiz\u00e1bal mediante escritura p\u00fablica No. 273 del l0 de abril de l981 y sobre la cual hab\u00eda constituido hipoteca a favor del vendedor para garantizar el pago de la suma de $1’000.000.oo., saldo del precio, obligaci\u00f3n que en todo caso el demandante se oblig\u00f3 a satisfacer, salvo acuerdo en contrario con el acreedor hipotecario. Tambi\u00e9n el contrato de promesa comprendi\u00f3 dos automotores intercambiados mutuamente. <\/p>\n
2.2. Pese a que el contrato precitado se encontraba en su forma viciado de nulidad, pues no identific\u00f3 uno de los inmuebles por el costado norte y omiti\u00f3 fijar precio a cada una de las cosas permutadas, adem\u00e1s de su p\u00e9sima redacci\u00f3n, las partes concurrieron a la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Honda (Tol.) a materializarlo. En efecto, por escritura p\u00fablica No. 680 de 13 de julio de 1982, BENJAMIN PERICO ALDANA vendi\u00f3 a GUILLERMO LAGOS BOLIVAR el derecho de dominio del lote \u201cLas Palmas\u201d con todas sus mejoras y anexidades; \u00e9ste hizo lo propio en favor de aqu\u00e9l respecto del inmueble \u201cEl Vergel\u201d seg\u00fan escritura p\u00fablica No. 681 de la misma fecha, adem\u00e1s en el mismo documento se cancel\u00f3 el gravamen hipotecario que pesaba sobre la finca, constituy\u00e9ndose uno nuevo con el consentimiento del acreedor hipotecario para garantizar el pago del saldo de $540.000.oo, suma que en todo caso correspond\u00eda pagarla al mencionado LAGOS BOLIVAR. <\/p>\n
2.3.- El demandado PERICO ALDANA incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de transferir (sic.) el inmueble \u201cLas Camelias\u201d como parte de pago de la finca \u201cEl Vergel\u201d; sin embargo, aduciendo error de la Notar\u00eda pretendi\u00f3 requerir judicialmente al demandante LAGOS BOLIVAR para que suscribiera la escritura p\u00fablica aclaratoria en una Notar\u00eda cualquiera de la ciudad de Bogot\u00e1 y as\u00ed constituirlo en mora. El requerimiento es inexistente por cuanto tuvo como punto de partida el contrato de promesa de compraventa que, por lo dicho, est\u00e1 viciado de nulidad absoluta; adem\u00e1s el auto que lo orden\u00f3 omiti\u00f3 se\u00f1alar n\u00famero de notar\u00eda, fecha y hora para suscribir la escritura. <\/p>\n
3. Tras sostener la validez del contrato de promesa de permuta y de las diligencias judiciales adelantadas para obtener el precitado requerimiento judicial, el demandado se opuso expresamente a las pretensiones deducidas en la demanda, aclarando que una cosa es la promesa y otra, muy distinta, el contrato prometido. Si bien, agrega, la promesa no fue ejecutada en cuanto al predio \u201cLas Camelias\u201d, el cual debi\u00f3 incluirse en la escritura p\u00fablica No. 680, \u201cse cree que fue error de la notaria (sic.)\u201d, pues con la promesa (que inclu\u00eda los 3 predios) se aport\u00f3 el respectivo paz y salvo catastral, raz\u00f3n por la cual al percatarse del error requiri\u00f3 verbalmente en varias oportunidades al demandante para que suscribiera escritura aclaratoria y complementaria, pero ante su renuencia se vio precisado a requerirlo judicialmente. <\/p>\n
Formula la excepci\u00f3n perentoria de contrato no cumplido por cuanto el demandante no le ha cancelado los $540.000.oo a que se refiere la escritura p\u00fablica No. 680 y aclara que el predio \u201cEl Vergel\u201d lo enajen\u00f3 a los se\u00f1ores ALEJANDRO ORTEGON AMADOR y LILIA VALBUENA DE ORTEGON, mediante escritura p\u00fablica No. 397 de fecha 3 de marzo de 1983, otorgada en la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. La primera instancia termin\u00f3 con sentencia de 5 de septiembre de 1987, la cual declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n perentoria de contrato no cumplido, despach\u00f3 favorablemente las s\u00faplicas del actor y conden\u00f3, empero, a \u00e9ste, como secuela de las restituciones mutuas, a pagar los aludidos $540.000.oo con los intereses causados, adem\u00e1s de los gastos que implica la cancelaci\u00f3n de la hipoteca que soporta el inmueble \u201cEl Vergel\u201d, predio que en todo caso no orden\u00f3 restituir por haber sido enajenado, aunque si el equivalente en dinero. <\/p>\n
Ambas partes apelaron la anterior sentencia. El demandado en su totalidad y el demandante en la parte que le orden\u00f3 cancelar una cantidad determinada de dinero, raz\u00f3n por la cual el Tribunal mediante la suya de 28 de mayo de 1993, la revoc\u00f3 en todas sus partes y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisi\u00f3n se interpuso, entonces, por la parte actora el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Tras referirse a los antecedentes del litigio y a la validez formal del proceso, el Tribunal sienta como premisa que la promesa de permuta cuya resoluci\u00f3n se impetra, no es de aquellas que por mandato de la ley deba declararse nula de manera oficiosa. Agrega que si bien el demandante cuestiona su validez, no debe desconocerse que no pidi\u00f3 declaraci\u00f3n alguna en ese sentido; luego, si es v\u00e1lido el susodicho contrato, quien tiene legitimaci\u00f3n para pedir su resoluci\u00f3n es el contratante que cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir, para lo cual debe acreditar que el demandado \u201cno ha cumplido o no se ha allanado a cumplir\u201d. <\/p>\n
Frente a esa reflexi\u00f3n el ad-quem concluye que las pretensiones de la demanda no pueden prosperar por cuanto en el transcurso del proceso se demostr\u00f3 que el propio PERICO ALDANA cuando se percat\u00f3 que no hab\u00eda hecho traspaso (sic.) del predio \u201cLas Camelias\u201d a LAGOS BOLIVAR, mostr\u00f3 el deseo permanente de allanarse a cumplir estrictamente lo pactado en la promesa de permuta, al punto \u201c…de ejecutar a su actual demandante a fin de que le recibiera el predio que no aparec\u00eda en la escritura correspondiente\u201d, \u201ccomo aparece ahora acreditado\u201d, con lo cual se desvirt\u00faa que el demandado haya querido \u201ctumbar\u201d (sic.) al demandante. <\/p>\n
Lo anterior se corrobora, agrega el Tribunal, con el interrogatorio recepcionado en segunda instancia a las partes del proceso (fols. 64 y s.s. cuad. 2), de donde se desprende con \u201ccerteza\u201d que al firmarse la escritura \u201cambos contratantes se encontraban \u2018mareados\u2019…\u201d, lo cual ya se induc\u00eda (sic.) de las restantes pruebas recaudadas. Se\u00f1ala que al suscribirse la escritura p\u00fablica No. 680 \u201cse consider\u00f3 por ambos contratantes\u201d, seg\u00fan se afirm\u00f3 y demostr\u00f3, que inclu\u00eda todos los predios; prueba de ello es el contenido de ese instrumento p\u00fablico donde se coloc\u00f3 el registro catastral del inmueble \u201cLas Camelias\u201d cuando se estaba alinderando el predio \u201cLas Palmas\u201d. <\/p>\n
En fin, a la culpa concurrente de ambos contratantes atribuye el que no se haya involucrado el predio \u201cLas Camelias\u201d en la supracitada escritura p\u00fablica, pues \u201cdebieron verificar el testo (sic.) escriturario\u201d. <\/p>\n
LA IMPUGNACION <\/p>\n
Tres cargos se formulan contra la sentencia del Tribunal, los dos primeros con apoyo en la causal primera del art. 368 del C. de P. C., y el tercero en la causal segunda del mismo precepto. La Corte despachar\u00e1 las censuras, en el siguiente orden: primero el atinente al yerro in procedendo y luego los relativos a los yerros in judicando. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
En este cargo se acusa la sentencia de \u201cNo estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u201d. <\/p>\n
Para desarrollarlo el censor insiste que el contrato de promesa de permuta se encuentra viciado de nulidad absoluta por cuanto es de la naturaleza del mismo el que se determine el precio de los bienes permutados, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia. Afirma luego que como el contrato adolece de dicho presupuesto, no otra sanci\u00f3n debe imponerse, de manera oficiosa, de conformidad con lo previsto en el art. 2o. de la ley 50 de 1936, pero como la sentencia de segundo grado se content\u00f3 con una extra\u00f1a absoluci\u00f3n del demandado y no reconoci\u00f3 la nulidad, dej\u00f3 a las partes en un limbo judicial, pues las obliga, tal vez, a recurrir a un nuevo proceso judicial. <\/p>\n
Por otra parte, agrega, el fallo acoge en principio los hechos de la demanda; empero, m\u00e1s tarde sin hacer suyo el planteamiento de la excepci\u00f3n perentoria de contrato no cumplido, opone otros hechos a las pretensiones del actor, como es una supuesta concurrencia de culpas y una \u201cespurea\u201d actuaci\u00f3n judicial que contiene un requerimiento nulo. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- La demanda y su contestaci\u00f3n constituyen los l\u00edmites concretos sobre los cuales el juez debe moverse al momento de definir la controversia. El demandante precisa sus pretensiones y sus fundamentos; el demandado le da una presentaci\u00f3n a los hechos expuestos por la contraparte, o esgrime otros, tendientes a negar, modificar o dilatar las pretensiones del demandante. La sentencia en su parte resolutiva debe guardar armon\u00eda con esas directrices, vale decir, con lo que se pide en la demanda, con las excepciones que aparecen probadas en el proceso, aunque no hubiesen sido alegadas si son declarables de oficio, o con las excepciones alegadas si son de aquellas que por disposici\u00f3n legal no pueden declararse inquisitivamente. Desde luego, que a partir de la vigencia del decreto 2282 de 1989, la incongruencia involucra el estado de hecho fundante de las pretensiones, de manera tal, como lo ha dicho la Corte, que se atentar\u00eda contra este principio cuando se tiene en cuenta hechos distintos a los invocados en la demanda. <\/p>\n
La desarmon\u00eda entre la parte resolutiva de la sentencia y las pretensiones de la demanda, o entre ella y las defensas del demandado en la forma anotada, generan un fallo disonante, incongruente, atacable en casaci\u00f3n, lo cual puede ocurrir cuando se condena a m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido (extra petita), o no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita) 1. Por lo tanto, no es incongruente la sentencia que reconoce menos de lo implorado o condena a m\u00e1s de lo probado pero igual o menos que lo pretendido. En materia de excepciones tampoco lo es cuando acoge una que, bajo el presupuesto de estar probada, fue propuesta por el demandado o una que puede y debe declarar de oficio. <\/p>\n
La inconsonancia implica siempre un error en la mec\u00e1nica del proceso porque \u201c…se trata de una causal que goza de autonom\u00eda y a la que la ley ha investido de autoridad propia, ha de interpretarse en forma tal que no traspase su espec\u00edfica finalidad ni altere su naturaleza. S\u00f3lo lo que est\u00e1 dentro del concepto puramente formal de desarmon\u00eda entre lo demandado y lo fallado es lo que puede estructurarla; consiguientemente, como en forma constante lo ha expuesto la Corte, esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al Juzgador como motivos determinantes de su fallo\u201d2, porque si la censura parte de haber cometido el sentenciador yerros de apreciaci\u00f3n en cuanto a lo pedido y lo decidido, \u201cy a consecuencia de ello resuelve de manera diferente a como se le solicit\u00f3, no comete incongruencia sino un vicio in-judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casaci\u00f3n\u201d3. <\/p>\n
De tiempo atr\u00e1s hab\u00eda sostenido esta Corporaci\u00f3n que la sentencia totalmente absolutoria no pod\u00eda ser censurada por incongruencia ni, por tanto, acusada con base en la causal segunda de casaci\u00f3n, atribuy\u00e9ndole los defectos supracitados4, porque en una decisi\u00f3n de esta naturaleza mal pod\u00eda decirse que el sentenciador se hab\u00eda abstenido de fallar algo de lo pedido, o hab\u00eda incurrido en exceso al haber decidido de m\u00e9rito, s\u00f3lo que negativamente, sobre todas las cuestiones planteadas en la demanda. Desde luego que ese criterio doctrinal hoy en d\u00eda no puede mantenerse como algo absoluto, porque si a la incongruencia se puede llegar porque el juzgador se aparta de los extremos f\u00e1cticos del debate, con l\u00f3gica se puede concluir que una sentencia totalmente desestimatoria puede ser el producto de esa alteraci\u00f3n de los hechos, caso en el cual se estar\u00eda incurriendo en una inconsonancia o desarmon\u00eda denunciable en casaci\u00f3n, porque como se anot\u00f3, de conformidad con el art. 305 ib\u00eddem, la congruencia en la actualidad comprende tambi\u00e9n \u201clos hechos\u201d fundantes de las pretensiones. <\/p>\n
2.- En el caso sub-lite lo que plante\u00f3 la parte actora en su demanda fue la \u201cresoluci\u00f3n\u201d del contrato de promesa de permuta de 11 de mayo de 1982. Empero, al hacer una r\u00e1pida confrontaci\u00f3n entre dicha pretensi\u00f3n y lo decidido en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia, en cuanto deneg\u00f3 totalmente las pretensiones de la demanda y absolvi\u00f3 de las mismas a la parte pasiva, no se avizora entre tales extremos ninguna se\u00f1al de incongruencia. <\/p>\n
En efecto, si en el contexto del libelo no se demand\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de permuta, es claro que desde el punto de vista formal la sentencia se encuentra en completa armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, pues el Tribunal consider\u00f3 que la \u201cresoluci\u00f3n\u201d del contrato de promesa de permuta, es decir, lo que le fue planteado, no se abr\u00eda paso por cuanto el hecho del incumplimiento endilgado no era atribuible exclusivamente a la parte demandada; y porque, de otro lado, quien se oblig\u00f3 a vender el inmueble \u201cLas Camelias\u201d estuvo dispuesto en todo tiempo a cumplir inmediatamente se percat\u00f3 del error, tal como se deduce de las actuaciones judiciales por \u00e9l adelantadas. <\/p>\n
Por \u00faltimo, para descartar definitivamente cualquier asomo de incongruencia, debe dejarse por averiguado que el Tribunal defini\u00f3 que la precitada promesa era v\u00e1lida y que no era de aquellas que por mandato de la ley 50 de 1936 deb\u00eda ser declarada nula de manera oficiosa. Este pronunciamiento signific\u00f3 un juzgamiento sobre el punto de la nulidad no obstante no haberse formulado pretensi\u00f3n expresa al respecto. Acerca de este aspecto es importante tener en cuenta que en las disposiciones que deben darse de oficio, as\u00ed no se soliciten, puede darse la incongruencia negativa, si se omiten, pero en este caso no puede haber incongruencia porque hubo pronunciamiento, as\u00ed sea impl\u00edcito. <\/p>\n
Lo dicho es suficiente para desechar el cargo formulado. Con todo, como el ataque se endereza a criticar los fundamentos que esgrimi\u00f3 el ad-quem para negar el incumplimiento y, por as\u00ed decirlo, la invalidez de la promesa del contrato de permuta, esas apreciaciones, equivocadas o no, ha debido enjuiciarlas el impugnante con base en la causal primera de casaci\u00f3n por referirse precisamente a un yerro in judicando. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Dice textualmente el censor que acusa la sentencia por haber violado en forma directa los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1608 y 1956 del C\u00f3digo Civil, al insistir el sentenciador de instancia que el contratante incumplido no se encuentra incurso en esa conducta, si demostr\u00f3 que se allan\u00f3 a cumplir. <\/p>\n
Se\u00f1ala el recurrente, para desarrollar la censura, que el Tribunal acepta, adem\u00e1s de estar plenamente demostrado, que los contratantes acudieron el d\u00eda 13 de julio de 1982, a las 3 p. m., a la Notar\u00eda Unica de Honda (Tol.) con el fin de perfeccionar el contrato prometido, tal como se hab\u00eda pactado. Adem\u00e1s que el demandante GUILLERMO LAGOS BOLIVAR mediante escritura p\u00fablica No. 681, ejecut\u00f3 su obligaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el predio \u201cEl Vergel\u201d; mientras que el demandado BENJAMIN PERICO ALDANA, lo hizo \u00fanicamente respecto del inmueble \u201cLas Palmas\u201d, dejando de hacer lo propio sobre el lote \u201cLas Camelias\u201d. <\/p>\n
Reconoce el ad-quem, agrega, que LAGOS BOLIVAR \u201cest\u00e1 legitimado procesalmente para reclamar\u201d, pero adelante se retracta \u201ctratando de crear una concurrencia de culpas\u201d entre los contratantes y un allanamiento del incumplido en cumplir, para de ese modo desechar las pretensiones de la demanda, desconociendo que el demandado incurri\u00f3 en mora simplemente por no haber suscrito la escritura p\u00fablica en el lugar y tiempo convenido (art. 1608, numeral 1o., del C. C.); adem\u00e1s, interpret\u00f3 incorrectamente el numeral 3o. ib\u00eddem, pues el requerimiento s\u00f3lo puede demandarlo el contratante cumplido <\/p>\n
Ante esas contradicciones considera que el cargo debe prosperar. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- La Corte ha sostenido en forma reiterada e invariable que el ataque por la v\u00eda directa implica para el recurrente la plena aceptaci\u00f3n de las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal en el campo de los hechos, pues en tal evento el censor debe centrar el ataque exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o err\u00f3neamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con las apreciaciones f\u00e1cticas y probatorias del fallador, \u201cporque precisamente en ese t\u00f3pico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es lo mismo, el recurrente no puede separarse de las conclusiones que deriv\u00f3 el Tribunal del examen de los hechos\u201d5. <\/p>\n
En otras palabras, desde el punto de vista f\u00e1ctico el Tribunal exculp\u00f3 a la parte demandada del cumplimiento de la obligaci\u00f3n de hacer, respecto de uno de los inmuebles prometidos, el d\u00eda y hora prefijados, por culpa imputable tambi\u00e9n al demandante. El contexto, pues, de la sentencia dej\u00f3 claramente establecido que ambos contratantes incumplieron simult\u00e1neamente sus obligaciones rec\u00edprocas, raz\u00f3n por la cual para despachar el cargo debe hacerse abstracci\u00f3n de esa conclusi\u00f3n probatoria.- <\/p>\n
3.- De conformidad con el art. 1546 del C. C. armonizado con el art. 1602 ib\u00eddem, en los contratos bilaterales, si uno de los contratantes incumple lo pactado, por operar la condici\u00f3n resolutoria que en estos contratos supone la ley, el otro contratante est\u00e1 facultado para pedir a su arbitrio, la resoluci\u00f3n del contrato, o su cumplimiento, en uno u otro caso pretendiendo, adem\u00e1s, acumuladamente, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
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Seg\u00fan lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte, \u201cla legitimaci\u00f3n para impetrar la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato por uno de los contratantes, supone necesariamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o el allanarse a cumplirlas\u201d6. Con todo, conforme lo explica la Corporaci\u00f3n en la misma sentencia, invocando como fuente la de 29 de noviembre de 1978, G. J. T. CLVII, p\u00e1g. 299, conforme al art. 1609 del C. C., \u201cEn los contratos bilaterales en que las rec\u00edprocas obligaciones deben ejecutarse sucesivamente, esto es, primero las de uno de los contratantes y luego las del otro, el que no recibe el pago que deb\u00eda hac\u00e9rsele previamente s\u00f3lo puede demandar el cumplimiento dentro del contrato si \u00e9l cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir conforme a lo pactado, pero puede demandar la resoluci\u00f3n si no ha cumplido ni se allana a hacerlo con fundamento en que la otra parte incumpli\u00f3 con anterioridad\u201d. En cambio, si las obligaciones son simult\u00e1neas, \u201cel contratante cumplido o que se allana a cumplir con las suyas, queda en libertad de ejercer, o la acci\u00f3n de cumplimiento o la acci\u00f3n resolutoria, si fuere el caso\u201d. <\/p>\n
En torno a lo anterior, sin hesitaci\u00f3n se pudiera concluir que el demandante del caso presente carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para pretender la resoluci\u00f3n del contrato, pues \u00e9l mismo es un contratante incumplido que tampoco se ha allanado a cumplir. Mas cuando la pretensi\u00f3n se enfila con relaci\u00f3n a un contrato parcialmente cumplido y respecto de un contratante que ulteriormente siempre ha dado muestras de su intenci\u00f3n a cumplir las obligaciones a su cargo, y ello ha sido acreditado. <\/p>\n
Razones de orden jur\u00eddico, pero tambi\u00e9n econ\u00f3mico, permiten afirmar que la alternativa que ofrece el art. 1546 del C. C., encuentra un l\u00edmite en eventos como el descrito, donde, seg\u00fan se vio, el contrato ha sido parcialmente cumplido y el demandado muestra su voluntad de satisfacer el inter\u00e9s del demandante, y no a ra\u00edz de la demanda. Estas circunstancias excluye de por si el aniquilamiento de la relaci\u00f3n material, de un lado por quedar eliminada la idea de desistimiento, y de otro, en consideraci\u00f3n a la irrelevancia del incumplimiento, frente al inter\u00e9s econ\u00f3mico del contrato. Respecto a lo primero, el cumplimiento parcial de una misma obligaci\u00f3n o de varias escindibles, sumada a la intenci\u00f3n de llevar a cabo las prestaciones a\u00fan pendientes, trasluce, a no dudarlo, una manifestaci\u00f3n inequ\u00edvoca de perseverar en todo lo pactado. En torno a lo segundo, no sobra repetir que el contrato fue cumplido en importante porcentaje de las prestaciones, pues como bien lo ense\u00f1a el expediente todo el conflicto surge por la no transferencia del peque\u00f1o lote \u201cLas Camelias\u201d, hoy, entre otras cosas pose\u00eddo por el propio demandante. <\/p>\n
4.- De lo dicho se desprende que el Tribunal no quebrant\u00f3 las normas sustanciales que se denuncian, motivo por el cual el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
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Manifiesta el recurrente que la sentencia impugnada viol\u00f3 los art\u00edculos 200, 264, 279 y 36l del C. de P. C.; l546, 1602, 1603, 1608 y 1956 del C. C, como consecuencia de errores de derecho cometidos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, en lo que respecta a su aducci\u00f3n, decreto y practica en la segunda instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Se\u00f1ala, en efecto: a) Uno de los requisitos para practicar en segunda instancia las decretadas en la primera, hace relaci\u00f3n a que ellas se hayan dejado de evacuar sin culpa de quien las solicit\u00f3. En este caso el Tribunal evacu\u00f3 el interrogatorio del demandante en una forma de subsanar la desidia de la parte demandada, pues en primer instancia quien solicit\u00f3 la prueba no compareci\u00f3 a formular el interrogatorio, no obstante la comparecencia del por interrogar (fol. 68, cuad. 1). b) Para decretar pruebas en segunda instancia es indispensable que ellas versen sobre hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en la primera; o se trate de documentos que no hayan podido aducirse en \u00e9sta por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento no se re\u00fane ninguno de estos presupuestos; el Tribunal, empero, decret\u00f3 como prueba copia del proceso ejecutivo que por obligaci\u00f3n de hacer entabl\u00f3 el demandado contra el demandante, no obstante, seg\u00fan se deduce, haberse iniciado la ejecuci\u00f3n antes de contestarse la demanda ordinaria. <\/p>\n
Pese a lo anterior el ad-quem apreci\u00f3 las susodichas pruebas para deducir, equivocadamente, de un lado, el deseo permanente del demandado de cumplir estrictamente lo pactado en la promesa de permuta; y, de otro, disculparlo ante la concurrencia de culpas. Lo primero se desvanece con el contexto de la escritura p\u00fablica No. 680 toda vez que all\u00ed se indica que quien compareci\u00f3 a la Notar\u00eda con la minuta fue el se\u00f1or BENJAMIN PERICO ALDANA, lo cual quiere decir que lo declarado en aqu\u00e9lla es el reflejo de \u00e9sta; y con el contenido de la escritura p\u00fablica No. 2130 de mayo 19 de 1982, pues a trav\u00e9s de ella dicho se\u00f1or compr\u00f3 ambos lotes, luego resulta inexplicable que en la minuta haya relacionado uno s\u00f3lo. Adem\u00e1s, no puede atribuirse la intenci\u00f3n permanente de cumplir por cuanto el auto que admiti\u00f3 el requerimiento judicial no se\u00f1al\u00f3 el n\u00famero de la notar\u00eda donde deb\u00eda suscribirse la escritura aclaratoria o complementaria. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo segundo, porque si la concurrencia de culpas al suscribir las escrituras p\u00fablicas se hace derivar del hecho de estar \u201cmareados\u201d los contratantes, el Tribunal no se percat\u00f3 que la minuta se dej\u00f3 en la Notar\u00eda antes de ponerse a libar; luego, si la minuta reflejaba la voluntad de PERICO ALDANA, a \u00e9ste no le importaba embriagarse, no as\u00ed a LAGOS BOLIVAR. Concluye, entonces, que la embriaguez de \u00e9ste fue aprovechada por aqu\u00e9l para traspasarle (sic.) solamente el predio \u201cLas Palmas\u201d. <\/p>\n
La apreciaci\u00f3n de pruebas evacuadas y allegadas extempor\u00e1neamente y la valoraci\u00f3n err\u00f3nea de las mismas son suficientes, seg\u00fan el recurrente, para casar la sentencia impugnada. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- Es bien sabido que al quebrantamiento de normas de derecho sustancial puede llegarse por la v\u00eda indirecta, esto es, como consecuencia de errores cometidos en el \u00e1mbito de las pruebas producidas en el proceso con la finalidad de acreditar la existencia o inexistencia de las circunstancias f\u00e1cticas alegadas, ya sea por error de hecho o por error de derecho. Aqu\u00e9l error ocurre \u201ccuando el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de prueba en el proceso, o cuando al existente le da una interpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido objetivo; se presenta el error de derecho, en cambio, cuando el juez quebranta las normas legales que regulan la producci\u00f3n y eficacia de la prueba, o su evaluaci\u00f3n, es decir, cuando infringe dichos preceptos de disciplina probatoria\u201d7. En otras palabras, se incurre en error de hecho cuando se desacierta en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba, mientras que el error de derecho se traduce en la equivocada contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de ella, cotejada, desde luego, con las disposiciones de disciplina probatoria aplicables al medio. <\/p>\n
La equivocada contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba tiene ocurrencia cuando el fallador aprecia pruebas aducidas sin la observancia de los requisitos necesarios para su producci\u00f3n, o cuando no las eval\u00faa por considerar, desacertadamente, que fueron ilegalmente aducidas; o cuando les asigna un m\u00e9rito que la ley prohibe para el caso; o cuando les niega el que ella le otorga, o lo da por demostrado con prueba inconducente o exige para el efecto una prueba especial que la ley no requiere. En estos casos corresponde al recurrente no solamente indicar las normas de disciplina probatoria que considere infringidas, sino tambi\u00e9n explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n. No existe, por ende, el error de derecho cuando en aplicaci\u00f3n de los principios de publicidad y contradicci\u00f3n en materia probatoria, las pruebas se incorporan al proceso con sujeci\u00f3n a las exigencias legales y, adem\u00e1s, se les confiere el m\u00e9rito probatorio que la misma ley les otorga, todo en aplicaci\u00f3n al principio de la necesidad de la prueba contemplado en el art. 174 del C. de P.C..- <\/p>\n
<\/p>\n
2.- En el presente caso se indica que el sentenciador al proferir la sentencia impugnada se equivoc\u00f3 al apreciar pruebas practicadas e incorporadas en la segunda instancia sin observancia de los requisitos exigidos en el art. 361, numerales 2, 3 y 4, del C. de P. C., como fue el interrogatorio del demandante GUILLERMO LAGOS BOLIVAR y copia de la actuaci\u00f3n correspondiente al proceso ejecutivo (obligaci\u00f3n de hacer) que cursa en el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el cual fue incoado por el se\u00f1or BENJAMIN PERICO ALDANA contra el recurrente; todo en una forma de \u201csubsanarle al demandado su desidia\u201d. <\/p>\n
Pues bien, el yerro de derecho que se endilga tendr\u00eda ocurrencia si las precitadas pruebas las hubiere decretado y practicado el ad-quem a instancia de la parte demandada. Sin embargo, como esos medios de convicci\u00f3n se allegaron al proceso por virtud del principio inquisitivo, el derrumbamiento de la sentencia por dicho aspecto no puede abrirse paso. En efecto, en auto de fecha 16 de marzo de 1993 (fol. 10, cuad. 2), el Tribunal decret\u00f3 \u201cde oficio\u201d la pr\u00e1ctica de las susodichas pruebas \u201c…de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 179 y 180 del C. de P. C.\u201d, precepto este \u00faltimo que autoriza al juez decretar \u201cpruebas de oficio, en los t\u00e9rminos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar\u201d, lo cual significa que el funcionario ad-quem no est\u00e1 limitado para decretar y evacuar pruebas por el art. 361 \u00e9jusdem, am\u00e9n de que, como consta en autos (fol. 68, cuad. 1), el interrogatorio del demandante no se pudo evacuar en la primera instancia no porque el solicitante de la prueba no hubiere comparecido a interrogar, sino porque \u201c…el personal de la secretar\u00eda se encuentra atendiendo al visitador de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n…\u201d. <\/p>\n
El C\u00f3digo de Procedimiento Civil colombiano es fiel reflejo del sistema mixto que informa las codificaciones procesales modernas, donde sin dificultad se nota la influencia simult\u00e1nea de los principios dispositivo e inquisitivo, como claramente sucede en el campo probatorio donde al lado de la facultad de las partes para pedir la pr\u00e1ctica de pruebas (arts. 75, ord. 10, 183, 184 y 361, entre otros), aparece el deber del juez de decretar pruebas de oficio, \u201ccuando las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d (arts. 179 y 180). Advi\u00e9rtase como el art. 179 ib\u00eddem, no establece ninguna limitaci\u00f3n de tipo funcional, pues expresamente atribuye el deber al \u201cmagistrado o juez\u201d, lo cual lleva con l\u00f3gica a pensar no s\u00f3lo en el juez de primera, sino en el de segunda instancia, pero tambi\u00e9n en el juez colegiado y el singular. Por supuesto que trat\u00e1ndose de un compromiso con el hallazgo de la verdad, puesto que el proceso judicial no se justifica sino en tanto sea un instrumento para su verificaci\u00f3n, porque \u00e9sta en s\u00ed constituye un principio de justicia, los argumentos de desidia de las partes no pueden dar al traste con lo que en definitiva es un poder-deber del juez, quien, como bien se sabe, dej\u00f3 de ser un espectador del proceso para convertirse en su gran director, y a su vez, promotor de decisiones justas. <\/p>\n
3.- La segunda parte del cargo, que debe ser escindida de acuerdo con lo autorizado por el art. 51, num. 2o., del decreto 2651 de 1991, prorrogado en su vigencia por las leyes 192 de 1995 y 287 de 1996, para efectos de su decisi\u00f3n, denuncia errores de hecho en el raciocinio del ad-quem, pues en opini\u00f3n del recurrente, \u00e9ste tergivers\u00f3 el contenido material de las pruebas all\u00ed enunciadas, cuando con apoyo en ellas desconoci\u00f3 \u201cel incumplimiento del contrato de promesa de permuta por parte del demandado\u201d y convirti\u00f3 \u201cla mala fe de dicho contratante, en simple ingenuidad del mismo\u201d. <\/p>\n
Reiteradamente ha dicho la Corte que el desacierto en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba (error de hecho), s\u00f3lo tiene lugar cuando el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o ha ignorado en forma absoluta la presencia de la que si est\u00e1 en ellos, o cuando a pesar de haberla apreciado altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n de su contenido (suposici\u00f3n), o por cercenamiento del mismo (preterici\u00f3n). Adicionalmente, para que se configure esta clase de yerro, en cualquiera de sus modalidades, es requisito indispensable que sea manifiesto o contraevidente y trascendente. Lo primero implica que la conclusi\u00f3n de hecho a que lleg\u00f3 el juzgador resulte evidentemente contraria a la realidad f\u00e1ctica exteriorizada en la prueba, esto es, que se aprecie de bulto y no despu\u00e9s de un intrincado an\u00e1lisis. Lo segundo, que el error incida en la decisi\u00f3n final, descart\u00e1ndose, por tanto, el inane o irrelevante. <\/p>\n
4.- Afirma el recurrente que el Tribunal tergivers\u00f3 el contenido material de las pruebas aludidas en la segunda parte del cargo que se despacha, pues no vio que la escritura p\u00fablica No. 680 se origin\u00f3 en la minuta que present\u00f3 PERICO ALDANA, que \u00e9ste se aprovech\u00f3 de la embriaguez de LAGOS BOLIVAR para traspasarle uno s\u00f3lo de los predios a que se comprometi\u00f3, y que el requerimiento judicial dispuesto por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u201cera en s\u00ed mismo inv\u00e1lido\u201d, al dejarse de se\u00f1alar el n\u00famero de notar\u00eda en la cual deb\u00eda suscribirse la escritura p\u00fablica relativa al predio \u201cLas Camelias\u201d. Esto lo llev\u00f3, agrega, a desconocer el incumplimiento del contrato de promesa de permuta por parte del demandado y a convertir la mala fe de dicho contratante en simple ingenuidad del mismo. <\/p>\n
Lo anterior indica que a\u00fan siendo cierto que el ad-quem tergivers\u00f3 la prueba citada, el error resulta intrascendente, pues a pesar del incumplimiento del demandado, el incumplimiento atribuido al demandante permanece inc\u00f3lume, por tratarse de una obligaci\u00f3n simult\u00e1nea, que no sucesiva. Ya se dijo que si ambos contratantes incumplen concurrentemente en trat\u00e1ndose de obligaciones de ejecuci\u00f3n simult\u00e1nea, ninguno de los dos estar\u00eda legitimado para pretender la resoluci\u00f3n del contrato, mucho menos cuando materialmente el demandado entreg\u00f3 al actor el predio que no se incluy\u00f3 en la escritura p\u00fablica No. 680.- Al respecto pertinente resulta la remisi\u00f3n a las consideraciones expuestas para despachar el cargo precedente. <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, en lo que respecta al requerimiento preprocesal verificado en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el Tribunal no concluy\u00f3 de \u00e9l ninguna consecuencia adversa; simplemente lo trajo a colaci\u00f3n, partiendo del incumplimiento concurrente de ambas partes, para mostrar la voluntad unilateral del demandado de allanarse a cumplir, fuera de haber realizado todas las diligencias con dicho prop\u00f3sito antes de la presentaci\u00f3n de la demanda ordinaria, en un lapso razonable. Obs\u00e9rvese como la escritura del predio \u201cLas Camelias\u201d deb\u00eda suscribirse el 13 de julio de 1982, mientras que la demanda ordinaria fue presentada el 14 de mayo de 1984 (fol. 22, cuad.1), interregno en el cual el demandado formul\u00f3 la solicitud de requerimiento (23 de julio de 1983 -fol. 14, cuad. 2-), obtuvo la pr\u00e1ctica de esa diligencia (27 de abril de 1983 -fol. 17 vto., ib.-), y present\u00f3 la demanda ejecutiva (8 de febrero de 1984 -fol. 29, ib.-). <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Por tanto, el cargo que se estudia, en su integridad, tampoco est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 28 de mayo de 1993 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario adelantado por GUILLERMO LAGOS BOLIVAR frente a BENJAMIN PERICO ALDANA. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del demandante-recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
1Cfr. Cas. Civ. julio 14 de 1987. <\/p>\n
2G.J. Tomo CXLII, p\u00e1gs. 196 y 197. <\/p>\n
3Cfr. Cas. Civ. junio 6 de 1981. <\/p>\n
4G.J. Tomo CXVI, p\u00e1g. 84. <\/p>\n
5Sentencia de 25 de julio de 1991. <\/p>\n
6G.J. Tomo CCXXXIV, p\u00e1g. 688. <\/p>\n
7Cas. Civ. julio 24 de 1983. <\/p>\n
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S-001-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81437\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}