S-004-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada contra la sentencia de 9 de agosto de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en el proceso ordinario de Mar\u00eda de Jes\u00fas P\u00e9rez contra Seguros Generales Aurora S. A. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. El proceso se abri\u00f3 paso con la demanda en que se pide que a la aseguradora se condene a pagar, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n por el siniestro all\u00ed mencionado, el monto de $17.505.488, junto con los intereses moratorios a la tasa del 18% y la debida indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Las pretensiones est\u00e1n f\u00e1cticamente sustentadas en que, en s\u00edntesis, la aseguradora se oblig\u00f3, mediante la p\u00f3liza de seguro de incendio No. 7886, expedida el 2 de noviembre de 1988, a indemnizar los da\u00f1os que recibieran los bienes localizados en el lugar y de las especificaciones all\u00ed indicadas. <\/p>\n
En vigencia tal contrato, el 31 de diciembre de 1988 se produjo un incendio, \u00abresultando afectados en su totalidad los bienes asegurados\u00bb, cuyo monto ascendi\u00f3 a $17.505.488.oo. Pero la demandada objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Con expresa oposici\u00f3n a las pretensiones se descorri\u00f3 el traslado de rigor, aleg\u00e1ndose que el tomador no declar\u00f3 a la aseguradora la existencia de un seguro anterior \u00aby por lo tanto incurri\u00f3 en una conducta reticente que debe ser sancionada con la nulidad del contrato de seguro de incendio en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 1058\u00bb. <\/p>\n
D\u00edjose excepcionar, as\u00ed: \u00abnulidad del contrato de seguro de incendio\u00bb, fundada b\u00e1sicamente en el argumento preanotado; y la que denomin\u00f3se \u00abGen\u00e9rica\u00bb, o sea \u00ablo que resulte probado\u00bb. <\/p>\n
4. La primera instancia fue clausurada mediante sentencia de 1o. de febrero de 1993, en la que, el juzgado tercero civil del circuito especializado de Medell\u00edn, declarando no probada la excepci\u00f3n de nulidad del contrato, conden\u00f3 a la demandada a pagar las sumas de $17.505.488 por capital y $11.291.039 por intereses y deneg\u00f3 la suplicada indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Sentencia que, apelada por la demandada, confirm\u00f3 el tribunal superior de Medell\u00edn por la suya que entonces recurri\u00f3 en casaci\u00f3n la misma parte. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
A vuelta del resumen litigioso de rigor, se entreg\u00f3 al estudio de la nulidad que se alega al amparo del art\u00edculo 1058 del c\u00f3digo de comercio, resaltando en primer lugar que el tomador tiene la obligaci\u00f3n de declarar sinceramente el estado de riesgo, porque la ley ha querido exigirle una \u00abbuena f\u00e9 mucho m\u00e1s amplia que la que exige para otros contratos\u00bb. Por lo tanto, ha de declarar todas las circunstancias que influyen en el riesgo; distinguiendo sin embargo si la aseguradora elabora previamente y propone al tomador un cuestionario previo, o no. <\/p>\n
La sinceridad de la declaraci\u00f3n \u00abno puede medirse ni examinarse bajo un mismo rasero, porque no habr\u00e1 reticencia, si ha existido para el asegurador, conocimiento real o presunto de los hechos que conforman los vicios de la declaraci\u00f3n, conocimiento que puede radicar en cabeza de sus agentes o dependientes, por el simple fen\u00f3meno de la representaci\u00f3n (ley 65\/66)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a ello puntualiz\u00f3 ah\u00ed mismo: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed por ejemplo, si el formulario es llenado por agentes o dependientes del asegurador, si \u00e9stos dejan espacios en blanco que han debido llenar, u omiten informar hechos o circunstancias determinantes para el asegurador, no podr\u00e1 entonces, en sana l\u00f3gica, alegarse reticencia por parte del asegurador, ni ampararse (sic) del pago en caso de siniestro\u00bb. <\/p>\n
Por lo que si \u00abla declaraci\u00f3n o el formulario, es radactado o llenado por agentes o dependientes, pero aparece suscrita por el asegurado, la manifestaci\u00f3n debe ser tomada como si fuera hecha directamente por el asegurado, y en caso de que ella resulte incompleta o insincera, el asegurado puede demostrar, que su informaci\u00f3n fu\u00e9 veraz y completa, pero por voluntad del agente o dependiente, no se llev\u00f3 al papel lo exactamente manifestado\u00bb. <\/p>\n
Tesis esa que apoy\u00f3 en la decisi\u00f3n que el mismo tribunal adopt\u00f3 en el juicio ordinario trabado entre las mismas partes, en la que la aseguradora pidi\u00f3 que se declarase la nulidad del mismo contrato de seguro, pero no le prosper\u00f3. All\u00e1, como ac\u00e1, se dijo que \u00aben tal evento no puede alegarse que hubo reticencia por parte del tomador, y por ende, que es nulo el contrato de seguro, puesto que en estas diligencias representa la agencia al asegurador, lo que implica que \u00e9ste intervino o particip\u00f3 en esa actuaci\u00f3n y consecuentemente conoci\u00f3 la informaci\u00f3n que di\u00f3 el tomador sobre el riesgo …\u00bb. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n probatoria que para este espec\u00edfico proceso sustent\u00f3 as\u00ed el tribunal: <\/p>\n
\u00abY en el caso a estudio, como lo predica ampliamente la prueba de infolios, en la contrataci\u00f3n del seguro particip\u00f3 activamente el Sr. Emilio Carmona (Fs. 12 Vto. del cuaderno de pruebas No.2), esposo de la demandante, quien se vali\u00f3 de la intermediaci\u00f3n de la agencia de seguros ‘V\u00e9lez Uribe Ltda.’, a trav\u00e9s del Sr. ORLANDO MONSALVE, quien fu\u00e9 en \u00faltimas, quien llen\u00f3 el formulario (cons\u00faltese declaraci\u00f3n visible a fs. 2 del mismo cuaderno de pruebas). Igualmente, de la prueba aflora, que cuando se procedi\u00f3 a llenar el formulario por parte del Sr. Monsalve, a \u00e9ste le inform\u00f3 el asegurado sobre la existencia de otro seguro de incendio en compa\u00f1\u00eda aseguradora diferente, y por una suma inferior a la pretendida, inform\u00e1ndole adem\u00e1s, que como \u00e9sta le hab\u00eda negado un aumento que le fu\u00e9 pedido, opt\u00f3 por buscar los servicios de otra aseguradora que amparase los bienes por el 100% de lo requerido. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abQuiere decir lo dicho, que si el espacio relacionado con la existencia de otros seguros de incendio sobre el mismo riesgo, apareci\u00f3 en blanco, no fu\u00e9 por malicia o negligencia del asegurado, sino por omisi\u00f3n, voluntaria e involuntaria de la propia aseguradora, manifestada a trav\u00e9s del agente que diligenciaba el formulario; y es m\u00e1s: si la demandada excepcionante al examinar el formulario como debi\u00f3 hacerlo en la etapa precontractual o previa, observ\u00f3 los espacios dejados en blanco, debi\u00f3 recabar la informaci\u00f3n que ech\u00f3 de menos, cosa que no hizo, para finalmente expedir la p\u00f3liza con la falencia advertida; conducta esta que hace suponer, que tal informaci\u00f3n no revest\u00eda la importancia que ahora se le pretende otorgar, para sacar avante la excepci\u00f3n, y eludir de contera la obligaci\u00f3n demandada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed que -dijo- la excepci\u00f3n de nulidad no prospera, \u00abporque si en realidad de verdad pudo haber existido reticencia en el tomador, esta no puede calificarse como producida por culpa, malicia o negligencia suya\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, hall\u00f3 conforme la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n que impuso el a quo y la denegatoria de la indexaci\u00f3n. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Cinco cargos se formularon, todos al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n; mas, como se recuerda, el segundo fue inadmitido. Los dem\u00e1s se despachar\u00e1n conjuntamente por las razones que en su lugar se expresar\u00e1n. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
En desarrollo de la acusaci\u00f3n puntualiza la aseguradora de entrada que la defensa aqu\u00ed esgrimida ha sido exclusivamente la de nulidad contractual \u00abcon base en lo previsto en el ya aludido art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, pero que ni la actora ni la justicia han \u00ablogrado desentra\u00f1ar y entender el verdadero significado de la figura de la reticencia, de su necesaria interpretaci\u00f3n conjunta con lo establecido en el art\u00edculo 1076 del C\u00f3digo de Comercio, m\u00e1xime cuando aquella estriba en la omisi\u00f3n de informar sobre la existencia de otros seguros sobre el mismo riesgo, as\u00ed como la trascendencia de la omisi\u00f3n frente a la concesi\u00f3n del seguro\u00bb. <\/p>\n
Previas algunas precisiones en torno a las declaraciones de voluntad relevantes jur\u00eddicamente y su operancia dentro del marco de la autonom\u00eda privada, enfatiz\u00f3se \u00abque la conducta que permiti\u00f3, de parte de SEGUROS GENERALES AURORA S.A., la celebraci\u00f3n del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza de incendio n\u00famero 7886 fue precisamente la declaraci\u00f3n de voluntad expresada en la solicitud del seguro suscrita por el tomador\u00bb, respecto de la cual se guard\u00f3 silencio en torno a la existencia de otros seguros sobre el mismo riesgo, \u00abasumi\u00e9ndose, por parte de SEGUROS GENERALES AURORA S. A., que no exist\u00edan, pues si as\u00ed fuese se hubiesen relacionado\u00bb. <\/p>\n
Significa que la reticencia \u00abcomo circunstancia que ocultada permiti\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato, constituye vicio en la voluntad, en \u00e9ste caso, de la COMPA\u00d1IA DE SEGUROS GENERALES AURORA S. A.\u00bb. Y explicando la teor\u00eda del error, manifiesta la impugnante que todas las concepciones acerca de \u00e9l \u00abson aplicables al caso sub-judice\u00bb; pero la que m\u00e1s se acomoda \u00abes la del dolo, no entendido como esa intenci\u00f3n positiva de inferir da\u00f1o a otro, sino como todas aquellas maniobras, artificios y enga\u00f1os que se emplean para obtener de alguien su consentimiento para la celebraci\u00f3n de un determinado negocio\u00bb, lo cual se puede configurar ‘callando lo que se debe expresar’. <\/p>\n
Expr\u00e9sase a continuaci\u00f3n que est\u00e1 demostrado el aviso extempor\u00e1neo acerca de la coexistencia de seguros, de <\/p>\n
lo cual ten\u00eda pleno conocimiento el tomador al momento de diligenciar la solicitud, como tambi\u00e9n lo est\u00e1, seg\u00fan el testimonio del agente, \u00abque hubo ocultamiento de la informaci\u00f3n en espera de lo que dijera SEGUROS GENERALES AURORA S. A. al respecto\u00bb. \u00bfC\u00f3mo pudo, entonces, conocer la aseguradora tal circunstancia?; porque, como lo dice la jurisprudencia, \u00abno es razonable imponer a una sociedad aseguradora el deber de verificar la sinceridad y exactitud de las declaraciones de un tomador del seguro haciendo indagaciones en todas las dem\u00e1s empresas dedicadas a la misma actividad mercantil, y no s\u00f3lo a sus casas principales sino a la totalidad de las sucursales o agencias que tengan en el territorio nacional\u00bb. <\/p>\n
De manera que s\u00ed hubo reticencia: \u00abEfectivamente, si es un deber del tomador-asegurado dar aviso al asegurador sobre los seguros que pueden existir sobre el mismo riesgo (art.1076 C. de Co.), adem\u00e1s de declarar de manera sincera el estado del mismo conforme al cuestionario propuesto por la Compa\u00f1\u00eda (art. 1058 ib\u00eddem), y en nuestro caso no se hizo, no existe camino diferente que el de aplicar la consecuencia jur\u00eddica prevista en las normas que contienen dichos deberes\u00bb; normas que, por lo mismo, viol\u00f3 directamente el tribunal, \u00abd\u00e1ndole a ellas alcances distintos a los que el legislador previ\u00f3 al concebirlas. Por lo dem\u00e1s, el art\u00edculo 1058, ya citado, \u00abno menciona que la reticencia debe ser predicable del riesgo mismo, de su materialidad; por el contrario, la disposici\u00f3n habla de riesgo en sentido general para con ello incluir en su cobertura y efectos todo aquello que tiene que ver con \u00e9l, como en nuestro caso la existencia de otros seguros sobre el mismo\u00bb. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Repr\u00f3chase la trasgresi\u00f3n directa del art\u00edculo 1093 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, ya que si \u00abde las pruebas recaudadas (…) se deduce que el valor asegurado a trav\u00e9s de las p\u00f3lizas expedidas por SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S. A. Y SEGUROS GENERALES AURORA S. A. es superior al valor real del inter\u00e9s asegurable\u00bb, se produjo la terminaci\u00f3n del contrato de seguro seg\u00fan lo consagra tal disposici\u00f3n legal, precisamente por cuanto que el asegurado omiti\u00f3 dar a conocer oportunamente la existencia de otro seguro; sin que importe, como lo ense\u00f1a la doctrina, que esa omisi\u00f3n sea maliciosa o negligente, ya que la norma no cualifica al respecto. <\/p>\n
En efecto, -expresa la censura-, el a quo plasm\u00f3 en su sentencia que el valor del riesgo era de $22.766.257.oo, al paso que el \u00abvalor asegurado en ambas p\u00f3lizas\u00bb ascend\u00eda a $26.000.000.oo\u00bb. El prop\u00f3sito de la norma es el de que el asegurador tome las medidas en orden a establecer el pago de la indemnizaci\u00f3n conforme a las reglas del coaseguro, y cancelar proporcionalmente lo que corresponda, de tal suerte que el asegurado no encuentre all\u00ed una fuente de lucro. <\/p>\n
Aqu\u00ed se encuentra demostrado que \u00abel aviso sobre la existencia de los seguros en lo que ata\u00f1e a SEGUROS GENERALES AURORA S. A., s\u00f3lo vino a darse, incluso, con posterioridad al momento de dar aviso sobre la ocurrencia del siniestro. Si se tiene en cuenta que la comunicaci\u00f3n sobre la coexistencia debe darse dentro de los diez d\u00edas siguientes a la celebraci\u00f3n del contrato, tenemos que respecto a la p\u00f3liza expedida por AURORA S. A. debi\u00f3 avisarse a m\u00e1s tardar el 12 de noviembre de 1.988 y respecto de la p\u00f3liza expedida por BOLIVAR S. A. al momento de expedirse la AURORA S.A. puesto que la de SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S. A. se hab\u00eda emitido el 30 de julio de 1.987\u00bb. <\/p>\n
Debi\u00f3 aplicarse tal norma, ya que aqu\u00ed se propuso la excepci\u00f3n gen\u00e9rica, \u00abentendida como toda circunstancia que resulte probada dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Se denuncia nuevamente la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1093 del C\u00f3digo de Comercio; pero esta vez a consecuencia de \u00aberror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y particularmente de las excepciones propuestas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala la recurrente que los juzgadores de instancia s\u00f3lo se ocuparon de la excepci\u00f3n de nulidad, \u00absin observar que con las mismas consideraciones, declaraciones y conclusiones que consignaron en sus fallos dieron cuerpo y vida a la excepci\u00f3n gen\u00e9rica tambi\u00e9n formulada\u00bb. Esta aparece acreditada en el proceso as\u00ed: el ajuste levantado por Toplis and Harding Hudson Ltda., \u00abel cual fue expresamente aceptado por el a quo y el ad quem como medio serio y cierto\u00bb, estableci\u00f3 que el valor del riesgo era muy inferior al valor asegurado a trav\u00e9s de las p\u00f3lizas de Seguros Comerciales Bol\u00edvar S. A. y Seguros Generales Aurora S. A.; y el dictamen pericial \u00abdentro de este proceso se fund\u00f3 exclusivamente en el informe del ajustador (…) y no fue objetado\u00bb. Evidentemente el valor asegurado ascend\u00eda a $32.000.000.oo; y \u00abSeg\u00fan los peritos, el ajustador y las consideraciones del Juzgado de conocimiento y el Tribunal\u00bb, los objetos asegurados ten\u00edan un valor total de $28.283.357.oo. <\/p>\n
Pero los juzgadores \u00abpara nada tuvieron en cuenta estas sencillas pero l\u00f3gicas consideraciones con lo cual incurrieron en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda y, especialmente, de las excepciones\u00bb. <\/p>\n
Quinto cargo <\/p>\n
A la contestaci\u00f3n de la demanda se acompa\u00f1\u00f3 la solicitud del seguro que hizo la actora, en el que aparece sin contestar la pregunta sobre la existencia de otros seguros; \u00abexistiendo obligaci\u00f3n legal de contestar, esta conducta, como se explic\u00f3 al enunciar el cargo primero, debe considerarse como una declaraci\u00f3n de voluntad negativa frente al contenido de la pregunta\u00bb. Por otra parte, Orlando de Jes\u00fas Monsalve y Emilio Carmona declararon que, pese a que el tomador inform\u00f3 sobre la existencia de ese otro seguro, ellos no lo consignaron en la solicitud, a la espera de que la aseguradora devolviera la solicitud. <\/p>\n
Pruebas de las que los juzgadores sacaron las conclusiones consignadas en sus decisiones; pero \u00e9stas \u00abri\u00f1en no s\u00f3lo con los principios de la sana cr\u00edtica sino con la precisa jurisprudencia\u00bb. Ciertamente, no puede decirse que la omisi\u00f3n dicha no fue relevante, aduci\u00e9ndose que de lo contrario la aseguradora hubiese insistido en la informaci\u00f3n omitida, cuando existen preceptos claros que estructuran las figuras del error y el dolo, y cuando es patente que de haberse conocido el hecho ocultado no se habr\u00eda contratado. Ni puede decirse que tal reticencia no era predicable del riesgo mismo, de su materialidad, cuando ni la ley, ni la doctrina ni la jurisprudencia determinan de manera taxativa cu\u00e1ndo hay o no reticencia; \u00e9sta \u00abse estructura es por el hecho de ocultar una circunstancia y, entrat\u00e1ndose de contrato de seguro, de las que son propias o de la esencia del contrato, en este caso, la existencia de otros seguros de la misma naturaleza que el que se solicita\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Y c\u00f3mo decir que es irrelevante \u00bfsi dos normas del c\u00f3digo de comercio consagran la obligaci\u00f3n de declarar la existencia de otros seguros?. Tampoco es de aseverarse que la aseguradora conoci\u00f3 la situaci\u00f3n en virtud de la representaci\u00f3n suya a trav\u00e9s de la agencia de seguros, pues dicha representaci\u00f3n \u00abes espec\u00edfica y para unas determinadas materias las cuales aparecen consignadas en el contrato de agencia comercial suscrito entre ellas y en el certificado p\u00fablico emitido por la Superintendencia Bancaria, dentro de las cuales no aparece el aceptar riesgos ni celebrar contratos de seguro, facultad exclusivamente reservada a la aseguradora, quien para hacerlo s\u00f3lo cuenta con la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que le sea suministrada al momento de presentarse la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Ni cabe aceptar que no hubo malicia del tomador, pues a trav\u00e9s de la firma de la solicitud ratific\u00f3 lo efectuado por su mandatario o agente. <\/p>\n
Reit\u00e9rase m\u00e1s adelante que dentro de las facultades de la agencia de seguros \u00abno se cuenta la de aceptar riesgos, celebrar contratos de seguros o calificar que informaci\u00f3n es relevante o no para asumir un riesgo u otorgar determinada cobertura\u00bb. Y como \u00e9stas no han sido otorgadas ni van subentendidas, \u00abno puede ligeramente concluirse que hay una representaci\u00f3n total de la agencia de seguros respecto de la Compa\u00f1\u00eda aseguradora con la que tiene certificado p\u00fablico y mucho menos que lo que por ella sea conocido en desarrollo de la labor de intermediaci\u00f3n, necesariamente sea igualmente conocido por la aseguradora que ella representa\u00bb. <\/p>\n
Todo indica que el supuesto f\u00e1ctico del art. 1093 del C. de Co. \u00abqued\u00f3 probado a partir de los documentos recolectados durante las inspecciones judiciales con exhibici\u00f3n de documentos, tales como los ajustes, y el dictamen pericial rendido por los expertos designados por el a quo\u00bb. Debi\u00f3 aplicarse entonces la consecuencia prevista en ella. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. El despacho global de los cargos obedece a que todos por igual revelan deficiencias t\u00e9cnicas en su formulaci\u00f3n, las que por s\u00ed solas los hace impr\u00f3speros. <\/p>\n
La contundencia del fallador al respecto brota de sus propias palabras. Evidentemente, tras hacer el enunciado pertinente, trajo en pos de su tesis la doctrina que el mismo tribunal sent\u00f3 al dirimir la controversia que entre las mismas partes se suscit\u00f3 en otro proceso, en donde la aseguradora demand\u00f3 la nulidad del seguro aqu\u00ed debatido exactamente por la misma raz\u00f3n alusiva a la reticencia del tomador. El sentenciador reiter\u00f3 entonces \u00e9sto: <\/p>\n
\u00ab… en tal evento no puede alegarse que hubo reticencia por parte del tomador, y por ende, que es nulo el contrato de seguro, puesto que en estas diligencias representa la agencia al asegurador, lo que implica que este intervino o particip\u00f3 en esa actuaci\u00f3n y consecuentemente conoci\u00f3 la informaci\u00f3n que di\u00f3 el tomador sobre el riesgo\u00bb. <\/p>\n
Y a poco de all\u00ed expres\u00f3: <\/p>\n
\u00ab…si el espacio relacionado con la existencia de otros seguro de incendio sobre el mismo riesgo, apareci\u00f3 en blanco, no fu\u00e9 por malicia o negligencia del asegurado, sino por omisi\u00f3n voluntaria e (sic) involuntaria de la propia aseguradora, manifestada a trav\u00e9s del agente que diligenciaba el formulario\u00bb. <\/p>\n
3. Queda patente, entonces, que ah\u00ed finca la parte medular del fallo. Y, sin embargo, en ninguno de los dos primeros cargos que se despachan, aparece mencionada esa circunstancia; y, claro est\u00e1, much\u00edsimo menos que haya sido combatida en el recurso extraordinario. Lo que apareja la consecuencia de que la sentencia, por ello s\u00f3lo, se mantenga erguida. <\/p>\n
En verdad, el ataque no debi\u00f3 consistir propiamente en que por ley estaba obligado el tomador a indicar la concomitancia de seguros, o en que s\u00ed hubo reticencia en raz\u00f3n a que el espacio pertinente de la solicitud se dej\u00f3 en blanco, como sucede en los cargos despachados, como que el tribunal, sin contradecir nada de ello, lo que afirm\u00f3 es que la aseguradora conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer esa especial circunstancia a trav\u00e9s del agente de seguros, quien, guardando silencio sobre el particular, la represent\u00f3 en el negocio. <\/p>\n
Obviamente que en tales condiciones no puede alcanzar \u00e9xito ninguno de los cargos precitados; toda vez que en este recurso, dada su naturaleza jur\u00eddica bien conocida, lo que el casacionista no involucre en su ataque, necesariamente ha de permanecer impermeable al an\u00e1lisis de la Corte, precisamente porque opera el principio rector en casaci\u00f3n de que la sentencia impugnada ingresa al recurso bajo la rodela de presunci\u00f3n de acierto y de legalidad; y de tal manera, que aquello de que no se duela el recurrente, es entendido que lo admite y acepta. <\/p>\n
En suma, tales cargos resultan vanos por desenfocados. Dado que, seg\u00fan lo dice la constante jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00abaunque el recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u00bb (LXXI, p.740; LXXIII, p. 45; LXXV, p.52; CXLVIII, p. 221). <\/p>\n
4. Se dir\u00e1 entonces que en el quinto cargo s\u00ed aparece combatido aquel argumento. <\/p>\n
Y aunque ello no deja de ser exacto, ha de verse que el planteamiento del mismo est\u00e1 muy distante de avenirse con la t\u00e9cnica que informa la casaci\u00f3n. Porque si al sentenciador se endilga la comisi\u00f3n de errores de hecho, es deber del recurrente formular la acusaci\u00f3n sustent\u00e1ndola en forma precisa y concreta, con el se\u00f1alamaniento exacto de en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro probatorio, lo cual entra\u00f1a, como es obvio, que se identifique cabalmente cu\u00e1les son los medios de persuasi\u00f3n en que incide el desacierto, y c\u00f3mo se produjo \u00e9ste. Vale decir, efectuar una labor de cotejo entre lo que reflejan las pruebas y lo que de ellas extrajo el sentenciador para edificar sus conclusiones, mostrando a la Corte que en esa actividad el sentenciador pas\u00f3 por alto la prueba existente en el proceso, o supuso la que no est\u00e1, o, que en \u00faltimas, las alter\u00f3 por cercenamiento o agrandamiento de las mismas. <\/p>\n
Con lo que ciertamente no cumpli\u00f3 el aqu\u00ed recurrente con s\u00f3lo contra-argumentar que la representaci\u00f3n de la agencia \u00abes espec\u00edfica y para unas determinadas materias las cuales aparecen asignadas en el contrato de agencia comercial suscrito entre ellas y en el certificado p\u00fablico emitido por la Superintendencia Bancaria, dentro de las cuales no aparece el aceptar riesgos ni celebrar contratos de seguros, facultad exclusivamente reservada a la aseguradora, quien para hacerlo s\u00f3lo cuenta con la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que le sea suministrada al momento de presentarse la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Como se aprecia con facilidad, el enunciado es tan gen\u00e9rico que no identifica cabalmente los medios probatorios que menciona, por supuesto que ni siquiera dice si obran en el expediente y d\u00f3nde, ni c\u00f3mo el fallador, de cara a los documentos, desacert\u00f3 protuberantemente, bien porque supuso la prueba o la ignor\u00f3, o, en fin, la alter\u00f3 de los modos que quedaron dichos, ni, por \u00faltimo, c\u00f3mo fue tan trascendente en la decisi\u00f3n que finalmente adopt\u00f3. <\/p>\n
Se comprender\u00e1 que en un recurso asaz limitado y dispositivo como es \u00e9ste, el recurrente no puede esperar v\u00e1lidamente que la Corte se aplique a completar la acusaci\u00f3n, demandando de su parte un actuar oficioso desde todo punto de vista inaceptable. <\/p>\n
La Corte tiene dicho \u00abque la impugnaci\u00f3n por error de hecho tiene que concretarse a establecer que el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o ha ignorado la presencia de la que s\u00ed est\u00e1 en ellos, hip\u00f3tesis estas que comprenden la desfiguraci\u00f3n del medio probatorio, bien sea por adici\u00f3n de su contenido (suposici\u00f3n), o por cercenamiento del mismo (preterici\u00f3n); y que es preciso que la conclusi\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n de hecho a que lleg\u00f3 el sentenciador por causa de dicho yerro en la apreciaci\u00f3n probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad f\u00e1ctica establecida por la prueba\u00bb (CLI, p. 210). <\/p>\n
Si, pues, este otro cargo tampoco atac\u00f3 id\u00f3neamente la piedra de toque de la sentencia, est\u00e1 igualmente condenado al fracaso. <\/p>\n
5. En cuanto al cargo restante, vale decir, el cuarto, la deficiencia consiste ya en que el desarrollo del mismo no corresponde a la causal que de casaci\u00f3n enuncia. <\/p>\n
En verdad, del contexto del cargo se deriva que la inconformidad de la recurrente estriba en que los juzgadores de instancia \u201cs\u00f3lo\u201d se ocuparon de la excepci\u00f3n de nulidad, sin darse cuenta que en la contestaci\u00f3n se hab\u00eda propuesto igualmente la \u201cgen\u00e9rica\u201d, a la que las propias consideraciones de los falladores dieron vida jur\u00eddica, probada como estuvo, acorde con las probanzas all\u00ed puntualizadas. <\/p>\n
Entonces: si a juicio del impugnante, el tribunal no se ocup\u00f3 de una excepci\u00f3n que propuso, pues apenas se ocup\u00f3 de la otra, brota incuestionable que el ataque se funda en un yerro in procedendo o de actividad, en cuanto que el ataque consistir\u00eda en que la decisi\u00f3n no cobij\u00f3, o, para emplear la misma expresi\u00f3n de la censura, no se ocup\u00f3, de todos los extremos litigiosos, puntualmente respecto de una excepci\u00f3n formulada; todo lo cual no es otra cosa que tildar la sentencia de inconsonante, para cuyo remedio esta prevista la segunda causal de casaci\u00f3n, bien distinta por cierto de la primera que se eligi\u00f3, porque esta alude, antes bien, a un yerro in judicando. <\/p>\n
A dicho prop\u00f3sito conviene recordar una vez m\u00e1s que uno de los rasgos m\u00e1s salientes que denotan lo extraordinario del recurso est\u00e1 en que el legislador consagr\u00f3 en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil las diversas causales que autorizan la casaci\u00f3n; traduce esto, pues, que no toda inconformidad con el fallo permite el ingreso a la casaci\u00f3n, como que son apenas aquellos taxativamente expresados en la ley. Causales que fueron desarrolladas sobre la base de considerar dos clases de yerros que el juez puede cometer a la hora de definir la litis; la falencia puede estar, ciertamente, al distorsionar la voluntad exacta hipotetizada en la ley, esto es, cuando el sentenciador se aplica al razonamiento l\u00f3gico con infortunio, el cual, por tratarse de un vicio de juzgamiento, recibe el nombre de error in judiciando; mas, como para la composici\u00f3n del litigio es preciso recorrer un sendero procesal atendiendo las normas jur\u00eddicas que regulan su actividad, y la de las partes, tambi\u00e9n puede haber error en ese caminar que, por tratarse de un vicio de construcci\u00f3n procesal, recibe la denominaci\u00f3n de yerro in procedendo. La distinta naturaleza de uno y otro, no s\u00f3lo permite distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos. <\/p>\n
De consiguiente, no prosperan los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en este proceso profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para dirimir el proceso ordinario que Mar\u00eda de Jes\u00fas P\u00e9rez instaur\u00f3 contra Seguros Generales Aurora S. A., calendada el 9 de agosto de 1993, materia del recurso extraordinario. <\/p>\n
Condenase a la parte demandada – recurrente al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al tribunal de procedencia <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-004-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).- Dec\u00eddese […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81440","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81440"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81440\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}