S-002-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 4331.- <\/p>\n
Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 23 de Julio de 1.992 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario instaurado por JOAQUIN MARIO VALENCIA TRUJILLO en frente de LA NACIONAL COMPA\u00d1IA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES: <\/p>\n
Al Juzgado Segundo Civil de Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 le correspondi\u00f3 conocer de la demanda con que se instaur\u00f3 el referido proceso. En ella, el demandante formul\u00f3 las siguientes pretensiones: <\/p>\n
PRINCIPALES: <\/p>\n
1) Que se declare que el d\u00eda 19 de octubre de 1984, el helic\u00f3ptero marca Hughhes 500-D, con matr\u00edcula HK 2886-P de propiedad del demandante, sufri\u00f3 un accidente en inmediaciones del R\u00edo Agua Clara (Valle), que lo dej\u00f3 inservible para su funcionamiento. 2) Que se declare que dicho accidente configur\u00f3 el siniestro de aviaci\u00f3n amparado por el demandante por medio de la p\u00f3liza 19.101.006, expedida por la aseguradora demandada. 3) Que se declare que el demandante cumpli\u00f3 con todas sus obligaciones con la aseguradora, especialmente con las de demostrar el siniestro y la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho por causa del accidente que afect\u00f3 el helic\u00f3ptero mencionado. 4) Que se declare que la demandada est\u00e1 en mora de pagar al demandante, desde el 23 de enero de 1.985, el valor de la indemnizaci\u00f3n que afect\u00f3 la referida p\u00f3liza. 5) Que, consecuentemente, se condene a la demandada a pagar en favor del demandante la suma de $27.000.000.oo, valor real de la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho por el siniestro y por raz\u00f3n de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por el helic\u00f3ptero de su propiedad. 6) Que igualmente se le condene a pagar el valor de todos los perjuicios que le ha causado la mora del asegurador, incluyendo el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se demostrar\u00e1n en el proceso, y dentro del da\u00f1o emergente la depreciaci\u00f3n monetaria del peso colombiano desde la fecha del siniestro hasta la fecha de la sentencia que as\u00ed lo disponga. 7) Que se condene a la demandada al pago de las costas del presente proceso. <\/p>\n
SUBSIDIARIAS: <\/p>\n
1) Que se declare que entre la misma Aseguradora y el demandante se celebr\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n el d\u00eda 29 de marzo de 1.986, en virtud del cual aquella pagar\u00eda al \u00faltimo la suma de $10.749.784, como valor \u00edntegro a que tiene derecho por el siniestro que afect\u00f3 la p\u00f3liza 19.101.006, y el demandante, por virtud de dicho pago, desistir\u00eda de todas las acciones legales que tuviere contra la Aseguradora y la subrogar\u00eda conforme a la ley. 2) Que se declare que la demandada no cumpli\u00f3 en la forma y tiempo debidos el pago de la suma de $10.749.784 a que se comprometi\u00f3 en la forma anterior, como que no pag\u00f3 la indemnizaci\u00f3n el d\u00eda 29 de marzo de 1.985. 3) Que se declare que la demandada est\u00e1 en mora de pagar la suma de $10.749.784 desde esa fecha, en la cual se ha debido hacer el pago de acuerdo al mencionado contrato de transacci\u00f3n. 4) Que como consecuencia de lo anterior, por incumplimiento de la demandada, se declare resuelto dicho contrato de transacci\u00f3n. 5) Que se condene a la demandada a pagar el valor de todos los perjuicios causados al demandante por raz\u00f3n de dicho incumplimiento, los cuales deber\u00e1n comprender el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se comprueben dentro del proceso. 6) Que se condene, en fin, a la demandada a pagar las costas judiciales. <\/p>\n
La causa petendi se puede compendiar del siguiente modo: <\/p>\n
1. Que el d\u00eda 12 de noviembre de 1982 se celebr\u00f3 entre las partes de este proceso, el contrato de seguro de aeronaves para amparar el helic\u00f3ptero ya descrito, seg\u00fan consta en la p\u00f3liza No. 19.101.006 y sus anexos, respecto de la cual el demandante ha pagado oportunamente el valor de las primas y ha cumplido las obligaciones para con la Compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
2. Que el d\u00eda 19 de octubre de 1984, en vigencia del susodicho contrato de seguro, el helic\u00f3ptero sufri\u00f3 un accidente que le ocasion\u00f3 graves y cuantiosos da\u00f1os, configur\u00e1ndose as\u00ed el riesgo asegurado por la demandada; que de la ocurrencia del siniestro se le dio aviso oportuno a la aseguradora, por intermedio de los Corredores de Seguros Gustavo Zamorano & C\u00eda Limitada, a trav\u00e9s de quienes tambi\u00e9n se formul\u00f3 oportunamente la reclamaci\u00f3n respectiva – 22 de noviembre de 1984 -, acompa\u00f1ada de los documentos requeridos al efecto, la misma que no fue objetada por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros demandada; que por tal raz\u00f3n se encuentra en mora de pagar la indemnizaci\u00f3n desde el 23 de enero de 1985. <\/p>\n
3. Que solo el 29 de marzo de 1985 la aseguradora, por intermedio de los ajustadores Hudson & C\u00eda Limitada, liquid\u00f3 la indemnizaci\u00f3n en la suma de $10.749.784, sin tener en cuenta el presupuesto real de reparaci\u00f3n; por ello y porque el presupuesto inicial enviado por los representantes de la casa fabricante estimaron el valor de la misma en $12.559.930, el demandante rechaz\u00f3 aquella liquidaci\u00f3n, pese a lo cual suscribi\u00f3 el documento de reserva de derechos y desistimiento de acciones contra el asegurador, con el fin de que esta pudiera tramitar su reaseguro en el exterior, pero jam\u00e1s se le ha pagado suma alguna y por lo tanto dicho desistimiento no puede operar por incumplimiento del asegurado en el pago de la indemnizaci\u00f3n; dicho documento tampoco fue suscrito por el representante legal de la Compa\u00f1\u00eda de Seguros, de all\u00ed que la obligaci\u00f3n de indemnizar a cargo de esta nace del contrato de seguro y de la ley por haberse configurado el siniestro; que lo que si demuestra ese documento es que la Compa\u00f1\u00eda acept\u00f3 plenamente y sin objeci\u00f3n alguna el reclamo formulado por el demandante, por lo cual est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de pagar el valor real de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Que no obstante estar en mora la Compa\u00f1\u00eda, esta le remiti\u00f3 al demandante, el 14 de junio de 1985, un recibo de indemnizaci\u00f3n declar\u00e1ndola a paz y salvo mediante el recibo de $10.749.784, cifra que corresponde a la suma liquidada por los ajustadores, el cual no fue suscrito por aquel; que posteriormente, el 9 de julio del mismo a\u00f1o, la firma Aeroindustrias Lever & C\u00eda S.A. le remiti\u00f3 al demandante un presupuesto actualizado de reparaci\u00f3n, cuyo valor excede notoriamente al que liquidaron los ajustadores. <\/p>\n
5. Se dice en el hecho 12 de la demanda que el no pago oportuno de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a la citada p\u00f3liza, le ha ocasionado al demandante graves perjuicios derivados del mayor valor de la reparaci\u00f3n del helic\u00f3ptero que tiene que asumir para dejarlo en el estado en que se hallaba antes del siniestro, as\u00ed como del lucro cesante causado por la inmovilizaci\u00f3n del mismo. En consecuencia, la demandada se encuentra en mora de cancelar la indemnizaci\u00f3n desde el 23 de enero de 1985, por lo cual deber\u00e1 pagarle, adem\u00e1s, la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios causados por la mora que se acaban de mencionar. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, el demandante dice que para establecer la ocurrencia del siniestro, la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n, la aceptaci\u00f3n del reclamo por parte de la demandada, el recibo de dinero de los reaseguradores y las dem\u00e1s circunstancias del caso, se practic\u00f3 prueba anticipada de exhibici\u00f3n de documentos con la cual se demuestran distintos hechos que relaciona minuciosamente. <\/p>\n
Por su parte, la demandada contest\u00f3 oportunamente la demanda y en el escrito respectivo neg\u00f3 la mayor\u00eda de los hechos en que esta se funda; acept\u00f3 lo concerniente a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, aunque puso de presente la falta del elemento esencial del \u00abinter\u00e9s asegurable\u201d, y la celebraci\u00f3n de un contrato de transacci\u00f3n del que dice que fue desconocido por el demandante, plasmado en el documento de desistimiento a que se alude en la demanda. De ese modo, se opuso a esta y, frente a las pretensiones, formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 de \u00abIlegitimidad de personer\u00eda del demandante\u00bb, \u00abExclusi\u00f3n de riesgo\u00bb, \u00abTransacci\u00f3n\u00bb, \u00abPrescripci\u00f3n Extintiva\u00bb, \u00abMora Creditoris\u00bb y \u00abCompensaci\u00f3n Parcial\u00bb. <\/p>\n
Cumplido el rito procesal, el juez de la primera instancia dict\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 \u201cprobada la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n propuesta por la parte demandada\u201d. Por ello, absolvi\u00f3 a la parte demandada de las pretensiones principales como consecuencia de la primera decisi\u00f3n de este fallo. Consider\u00f3 \u201cque la parte demandada incumpli\u00f3 el contrato de transacci\u00f3n a que se refiere el punto primero de la parte resolutiva de esta providencia. Por tanto la conden\u00f3 (a la parte demandada) a cancelar la suma de $10.749.784, junto con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses corrientes bancarios, desde el d\u00eda 29 de marzo de 1995, hasta que se produzca el pago. <\/p>\n
II. EL FALLO DEL TRIBUNAL: <\/p>\n
Mediante la sentencia que es objeto del presente recurso, el ad quem desat\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por ambas partes, disponiendo: <\/p>\n
1) Revocar el fallo de primera instancia. 2) Declarar que no prosperan las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la demandada. 3) Condenar a la Aseguradora a pagar, al demandante a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por el siniestro acreditado, la suma de $12.559.930; 4) Condenar a la demandada a reconocer sobre la suma anterior la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago – art. 1080 C. de Co., en su versi\u00f3n actual, por no tratarse de derechos adquiridos. La liquidaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse a partir del 23 de enero de 1985 y hasta cubrir la totalidad del valor correspondiente. Finalmente, dispuso la condena en costas en ambas instancias a cargo de la demandada. <\/p>\n
Los fundamentos del fallo impugnado se pueden resumir as\u00ed: <\/p>\n
1. Que por disposici\u00f3n legal el contrato de seguro debe constar por escrito y se perfecciona con la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza suscrita por el asegurador (Arts. 1036, 1046 y 1047 C. de Co.). Por su parte, el art. 1045 \u00edb. se\u00f1ala el \u00abinter\u00e9s asegurable\u00bb, entre los elementos esenciales de dicho contrato, el cual, seg\u00fan la doctrina, no es otra cosa \u00abque la causa primaria de la suscripci\u00f3n del contrato, determinada por la relaci\u00f3n de car\u00e1cter patrimonial o econ\u00f3mico entre la persona asegurada y el bien\u00bb. <\/p>\n
2. Que \u00abqued\u00f3 suficientemente demostrado con la documentaci\u00f3n allegada que, el tomador-beneficiario y aqu\u00ed demandante es quien tiene el inter\u00e9s asegurable\u00bb, y pese a que la demandada se lo niega por no haber demostrado ser el propietario de la aeronave ni haber manifestado esa condici\u00f3n al suscribir la p\u00f3liza, esa inexactitud no alcanza a vulnerar el contrato, puesto que no constituye reticencia ni nulidad relativa, en tanto que esa calidad no contribuy\u00f3 como elemento adicional del riesgo cuando tom\u00f3 el seguro; que \u00abal momento de otorgarle el amparo como due\u00f1o de la aeronave, ten\u00eda la espectativa (sic) de serlo, se comportaba como tal en el momento de ocurrir el siniestro\u00bb, aspectos estos que se encuentran acreditados con la declaraci\u00f3n de C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y con el informe que el Ajustador le env\u00eda a la Compa\u00f1\u00eda donde, con respecto al \u00abinter\u00e9s asegurable\u00bb, dice que Hern\u00e1n Rivera le vendi\u00f3 el Helic\u00f3ptero a Aerotalleres Becal Limitada, seg\u00fan escritura p\u00fablica otorgada el 14 de enero de 1983, registrada el 17 de agosto de 1984; que esta sociedad a su vez se lo vendi\u00f3 al demandante mediante negociaci\u00f3n que no ha sido protocolizada lo que explica por qu\u00e9 aparece la aeronave a nombre del antecesor y explotada por este, cuando en verdad ha estado bajo el dominio y cuidado del demandante desde el 5 de noviembre de 1983. Con base en los documentos aludidos, dicen los ajustadores en el informe:- \u00abcreemos que qued\u00f3 demostrado que el propietario s\u00ed es Joaqu\u00edn Mario Valencia Trujillo y as\u00ed lo hemos informado a sus Reaseguradores\u00bb. En tal virtud, remata el sentenciador, no prospera la excepci\u00f3n de ilegitimidad de personer\u00eda. <\/p>\n
3. Que tampoco puede prosperar la excepci\u00f3n de \u00abexclusi\u00f3n de riesgo\u00bb, basada en que la aeronave prestaba un servicio distinto del \u00abservicio particular\u00bb previsto en la p\u00f3liza, puesto que de las cl\u00e1usulas del contrato de seguro ni de sus anexos puede afirmarse que fue excluido el riesgo por esa circunstancia. <\/p>\n
4. Que no se reconoce la excepci\u00f3n de \u00abTransacci\u00f3n\u00bb, en cuanto que por ser definitorio de una controversia por disposici\u00f3n de las mismas partes, el contrato respectivo debe quedar plasmado en cl\u00e1usulas claras, precisas y sin asomo de ambig\u00fcedad, puesto que existiendo, ella finalizar\u00eda el proceso. <\/p>\n
Agrega que, aunque el demandante suscribi\u00f3 un documento por medio del cual se transar\u00eda el monto de los da\u00f1os, lo cierto es que dicho acto surtir\u00eda sus efectos solo despu\u00e9s de recibirse el pago, como tampoco operar\u00eda el desistimiento all\u00ed acordado. Que el demandado debi\u00f3 haber demostrado el cumplimiento de su obligaci\u00f3n en la misma fecha en que suscribi\u00f3 dicho documento, para poder presumir que esas estipulaciones reflejaban finalmente la voluntad interna de las partes. Deb\u00eda acreditar, igualmente, el t\u00e9rmino dentro del cual le cancelar\u00eda al demandante la suma referida, m\u00e1xime cuando ya hab\u00eda finalizado el t\u00e9rmino legal para objetar la reclamaci\u00f3n. Afirma el sentenciador, que el documento se firm\u00f3 en marzo de 1.985, su autenticaci\u00f3n finaliz\u00f3 en abril del mismo a\u00f1o y se demostr\u00f3 que el cheque solamente se gir\u00f3 en el mes de Julio siguiente, \u00abluego no puede afirmarse que ese escrito dej\u00f3 indemne una transacci\u00f3n que de suyo es consensual\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade el fallador que ni el hecho de que se demuestre a trav\u00e9s de la prueba testimonial, que la demandada estuvo presta a girar el respectivo cheque, ni los requerimientos que posteriormente se le hicieron al demandante para que lo recibiera, \u00abalcanzan a suplir el acuerdo, haci\u00e9ndole producir efectos, inmediatos, cuando las concesiones rec\u00edprocas no fueron plasmadas con claridad en el documento que se viene analizando\u00bb. <\/p>\n
5. Que tampoco tienen \u00e9xito las excepciones de: \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, por cuanto el t\u00e9rmino del caso fue interrumpido con la presentaci\u00f3n de la demanda; la de \u00abmora creditoris\u00bb, porque al no haber transacci\u00f3n, ninguna obligaci\u00f3n se le impon\u00eda al demandante; ni la de \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb puesto que no fue demostrado el valor de las primas de seguro adeudadas por el demandante, no pudi\u00e9ndose as\u00ed afirmar que dicha deuda sea l\u00edquida para lograr ese efecto. <\/p>\n
6. Que fracasadas las defensas propuestas por la demandada, salen avantes las pretensiones principales de la demanda, raz\u00f3n por la cual corresponde \u00abdeterminar la cuant\u00eda\u00bb de la indemnizaci\u00f3n o perjuicio sufrido realmente por el demandante con la ocurrencia del siniestro. <\/p>\n
Para tales efectos, el sentenciador analiza distintos testimonios, citando los apartes respectivos, de cuya apreciaci\u00f3n infiere que el helic\u00f3ptero fue reparado antes de instaurarse la demanda, \u00abluego lo relatado en el hecho 12\u00bb, sobre perjuicios por el mayor valor actual de la reparaci\u00f3n o por mantenerlo inmovilizado, no se ajust\u00f3 a la realidad; ni tampoco se acredit\u00f3 el valor final que se cancel\u00f3. A\u00f1ade que de la prueba documental relativa al valor de la hora de servicio de helic\u00f3ptero, no se puede establecer qu\u00e9 horas trabajaba la aeronave accidentada, ni cu\u00e1les contratos se dejaron de realizar \u00aben orden a determinar el da\u00f1o emergente o el lucro cesante causados por la mora en el pago de la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan la pretensi\u00f3n principal No. 6\u00bb. Igualmente carece de fundamentaci\u00f3n el dictamen pericial practicado con el fin de establecer los perjuicios irrogados al demandante. <\/p>\n
7. En esas circunstancias el sentenciador, tras recordar que el da\u00f1o que se debe reparar es el realmente sufrido por el asegurado y que el seguro de da\u00f1os no puede ser fuente de enriquecimiento – art. 1088 C. de Co. -, pasa luego a determinar, la cuant\u00eda del perjuicio sufrido por el demandante con la ocurrencia del siniestro afirmando que para tal fin: <\/p>\n
\u00ab…Ha de situarse la Sala, en lo realmente probado, esto es, teniendo origen contractual; existe un contrato de seguro, se cumplieron estos pasos: la entrega de la reclamaci\u00f3n, los comprobantes indispensables, el transcurso de los sesenta d\u00edas y la falta de objeci\u00f3n, todo lo cual, da origen para exigir el pago de la indemnizaci\u00f3n y ese t\u00e9rmino es el que indica a partir de cuando se incurre en mora…el demandante, anex\u00f3 los comprobantes indispensables y entre ellos la cotizaci\u00f3n que le exigi\u00f3 la compa\u00f1\u00eda demandada…all\u00ed se comprueba el qu\u00e1ntum del da\u00f1o y es esta suma la que tendr\u00e1 eficacia como fuente de obligaci\u00f3n -Art. 1077 idem-, esto es …($12.559.330.oo) que fue lo demostrado como valor del da\u00f1o. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, remata el sentenciador diciendo que \u00abEs la propia ley la que establece cual es el perjuicio -Art. 1080 ib\u00eddem – la obligaci\u00f3n m\u00e1s intereses moratorios a la tasa del 18% anual – y que hoy ha sido modificado por el Art. 83 de la ley 45 de 1990 \u00abm\u00e1s la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago\u00bb, aplicaci\u00f3n que puede hacerse por no tratarse de derechos adquiridos. Consecuentemente ha de revocarse la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
III. EL RECURSO DOBLE DE CASACION <\/p>\n
Como se anot\u00f3, ambas partes interpusieron el recurso de casaci\u00f3n, el que fuera sustentado en sendas demandas las cuales se examinar\u00e1n por separado, empezando con la presentada por la demandada, puesto que en cuatro de los cargos que contiene se impetra el quiebre total del fallo impugnado. La presentada por el demandante s\u00f3lo tiene alcance parcial. <\/p>\n
A) DEMANDA DE CASACION DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
En ella se proponen siete cargos contra la sentencia impugnada, los cuales se decidir\u00e1n en el orden propuesto; empero, dada su \u00edntima conexidad, conjuntamente los dos primeros, y del mismo modo los cargos tercero y cuarto; luego de manera individual los restantes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En \u00e9l se impugna la sentencia del Tribunal con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n – art. 368-1 C. de P.C., haber violado indirectamente los art\u00edculos 1036, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1083, 1086, 1427, 1781, 1851 del C. de Co, y los art\u00edculos 669, 1602, 1603 y 1757 del C. Civil, 9o. del Decreto 2332 de 1.977, 174, 177, 178, 187, 194, 200, 232, 251, 258, 264 y 265 del C. de Procedimiento Civil debido a manifiestos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de distintos medios probatorios. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n del cargo se compendia de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Que el Tribunal, al tratar sobre el inter\u00e9s asegurable, entiende que el demandante era el propietario del helic\u00f3ptero y se comportaba como tal, basado en la \u00abdocumentaci\u00f3n allegada\u00bb, el testimonio de C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y el informe del ajustador, considerando que la prueba de dominio sobre una aeronave no es solemne; y, de otra parte, no se detuvo a contemplar la p\u00f3liza 19.101.006 y el certificado de seguro visible a folio 10, mediante el cual se ampli\u00f3 la vigencia del seguro y se sustituyeron las personas aseguradas. <\/p>\n
2. Que el sentenciador se equivoca en la contemplaci\u00f3n objetiva de los tres medios probatorios citados primeramente, puesto que esa no es la prueba para acreditar el dominio sobre una aeronave y en el expediente obran otras pruebas que contradicen la conclusi\u00f3n inferida por el Tribunal sobre el tema. <\/p>\n
3. Que la \u00abdocumentaci\u00f3n allegada\u00bb no existe, puesto que no hay prueba alguna que se\u00f1ale al demandante como propietario del helic\u00f3ptero accidentado; por el contrario, el Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil (fls.. 240 y 241) certific\u00f3 que aquel en ning\u00fan momento ostent\u00f3 esa calidad y que son otros los que han figurado como due\u00f1os del mismo. Ese documento por ser de car\u00e1cter p\u00fablico, excluye cualquier otro medio de prueba tendiente a demostrar esa propiedad en cabeza de Joaqu\u00edn Mario Valencia. <\/p>\n
5. Que, de otra parte, yerra el sentenciador al dar por establecido que el demandante figuraba como asegurado en la fecha del accidente -19 de octubre de 1.984 -, cuando, seg\u00fan el certificado de seguros visible a folio 10, demuestra lo contrario; no se percat\u00f3 de que el contrato de seguro en que se apoya el demandante \u00fanicamente lo aseguraba hasta el 4 de noviembre de 1.983 y que de esa fecha en adelante, seg\u00fan dicho certificado, los asegurados pasaron a ser Hern\u00e1n Rivera Bueno y\/o Aerotalleres Becal Ltda., quienes precisamente figuraron como propietarios del helic\u00f3ptero seg\u00fan las certificaciones de las autoridades aeron\u00e1uticas. <\/p>\n
6. Que los errores denunciados inciden en el fallo impugnado, por cuanto el ad quem dedujo que el \u00abinter\u00e9s asegurable\u00bb, elemento estructural del contrato de seguro, estaba en cabeza del demandante, y bajo esa falsa hip\u00f3tesis conden\u00f3 a la demandada. Dice que de no haber incurrido el sentenciador en los referidos yerros de apreciaci\u00f3n, habr\u00eda concluido que el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en causa, por no tener el inter\u00e9s asegurable ni figurar como asegurado. En tal virtud, se produjeron las infracciones de los distintos preceptos que el cargo cita. <\/p>\n
7. La censura explica, vali\u00e9ndose de citas doctrinales, en que consiste el inter\u00e9s asegurable definido en el art\u00edculo 1083 del C. de Co., fundamentalmente para resaltar que sin este \u00ab..esto es, sin poder jur\u00eddico por parte del tomador del seguro o asegurado sobre el bien susceptible de siniestro, no puede haber contrato de seguro de cosas, porque aquel constituye elemento esencial de \u00e9ste, seg\u00fan voces del art\u00edculo 1.045 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; de otro lado, argumenta que el demandante tampoco acredit\u00f3 ser el tenedor, poseedor, arrendatario o usufructuario, o que detenta cualquier otro poder jur\u00eddico o econ\u00f3mico sobre el referido helic\u00f3ptero, calidades que el sentenciador no puede presumir. De ese modo, el Tribunal no pod\u00eda considerar existente el requisito esencial del contrato – el inter\u00e9s asegurable -, el que, seg\u00fan la doctrina, tampoco puede ser convalidado. <\/p>\n
8. En fin, el Tribunal le dio legitimaci\u00f3n en la causa al demandante a pesar de que no ostentaba la calidad de asegurado, habida consideraci\u00f3n de que el mismo contrato indica todo lo contrario. Ese proceder del fallador atenta contra el orden p\u00fablico garantizado por los art\u00edculos 1.036, 1.046 a 1.049 del C. de Co. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye el cargo, la excepci\u00f3n de ilegitimidad de personer\u00eda que tambi\u00e9n se puede traducir en inexistencia del contrato de seguro por la falta de uno de los requisitos esenciales, est\u00e1 llamada a prosperar, y en raz\u00f3n de ella se invoca la casaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, en \u00e9l se acusa la sentencia impugnada por violaci\u00f3n indirecta de las mismas normas referidas en el cargo precedente, pero como consecuencia de error de derecho en la valoraci\u00f3n de la prueba documental, del testimonio del se\u00f1or C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y del informe del Ajustador de Seguros. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del cargo se concreta en los siguientes puntos: <\/p>\n
1. Que la valoraci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la \u00abdocumentaci\u00f3n allegada\u00bb en la cual se basa el Tribunal para dar por sentado el inter\u00e9s asegurable en cabeza del demandante, es caprichosa y arbitraria \u00abpuesto que en el expediente no obra prueba documental id\u00f3nea sobre la cual se pueda aseverar que el demandante ostent\u00f3, en momento alguno, el derecho de propiedad sobre el helic\u00f3ptero HK-2886\u00bb; la referencia a dicha documentaci\u00f3n no es m\u00e1s que una frase de \u00abcomod\u00edn\u00bb emitida por el Tribunal, pues de los diversos documentos obrantes en el proceso, ninguno se\u00f1ala a Joaqu\u00edn Mario Valencia Trujillo como propietario de dicha aeronave. <\/p>\n
2. Que es equivocado e injur\u00eddico el alcance demostrativo que el sentenciador le otorga al testimonio de C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez, puesto que la prueba testimonial es ineficaz para acreditar la propiedad del helic\u00f3ptero. <\/p>\n
3. Que igualmente yerra el fallador al dar por acreditado el derecho de propiedad referido con un simple informe de un ajustador de seguros, que carece de autenticidad y no suple la escritura p\u00fablica que la ley requiere para demostrar tal hecho. <\/p>\n
4. Que si la ley sustancial exige que la propiedad sobre una aeronave debe acreditarse con la escritura p\u00fablica que contenga el acto o negocio jur\u00eddico mediante el cual dicho bien se traslad\u00f3 de un patrimonio a otro, mas el certificado sobre la inscripci\u00f3n de dicho t\u00edtulo expedido por la autoridad competente, el Tribunal no pod\u00eda pasar por alto las normas del r\u00e9gimen probatorio – citadas en el cargo – que, de un lado, limitan la eficacia de determinados medios de prueba y, de otro lado, proh\u00edben suplir la prueba solemne por medios distintos. La forma como el ad quem interpret\u00f3 los citados medios de prueba, d\u00e1ndoles valor persuasivo frente a un acto sobre el cual la ley exige una prueba especial, transgrede las normas que regulan la eficacia de la prueba testimonial y de los instrumentos p\u00fablicos y privados. <\/p>\n
Evidenciados dichos yerros de valoraci\u00f3n, remata el cargo, se impone la infirmaci\u00f3n de la sentencia recurrida. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I. Cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n y la censura orienta la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, esto es, imput\u00e1ndole al sentenciador la comisi\u00f3n de errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, ya de hecho o de derecho, es menester que el impugnante combata de manera exacta y completa todos los pilares en que se apoya el fallo impugnado, pues mientras uno de estos permanezca la sentencia pasa indemne en casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, cuando el recurrente omite impugnar las consideraciones f\u00e1cticas del sentenciador, o ataca razonamientos de este orden que nunca fueron expuestos en el fallo acusado dejando de lado lo que realmente fue el soporte, o cuando combate parcialmente sus fundamentos dejando al margen otros por cuya subsistencia aquel alcanza a mantenerse firme, el cargo es, entonces, inid\u00f3neo. Como es sabido, a la Corte le est\u00e1 vedado en esos casos, ex officio, dirigir las censuras hacia fundamentos distintos de los combatidos en el cargo o completarlas cuando las que se proponen son insuficientes para romper el fallo impugnado. <\/p>\n
II. Los cargos objeto de estudio, como aparece del resumen que en lo fundamental se ha hecho de ellos, omiten en efecto impugnar las consideraciones que en torno al \u00abinter\u00e9s asegurable\u00bb hizo el Tribunal y la conclusi\u00f3n a que con base en ellas lleg\u00f3 para hallarlo en cabeza del demandante. <\/p>\n
Por su parte, el recurrente, en ambos cargos y en la perspectiva del error de hecho y de derecho que explica en cada uno de ellos, censura la sentencia del ad quem al estimar que el fallador se equivoc\u00f3 al dar por demostrado el dominio o propiedad del helic\u00f3ptero en cabeza del demandante, y porque apoyado en esa falsa conclusi\u00f3n hall\u00f3 en relaci\u00f3n con este, el inter\u00e9s asegurable, siendo que dicho dominio \u00fanicamente se puede probar legalmente con la escritura p\u00fablica y el certificado de tradici\u00f3n respectivo. <\/p>\n
III. Expresado de otro modo, mientras el Tribunal en su an\u00e1lisis sobre el inter\u00e9s asegurable parti\u00f3 del hecho de que el demandante no era propietario del helic\u00f3ptero HK- 2886 en t\u00e9rminos jur\u00eddicos formales, sino de circunstancias que revelan un comportamiento como si tuviese esa condici\u00f3n pero sin serlo en realidad, el impugnante despleg\u00f3 toda su actividad en orden a endilgarle al sentenciador distintos yerros de apreciaci\u00f3n probatoria como si en verdad – que no fue as\u00ed – lo hubiese calificado jur\u00eddicamente de due\u00f1o. <\/p>\n
Los cargos, pues, se desv\u00edan, en tanto que combaten la sentencia en pos de desquiciar un fundamento que no se expuso omiti\u00e9ndose impugnar en ellos las bases que s\u00ed lo condujeron a dar por demostrado que el demandante era el titular del inter\u00e9s asegurable y, en tal virtud, que se hallaba legitimado para hacer valer los derechos derivados del contrato de seguro. <\/p>\n
IV. En fin, si el recurrente en los cargos propuestos iba encaminado a acusar la sentencia porque en ella se le reconoci\u00f3 al demandante el inter\u00e9s asegurable, sin ser propietario del helic\u00f3ptero protegido con el seguro de da\u00f1os, por estimar que con ello se vulneran los art\u00edculos 1.045 y 1.083 del C. de Co., debi\u00f3 encauzar la acusaci\u00f3n de otra manera. <\/p>\n
V. De todo lo anterior se sigue que las acusaciones en el punto tratado son inid\u00f3neas, pues aun en el evento de que los yerros denunciados existieran, no podr\u00eda quebrarse el fallo por encontrarse este apoyado en una consideraci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
VI. En otro aspecto de la acusaci\u00f3n, espec\u00edficamente en el cargo primero, se le imputa al fallador yerro de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas por cuanto dio por establecido que el demandante figuraba como asegurado en virtud de la p\u00f3liza 19.101.006, para la fecha en que ocurri\u00f3 el siniestro -19 de octubre de 1984-, no obstante que el contrato de seguro invocado en la demanda indica que su vigencia iba hasta el 4 de noviembre de 1983 y que el Certificado de seguro que obra a folio 10 del cuaderno principal demuestra que despu\u00e9s de esa fecha pasaron a ser otras personas. En s\u00edntesis, se cuestiona el fallo impugnado por haberle otorgado al demandante la condici\u00f3n de asegurado, sin tenerla. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los errores de hecho denunciados, la Corte halla un obst\u00e1culo que le impide entrar a examinarlos, dado que la condici\u00f3n de asegurado que se atribuy\u00f3 el demandante en la demanda nunca se disput\u00f3 en las instancias del proceso, ni fue tema de debate o confrontanci\u00f3n en ellas; antes bien, la aseguradora en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda acept\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato de seguro y distintas piezas del expediente denotan que la Compa\u00f1\u00eda de Seguros, en cuanto a la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n proveniente del siniestro, se entendi\u00f3 siempre con el demandante como asegurado. Trat\u00f3 s\u00ed de desvirtuar que \u00e9ste hubiera ostentado el inter\u00e9s asegurable pero jam\u00e1s la calidad de parte contratante. <\/p>\n
En ese orden de ideas, en el espec\u00edfico punto del que se trata, el cargo primero tampoco es id\u00f3neo, por cuanto se contrae a un hecho que por primera vez se plantea en el proceso y que por lo mismo configura un medio nuevo inadmisible en casaci\u00f3n dado que tampoco atenta contra ninguna regla de orden p\u00fablico, \u00fanicamente ata\u00f1e al inter\u00e9s privado que emerge de la relaci\u00f3n contractual que existi\u00f3 entre las partes. <\/p>\n
A ese respecto, ha dicho la Corte que se quebrantar\u00eda \u00abEl derecho de defensa si uno de los litigantes pudiera echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formados en instancia, respecto de los cuales, si los hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa…La sentencia no puede enjuiciarse en casaci\u00f3n sino con los materiales que sirvieron para estructurarla, no con materiales distintos, extra\u00f1os o desconocidos. Ser\u00eda, de lo contrario, una lucha desleal, no solo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto al Tribunal fallador a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan (sic) respecto del fallo mismo que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas.\u00bb (G.J. LXXXIII, p. 76). <\/p>\n
Por lo expuesto, los cargos primero y segundo no pueden prosperar. <\/p>\n
CARGO TERCERO: <\/p>\n
Con base en la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se le enrostra al fallo impugnado la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculo 1o., 2o. y 822 del C. de Co.; y de los art\u00edculos 1.602, 1.603, 2.469 y 2.483 del C. Civil, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba que condujeron al Tribunal a declarar no probada la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n. <\/p>\n
Los errores evidentes de hecho en que se basa la acusaci\u00f3n se resumen de la siguiente manera: <\/p>\n
1. Ignor\u00f3 el Tribunal la demanda introductoria del proceso y especialmente la confesi\u00f3n espont\u00e1nea de parte que contiene dicho acto procesal, respecto de la aceptaci\u00f3n inequ\u00edvoca que en ella hizo el demandante de un contrato de transacci\u00f3n celebrado el 29 de marzo de 1985, seg\u00fan el cual la demandada pagar\u00eda al demandante la suma de $10.749.784 como valor \u00edntegro de la indemnizaci\u00f3n por el siniestro que afect\u00f3 la p\u00f3liza 19.101.006. El sentenciador cuando estudi\u00f3 la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n no hace menci\u00f3n alguna de la confesi\u00f3n contenida en la demanda. <\/p>\n
2. Tampoco observ\u00f3 el Tribunal que la demandada al contestar el hecho 9o. de la demanda (fl. 160) y al proponer la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n (fls. 164 y 165), acept\u00f3 expresamente que entre las partes se hab\u00eda celebrado contrato de transacci\u00f3n que pon\u00eda fin a las controversias surgidas en torno a la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os sufridos por el helic\u00f3ptero en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. El Sentenciador dej\u00f3 de observar los testimonios de Alfredo Cantor Silva (Fls. 212 y 213, C. 1), C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez (Fls. 209 y 211, C. 1), Margarita Pe\u00f1aloza de Silva (fls. 8\u00ba. vto a 82, C. 2) y Myriam Mora (fls. 77 a 80 C.2; 215 a 218, C.1), quienes al un\u00edsono y en forma razonada dan cuenta de que las partes transigieron las diferencias surgidas con ocasi\u00f3n del siniestro ocurrido el 19 de octubre de 1984 dando raz\u00f3n de las diligencias que la Aseguradora adelant\u00f3 para cancelar la suma que le corresponde al demandante como resultado de la transacci\u00f3n y del descuento del valor de las primas que se adeudaban a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros. Transcribe el censor, los apartes pertinentes de las declaraciones ofrecidas por los testigos citados. <\/p>\n
4. Ignor\u00f3 el Tribunal: a) El cheque visible a folio 127 del cuaderno principal, girado, por la demandada en favor del demandante por la suma de $9.563.034; b) los informes del Banco Santander (Fls. 89 y 90, C. 2) que dan cuenta de la provisi\u00f3n de fondos para pagar el aludido cheque; c) los documentos visibles a folios 59, 61, 62, 68 y 74 del C. 2., los cuales llevan a la certeza de que la demandada adelant\u00f3 lo que estaba a su alcance en desarrollo o cumplimiento del contrato de transacci\u00f3n a que alude el demandante en las pretensiones subsidiarias. <\/p>\n
La falta de apreciaci\u00f3n de dichas pruebas llevaron al sentenciador a cometer otro evidente error de facto que no le permiti\u00f3 ver en el documento visible a folio 67-68 C. 1, la expresi\u00f3n inequ\u00edvoca del demandante por transigir el conflicto surgido con ocasi\u00f3n del accidente de helic\u00f3ptero HK-2886. <\/p>\n
Aduce la censura que por los errores de hecho mencionados, el sentenciador consider\u00f3 que no se configuraba la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n y, bajo esa falsa hip\u00f3tesis asumi\u00f3 el estudio de las pretensiones principales de la demanda, lo cual no pod\u00eda hacer v\u00e1lidamente por los efectos jur\u00eddicos de la cosa juzgada por la cual el litigio queda clausurado para siempre. Si no hubiera cometido tales yerros, habr\u00eda concluido en que dicha excepci\u00f3n estaba estructurada y plenamente probada y, \u00abpor contera, habr\u00eda aunado el documento obrante a folio 67 del cuaderno principal, denominado \u00abDesistimiento y Solicitud de Pago\u00bb que tambi\u00e9n recoge el contrato de transacci\u00f3n\u00bb. Por \u00faltimo, se refiere a los efectos jur\u00eddicos que produce la transacci\u00f3n. <\/p>\n
Culmina el censor diciendo que por ser evidentes los errores f\u00e1cticos que en el cargo se denuncian, se impone la casaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
CARGO CUARTO: <\/p>\n
I. Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n y por la v\u00eda indirecta, se tilda el fallo recurrido de haber infringido los art\u00edculos 15, 1.602, 1.603, 2.469 y 2.483 del C. Civil; 1o., 2o. y 822 del C. de Co.; y 252, 258, 264 y 279 del C. de Procedimiento Civil, debido a error de derecho en la valoraci\u00f3n del documento obrante a folio 67-68 (sic) del cuaderno principal, denominado \u00abDesistimiento y Solicitud de Pago\u00bb. <\/p>\n
II. En la sustentaci\u00f3n del cargo, el impugnante aduce que en dicho documento, reconocido ante Notario por el demandante, este presenta como liquidaci\u00f3n final de da\u00f1os la suma de $10.749.784 y en consideraci\u00f3n al pago de dicha suma libera a la aseguradora de todo futuro reclamo, demanda o responsabilidad. Es decir, dicho documento recoge los elementos estructurales de un convenio o acto de transacci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante el alcance demostrativo que el Tribunal deb\u00eda darle a ese documento, de conformidad con el art. 279 del C. de P.C., le resta efectos probatorios, so pretexto de exigir la prueba de algunas circunstancias que el mismo documento contiene, en tanto que afirma que mientras no se recibiera el pago acordado no se adquir\u00edan los derechos y obligaciones de la transacci\u00f3n ni operar\u00eda el desistimiento que en \u00e9l se menciona y que la demandada debi\u00f3 probar la cancelaci\u00f3n de la suma referida en la misma fecha en que suscribi\u00f3 el documento. <\/p>\n
Esas elucubraciones del Tribunal para restarle los alcances a la transacci\u00f3n contenida en el documento mencionado, configura error de valoraci\u00f3n o interpretaci\u00f3n del mismo, puesto que dentro de su clausulado no se observa esa serie de ingredientes que se le hacen ver. La forma como fue contemplada esa prueba hizo que se quebrantaran en forma flagrante los art\u00edculo 258, 264 y 279 del C. de P.C., puesto que por tratarse de un documento aut\u00e9ntico, las declaraciones contenidas en \u00e9l producen la convicci\u00f3n de que el demandante estaba renunciando a promover acci\u00f3n judicial en contra del asegurador; entonces el alcance que le dio al documento no es el jur\u00eddicamente adecuado y, por lo tanto, se infringieron las citadas normas de disciplina probatoria y, de contera, las normas sustanciales a que el cargo alude. <\/p>\n
Remata el cargo diciendo que si el juzgador hubiera interpretado correctamente y ajustado a las normas probatorias el contenido del documento citado, habr\u00eda concluido que el demandante renunci\u00f3, como lo permite el art\u00edculo 15 del C. Civil, a promover demanda o reclamaci\u00f3n en contra de la demandada en virtud del convenio transaccional. Demostrado el error -dice-, el cargo est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I. Es palmario que el Tribunal examin\u00f3 la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n, para denegarla, bas\u00e1ndose en el documento de \u00abdeclaraci\u00f3n de p\u00e9rdida\u00bb y \u00abdesistimiento y solicitud de pago\u00bb suscrito por el demandante \u00aben marzo de 1985\u00bb. De \u00e9l dedujo que \u00abmientras no se recib\u00eda el pago\u00bb – de la suma que ir\u00eda a cubrir los da\u00f1os de la aeronave – \u00abno se adquir\u00edan los derechos y obligaciones de la transacci\u00f3n y mucho menos operar\u00eda el desistimiento que all\u00ed se menciona\u00bb; agreg\u00f3 que la parte excepcionante debi\u00f3 probar que cumpli\u00f3 con dicha carga en la misma fecha en que suscribi\u00f3 tal documento, que lo hizo por si o por su Ajustador \u00abpara poder presumir que esas estipulaciones reflejaban fielmente la voluntad interna de las partes\u00bb y debi\u00f3 demostrar el \u00abt\u00e9rmino dentro del cual cancelar\u00eda la suma\u00bb, m\u00e1xime cuando ya hab\u00eda finalizado el tiempo para objetar la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 el sentenciador, adem\u00e1s, que el documento se suscribi\u00f3 en marzo de 1.985; que su autenticaci\u00f3n finaliz\u00f3 en el mes de abril del mismo a\u00f1o y que el cheque respectivo se gir\u00f3 en julio de 1.985, por lo que no puede afirmarse que ese escrito dej\u00f3 indemne una transacci\u00f3n que de suyo es consensual. <\/p>\n
Finalmente, dijo que la prueba testimonial sobre las diligencias que hizo la demandada para \u00abcancelar el siniestro\u00bb no alcanzan a suplir el acuerdo \u00abcuando las concesiones rec\u00edprocas no fueron plasmadas con claridad en el documento que se viene analizando\u00bb. <\/p>\n
II. En relaci\u00f3n con los errores de hecho denunciados en el cargo tercero, la Sala observa que no existe desacierto alguno imputable al Tribunal por no haber observado otros medios de prueba, distintos del documento de \u00abDeclaraci\u00f3n de P\u00e9rdida\u00bb (Fl. 66) y \u00abDesistimiento y Solicitud de Pago\u00bb, a fin de establecer la existencia del contrato de transacci\u00f3n y sus efectos, pues en verdad las pruebas de cuya pretermisi\u00f3n se duele el censor, como se ver\u00e1, confluyen en el mismo documento: <\/p>\n
1o.) Tanto el escrito de demanda (hecho 9o., fl.146), como el de la contestaci\u00f3n (respuesta al hecho 9o., Fl. 160 y sustentaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n, Fl.165), se refieren al documento de \u00abdesistimiento y pago\u00bb; ello se infiere, en la demanda, por menci\u00f3n expresa que de \u00e9l se hace y, en la contestaci\u00f3n, por el acuerdo que se aduce, la fecha de su celebraci\u00f3n y la referencia a un escrito contentivo de la misma. <\/p>\n
De manera que la apreciaci\u00f3n que de ese documento hizo el sentenciador, sin mirar hacia lo que expresan los actos procesales citados, no configura el error que se\u00f1ala el censor. <\/p>\n
2o.) Tampoco se advierte yerro alguno derivado de la no apreciaci\u00f3n de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb que cree ver el impugnante en la demanda, sobre la celebraci\u00f3n de un contrato de transacci\u00f3n, porque la verdad es que cuando el demandante aludi\u00f3 a esta, lo hizo a trav\u00e9s de las pretensiones subsidiarias y si en las principales busc\u00f3 hacer valer todos los derechos derivados del contrato de seguro, se infiere que el demandante parti\u00f3 del hecho de que la transacci\u00f3n no se celebr\u00f3 o no produjo efectos. Este aserto, lo refuerza la circunstancia consistente en que en el hecho 9o. de la demanda, el actor aludi\u00f3 a que el \u00abdesistimiento\u00bb que suscribi\u00f3 carece de trascendencia basado en que no recibi\u00f3 pago alguno, que lo firm\u00f3 con una intenci\u00f3n diversa a la de transigir y que no fue suscrito por el representante legal de la aseguradora. <\/p>\n
No hay, pues, yerro de hecho imputable al sentenciador por no ver en la demanda la prueba de confesi\u00f3n del demandante sobre la mentada transacci\u00f3n; ni, de otro lado, es relevante la alusi\u00f3n f\u00e1ctica que sobre el mismo contrato contiene la contestaci\u00f3n a la demanda, con el prop\u00f3sito de configurarlo, puesto que all\u00ed se aduce sin equ\u00edvocos que las partes transigieron la litis, en contradicci\u00f3n a lo que hab\u00eda expuesto el demandante en la causa petendi. <\/p>\n
3o.) No estructura error f\u00e1ctico alguno que el sentenciador ignorase los testimonios de Alfredo Cantor Silva, C\u00e9sar G\u00f3mez Guti\u00e9rrez, Margarita Pe\u00f1aloza y Myriam Mora, de los cuales, seg\u00fan el casacionista, se colige la demostraci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n. Ciertamente, los testigos coinciden en decir que la \u00abtransacci\u00f3n\u00bb a que se refieren en sus respuestas, fue plasmada en un escrito que por las caracter\u00edsticas que ellos mismos describen y la fecha de suscripci\u00f3n del mismo, no es otro que el denominado de \u00abDesistimiento y Solicitud de Pago\u00bb. Basta observar las transcripciones de las respectivas declaraciones que trae el mismo cargo. <\/p>\n
De otro lado, se observa que el Tribunal s\u00ed apreci\u00f3 la prueba testimonial; pero la tuvo como insuficiente para demostrar la transacci\u00f3n aducida, al estimar que con ella no se alcanza a suplir el acuerdo de voluntades vertido en el documento tantas veces mencionado. <\/p>\n
4o.) Tampoco se configura la equivocaci\u00f3n que se imputa al sentenciador por haber ignorado el cheque girado por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros como fruto de la supuesta transacci\u00f3n, dado que el Tribunal realmente lo apreci\u00f3 y precisamente por la circunstancia de que fue girado el 12 de julio de 1.985, pasada la fecha de la firma del documento de \u00abdesistimiento y pago\u00bb, no estim\u00f3 eficaces los acuerdos derivados de este. <\/p>\n
5o.)En fin, si en gracia de discusi\u00f3n, fuese dable suponer que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de hecho que denuncia la censura, ciertamente que el an\u00e1lisis precedente revela que ellos no emerger\u00edan con el car\u00e1cter de evidentes o manifiestos. <\/p>\n
III. Resta por examinar si en la apreciaci\u00f3n que hizo el fallador del documento de \u00abdesistimiento y pago\u00bb, que constituye la base cardinal del fallo impugnado, se presentan los yerros que se denuncian en los cargos tercero y cuarto. <\/p>\n
A ese respecto, se observa: <\/p>\n
En el cargo tercero, se dice que el Tribunal, por haber ignorado la prueba de confesi\u00f3n contenida en la demanda, la manifestaci\u00f3n hecha por el demandado en el escrito de contestaci\u00f3n, los testimonios atr\u00e1s mencionados y el cheque girado por la Compa\u00f1\u00eda, la certificaci\u00f3n sobre la provisi\u00f3n de fondos del mismo y los documentos en los cuales obran las diligencias adelantadas por la demandada para ejecutar o cumplir la transacci\u00f3n, le imputa error evidente al Tribunal porque no le permiti\u00f3 ver en el documento de \u00abdesistimiento y pago\u00bb, \u00abla expresi\u00f3n de voluntad inequ\u00edvoca del demandante por transigir el conflicto\u00bb, documento que \u00abno era m\u00e1s que otra prueba sobre el aludido convenio de transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ya antes se vio por qu\u00e9 el Tribunal no incurri\u00f3 en error alguno al dejar de apreciar otras pruebas diferentes del documento de \u00abdesistimiento y pago\u00bb; al igual que tambi\u00e9n se abordaron las conclusiones a que lleg\u00f3 aqu\u00e9l con base en el contenido de dicho documento, especialmente en cuanto consider\u00f3 que el acuerdo all\u00ed previsto estaba sometido en sus efectos al pago de la suma convenida, en la fecha de suscripci\u00f3n del mismo; que no expresaba las concesiones rec\u00edprocas de las partes y no fue firmado por el representante legal de la aseguradora. <\/p>\n
En verdad, ning\u00fan argumento opone el casacionista a la apreciaci\u00f3n del documento tal y como lo vio el Tribunal. Las censuras se desviaron hacia otros medios de prueba con el fin de demostrar el contrato de transacci\u00f3n. De ello se sigue que el cargo es inid\u00f3neo en la medida que tampoco ataca todos los fundamentos del fallo acusado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se observa que el ad quem no se equivoc\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del documento, de manera ostensible o protuberante, como se exige para la causal primera de casaci\u00f3n, art.368-1 del C. de P.C., especialmente al deducir que el convenio transaccional proyectado entre las partes fue supeditado al pago inmediato de la suma convenida para reparar los da\u00f1os sufridos por el bien objeto del contrato de seguro, habida cuenta de que no se se\u00f1al\u00f3 en \u00e9l t\u00e9rmino alguno para tal efecto. <\/p>\n
N\u00f3tese que en varios p\u00e1rrafos del documento (fl. 67) se utilizan las expresiones \u00aben consideraci\u00f3n a dicho pago\u00bb o \u00aben consideraci\u00f3n al pago antes indicado\u00bb para, a rengl\u00f3n seguido, se\u00f1alar que bajo esa \u00abconsideraci\u00f3n\u00bb \u00ablos aseguradores son relevados de todo futuro reclamo, demanda o responsabilidad\u00bb; o que el asegurado subroga a los aseguradores en todos sus derechos. <\/p>\n
Tales expresiones permiten sostener que la interpretaci\u00f3n y alcance que el sentenciador le dio al citado documento no es contraevidente, arbitraria o caprichosa. Si bien el escrito pudiera apreciarse en otro sentido, el yerro denunciado con base en el mismo no alcanzar\u00eda para que se disponga la casaci\u00f3n del fallo impugnado, toda vez que en esas circunstancias no ser\u00eda predicable la existencia de un yerro de hecho manifiesto. <\/p>\n
El cargo cuarto, en el cual se aduce error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la misma prueba, muestra, por su parte, una deficiencia t\u00e9cnica protuberante, puesto que en trat\u00e1ndose de yerro como el denunciado, debi\u00f3 la censura demostrar que el sentenciador se equivoc\u00f3 en la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la misma y que al hacerlo infringi\u00f3, de medio, alguna norma de car\u00e1cter probatorio que no permit\u00eda apreciarla o que determinaba su apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Empero, en varios apartes de la sustentaci\u00f3n del cargo, se enjuicia el contenido de la prueba y la apreciaci\u00f3n que de ella hizo el fallador al efectuar su contemplaci\u00f3n objetiva, como si se hubiera denunciado un error de hecho, lo que peca contra la t\u00e9cnica propia del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, puede observarse que, la censura reprocha al sentenciador el haberle restado m\u00e9rito al documento en menci\u00f3n por supeditar sus efectos al pago de la suma convenida o a la demostraci\u00f3n del mismo, a pesar de que \u00abdentro de su clausulado no se observa esa serie de ingredientes que gratuitamente se le hacen ver al documento\u00bb. Y m\u00e1s adelante, se\u00f1ala que \u00abla forma como fue contemplado el contenido del documento en referencia\u00bb hizo que se quebrantaran distintas normas de disciplina probatoria, entre las que cita los art\u00edculos 258, 264 y 279 del C. de P.C. <\/p>\n
De otra parte, como se dijo, el alcance que el sentenciador le otorg\u00f3 al referido instrumento fue fruto de su apreciaci\u00f3n objetiva. La circunstancia de ser un documento aut\u00e9ntico, nunca desconocida por el fallador, no le imped\u00eda darle la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica correspondiente, para deducir de \u00e9l unas consecuencias jur\u00eddicas entre las partes, ninguna de las cuales toca con el valor legal de la prueba referida. <\/p>\n
IV. De acuerdo con lo explicado, los cargos tercero y cuarto no pueden prosperar. <\/p>\n
CARGO QUINTO: <\/p>\n
1. Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa el fallo impugnado de infringir indirectamente los art\u00edculos 1080 del C. de Co. y 38 de la ley 153 de 1887, por falta de aplicaci\u00f3n, y 83 de la ley 45 de 1990, modificatorio del inciso primero del citado art\u00edculo 1080, por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda incoada por el actor. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se le imputa el comentado yerro apreciativo al sentenciador, en virtud de que profiri\u00f3 condena al pago de intereses moratorios, al suponer, sin que la demanda lo diga, que el demandante los hab\u00eda impetrado en \u00e9sta, y cuando en realidad el actor opt\u00f3 por la \u201cindemnizaci\u00f3n plena de perjuicios\u201d, cual se observa de la sola lectura del libelo introductorio; de otro lado, en el punto dio aplicaci\u00f3n indebida al art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1990, modificatorio del art\u00edculo 1080 del C. de Co., el cual no estaba vigente para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato de seguro. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Fluye de las consideraciones que hizo el Tribunal que \u00e9ste, para proferir contra la demandada condena al pago de intereses moratorios sobre la suma que estima para el pago del siniestro, se apuntala en la consideraci\u00f3n de car\u00e1cter estrictamente jur\u00eddico, consistente en que, a su entender, el art\u00edculo 1080 del C. de Co. permite en todos los casos, y a\u00fan sin que se haya pedido en la demanda, el reconocimiento de tales intereses. Ello es lo que evidencia el fallo impugnado cuando, luego de descartar por falta de prueba, la condena al pago de los perjuicios solicitados en el libelo introductorio, afirma que \u00abEs la propia ley la que establece cu\u00e1l es el perjuicio -Art. 1080 ib\u00eddem – la obligaci\u00f3n m\u00e1s intereses moratorios a la tasa del 18% anual – y que hoy ha sido modificado por el Art. 83 de la ley 45 de 1990 <m\u00e1s la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago \u2026aplicaci\u00f3n que puede hacerse por no tratarse de derechos adquiridos>\u201d. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, la conclusi\u00f3n del fallador no deviene como consecuencia de una equivocada apreciaciaci\u00f3n de la demanda, ni, por ende, del yerro f\u00e1ctico que en ese sentido ac\u00e1 apunta la censura, sino del juicio jur\u00eddico que aqu\u00e9l hace relativo a que la condena en cuesti\u00f3n debe imponerse por mandato legal; en esas circunstancias, no resulta acertado enderezar el ataque en casaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, como lo hace el cargo quinto, sino por la v\u00eda directa; pues, se repite, la consideraci\u00f3n del Tribunal en nada toca con el alcance, equivocado o no, que \u00e9ste le haya dado a la demanda. <\/p>\n
3. Ya en lo que concierne con la otra infracci\u00f3n que a la par denuncia el impugnante, se pronunciar\u00e1 la Sala al despachar el cargo s\u00e9ptimo que se refiere a ese aspecto. <\/p>\n
El cargo quinto, entonces, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEXTO: <\/p>\n
I. Soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n de las contempladas en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acusa la sentencia del Tribunal de ser incongruente, debido a que contiene una condena EXTRA PETITA, habida cuenta de que se pronunci\u00f3 sobre una pretensi\u00f3n que no le fue formulada por el demandante. <\/p>\n
II. Para demostrar el cargo, el impugnante aduce que en las pretensiones principales de la demanda (petici\u00f3n sexta), se solicita en pro del demandante y en contra de la demandada, que se condene a esta a pagar \u00abel valor de todos los perjuicios que le ha causado la mora del asegurador, incluyendo el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se demostrar\u00e1n dentro del presente proceso, incluyendo dentro del da\u00f1o emergente el valor de la depreciaci\u00f3n o el deterioro monetario que ha sufrido el peso colombiano desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia que as\u00ed lo disponga..\u00bb. <\/p>\n
Y lo que decidi\u00f3 el Tribunal en el punto 4o. de la parte resolutiva del fallo impugnado fue: \u00abCondenar a la misma compa\u00f1\u00eda demandada, a pagar sobre la suma a que se refiere el numeral anterior, la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago – Art. 1080 de C. de Cio, en su versi\u00f3n actual -, a partir del 23 de enero de 1.985 y hasta que el pago se verifique…\u00bb. <\/p>\n
Es palmario, alega el censor, que el demandante en dicha pretensi\u00f3n impetr\u00f3 el pago del da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se demostrar\u00edan en el proceso y, sin embargo, se conden\u00f3 a la demandada a pagar por ese concepto unos intereses moratorios que nadie le pidi\u00f3. Basta el cotejo entre las pretensiones y la resoluci\u00f3n contenida en el fallo impugnado, antes transcritas, para observar que ni en dicha pretensi\u00f3n, ni en ninguna otra parte de la demanda, el demandante solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de intereses moratorios y por esa raz\u00f3n el Tribunal rebas\u00f3 su competencia. De ese modo usurp\u00f3 la voluntad privada de las partes en litigio y, como es sabido, el juez no puede sorprenderlas con la transgresi\u00f3n de los l\u00edmites fijados en tales peticiones, so pena de infringir el art\u00edculo 305 del C. de P.C. <\/p>\n
La relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal se traba bajo unos supuestos de hecho y unas precisas pretensiones que el juzgador no puede alterar y entonces resulta evidente que el Tribunal al proferir la condena al pago de unos intereses moratorios no pedidos fall\u00f3 extra-petita. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se solicita a la Corte que se case la sentencia en lo que ata\u00f1e al numeral 4o. de la parte resolutiva del fallo impugnado sin que, como fallador de instancia, llegue a proferir condena por lucro cesante -hecho 12 y pretensi\u00f3n 6a. de la demanda-, pues los perjuicios reclamados no fueron demostrados en el proceso, ya que los fundamentos que el ad quem expuso para valorar la prueba pericial gozan de presunci\u00f3n de acierto. <\/p>\n
Finaliza diciendo que le asiste inter\u00e9s jur\u00eddico para implorar la causal de casaci\u00f3n de que se trata, puesto que debido a la incongruencia denunciada, se le causa agravio en tanto que se le condena a pagar unos intereses que nadie le ha pedido. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I. Como reflejo del principio dispositivo que de manera preponderante gobierna el procedimiento civil, el art\u00edculo 305 consagra expresamente el de la congruencia, seg\u00fan el cual, \u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda …y en las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
II. Ese principio comporta que son las partes quienes trazan el marco dentro del que se han de desenvolver las instancias del proceso y, por consiguiente, delimitan la actividad del Juez al momento supremo de dictar sentencia y si se rebasan los l\u00edmites impuestos en la demanda o en su contestaci\u00f3n, se configura un vicio de actividad o error in procedendo para cuya rectificaci\u00f3n se ha erigido la causal segunda de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 \u00edb. <\/p>\n
III. En el \u00e1mbito de las pretensiones deducidas en juicio, la incongruencia de un fallo se manifiesta de diferentes maneras: ya por extra-petita, si se condena al demandado \u00abpor objeto distinto del pretendido en la demanda\u00bb o \u00abpor causa diferente a la invocada en esta\u00bb; ora por ultra petita, si se condena al demandado por cantidad superior a la solicitada en la demanda; o por m\u00ednima petita, si se ha omitido decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso. <\/p>\n
IV. En el mismo \u00e1mbito, para establecer si un fallo es inconsonante por no estar conforme con lo pedido, se deben comparar la demanda y la sentencia para, de ese modo, averiguar si en verdad ella contiene decisi\u00f3n sobre cada una de las pretensiones deducidas en la primera; si la respuesta es positiva, cualquiera que sea el sentido de la decisi\u00f3n, resultar\u00e1 ser arm\u00f3nica; pero de esa confrontaci\u00f3n tambi\u00e9n puede emerger como disonante, por exceso o por defecto, de acuerdo con lo explicado en el p\u00e1rrafo precedente. <\/p>\n
En principio, la referida comparaci\u00f3n se hace entre las pretensiones contenidas en la demanda y la parte resolutiva del fallo impugnado. Empero, ocasiones hay en las que se hace necesario parangonar la demanda con la parte considerativa de la sentencia, como quiera que es posible que en esta se halle el verdadero alcance y sentido de las decisiones, o, incluso, que all\u00ed aparezcan consignadas determinaciones, as\u00ed no se inserten luego en la parte resolutiva. <\/p>\n
V. De otro lado, es preciso recordar que la causal segunda de la que se trata, es aut\u00f3noma y, por lo tanto, en su fundamentaci\u00f3n no se pueden mezclar juicios de valor, errores o vicios que correspondan a otros motivos legales de casaci\u00f3n. Consecuentemente, cuando sea patente el error in procedendo en que incurre el sentenciador por haber dictado un fallo incongruente, no es de recibo examinar errores in judicando determinantes de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial y que se le imputen al sentenciador precisamente en relaci\u00f3n con aquellas decisiones que por ser disonantes nunca debieron ser proferidas. <\/p>\n
VI. Tra\u00eddo lo anterior al cargo bajo estudio, se observa que: <\/p>\n
< Como ya lo advirtiera la Sala al despachar el cargo 5\u00ba., no puede pasar desapercibido que la condena al pago de intereses impuesta a la aseguradora, la respalda el sentenciador en la consideraci\u00f3n jur\u00eddica de que ella deviene por imperativo legal dispuesto en el art\u00edculo 1080 del C. de Co., perspectiva que coloca la cuesti\u00f3n en un plano estrictamente jur\u00eddico y, por ende, ajeno a un vicio de procedimiento como es el que en todos los casos debe servir para estructurar la incongruencia del fallo impugnado; desde luego que la verificaci\u00f3n del acierto o desacierto de la tesis del Tribunal, no puede ser sometida al escrutinio de la Corte dentro del \u00e1mbito de la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
< Lo anterior significa que si el sentenciador dispuso la condena apuntalado en el razonamiento de derecho antes anotado, la equivocaci\u00f3n que a ese respecto se le puede imputar no configurar\u00eda un error in procedendo. <\/p>\n
El cargo sexto, tampoco prospera. <\/p>\n
CARGO SEPTIMO: <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal 1a. de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se imputa al fallo impugnado la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 38 de la ley 153 de 1887 y 1.080, inc. 1o., del C. de Co., por falta de aplicaci\u00f3n, y 83 de la ley 45 de 1990, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
2. El fundamento cardinal del cargo se hace consistir en que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 38 de a ley 53 de 1887 que consagra el principio consistente en que los contratos se rigen por la ley vigente al tiempo de su celebraci\u00f3n; agrega el recurrente que si bien el inciso 2o. except\u00faa el caso en que las leyes se\u00f1alen penas para la infracci\u00f3n de lo estipulado, evento en el cual \u00e9sta debe ser castigada con arreglo a la ley bajo la cual se produjo, lo cierto es que el sentenciador le imputa a la aseguradora infracci\u00f3n por el no pago del siniestro, y por ella fulmina la condena al pago de intereses; mas como la infracci\u00f3n – no pago del siniestro – la dio por sentada para el a\u00f1o de 1985, era del caso aplicar el art\u00edculo 1080 del C. de Co., vigente a la saz\u00f3n, y no con la modificaci\u00f3n que le introdujo el art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1990. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo anterior, considera el censor que el fallador incurri\u00f3 en yerro jur\u00eddico al imponer condena al pago de intereses a la m\u00e1xima tasa legal vigente para el momento del pago, como lo dispone hoy el art\u00edculo 1080 del C. de Co., luego de ser modificado por la ley 45 de 1990, en lugar de aplicar el original precepto comercial que en punto de intereses los fijaba a la tasa del 18 % anual sobre la suma que corresponde al pago del siniestro, el que en su sentir era el llamado a regir la situaci\u00f3n concreta. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1.- En el presente cargo si bien es cierto que el censor pone en tela de juicio la tasa de inter\u00e9s imputable respecto a la obligaci\u00f3n del asegurador consistente en el pago del siniestro, siguiendo las reglas de la aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo, tambi\u00e9n lo es que el impugnante no advierte, para combatir adecuadamente el fallo acusado, que el punto no fue abordado por el Tribunal dentro del concepto legal y jur\u00eddico que se le reconoce a los intereses, sino que el pago impuesto en la sentencia se produce como equivalente a la obligaci\u00f3n de pagar perjuicios en favor del asegurado. Desde esa perspectiva debi\u00f3 opugnarse antes que la cuant\u00eda de los intereses aqu\u00ed discutida, la fuente y el concepto jur\u00eddico por los que el sentenciador los reconoci\u00f3, y el recurrente no lo hizo. <\/p>\n
2.- De otra parte, evidencia la sentencia acusada como fundamento cardinal para darle cabida a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 83 de la Ley 45 de l.990, con preeminencia sobre lo que antes dispon\u00eda el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio que \u00e9sta modific\u00f3, la no presencia de un derecho adquirido que impusiera la aplicaci\u00f3n del precepto antiguo, argumento al cual ni siquiera se refiere el impugnante, quien \u00fanicamente afinca su acusaci\u00f3n en las reglas sobre la vigencia de la ley en el tiempo, que aun de acogerse en este caso, no alcanza para desvirtuar por si sola la consideraci\u00f3n de los derechos adquiridos. <\/p>\n
Ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que si el tema de discusi\u00f3n en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es planteado en la demanda, no puede la Corte llenar ese vac\u00edo. (Sentencia del 14 de julio de 1975 y de 7 de octubre de 1993 ). Y una de las exigencias propias de la demanda de casaci\u00f3n es que los fundamentos de cada acusaci\u00f3n deben consignarse \u201cen forma clara y precisa (art, 374, num 3, C. de P. C.), lo preciso no es solo aquello que se obtiene mediante la separaci\u00f3n o prescindencia de lo que se juzga como esencial, sino que tambi\u00e9n quiere decir rigor o exactitud, acepci\u00f3n esta que es la que acompasa con las condiciones propias de la demanda de casaci\u00f3n, la cual por consiguiente ha de venir ajustada, en todos sus contornos, a las bases del fallo. De modo que si el impugnador no las comprende todas, vale decir si no es preciso -exacto o riguroso- a la Corte no le es permisible llenar su vac\u00edo\u2026\u201d. <\/p>\n
En otra oportunidad, manifest\u00f3 la Corte: <\/p>\n
\u201c\u2026si se aspira a impugnar con \u00e9xito un juicio jurisdiccional de instancia, no debe pasarse por alto los fundamentos del mismo, puesto que dentro del \u00e1mbito de las primeras de las causales que consagra el art. 368 del C. de P.C., un cargo en casaci\u00f3n no tendr\u00e1 eficacia legal sino s\u00f3lo en la medida en que ataque directamente y desvirt\u00fae desde luego, cada uno de tales fundamentos, ya que el sentido legal del recurso, <est\u00e1 determinado de modo inexorable a examinar la sentencia dictada y no otra diferente a fin de establecer en funci\u00f3n del control jur\u00eddico, si la ley sustancial llamada a gobernar el caso concreto materia de la litis ha sido o no observada por el juzgador>\u201d (Sentencias de 10 de Septiembre de 1991 y 11 de abril de 1996). <\/p>\n
3.- Puesto que de acuerdo con lo anterior el cargo resulta desenfocado e incompleto, no puede prosperar. <\/p>\n
B) RECURSO DE CASACION DE LA PARTE DEMANDANTE <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n contiene seis cargos contra el fallo acusado: tres con respaldo en la causal segunda, dos apoyados en la causal primera y el \u00faltimo en la causal cuarta. Por su conexidad, se estudiar\u00e1n conjuntamente los cinco primeros, y por separado el restante. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, art. 368 del C. de P.C., se acusa la sentencia impugnada por ser incongruente por extra petita, en cuanto se pronunci\u00f3 en ella sobre pretensiones que no fueron formuladas por el demandante. <\/p>\n
Se\u00f1ala el recurrente que en la petici\u00f3n sexta de la demanda incoativa del proceso, se solicit\u00f3 que se condene a la demandada a pagar en favor del demandante \u00abel valor de todos los perjuicios que le ha causado la mora del asegurador, incluyendo el da\u00f1o emergente y el lucro cesante que se demostrar\u00e1n dentro del presente proceso, y dentro del da\u00f1o emergente el valor de la depreciaci\u00f3n o el deterioro monetario que ha sufrido el peso colombiano desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia que as\u00ed lo disponga..\u00bb <\/p>\n
Y lo resuelto por el Tribunal en el punto 4o. de la parte resolutiva del fallo impugnado fue \u00abCondenar a la misma compa\u00f1\u00eda demandada, a pagar sobre la suma a que se refiere el numeral anterior, la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago – Art. 1080 de C. de Cio, en su versi\u00f3n actual -, a partir del 23 de enero de 1.985 y hasta que el pago se verifique…\u00bb. <\/p>\n
De la simple confrontaci\u00f3n entre lo pedido en la demanda y lo resuelto en la sentencia, es f\u00e1cil deducir que el Tribunal conden\u00f3 a la demandada al pago de unos intereses moratorios que nadie le pidi\u00f3, por lo tanto incurri\u00f3 en inconsonancia porque se pronunci\u00f3 sobre pretensiones no formuladas por el demandante, contrariando lo dispuesto en los art\u00edculos 304 y 305 del C. de P.C.. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
Tambi\u00e9n con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acusa la sentencia recurrida por ser incongruente, por m\u00ednima petita, toda vez que no se pronunci\u00f3 respecto de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios solicitada en la petici\u00f3n sexta de las pretensiones principales en la demanda introductoria al proceso. <\/p>\n
El censor, tras hacer id\u00e9ntico parang\u00f3n al del anterior cargo, o sea entre la pretensi\u00f3n sexta y el punto cuarto de la parte resolutiva del fallo impugnado, dice que en la sentencia no se hizo ning\u00fan pronunciamiento respecto de la condena indemnizatoria contenida en esa pretensi\u00f3n, ni siquiera in genere, ni sobre el pedimento expreso de actualizar el valor de las condenas teniendo en cuenta el deterioro monetario. <\/p>\n
En estas condiciones -remata el cargo-, resulta incongruente la sentencia recurrida por haber omitido decidir sobre la referida pretensi\u00f3n sexta, contrariando las reglas establecidas en los art\u00edculo 304 y 305 del C. de P.C. <\/p>\n
CARGO TERCERO: <\/p>\n
Igualmente dentro de la \u00f3rbita de la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia recurrida por ser incongruente, por extra petita y m\u00ednima petita, en cuanto se pronunci\u00f3 sobre pretensiones no formuladas por el demandante y dej\u00f3 de hacerlo sobre todas las que fueron propuestas en la demanda. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo se repite la confrontaci\u00f3n que se hizo en los dos cargos precedentes. De esta, dice el recurrente, f\u00e1cilmente se deduce que el Tribunal conden\u00f3 a la demandada al pago de unos intereses moratorios que nadie le pidi\u00f3 y dej\u00f3 de pronunciarse sobre la indemnizaci\u00f3n de perjuicios causada a favor del demandante por la mora del asegurador, no se condena a este al pago de la indemnizaci\u00f3n, como tampoco al da\u00f1o emergente y al lucro cesante, ni siquiera in genere, ni se hace expreso pronunciamiento sobre la actualizaci\u00f3n de las condenas teniendo en cuenta el deterioro monetario, proceder que contrar\u00eda el art. 305 del C. de P.C. <\/p>\n
CARGO CUARTO: <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acusa el fallo impugnado de violar indirectamente el inciso segundo del art\u00edculo 1080 de C. de Co. (Decreto 410 de 1.971), que consagra la opci\u00f3n que tiene el asegurado de demandar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, en lugar de los intereses moratorios, y el art\u00edculo 38 de la ley 153 de 1887, que dispone que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n, ambos por falta de aplicaci\u00f3n, y el art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1990, por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de error de hecho evidente en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
De nuevo, con referencia a la sexta pretensi\u00f3n principal, sobre indemnizaci\u00f3n de perjuicios por mora, la censura hace menci\u00f3n que el Tribunal, despu\u00e9s de negar las defensas propuestas por la demandada y acceder a las pretensiones principales de la demanda, pasa a decir que corresponde \u00abdeterminar la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n o perjuicio que sufri\u00f3 realmente el demandante con la ocurrencia del siniestro\u00bb. <\/p>\n
Dice que el fallador aplica mal los efectos de las condenas y se equivoca notablemente porque, interpretando de modo desatinado la demanda, condena al pago de unos intereses que no pod\u00eda conceder, teniendo en cuenta que la ley que autoriz\u00f3 el cobro de los mismos -ley 45 de 1990-, no estaba vigente para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato ni para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda; que el error de interpretaci\u00f3n es evidente porque el demandante jam\u00e1s solicit\u00f3 el pago de intereses, ya que, autorizado legalmente para escoger entre estos y la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios, opt\u00f3 por la \u00faltima, tal como lo impetrara en la mentada pretensi\u00f3n sexta. <\/p>\n
Concluye diciendo que si el Tribunal hubiera interpretado correctamente la demanda, habr\u00eda condenado a la demandada al pago de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios en lugar de los intereses moratorios que nadie le pidi\u00f3. <\/p>\n
CARGO QUINTO: <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo se parte de que el Tribunal, despu\u00e9s de dar por sentado la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 1080, al entrar a determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados por la mora del asegurador, aplic\u00f3 el art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1.990, en forma retroactiva, sin ser procedente, debiendo aplicar el inciso segundo antes transcrito, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 38 de la ley 153 de 1.887, seg\u00fan el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n. <\/p>\n
Arguye que si el Tribunal hubiera aplicado dicho inciso en la forma prevista en el Decreto 410 de 1.971 – art. 1080 C. de Co.-, norma en vigor al momento en que se present\u00f3 la demanda y que reg\u00eda las relaciones entre las partes con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza de seguro, habr\u00eda tenido que decretar la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios solicitada en la demanda, pues dicha norma le otorgaba al demandante la opci\u00f3n de demandar, a su arbitrio, los intereses moratorios a la tasa del 18% anual o la indemnizaci\u00f3n de perjuicios causados por la mora del asegurador. <\/p>\n
Agrega que el sentenciador, en un craso error de juzgamiento, aplic\u00f3 para resolver el litigio, el art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1.990, condenando a la demandada al pago de intereses a la \u00abm\u00e1xima tasa de inter\u00e9s moratorio vigente\u201d al momento del pago, siendo que la norma aplicable era el art. 1080 del C. de Co., como reg\u00eda antes de la citada Ley 45 desconociendo que el demandante hab\u00eda desechado la opci\u00f3n de demandar intereses, optando por el pago de la indemnizaci\u00f3n plena de perjuicios que tambi\u00e9n le permit\u00eda la ley en ese entonces. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I. En los tres primeros cargos acabados de compendiar, el recurrente invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, al considerar que la sentencia no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones de su demanda, lo que en su sentir emerge de la simple comparaci\u00f3n entre la s\u00faplica sexta de las pretensiones principales en la que solicit\u00f3 el pago de los perjuicios moratorios que le ocasion\u00f3 la demandada, incluyendo dentro del primero la correcci\u00f3n monetaria, y el punto 4o. de la parte resolutiva del fallo acusado que conden\u00f3 a dicha demandada a pagar la \u00abm\u00e1xima tasa de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago – art. 1080 del C. de Cio. en su versi\u00f3n actual..\u00bb <\/p>\n
II. La Corte, en relaci\u00f3n con el mismo tema de la condena al pago de intereses moratorios, al despachar el cargo sexto de la demanda presentada por la demandada, concluy\u00f3 en que esa decisi\u00f3n no afecta la sentencia impugnada de incongruencia. A Las explicaciones que se dieron en ese momento se remite la Sala para resolver negativamente los cargos que ahora estudia, en relaci\u00f3n con los cuales no sobra hacer las siguientes precisiones: <\/p>\n
1. Aunque el demandante invoc\u00f3 la causal segunda de casaci\u00f3n tachando el fallo de incongruente en id\u00e9ntico sentido al propuesto en el cargo sexto por la parte demandada, es decir, por extra petita, respecto de \u00e9l tampoco podr\u00eda prosperar dado que se observa que en el fallo acusado se decidieron las pretensiones principales al condenarse a la parte pasiva, de acuerdo con lo que se estim\u00f3 probado, a pagar el seguro de da\u00f1os objeto de reclamaci\u00f3n judicial; am\u00e9n de lo anterior, aunque en hip\u00f3tesis el sentenciador hubiera impuesto esa condena, con desbordamiento de los l\u00edmites que le traza la demanda, o sea profiriendo un fallo extra petita, ciertamente que el inter\u00e9s para alegar ese vicio de naturaleza procesal radicar\u00eda \u00fanicamente en el demandado que la sufre y no en el demandante que con ella se beneficia. <\/p>\n
2. Ahora bien, en cuanto a la verificaci\u00f3n de si en la sentencia impugnada hubo o no pronunciamiento sobre la sexta pretensi\u00f3n principal en lo que concierne a indemnizaci\u00f3n por mora del asegurado en los conceptos de da\u00f1o emergente, incluida la correcci\u00f3n monetaria, y de lucro cesante, se advierte que si bien es cierto que en la parte resolutiva no hay un pronunciamiento expreso sobre esos puntos, no lo es menos que \u00e9ste se infiere de las conclusiones a que lleg\u00f3 el fallador en la parte expositiva de la sentencia y de lo que con base en ella finalmente decidi\u00f3. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
El sentenciador se refiere al hecho 12 de la demanda, en el que se sustenta la pretensi\u00f3n indemnizatoria por concepto del mayor valor de la reparaci\u00f3n que debi\u00f3 asumir el demandante para dejar la aeronave en las mismas condiciones de funcionamiento en que se hallaba antes de la ocurrencia del siniestro y del lucro cesante derivado del provecho que dej\u00f3 de percibir por la forzada inmovilizaci\u00f3n a que se vio sometida. <\/p>\n
En ese aspecto, la parte motiva de la sentencia impugnada emite conclusiones como las siguientes: que, seg\u00fan la prueba testimonial, \u00ablo relatado en el hecho 12 no se ajust\u00f3 a la realidad\u00bb como que el helic\u00f3ptero fue reparado antes de instaurarse la demanda\u00bb; que con la prueba documental… \u201cno puede establecerse … el da\u00f1o emergente o el lucro cesante causados por la mora en el pago de la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan la pretensi\u00f3n No. seis\u00bb. Y despu\u00e9s de examinar tambi\u00e9n el dictamen pericial asevera que el mismo \u201cno puede servir de base segura para concluir que esos fueron los perjuicios irrogados por el demandante\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo a la correcci\u00f3n monetaria – incluida en la demanda dentro del da\u00f1o emergente-, aunque la sentencia no hace menci\u00f3n expresa de ello en la parte resolutiva, se observa que el pronunciamiento sobre tal aspecto le fue adverso al demandante. Ciertamente, de la parte expositiva del fallo acusado, se desprende que el Tribunal parti\u00f3 del principio indemnizatorio que rige el seguro de da\u00f1os, seg\u00fan el cual el tomador no puede reclamar del asegurador \u00absuma mayor que la asegurada, ni cifra que exceda el monto del da\u00f1o\u00bb. All\u00ed encontr\u00f3 sustento para reconocer \u00fanicamente el pago de la suma asegurada de acuerdo con el da\u00f1o probado y, consecuentemente, dispuso condenar a la demandada a pagar por dicho concepto la suma de $12.559.930.oo, afirmando escuetamente que \u00abes la propia ley la que establece el perjuicio\u00bb, acorde con el art. 1080 del C. de Co., para a rengl\u00f3n seguido, fulminar condena por concepto de intereses moratorios sobre la suma indicada. <\/p>\n
3. Tampoco puede predicarse que el fallo impugnado contiene una decisi\u00f3n m\u00ednima petita, habida consideraci\u00f3n que las pretensiones principales fueron decididas \u00edntegramente, si bien en forma adversa al demandante. <\/p>\n
4. Por las mismas razones expuestas anteriormente, debe desecharse el cargo tercero, pues como claramente se observa en \u00e9l lo \u00fanico que hizo el demandante fue unir en uno solo la incongruencia alegada por extra y m\u00ednima petita de que se da cuenta en los cargos primero y segundo; y fracasados \u00e9stos aqu\u00e9l pierde todo sustrato. <\/p>\n
III. En relaci\u00f3n con los cargos cuarto y quinto que persiguen la quiebra parcial del fallo impugnado, siempre que buscan eliminar la condena al pago de intereses moratorios para que, en su lugar, se condene a la demandada a pagar la indemnizaci\u00f3n de perjuicios solicitada en la demanda, las acusaciones se concretan en lo siguiente: En el cargo cuarto den\u00fanciase un error facti in judicando, puesto que se apoya en la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la demanda referida al alcance de la pretensi\u00f3n 6a. sobre indemnizaci\u00f3n por mora del asegurado; y en el cargo quinto ad\u00facese un error in judicando en cuanto se endilga a la sentencia impugnada el haber infringido el art\u00edculo 1080 del C. de Co. que otorga al interesado la posibilidad de elegir entre demandar el pago de intereses y la indemnizaci\u00f3n por raz\u00f3n de la mora en el pago por parte del asegurador. <\/p>\n
Sobre el particular cabe advertir que en ambos cargos el demandante busca rescatar la condena al pago de perjuicios, haciendo caso omiso de que en el punto hubo una definici\u00f3n adversa al demandante, toda vez que el sentenciador no hall\u00f3 demostrada su existencia; proposici\u00f3n que formulada en esos t\u00e9rminos resulta inid\u00f3nea, en tanto que el cargo guarda silencio sobre dicha conclusi\u00f3n probatoria. <\/p>\n
De ese modo, y as\u00ed se pudiera examinar la violaci\u00f3n de la ley que denuncia la censura, su an\u00e1lisis encontrar\u00eda los siguientes escollos: el ataque por la v\u00eda indirecta contenido en el cargo cuarto es incompleto, y la denuncia de la infracci\u00f3n directa de la ley a que alude el cargo quinto, cae en el vac\u00edo, pues encauzada la acusaci\u00f3n de esa manera supone la conformidad del impugnante con la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria tal y como la vio el Tribunal, y \u00e9sta no es otra que la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios demandados. <\/p>\n
En consecuencia, tampoco prospera ninguno de los cinco cargos acabados de examinar. <\/p>\n
CARGO SEXTO: <\/p>\n
Con apoyo en la causal cuarta de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia impugnada de contener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del demandante, en relaci\u00f3n con las decisiones proferidas en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Aduce el impugnante que el a quo hab\u00eda condenado a la demandada a pagar a la actora la suma de $10.749.784, \u00abjunto con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses corrientes bancarios, hasta que se efect\u00fae el pago total de la obligaci\u00f3n, y desde el d\u00eda 29 de marzo de 1985..\u00bb, al paso que el Tribunal, por virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante, resolvi\u00f3 imponer condena a la demandada por $12.559.930 y a pagar los intereses a la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio vigente en el momento en que se efect\u00fae el pago y a partir del 23 de enero de 1985. <\/p>\n
De la comparaci\u00f3n de ambos fallos se puede observar que el Tribunal, en el suyo, revoc\u00f3 la condena al pago de la correcci\u00f3n monetaria, \u00abagravando as\u00ed la condena que por este concepto le hab\u00eda impuesto el Juez A-quo\u00bb a la demandada, pues en el fallo de primera instancia se incluy\u00f3 dicha correcci\u00f3n, la que ni siquiera se menciona en el fallo del Tribunal. De ese modo, al revocarse la referida condena \u00abse agrava notoriamente la situaci\u00f3n del recurrente y se viola el principio de la reformatio in pejus\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Dispone el art\u00edculo 368-4a. del C. de P.C., en lo pertinente al caso, que es causal de casaci\u00f3n \u00abContener la sentencia decisiones que hagan m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la parte que apel\u00f3…siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelaci\u00f3n, salvo lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 357\u00bb (Subrayas de la Corte). <\/p>\n
Se busca preservar de ese modo el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, seg\u00fan el cual \u00abla apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable el apelante\u00bb -art. 357 \u00edb. -, obvio que la parte que impugna de ese modo la sentencia del a quo busca mejorar su situaci\u00f3n frente a esta y no agravarla. <\/p>\n
Empero, uno de los casos en que no opera la mencionada limitaci\u00f3n para el Juzgado de segunda instancia en cita, ocurre cuando ambas partes apelaron la sentencia de primer grado, desde un principio o por adhesi\u00f3n al recurso de la otra, ya que en tal hip\u00f3tesis el ad quem queda en libertad de examinar la cuesti\u00f3n litigiosa sin cortapisa alguna. <\/p>\n
En el caso bajo examen, el fallo impugnado resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que interpusieron ambas partes y por lo tanto no procede la causal cuarta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
No prospera, pues, el cargo sexto. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, sala Civil, el 23 de julio de 1992, dentro del proceso ordinario de JOAQUIN MARIO VALENCIA TRUJILLO en frente de LA NACIONAL COMPA\u00d1IA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese y Notif\u00edquese <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4331 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-002-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}