S-003-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 3692 <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia sustitutiva de la que con fecha 26 de junio de 1991 profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para ponerle fin en segunda instancia a este proceso ordinario promovido por JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON contra ALVARO ORJUELA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal (Tolima), el actor solicit\u00f3 se hicieran las siguientes declaraciones y condenas en contra de los demandados, (Fls. 15 al 19, C.1): <\/p>\n
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\u201cPRIMERA: Pertenece en dominio pleno y absoluto al se\u00f1or JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON, mayor de edad y vecino de Ibagu\u00e9, el fundo rural denominado \u2018SANTA BARBARA\u2019, ubicado en el Municipio de Coello Tolima, compuesto de una extensi\u00f3n aproximada de OCHENTA Y UN (81) HECTAREAS, con mejoras de cerca de alambre, casas de habitaci\u00f3n, luz el\u00e9ctirca (sic), agua para el riego con canal de producci\u00f3n para la misma, con merced de 177 litros por segundo otorgada por el INDERENA seg\u00fan resoluci\u00f3n 111 del primero de marzo de 1971 con su correspondiente bocatoma propia de la cual parte el canal que distribuye agua para la finca \u2018SANTA BARBARA\u2019 y la de los se\u00f1ores Rojas, ubicada en el Llano de la Virgen o Rojas, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Coello Tolima, comprendida dentro de los siguientes linderos… <\/p>\n
\u201cSEGUNDA: Como consecuencia de esta declaraci\u00f3n del (sic) dominio en favor del demandante, cond\u00e9nase al demandado ALVARO ORJUELA, mayor de edad y vecino de Espinal, a restituir, seis d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriada esta sentencia en favor del se\u00f1or JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON, mayor de edad y vecino de Ibagu\u00e9, el fundo denominado \u2018SANTA BARBARA\u2019, ubicado en el Municipio de Coello Tolima… <\/p>\n
\u201cTERCERA: El demandado ALVARO ORJUELA, pagar\u00e1 al demandante JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON, seis d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriada esta sentencia el valor de los frutos naturales o civiles del inmueble antes discriminado, y no solo los percibidos sino los que el due\u00f1o hubiere podido percibir con mediana inteligencia y cuidado, a justa tasaci\u00f3n de peritos, desde el mes de octubre de 1977, hasta el momento de la entrega de la finca, m\u00e1s el precio de costo de las reparaciones que \u00e9l hubiere sufrido por culpa del poseedor. <\/p>\n
\u201cCUARTA: El demandante no est\u00e1 obligado a indemnizar las expensas necesarias que refiere el art\u00edculo 965 del C.C. porque el demandado es poseedor de mala f\u00e9. <\/p>\n
\u201cQUINTA: En la restituci\u00f3n de la finca SANTA BARBARA, se comprender\u00e1n las cosas que forman parte del fundo o que se reputan como inmuebles, por la conexi\u00f3n con \u00e9l, seg\u00fan lo prescrito en el t\u00edtulo 1 del libro 2o. del C. C. <\/p>\n
\u201cSEXTA: Inscr\u00edbase este (sic) sentencia en el libro respectivo en la oficina de registro de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Espinal (Tolima), inmediatamente que aquella quede ejecutoriada. <\/p>\n
\u201cSEPTIMA: El demandado ALVARO ORJUELA, pagar\u00e1 al demandante JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON, seis d\u00edas despu\u00e9s de ejecutoriada esta sentencia, las costas y costos del presente proceso\u201d. <\/p>\n
2. Las pretensiones se apoyan en los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Mediante escritura p\u00fablica No. 2390 del 14 de julio de 1986 otorgada en la Notar\u00eda Segunda del Circuito de Ibagu\u00e9, la se\u00f1ora BARBARA ALMANZA DE CIFUENTES vendi\u00f3 al demandante el derecho de dominio y la posesi\u00f3n material del inmueble antes descrito. <\/p>\n
2.2. La vendedora antes mencionada adquiri\u00f3 la finca objeto de la negociaci\u00f3n, por contrato de permuta celebrado con el se\u00f1or Jacinto Betancourt Ram\u00edrez mediante escritura p\u00fablica No. 1.131 del 21 de octubre de 1958, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Ibagu\u00e9, registrada en la Oficina de Registro del C\u00edrculo del Espinal, el 5 de diciembre del mismo a\u00f1o, en el libro 1o. impar, tomo 2o., folio 384, n\u00famero 571, hoy con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 357-000-2445; y aclarada en cuanto a su cabida, por medio de la escritura p\u00fablica No. 763 de 17 de marzo de 1986, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Ibagu\u00e9, registrada en la matr\u00edcula inmobiliaria antes mencionada. <\/p>\n
2.3. JACINTO BETANCOURT, adquiri\u00f3 el inmueble en cuesti\u00f3n por daci\u00f3n en pago de LUIS ARTURO, CLEMENTINA Y TERESA DE JESUS ROMERO GONGORA, como consta en la escritura otorgada en la Notar\u00eda Segunda del Circulo de Ibagu\u00e9 el 15 de mayo de 1953, bajo el No. 968, debidamente registrada. <\/p>\n
2.4. El demandante no ha enajenado ni prometido en venta el predio mencionado y por consiguiente se encuentra vigente el registro de su t\u00edtulo inscrito; adem\u00e1s, los registros anteriores a la escritura p\u00fablica n\u00famero 2390, de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, por la cual el demandante adquiri\u00f3 el dominio del mismo, fueron cancelados conforme con lo mandado en el art\u00edculo 789 del C. C. desde veinte a\u00f1os atr\u00e1s, hasta llegar al registro No. 357-000-2445. <\/p>\n
2.5. El actor adquiri\u00f3 el dominio de la finca objeto de la litis, de quien era su verdadera due\u00f1a, y \u00e9sta a su turno de quien tambi\u00e9n lo era, se\u00f1or JACINTO BETANCORUT RAMIREZ, persona que a su vez lo adquiri\u00f3 en la misma forma, ya que sus tradentes tuvieron el dominio pleno y absoluto sobre el mismo. <\/p>\n
2.6. JOSE IGNACIO MONTOYA ORTEGON est\u00e1 privado de la posesi\u00f3n material del predio que se pretende reivindicar, por cuanto esa posesi\u00f3n la ten\u00eda a la fecha de la presentaci\u00f3n del libelo introductorio el demandado, quien seg\u00fan el demandante la adquiri\u00f3 mediante las circunstancias que se transcriben a continuaci\u00f3n: \u201cEl se\u00f1or ALVARO ORJUELA, de la mayor\u00eda y vecindad antedichas, comenz\u00f3 a poseer el fundo \u2018SANTA BARBARA\u2019 desde el mes de octubre de 1977, reput\u00e1ndose due\u00f1o, sin serlo, como quiera que \u00e9ste arguye situaciones de derivar supuestamente su t\u00edtulo de quien no era due\u00f1o de la finca que mi mandante trata de reivindicar. En efecto: El se\u00f1or Alvaro Orjuela en forma violenta, clandestina y de mala f\u00e9, ha venido ejecutando actos tales como cultivando todo el fundo en arroz, concretamente una extensi\u00f3n de cincuenta y seis (56) hect\u00e1reas, que desde que se detenta la posesi\u00f3n, el usufructo asciende a una suma aproximada de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.oo) MONEDA CORRIENTE y el resto de extensi\u00f3n de la finca la ha venido usufructuando con criaderos de ganados, as\u00ed como levantado mejoras varias y otras no necesarias como se demostrar\u00e1 en el tr\u00e1mite del proceso. Con miras a permanecer el demandado dentro del fundo, ha argumentado sin piso jur\u00eddico que tiene t\u00edtulos de propiedad, cuesti\u00f3n ilusoria por cuanto si se estudia el certificado de tradici\u00f3n el se\u00f1or Orjuela no aparece que persona alguna le haya hecho transferencia de la finca \u2018Santa B\u00e1rbara\u2019 al citado demandado\u201d. <\/p>\n
2.7. El demandado justifica sus pretensiones de due\u00f1o, aduciendo haber adquirido el fundo materia de esta acci\u00f3n por transferencia de MANUEL AMAYA COMBARIZA o de Alejandro Rodr\u00edguez o de Alejandro Buend\u00eda, personas que no han sido propietarias del mismo. <\/p>\n
2.8. El dominio jur\u00eddico en cabeza de la se\u00f1ora BARBARA ALMANZA VIUDA DE CIFUENTES, no presenta duda alguna y es as\u00ed como en unos procesos ejecutivos que se adelantaron en su contra, ante los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, siendo demandantes JAIME RONCANCIO y GILBERTO CALDERON VIVAS, respectivamente, se embarg\u00f3 y secuestr\u00f3 la finca en cuesti\u00f3n, luego de haber sido identificada por sus linderos. <\/p>\n
2.9. ALVARO ORJUELA es de mala fe, condici\u00f3n que se debe tener en cuenta para efectos de las prestaciones mutuas a que haya lugar y est\u00e1 en incapacidad legal de ganar por prescripci\u00f3n el dominio del fundo. <\/p>\n
3. Notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, \u00e9ste por intermedio de apoderado judicial dio contestaci\u00f3n (fls. 160 al 163, c. 1), oponi\u00e9ndose a las pretensiones. Frente a los hechos manifest\u00f3 que parte de ellos no le constaban y otros no eran ciertos, particularmente dijo respecto de los se\u00f1alados en los ordinales 12 y 13: \u201cEs cierto que el se\u00f1or Alvaro Orjuela es poseedor del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n pero de buena f\u00e9 y con justo t\u00edtulo\u201d. <\/p>\n
Por escrito separado (fls. 21 al 23, c. 2), propuso la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, que rituada legalmente, no recibi\u00f3 despacho favorable, en raz\u00f3n de la revocatoria que hizo el ad-quem del prove\u00eddo del a-quo que la hab\u00eda estimado fundada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Mediante fallo del 14 de septiembre de 1990 el a-quo deneg\u00f3 las pretensiones del actor, luego de llegar a la conclusi\u00f3n que el inmueble pose\u00eddo por el demandado no es el mismo a que se refieren los t\u00edtulos de propiedad del demandante, y que al no haber identidad entre esos supuestos, faltaba el primer requisito de la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
EL RECURSO DE APELACION <\/p>\n
Inconforme con la anterior decisi\u00f3n la parte demandante la apel\u00f3, a fin de que se revocara y en su lugar se accediera a lo solicitado en la demanda, argumentando que el inmueble materia de la reivindicaci\u00f3n se encuentra plenamente identificado y es el mismo que posee el demandado, ya que \u00e9ste as\u00ed lo confes\u00f3 al dar respuesta a los hechos 12 y 13 del libelo introductorio y al alegar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio (fls. 201 y 202, c.1); en virtud del recurso de apelaci\u00f3n, dicha decisi\u00f3n recibi\u00f3 confirmaci\u00f3n mediante sentencia del 26 de junio de 1991 (fls. 12 al 17, c.7). <\/p>\n
Interpuesto, a su turno, recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra este \u00faltimo fallo, el mismo fue casado por esta Corporaci\u00f3n el 9 de noviembre de 1993 (fls. 82 al 121, c. Corte), toda vez que se estim\u00f3 que el ad-quem incurri\u00f3 en error de hecho manifiesto y trascendente al haber considerado que no exist\u00eda identidad entre el inmueble que persigue el demandante y el pose\u00eddo por el demandado, pese a que \u00e9ste as\u00ed lo confes\u00f3 al contestar la demanda y al proponer la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
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Practicadas las pruebas decretadas de oficio en la sentencia que cas\u00f3 la del Tribunal, procede ahora proferir sentencia de m\u00e9rito, por cuanto est\u00e1n presentes los presupuestos procesales y no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Doctrina y jurisprudencia, un\u00e1nimemente, con apoyo en los arts. 946, 947, 950 y 952 del C.C., han identificado como elementos estructurales de la acci\u00f3n reivindicatoria los siguientes: derecho de dominio del demandante; posesi\u00f3n actual del demandado; identidad entre el bien perseguido por el demandante y el pose\u00eddo por el demandado, y que se trate de una cosa singular reivindicable o una cuota determinada proindiviso sobre una cosa singular. <\/p>\n
Los primeros dos elementos se explican por s\u00ed mismos, porque si la acci\u00f3n reivindicatoria es la acci\u00f3n que por excelencia protege el dominio, necesariamente debe tener como principal titular al propietario y como sujeto pasivo al poseedor, quien como tal la ley presume due\u00f1o (art. 762 ib.), y por consiguiente es la \u00fanica persona con condiciones para disputar el derecho de dominio, pues si a\u00fan no hace parte de su haber patrimonial, por lo menos puede estar en v\u00eda de adquirirlo a trav\u00e9s del modo de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
La identidad del bien consulta dos aspectos: uno sustancial y otro procesal. Identidad material entre el bien cuya titularidad exhibe el actor y aqu\u00e9l que detenta el demandado poseedor, e identidad entre \u00e9ste y el se\u00f1alado en la demanda, conforme a la exigencia del art. 76 del C. de P.C. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n y singularidad de la cosa pretendida circunscribe el campo de la acci\u00f3n reivindicatoria, porque como lo tiene dicho la Corte, \u201cCuando la cosa que se intenta reivindicar no se ha podido determinar no se puede decretar la reivindicaci\u00f3n\u201d. De modo que este elemento atisba a la seguridad y certeza de la decisi\u00f3n, am\u00e9n de su entronque \u00edntimo con el derecho protegido, pues no puede olvidarse que trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n reivindicatoria, tutela del derecho real de dominio y expresi\u00f3n del ius persequendi, la determinaci\u00f3n misma de la cosa se torna en elemento sine qua non, porque el derecho real de dominio s\u00f3lo puede hacerse realidad como poder directo y efectivo sobre una cosa determinada, es decir, una cosa individualizada como un cuerpo cierto. <\/p>\n
2. Al examinar el elemento de la identidad del bien, que es el meollo del debate en el caso, la Corporaci\u00f3n ha sido reiterativa al sostener que \u201cLa identidad del bien reivindicado se impone como un presupuesto de desdoblamiento bifronte, en cuanto la cosa sobre que versa la reivindicaci\u00f3n, no solamente debe ser la misma pose\u00edda por el demandado, sino estar comprendida por el t\u00edtulo de dominio en que se funda la acci\u00f3n, vale decir que de nada servir\u00eda demostrar la identidad entre lo pretendido por el actor y lo pose\u00eddo por el demandado, si la identidad falta entre lo que se persigue y el bien a que se refiere el t\u00edtulo alegado como base de la pretensi\u00f3n\u201d (Cas. Civ. de 30 de abril de 1963, CII, 23, 18 de mayo de 1965, CXI y CXII, 191, 2 de noviembre de 1966, 6 de abril de 1967, 13 de abril de 1985 y 26 de abril de 1994). <\/p>\n
De otro lado, como igualmente lo tiene averiguado la Corte, es necesario admitir que no obstante la trascendencia del presupuesto en comentario, como que es un elemento estructural de la pretensi\u00f3n reivindicatoria donde est\u00e1n de por medio principios de seguridad y certeza, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, la identidad en los t\u00e9rminos se\u00f1alados no puede someterse a par\u00e1metros de exactitud matem\u00e1tica, especialmente si se trata de inmuebles, y m\u00e1s si se refiere a predios rurales donde por lo regular no existen sistemas t\u00e9cnicos para la identificaci\u00f3n. Por eso, ha dicho la Corte, que \u201cno es de rigor que exista una absoluta coincidencia de linderos entre los t\u00edtulos y el bien pretendido, porque bien pueden variar con el correr de los tiempos, por segregaciones, variaciones en nomenclatura y calles, mutaci\u00f3n de colindantes, etc. Precisamente la Corte en el punto ha sostenido que queda en abrigo de cualquier duda que para hallar la identidad del fundo reivindicado no es de rigor que los linderos se puntualicen de modo absoluto sobre el terreno; o que la medici\u00f3n acuse exactamente la superficie que los t\u00edtulos declaran; o que haya coincidencia matem\u00e1tica en todos y cada uno de los pormenores por examinar. Basta que razonablemente se trate del mismo predio con sus caracter\u00edsticas fundamentales\u201d. (Cas Civ. de 11 de junio de 1965 CXI, 155 y 25 de noviembre de 1993, s.p.). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es importante dejar en claro que la identificaci\u00f3n no est\u00e1 sujeta a prueba espec\u00edfica o forzosa. En el punto, como tambi\u00e9n lo tiene aclarado la Corte, rige a plenitud el principio de libertad probatoria, sin negar la idoneidad con que cuenta el medio de inspecci\u00f3n judicial, generalmente propuesta como la prueba m\u00e1s adecuada (Cas. Civ. de 18 de mayo de 1965, CXI, 101 y 26 de abril de 1994, s.p.). <\/p>\n
La anterior concepci\u00f3n, le ha permitido a la Corte, desde vieja data, sentar como doctrina que, \u201c\u2026cuando el demandado en acci\u00f3n de dominio al contestar la demanda inicial del proceso, confiesa ser poseedor del inmueble en litigio tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n y la identidad del bien que es materia del pleito. La citada confesi\u00f3n releva al demandante de toda prueba sobre esos extremos de la acci\u00f3n y exonera al juzgador de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u201d (Cas. Civ. de 16 de junio de 1982, CLXV, 125 y de 25 de febrero de 1991, tambi\u00e9n reiterada en este proceso en la sentencia de casaci\u00f3n de 9 de noviembre de 1993). Desde luego que id\u00e9ntico es el resultado probatorio, como tambi\u00e9n lo ha dicho la Corporaci\u00f3n, para el caso de la alegaci\u00f3n por el demandado de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, porque siendo la posesi\u00f3n un elemento com\u00fan para \u00e9sta y la reivindicaci\u00f3n, la proposici\u00f3n de aqu\u00e9lla implica necesariamente la confesi\u00f3n del hecho posesorio, y por contera, la demostraci\u00f3n de la identidad del bien. <\/p>\n
3. Si en torno a las premisas doctrinales que se acaban de exponer, se examina en el caso concreto el elemento cuestionado, ahora se tiene que llegar a concluir que la parte demandante cumpli\u00f3 apenas en apariencia con la carga de demostrar la identidad por la cual se averigua en la acci\u00f3n reivindicatoria, como seguidamente se ver\u00e1. <\/p>\n
En los hechos 8 a 13 de la demanda el se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Montoya Orteg\u00f3n atribuy\u00f3 al se\u00f1or Alvaro Orjuela el car\u00e1cter de poseedor del bien perseguido, presentado como de propiedad del primero. Al contestar la demanda, el se\u00f1or Orjuela dijo ser poseedor, calific\u00e1ndose de buena fe, y en todo caso argumentando su condici\u00f3n de propietario. De otra parte, en escrito separado, por memorial presentado el 25 de marzo de 1988, formul\u00f3 como excepci\u00f3n previa la \u201cprescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva del dominio\u201d (fols. 21 a 23-2), por supuesto tild\u00e1ndose poseedor regular y por sobre todo insistiendo en aquella condici\u00f3n. <\/p>\n
4. De la conducta procesal del se\u00f1or Alvaro Orjuela, afloran dos conclusiones de orden probatorio: la admisi\u00f3n de la posesi\u00f3n y la negaci\u00f3n de la identidad del bien sobre el cual recae esa misma situaci\u00f3n posesoria. Lo anterior, por cuanto en las respuestas dadas a los hechos 8 a 13 de la demanda, se acept\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble, pero por ser propietario del mismo, para cuya demostraci\u00f3n se adujeron los respectivos t\u00edtulos. Expresamente se manifest\u00f3 al responder el hecho ocho: \u201cEl se\u00f1or Montoya Orteg\u00f3n no est\u00e1 privado de ninguna posesi\u00f3n ya que la finca que posee el se\u00f1or Alvaro Orjuela es de su exclusiva propiedad y tiene una tradici\u00f3n que se remonta a t\u00e9rmino superior a veinte a\u00f1os\u201d. Igual fue el comentario a prop\u00f3sito de las respuestas a los hechos nueve a trece, y con ocasi\u00f3n de la proposici\u00f3n de la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
A decir verdad, la posici\u00f3n que en este proceso asumi\u00f3 el se\u00f1or Alvaro Orjuela, f\u00e1cticamente no armoniza con los casos que han dado origen a la directriz jurisprudencial antes se\u00f1alada, porque si bien es cierto que en las m\u00faltiples sentencias que al respecto existen, incluyendo las referenciadas en esta providencia, se ha sostenido que \u201ccuando el demandado en acci\u00f3n de dominio, al contestar la demanda judicial del proceso, confiesa ser el poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del bien que es materia del pleito\u201d, quedando relevado el \u201cdemandante de toda prueba sobre esos extremos de la acci\u00f3n\u201d y exonerado el juzgador \u201cde analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u201d, lo claro es que esa consecuencia probatoria de confesi\u00f3n y hecho admitido, respectivamente, y por ende excluido de la carga de la prueba del demandante, s\u00f3lo se puede pregonar en cualquier caso del hecho posesorio, sobre un bien cuya propiedad disputa con el demandante, pero no de la identidad del bien, pues como aqu\u00ed sucede, cuando el demandado afirma una posesi\u00f3n derivada de su dominio, impl\u00edcitamente est\u00e1 negando la identidad, ya que \u00e9sta s\u00f3lo se puede entender admitida, como con claridad lo dice la propia Corte en las providencias invocadas, cuando \u201cel demandado confiesa ser poseedor del inmueble en litigio\u201d. Pero adem\u00e1s, esa misma jurisprudencia advierte las consecuencias que de la conducta procesal del demandado deben colegirse por principio en la medida en que se cumplan los se\u00f1alados requisitos, consecuencias \u00e9stas en las que no se verifica que faltando uno o alguno de estos el juzgador quede relevado de examinar el conjunto de pruebas restantes para definir si est\u00e1 o no demostrado el elemento de la identidad <\/p>\n
Si en abstracto se analiza la doctrina de la Corte, se nota que ella se estructura a partir de las siguientes premisas: si con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido. b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, como en el caso examinado el demandado confes\u00f3 ser poseedor anteponiendo la calidad de propietario del inmueble, la consecuencia probatoria no trascend\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del fen\u00f3meno posesorio, porque la admisi\u00f3n del presupuesto de la identidad supon\u00eda que la confesi\u00f3n de la posesi\u00f3n estuviera referida al \u201cinmueble en litigio\u201d, seg\u00fan la tradicional doctrina de la Corte. Desde luego, que a\u00fan bajo el segundo supuesto, es decir, referida la posesi\u00f3n confesada al mismo inmueble en litigio, nada obsta para que el juzgador en el momento en que encuentre elementos de juicio que justifique hacerlo para decidir el litigio con arreglo a derecho, en acatamiento del principio consagrado por el art. 187 del C. de P. C., en concordancia con el art. 230 de la C.P., proceda a analizar el hecho admitido de la identidad en conjunto con el resto del acervo probatorio, y as\u00ed definir su prueba en el respectivo proceso. <\/p>\n
Claro est\u00e1, que los efectos probatorios que se han venido comentando, derivados de la conducta procesal del demandado, tienen un sin igual peso de importancia, por cuanto se supone que la actividad que los determina estuvo orientada por los caros principios de la lealtad y la buena fe procesal. De modo que sin necesidad de acudir a jerarquizaciones probatorias, que rechazar\u00eda un sistema procesal como el vigente, regulado por principios de libertad probatoria y apreciaci\u00f3n racional de la prueba (arts. 175 y 187 del C. de P. C.), coherentemente se puede afirmar que en consideraci\u00f3n al grado de adecuaci\u00f3n que para la soluci\u00f3n de los respectivos casos tienen las consecuencias probatorias se\u00f1aladas, la infirmaci\u00f3n o eliminaci\u00f3n de ellas debe tener como soporte o elemento de contraste un material probatorio que arrase, por su fuerza o contundencia, con lo que hasta ese momento eran verdades procesales. <\/p>\n
5. Pues bien, esa tarea es la que ahora asume la Corte, situada como Tribunal de instancia. Para esa labor la Corporaci\u00f3n apreciar\u00e1 en conjunto el acervo probatorio, incluyendo las pruebas que de oficio decret\u00f3 y practic\u00f3 luego de casada la sentencia del ad quem, entre las cuales se destaca como prueba sobreviniente la escritura p\u00fablica 1131 de 21 de octubre de 1958, por la cual el se\u00f1or Jacinto Betancourt permut\u00f3 con la se\u00f1ora B\u00e1rbara Almanza de Cifuentes el inmueble cuya propiedad alega el demandante (fols. 1 a 5 cuaderno pruebas de oficio de la Corte). Empero, antes de afrontar el an\u00e1lisis del material probatorio, pertinente resulta hacer algunos planteamientos de orden te\u00f3rico respecto a la acci\u00f3n reivindicatoria en comparaci\u00f3n con la acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento. <\/p>\n
La Corte ocup\u00e1ndose del tema del deslinde y el amojonamiento, ha explicado que dicho proceso \u201cconstituye una controversia de linderos, originado generalmente por la oscuridad e imprecisi\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad en lo referente a las respectivas demarcaciones de los terrenos, para cuya soluci\u00f3n la naturaleza de los hechos discutidos impone la necesidad de estimar todos los elementos anteriores o coet\u00e1neos al otorgamiento del t\u00edtulo capaces de ilustrar su exacto contenido\u201d. Infi\u00e9rese, entonces, que la acci\u00f3n reivindicatoria y la de deslinde y amojonamiento difieren en su estructura, etiolog\u00eda y finalidad, no empece a que una y otra puede emerger del derecho de dominio. Inclusive, sus diferencias empiezan a demarcarlas las mismas normas que jur\u00eddicamente tutelan la pretensi\u00f3n y la senda procesal de su conocimiento. <\/p>\n
As\u00ed se tiene, que al lado de la acci\u00f3n reivindicatoria, reconocida por el art. 946 del C. C., este mismo estatuto consagra la acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento como un instrumento para conservar la integridad del fundo y concretar sus l\u00edmites o extensi\u00f3n horizontales (art. 900 ib\u00eddem). Procesalmente esta acci\u00f3n la reglamentan los arts. 460 a 466 del C. de P. C. <\/p>\n
Ahora, como el objeto de la acci\u00f3n reivindicatoria es la recuperaci\u00f3n de la posesi\u00f3n sobre cosa singular y determinada y el del deslinde y amojonamiento es la aclaraci\u00f3n de los linderos confusos e indeterminados de los inmuebles colindantes, la causa de una y otra queda plenamente definida, hasta el punto de poderse sostener, como en el presente caso sucede, que en tanto los linderos confusos no hayan sido aclarados, no tiene lugar la acci\u00f3n reivindicatoria, porque como ya se anot\u00f3, sus supuestos son totalmente diferentes, como igualmente lo son sus conclusiones, pues mientras que la sentencia que dispone la restituci\u00f3n del bien es de condena, es decir, ordena una prestaci\u00f3n, la que define linderos y mojones es meramente declarativa. De manera que cuando se presentan confusiones de linderos como los que el caso ofrece, la acci\u00f3n reivindicatoria tendiente a la restituci\u00f3n de un predio o lote inserto en la zona de oscuridad, debe estar precedida de un acto, generalmente judicial (el de deslinde y amojonamiento), aclaratorio del estado de hecho de la colindancia, pues s\u00f3lo as\u00ed se perfila o configura el presupuesto axiol\u00f3gico que se ha venido analizando. <\/p>\n
Incuestionablemente, la escritura p\u00fablica No. 1131 de 21 de octubre de 1958, allegada al proceso con ocasi\u00f3n de las pruebas de oficio que decret\u00f3 la Corte, arroja sombras sobre los l\u00edmites espaciales del inmueble de cuya reivindicaci\u00f3n se trata, porque mientras que esta escritura expresa como \u00e1rea del terreno del demandante 18 hect\u00e1reas desagregadas de otro de mayor extensi\u00f3n, pues el acto s\u00f3lo comprende el 40% del lote, que es la misma colocada en la escritura 2390 de 14 de julio de 1986, cuando el se\u00f1or Montoya adquiri\u00f3 el bien de la se\u00f1ora Almanza, la escritura aclaratoria No. 763 de 17 de marzo de 1986, expresa 81 hect\u00e1reas. Por su lado, al predio que el demandado afirma como propio, se le atribuye un \u00e1rea de 97 a 103 hect\u00e1reas. Estas imprecisiones que en los t\u00edtulos hace aflorar la escritura 1131, son las que como luego se explicar\u00e1, hacen entendibles las dificultades que para la identificaci\u00f3n del inmueble observaron el Juez que practic\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial y las dos parejas de peritos que rindieron sendas experticias. <\/p>\n
De acuerdo con los criterios expuestos, debe darse por entendido que en el caso en litigio, la conducta asumida por el demandado al contestar la demanda y proponer la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n, no implica la admisi\u00f3n del elemento relacionado con la identidad del bien perseguido por el demandante. Igualmente, la inspecci\u00f3n practicada por el juez de primera instancia y los dict\u00e1menes periciales que obran de folios 57 a 61 y 129 a 133 del cuaderno N\u00b0 5, tampoco persuaden sobre la demostraci\u00f3n del elemento en comentario. Antes, por el contrario, con fundamento en dichas pruebas se puede concluir que el inmueble del demandante no se pudo determinar materialmente, esto es, no se logr\u00f3 identificar, bien porque los linderos y mojones que se\u00f1alan los t\u00edtulos del actor, se borraron con el paso del tiempo, por lo a\u00f1ejos, como de alguna manera lo acepta esta misma parte, ora porque las tareas de explotaci\u00f3n realizadas por los distintos poseedores que ha tenido el bien, hicieron materialmente confuso el alindamiento, ya porque los t\u00edtulos en s\u00ed mismos generan confusi\u00f3n, seg\u00fan se vio al iniciar este an\u00e1lisis probatorio, especialmente en la referencia hecha a la escritura 1131 en comparaci\u00f3n con las que directamente adujo la parte demandante. Todo ello sin olvidar las inconsistencias que en la misma titulaci\u00f3n (escrituras p\u00fablicas), advirti\u00f3 el propio juez que practic\u00f3 la inspecci\u00f3n al tratar de confrontar las l\u00edneas ideales que indican dichos documentos con la se\u00f1alizaci\u00f3n que en el mismo instante de la diligencia hac\u00eda la parte actora por intermedio de su apoderado. Adem\u00e1s, debe advertirse la constancia que en el acta de inspecci\u00f3n dej\u00f3 el juzgado, porque ella tambi\u00e9n es un asomo sobre la confusi\u00f3n, acerca de la presencia de algunos colindantes reclamando sobre el reconocimiento de linderos que en la inspecci\u00f3n se hac\u00eda con fundamento en la informaci\u00f3n de la parte demandante, pues con ella se estaba involucrando terrenos de su propiedad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los dict\u00e1menes vale decir: en el curso de la primera instancia, se practicaron dos experticias con el fin de elucidar, entre otros aspectos del debate, la identidad del bien perseguido por el demandante. Ambos dict\u00e1menes, claros, fundamentados y precisos, fueron rendidos por expertos en la materia (top\u00f3grafos e ingenieros civiles), quienes adem\u00e1s hicieron verificaciones en el terreno y en comparaci\u00f3n con los planos que obran en el expediente. El primero de dichos dict\u00e1menes concluye que \u201cLa descripci\u00f3n hecha por la escritura No. 2390 (la del demandante, se anota), no corresponde al predio pose\u00eddo por el demandado\u2026\u201d. El segundo, practicado en el incidente de objeci\u00f3n propuesto con respecto al primero, sienta id\u00e9ntica conclusi\u00f3n, por supuesto ratificando el anterior: \u201cEl predio actualmente pose\u00eddo por el demandado no corresponde al que trata la escritura 2390\u2026\u201d. <\/p>\n
En concreto los primeros peritos dieron cuenta de las siguientes inconsistencias en los linderos del inmueble que la parte demandante se atribuye como propio: \u201cla descripci\u00f3n de los linderos que hace la escritura 2390, est\u00e1 basada en direcciones y puntos naturales, siendo \u00e9stos diferentes al plano obrante al folio No. 7\u2026\u201d. \u201cEs de anotar que del punto pe\u00f1\u00f3n de amolar al punto \u00e1rbol diomate y pe\u00f1a colorada, no existe la direcci\u00f3n occidente como lo anota la escritura 2390, sino que esta l\u00ednea que une dichos puntos es la parte occidental del predio Santa B\u00e1rbara; del punto anterior \u00e1rbol diomate y pe\u00f1a colorada siendo el punto norte del predio en menci\u00f3n; no contin\u00faa en direcci\u00f3n por los lados occidente y norte, como lo afirma la escritura n\u00famero 2390, sino que tiene una direcci\u00f3n sur – oriente\u201d. Luego anotan que el \u00fanico punto en que coincide la descripci\u00f3n que hace la parte actora con la que hace la escritura 2390 es el del \u201cposte de coraz\u00f3n de madera que est\u00e1 clavado al pie del diomate\u201d (fols. 57 y 58-5). <\/p>\n
Por su lado, los segundos peritos haciendo similar confrontaci\u00f3n llegaron a conclusiones semejantes, puesto que \u201cEl r\u00edo Coello no tiene bandos o costados occidental ni oriental\u2026\u201d, \u201cEl predio objeto de la diligencia, teniendo como referencia el pe\u00f1\u00f3n de amolar, parte es hacia el nororiente; y el descrito en la citada escritura, parte del mismo pe\u00f1\u00f3n, hacia el noroccidente\u201d. Los linderos, \u201cdescribe un camino y una puerta de Golpe, que no existe\u201d; \u201cAl llegar al r\u00edo y continuar agua arriba, como lo describe la citada escritura, no podr\u00eda llegar a cerrar en el mismo Pe\u00f1\u00f3n de Amolar, pues \u00e9ste se encuentra agua abajo\u201d (fols. 129 y 130-5). <\/p>\n
Todos los elementos probatorios que han sido rese\u00f1ados, cuya objetividad no se puede poner en duda, a las claras significan que el bien perseguido por el demandante no pudo ser determinado o identificado materialmente, porque los t\u00edtulos aducidos por una y otra parte, confrontados con la realidad, pierden claridad, ya que las l\u00edneas ideales que ellos declaran exceden su propio \u00e1mbito de demarcaci\u00f3n, generando superposiciones entre los inmuebles que sendas partes presentan como propios, y con respecto a predios de terceros, como bien lo indica la constancia dejada por el juez de primera instancia en el acta de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Ante semejante confusi\u00f3n con l\u00f3gica debe descartarse la procedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria, porque sus elementos no se compadecen con la duda en la determinaci\u00f3n de la cosa perseguida. Cuando esta situaci\u00f3n se presenta se tiene que acudir a un camino distinto, cual es el del proceso de deslinde y amojonamiento, que tiene por objeto, precisamente, la aclaraci\u00f3n de los linderos confusos e indeterminados de los inmuebles colindantes, conforme se analiz\u00f3 anteriormente. <\/p>\n
Por lo expuesto, entonces, fracasa la pretensi\u00f3n reivindicatoria propuesta por el se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Montoya Orteg\u00f3n. Consecuentemente, la Corte, en sede de instancia, proceder\u00e1 a confirmar la sentencia que en tal sentido profiri\u00f3 el juez de primera instancia, porque como antes se indic\u00f3, este es uno de aquellos casos donde la prueba recogida, incluyendo la que de oficio dispuso la Corte, demerita, desvirt\u00faa y contradice plenamente las conclusiones probatorias derivadas de la conducta procesal del demandado. <\/p>\n
En raz\u00f3n y m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, en sede de instancia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
F A L L A <\/p>\n
CONFIRMASE la sentencia de primera instancia proferida en este proceso el 14 de septiembre de 1990 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal (Tolima) <\/p>\n
Costas a cargo del apelante, quien pierde el recurso. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-003-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81439","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81439\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}