S-007-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de Abril de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 4422 <\/p>\n
Se deciden los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por ambas partes contra la sentencia de fecha diez (10) de marzo de l993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda adelantado por JULIO CESAR GARCIA ALVAREZ contra el BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO. <\/p>\n
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1. Mediante demanda presentada el siete (7) de junio de 1991 y cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, JULIO CESAR GARCIA ALVAREZ formul\u00f3 demanda ordinaria contra el BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO para que, previos los tr\u00e1mites correspondientes, se declare a dicha instituci\u00f3n bancaria responsable, \u201ca t\u00edtulo de responsabilidad civil extracontractual\u201d (f. 104 Cdno. Pcpal.), por los perjuicios causados al actor en virtud de los hechos constitutivos del delito de estafa cometido por Ram\u00f3n Eduardo Oviedo Zapata, Gerente de la sucursal de la entidad demandada en la localidad de Rionegro, en complicidad con Cesar Emilio Moreno L\u00f3pez, Secretario de esa misma sucursal; en consecuencia, solicita el actor que se condene al pago de los perjuicios morales y materiales, en el doble concepto de lucro cesante y da\u00f1o emergente, trat\u00e1ndose de los segundos, en cuant\u00eda no inferior a quinientos millones de pesos ($500\u2019000.000.oo), incluido el reajuste monetario e, igualmente, las costas correspondientes, perjuicios que la demanda misma se encarga de individualizar en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
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1\u00b0 La p\u00e9rdida experimentada por su \u201ccapital de trabajo en el tipo de negocios que adelanta\u201d, estimada por el demandante en la cantidad de $20\u2019500.000.oo sumada al reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria destinado a \u201csanear dicha p\u00e9rdida\u201d; <\/p>\n
2\u00b0 Los intereses moratorios sobre esa misma suma, liquidados a la tasa del 67.62% anual; <\/p>\n
3\u00b0 La p\u00e9rdida de la sanci\u00f3n econ\u00f3mica que ten\u00eda derecho el demandante a cobrar en su condici\u00f3n de tenedor del cheque de gerencia no pagado por la instituci\u00f3n bancaria demandada, sanci\u00f3n que de acuerdo con la ley era de $4\u2019100.000.oo. <\/p>\n
4\u00b0 La p\u00e9rdida que representan los incrementos que sobre aquella suma por la que gir\u00f3 el cheque en menci\u00f3n, ten\u00eda derecho a cobrar el demandante mediando la correspondiente capitalizaci\u00f3n por anualidades de los intereses adeudados. <\/p>\n
5\u00b0 Los gastos que demand\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso de ejecuci\u00f3n cambiaria adelantado contra el Banco, incluyendo una suma de dinero adecuada que le \u201ccompense\u201d al actor las costas que a dicha entidad se vio obligado a pagarle al no haber prosperado la aludida gesti\u00f3n de cobranza; <\/p>\n
6\u00b0 Y en fin, los da\u00f1os \u201cde orden moral\u201d que se originan en los sufrimientos padecidos por el demandante durante los a\u00f1os transcurridos, al verse tratado de falsario por el Banco demandado y padecer penurias de consideraci\u00f3n debido a la falta de su dinero. <\/p>\n
Estas pretensiones as\u00ed rese\u00f1adas se fundan a su turno en hechos que de conformidad con la demanda presentada, bien pueden resumirse del siguiente modo: <\/p>\n
a) En el mes de junio de 1986 Julio Cesar Garc\u00eda Alvarez negoci\u00f3 con Carlos Alberto Aguilar Cartagena la compraventa de \u201cun lote de joyas\u201d que habr\u00eda de ser pagado con cheque de gerencia, pero al momento de la respectiva cancelaci\u00f3n del precio pactado, advirti\u00f3 el demandante que el t\u00edtulo-valor que se le entregaba \u201cse encontraba girado en beneficio del se\u00f1or William Castro\u201d, circunstancia que lo llev\u00f3 a exigir que por parte del Banco, emitente y a la vez girado en el instrumento aludido, se expidiera un nuevo cheque de gerencia \u201cque tuviera por beneficiario del mismo al vendedor de las joyas\u201d y que, al mismo tiempo, le fuera entregado a este \u00faltimo directamente por la persona autorizada para hacerlo en dicho banco. <\/p>\n
b) Una vez en la oficina que tiene abierta en la localidad de Rionegro (Antioquia) la entidad crediticia demandada, el citado funcionario dio un trato especialmente amistoso al comprador Carlos Alberto Aguilar, luego de lo cual adujo que por el intenso trabajo del momento, el cambio solicitado no pod\u00eda realizarse, lo que sirvi\u00f3 de motivo para que, a continuaci\u00f3n, hiciera especial \u00e9nfasis sobre la eficacia del t\u00edtulo inicialmente entregado cuya validez y legitimidad eran por completo seguras, circunstancias que se conjugaron entonces para que el vendedor, confiando en esas manifestaciones, procediera a entregar las joyas para proceder de inmediato a hacer efectivo el cheque recibido. <\/p>\n
c) El d\u00eda lunes veintitr\u00e9s (23) de junio siguiente, el demandante acudi\u00f3 para tal fin a la sucursal de la entidad bancaria, en Rionegro, con el prop\u00f3sito de cobrar el referido t\u00edtulo, mas la oficina en cuesti\u00f3n se encontraba cerrada al p\u00fablico, por lo cual procedi\u00f3 a efectuar la consignaci\u00f3n en su cuenta personal de la sucursal de \u201cVillagrande\u201d que tambi\u00e9n tiene establecida el BIC en Envigado, habi\u00e9ndosele informado al d\u00eda siguiente sobre la devoluci\u00f3n del susodicho t\u00edtulo-valor, rechazado por provenir de chequera robada, ser un instrumento falsificado, no corresponder la firma registrada a la de su girador y contener sellos tambi\u00e9n falsificados. <\/p>\n
d) Mientras ello suced\u00eda, el Gerente de la sucursal bancaria giradora, de nombre Ram\u00f3n Eduardo Oviedo Zapata, al tener conocimiento de que se hab\u00eda presentado el cheque para su pago, procedi\u00f3 a destruir la chequera de la cual se hab\u00eda tomado e informar, a rengl\u00f3n seguido, que \u201chab\u00eda sido sustra\u00edda fraudulentamente del Banco en el d\u00eda 21 anterior\u201d, tras lo cual present\u00f3 denuncia de los hechos ante las autoridades judiciales competentes. <\/p>\n
e) A su turno y por fuerza de estos mismos hechos, el demandante formul\u00f3 denuncia por los punibles de \u201cestafa y falsa denuncia\u201d, denuncia que dio lugar a la subsiguiente investigaci\u00f3n penal que concluy\u00f3 con sentencia condenatoria por esos delitos al gerente de la sucursal Rionegro, as\u00ed como tambi\u00e9n al secretario de esa misma oficina por estafa en la modalidad de \u201ccomplicidad\u201d, y se les impuso a ambos la obligaci\u00f3n de resarcir los perjuicios econ\u00f3micos ocasionados al ofendido, tasados en la suma de veinte millones quinientos mil pesos ($20\u2019500.000.oo), m\u00e1s intereses del 41.12% anual, siendo de anotar, adem\u00e1s, que en dicho proceso tuvo intervenci\u00f3n el Banco Industrial Colombiano al constituirse como parte civil. <\/p>\n
f) Paralelamente, el ofendido entabl\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva en contra de la entidad crediticia giradora del cheque no pagado y aunque el fallo de primer grado fue favorable a sus pretensiones, el de segundo grado lo revoc\u00f3 al encontrar el Tribunal Superior de Medell\u00edn, probada una de las excepciones planteadas por el Banco ejecutado, en concreto la excepci\u00f3n de \u201cfalta de causa onerosa\u201d por cuanto, a juicio de la corporaci\u00f3n sentenciadora expresado en la providencia de ocho (8) de noviembre de 1989, dicho Banco no recibi\u00f3 contraprestaci\u00f3n alguna que hiciera las veces de provisi\u00f3n suficiente, circunstancia que al ejecutante no le era dado ignorar. <\/p>\n
g) En s\u00edntesis, la demanda compendia los fundamentos de la pretensi\u00f3n indemnizatoria en ella contenida, de la siguiente manera: \u201c\u2026El gerente de la sucursal del Banco Industrial Colombiano en el municipio de Rionegro (Antioquia) no se sabe si atendiendo instrucciones o autorizaciones impartidas por sus superiores, o en contra de las mismas, (\u2026) pero en todo caso actuando en nombre y representaci\u00f3n de tal entidad bancaria, en su calidad de gerente, y actuando en la \u00f3rbita de las actividades de la entidad bancaria en referencia, y por lo mismo en la \u00f3rbita propia de sus funciones como gerente de la sucursal, hizo v\u00edctima al demandante de una serie de maniobras enga\u00f1osas con el fin de inducirlo a error para que aceptara culminar la negociaci\u00f3n que ten\u00eda este celebrada con Carlos Alberto Aguilar Cartagena, s\u00f3lo condicionada a que dicho gerente le diera conformidad al cheque de gerencia N\u00b0 36.647 por valor de $20\u2019500.000.oo (\u2026) conformidad, legalidad y legitimidad que dicho gerente le dio al demandante en forma personal y directa, garantiz\u00e1ndole su pago efectivo tan pronto fuere presentado a su cobro (\u2026), ello en condiciones que de tales actos la justicia penal, luego de adelantar el proceso criminal correspondiente, dedujo que el gerente Ram\u00f3n Eduardo Oviedo y el secretario Cesar Emilio Moreno L\u00f3pez, en uni\u00f3n c\u00f3mplice, incurrieron en el delito de estafa\u201d, decisi\u00f3n esta que tiene el sello de cosa juzgada y que ha dado lugar a la presente acci\u00f3n cuyo objeto es obtener la reparaci\u00f3n de los perjuicios que al aqu\u00ed demandante Julio Cesar Garc\u00eda Alvarez le ocasion\u00f3 la comisi\u00f3n de esos delitos. <\/p>\n
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2.- Admitida a tr\u00e1mite la demanda y surtido el traslado de rigor, la entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, dio respuesta a los hechos negando algunos y aceptando otros, para oponerse asimismo a las s\u00faplicas antes detalladas. Igualmente, propuso como excepciones de fondo las que denomin\u00f3: \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n por parte del Banco\u201d, consistente en que por ser persona jur\u00eddica no puede delinquir, actividad il\u00edcita que en cambio, agrega, s\u00f3lo cabe imput\u00e1rsele a los sentenciados quienes son por ello los \u00fanicos obligados de resarcir los perjuicios causados con la infracci\u00f3n; \u201ccosa juzgada\u201d en materia penal por cuanto los hechos, las partes y el objeto que estructuran el presente proceso civil, son id\u00e9nticos a los que conformaron la acci\u00f3n penal previamente decidida mediante sentencia condenatoria que fij\u00f3 los perjuicios causados por el delito, y tambi\u00e9n en materia civil por cuanto dentro de la acci\u00f3n ejecutiva concluida con antelaci\u00f3n, el Banco fue exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, por fuera de que no es posible demandar inicialmente por la eventual existencia de una responsabilidad contractual, para luego, en otro proceso, invocar con apoyo en esos mismos hechos, responsabilidad extracontractual. <\/p>\n
Y a vuelta de oponerse a la viabilidad de la pretensi\u00f3n de naturaleza extracontractual deducida, adujo para el evento en que se la tenga por procedente, las excepciones de \u201causencia de culpa\u201d en raz\u00f3n de haber sido cuidadosa en la elecci\u00f3n de sus empleados y de haber puesto en pr\u00e1ctica mecanismos de control interno aceptados previamente por la Superintendencia Bancaria; \u201cculpa de la v\u00edctima\u201d por aceptar un cheque emitido de manera a todas luces irregular, no girado a su favor ni adquirido por \u00e9l leg\u00edtimamente (art. 2357 del C\u00f3digo Civil); \u201cfalta de nexo entre el perjuicio alegado y la causa del mismo\u201d por no haber sido el Banco parte en el negocio de compraventa de joyas; \u201checho de un tercero\u201d por cuanto es al comprador de las joyas, persona totalmente ajena al Banco, a quien le son imputables los alegados perjuicios y, por \u00faltimo, la \u201cprescripci\u00f3n\u201d de que trata el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2358 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4.- Contra lo as\u00ed resuelto interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, tanto el demandante como el banco demandado, motivo por el cual subi\u00f3 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn donde luego de rituada la segunda instancia, mediante sentencia calendada el diez (10) de marzo de 1993, se confirm\u00f3 el fallo impugnado, adicion\u00e1ndolo en el sentido de declarar probada en favor de la entidad demandada y con base en el art. 2357 del C. Civil, una reducci\u00f3n del 10% en el monto de los perjuicios fijados, por lo cual, la indemnizaci\u00f3n se concret\u00f3 al \u201ccapital indexado\u201d hasta la fecha del fallo, correspondiente a ochenta y siete millones novecientos sesenta y dos mil doscientos veinte pesos ($87\u2019962.220.oo), a los intereses a la tasa del 41.12% anual \u201csobre el capital de veinte millones quinientos mil pesos ($20\u2019500.000.oo) causados entre junio de 1990 y la fecha del pago, reducido el monto que arroje, en un diez por ciento (10%)\u201d, y por ende, la condena al pago de costas a cargo de la entidad demandada (f. 101 vto. Cdno. del Tribunal) se limit\u00f3 a un 30% en cuanto concierne a las causadas en segunda instancia. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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1. Despu\u00e9s de efectuar el recuento de antecedentes que es usual y advertir que se encuentran reunidos los presupuestos procesales atinentes a la competencia y la capacidad de las partes, comienza el Tribunal sus consideraciones deteni\u00e9ndose en el estudio de la demanda que al proceso le dio comienzo para determinar las pretensiones que son procedentes. Al efecto subraya que la indemnizaci\u00f3n se pretende con base en la responsabilidad civil extracontractual \u201cgenerada en la conducta de los agentes de una persona jur\u00eddica\u201d, lo que hace que esa responsabilidad as\u00ed demandada sea la directa, a la que le son aplicables, en consecuencia, las normas contenidas en los art\u00edculos 2341 y siguientes del C\u00f3digo Civil. Y dentro de este marco general de referencia -dice el sentenciador- la emisi\u00f3n del cheque de gerencia del que es tenedor el demandante, constituye apenas un elemento ilustrativo para relievar el nexo entre las personas naturales causantes del hecho punible, del cual se pretende derivar responsabilidad patrimonial a cargo del Banco demandado, y este \u00faltimo, el cual es un aspecto que no ofrece ninguna duda, toda vez que no s\u00f3lo no fue cuestionado por la parte demandada sino que, adem\u00e1s, surge de aqu\u00e9l acto realizado por parte del Gerente de la sucursal que tiene abierta en el municipio de Rionegro (Antioquia) el establecimiento bancario aludido y que determin\u00f3 su posterior condena por el delito de estafa en contra de quienes actuaron en este proceso. <\/p>\n
As\u00ed, pues, para la decisi\u00f3n que debe adoptarse es el delito como fuente de responsabilidad el factor que cobra relevancia, factor \u00e9ste que al decir del Tribunal, es diferente de la responsabilidad comercial que se da por la sola expedici\u00f3n del cheque y que es de \u00edndole \u201ccontractual\u201d, base de una acci\u00f3n de cobranza \u201ccambiaria\u201d como la intentada en un principio por el demandante con infructuosos resultados porque, en ese tr\u00e1mite, se dio aplicaci\u00f3n a la \u201cexcepci\u00f3n deducible del art. 639 del C. de Co\u2026\u201d al comprobarse que no existi\u00f3 en realidad provisi\u00f3n de fondos que justificara la expedici\u00f3n del cheque tantas veces mencionado y que le impusiera al banco demandado la obligaci\u00f3n de pagarlo frente a un tenedor que, cual acontece con el demandante Julio Cesar Garc\u00eda, a pesar de su buena fe no obr\u00f3 con la diligencia que le era exigible. \u201c\u2026La fuente de la responsabilidad civil derivada del t\u00edtulo-valor (acci\u00f3n cambiaria), expresa la corporaci\u00f3n sentenciadora a modo de resumen de su pensamiento en relaci\u00f3n con el punto que ata\u00f1e a la identificaci\u00f3n de la acci\u00f3n entablada por el demandante en esta litis, tiene un hecho b\u00e1sico evidentemente distinto del delito que aqu\u00ed sirve de base a la acci\u00f3n ordinaria, lo cual no obsta para que la emisi\u00f3n de ese cheque de gerencia haya sido uno de los medios empleados para cometer el delito de estafa que tiene adem\u00e1s otros elementos estructurales\u2026\u201d. <\/p>\n
De esta necesaria precisi\u00f3n se sigue, entonces, la improcedencia de las s\u00faplicas que en este proceso, de ser acogidas, impliquen revivir aquella acci\u00f3n cambiaria y las pretensiones que tienen relaci\u00f3n causal directa con ella, a saber, la que gira en torno a la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 731 del C. de Co., la que persigue el pago de los intereses generados por id\u00e9ntica causa y la que busca una reparaci\u00f3n compensatoria respecto a las costas impuestas en dicha actuaci\u00f3n al ejecutante. <\/p>\n
2. Seguidamente el ad-quem se ocupa de la responsabilidad civil extracontractual \u201cpredicable de los entes morales como consecuencia del delito que cometen sus dependientes\u201d, y as\u00ed, con apoyo en lo expuesto en cuanto al punto por la doctrina y por la jurisprudencia, pasa a examinar la conducta del Gerente de la sucursal del Banco demandado, consistente en la emisi\u00f3n irregular de un cheque de gerencia, para concluir que ese acto \u201cimplica la comisi\u00f3n de un delito con ocasi\u00f3n de sus funciones siendo \u00e9sta precisamente una de las circunstancias que hacen responsable al ente jur\u00eddico al cual pertenece\u201d, responsabilidad que como ya se dijo antes, es directa y adem\u00e1s solidaria de conformidad con el Art. 2344 del C. Civil. <\/p>\n
En esta imputaci\u00f3n de responsabilidad con las caracter\u00edsticas que se dejan se\u00f1aladas, agrega el Tribunal que la decisi\u00f3n penal condenatoria juega un papel definitivo. Y partiendo de esta premisa, se ocupa a continuaci\u00f3n de resumir en sus diferentes etapas el proceso adelantado hasta concluir con la dicha decisi\u00f3n contenida en la sentencia que con fecha veintid\u00f3s (22) de junio de 1990, dict\u00f3 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, subrayando las afirmaciones jurisdiccionales realizadas en esa providencia que son sustento indispensable de la condena penal impuesta y que, por haberse pronunciado acerca de ellas, conciernen tambi\u00e9n a la responsabilidad patrimonial atribuible a los dos condenados, punto \u00e9ste acerca del cual dice el fallo impugnado lo siguiente: \u201c\u2026No lo dijo en su demanda el actor ni lo aclar\u00f3 despu\u00e9s que se hubiera constituido en parte civil en ese proceso, circunstancia que, en cambio, si la pregon\u00f3 del Banco Industrial Colombiano. Sin embargo, la Sala no crey\u00f3 necesario cerciorarse de este hecho, a pesar de la constancia \u00faltimamente tra\u00edda por la parte accionada, porque con los efectos de cosa juzgada del fallo penal, aun partiendo de la base de que al actor tambi\u00e9n se le hubiera definido su acci\u00f3n civil (circunstancia que no se deduce de los fallos de primera y de segunda instancia que apenas aluden a la acci\u00f3n del BIC), la consecuencia que se sigue no es la pretendida terminaci\u00f3n de la solidaridad pasiva entre los agentes del Banco y este como persona jur\u00eddica que debe responder civilmente. No existe constancia de que el se\u00f1or Garc\u00eda haya iniciado demanda para el cobro de la indemnizaci\u00f3n proveniente del delito, contra ninguno de los autores y en este proceso s\u00f3lo se busca hacer extensiva esa obligaci\u00f3n solidaria al Banco seg\u00fan los t\u00e9rminos del Art. 2344 del C. Civil, y por eso no es aplicable el Art. 1579 ib\u00eddem\u2026\u201d. <\/p>\n
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3. En cuanto a los medios exceptivos que hizo valer la parte opositora, el sentenciador, en primer t\u00e9rmino, excluye la posibilidad de estudiar los relacionados con la acci\u00f3n cambiaria previamente fallada; y en segundo lugar, se ocupa de la prescripci\u00f3n alegada con base en lo dispuesto en el inciso segundo del art. 2358 del C. C., para se\u00f1alar que no es aplicable al caso en estudio, ello por cuanto aquella se refiere a la responsabilidad civil indirecta \u201ccuando ya se dijo que las personas jur\u00eddicas, en casos como el presente, responden en forma directa\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, con relaci\u00f3n a la defensa consistente en argumentar una divisi\u00f3n de responsabilidad con apoyo en lo reglado por el art. 2357 del C. C., el ad-quem anota que la acci\u00f3n penal calific\u00f3 el delito desde el punto de vista de sus autores y que cuando se\u00f1al\u00f3 la inocencia del ofendido \u201cno estaba analizando su comportamiento desde el punto de la responsabilidad civil\u201d, por lo cual, a\u00f1ade, se puede calificar civilmente si el demandante se expuso imprudentemente al perjuicio, como en su momento lo concluy\u00f3 el Juzgado del conocimiento en el proceso ejecutivo seguido en contra de la entidad bancaria, y de acuerdo con este criterio expresa, luego de transcribir a espacio pasajes relevantes de doctrina jurisprudencial, que \u201cen el orden de influencia en la causaci\u00f3n del perjuicio\u201d, la conducta por la cual debe responder la instituci\u00f3n bancaria demandada \u201ces ostensiblemente de m\u00e1s entidad…que la asumida por la v\u00edctima\u201d, lo que incide para que frente a la concurrencia de culpas, reduzca la condena s\u00f3lo en un 10%. <\/p>\n
4. El \u00faltimo aparte de sus consideraciones lo dedica el Tribunal a fijar la entidad de los perjuicios indemnizables y su cuant\u00eda, materia que el fallo divide en varios apartes, as\u00ed: a) En primer lugar y a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, ha de tenerse en cuenta el precio de las joyas que se pretendi\u00f3 pagarle al demandante con el cheque de gerencia utilizado para enga\u00f1arlo, precio estimado, seg\u00fan \u201c\u2026el fallo penal y lo probado en el proceso\u2026\u201d, en $20\u2019500.000.oo que nunca recibi\u00f3 aqu\u00e9l y que por lo tanto debe entreg\u00e1rsele debidamente actualizado para corregir los efectos nocivos de la depreciaci\u00f3n monetaria ocurrida hasta la fecha de la sentencia. En consecuencia, realizado el ajuste pertinente y reducido el importe total en el 10% que corresponde a la participaci\u00f3n del actor en la producci\u00f3n del da\u00f1o, la suma total a pagar por este concepto la fija el Tribunal en $87\u2019962.220.oo. b) El lucro cesante ser\u00e1 reconocido bajo la modalidad de intereses como se dispuso en el fallo penal \u201c\u2026para los deudores solidarios del Banco\u2026\u201d, intereses que a diferencia de lo resuelto sobre la materia en la sentencia apelada, se liquidar\u00e1n a la tasa del 41.12% anual sobre el importe nominal de la deuda desde junio de 1990, reducidos igualmente en un 10%. C) En fin, considerando que por parte del Banco no hubo sindicaci\u00f3n para el actor como posible autor del fraude cometido con el cheque de gerencia, entiende el Tribunal que no es del caso imponer condena al pago de perjuicios morales. <\/p>\n
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III. LAS DEMANDAS DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Como se dej\u00f3 dicho l\u00edneas atr\u00e1s, recurrieron en casaci\u00f3n la parte actora y la parte demandada quienes en sendas demandas presentadas en oportunidad para sustentar cada una de tales impugnaciones, formularon en su orden cinco y cuatro cargos respectivamente contra la aludida sentencia, cargos que la Corte, en obedecimiento de las reglas que sobre el particular establece el Art. 375 del C. de P. C., pasa a examinar a continuaci\u00f3n, comenzando por aquellos que fund\u00e1ndose en la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial originada en errores de juzgamiento atribuibles al Tribunal, tienen por finalidad obtener la infirmaci\u00f3n total del fallo para que en su lugar, revoc\u00e1ndose asimismo la decisi\u00f3n de primera instancia, sean desestimadas las pretensiones indemnizatorias deducidas en este proceso contra la entidad bancaria demandada, y as\u00ed pasar a ocuparse luego de estudiar los cargos cuyo alcance infirmatorio es parcial, estudio este en el que deben recibir despacho prioritario, por disponerlo as\u00ed el Art. 375 citado, los que denuncian defectos de actividad procesal susceptibles de ser remediados por las v\u00edas contempladas en el Art. 368 ibidem. <\/p>\n
SECCION PRIMERA <\/p>\n
A. RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
(Cargo Primero) <\/p>\n
Acusa el recurrente la sentencia del Tribunal con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, por ser violatoria de normas de derecho sustancial, en la siguiente forma: aut\u00f3nomamente, de los art\u00edculos 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y 2342 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n; y adem\u00e1s, de los art\u00edculos 2341, 2344, 1613 a 1615 del C\u00f3digo Civil y 883 a 884 del C\u00f3digo de Comercio por aplicaci\u00f3n indebida, derivada la infracci\u00f3n normativa as\u00ed denunciada, de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de unas pruebas y de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de otras. <\/p>\n
De los distintos cargos formulados por las dos partes contra la sentencia que al proceso de la referencia le puso fin en segunda instancia, es este el que abarca mayor proyecci\u00f3n infirmatoria en cuanto se propone poner de manifiesto que no se demostr\u00f3 la existencia cierta del da\u00f1o a cuya reparaci\u00f3n se conden\u00f3 al banco demandado, puesto que el Tribunal \u201ccon ligereza extrema, dio por sentado y probado el da\u00f1o y limit\u00f3 su inquietud al respecto a la coparticipaci\u00f3n culposa de la v\u00edctima, para, al hallarla presente, simplemente reducir la condena en un diez por ciento, con el mismo apresuramiento y similar falta de fundamentaci\u00f3n\u201d, afirmaci\u00f3n esta que el recurrente apoya citando los apartes del fallo que se refieren al tema, para luego ocuparse de identificar en ellos los siguientes desaciertos: <\/p>\n
a) Confundi\u00f3 la responsabilidad directa de las personas jur\u00eddicas por los actos de sus agentes, con la solidaridad derivada de la responsabilidad que se atribuye a los sujetos que concurren a la causaci\u00f3n del da\u00f1o, cuando declar\u00f3 que el Banco deb\u00eda responder por los actos nocivos de sus funcionarios por ser solidariamente responsable con ellos. <\/p>\n
b) Apreci\u00f3 en forma indebida la figura de la solidaridad pasiva, circunstancia que viene a agravarse con el desacertado tratamiento de la cosa juzgada en materia penal, dejando entrever, de otro lado, su preferencia por la parte demandante. Respecto de la responsabilidad solidaria, el casacionista diferencia el aspecto meramente te\u00f3rico de la figura en menci\u00f3n, con la posibilidad \u201cde se\u00f1alar a alguien en concreto como uno de los varios autores de un da\u00f1o\u201d, evento para el cual es indispensable que el sujeto referido \u201csea vencido en proceso en el que haya sido parte\u201d, motivo por el cual es errado extender al Banco la responsabilidad que incumbe a los causantes del da\u00f1o. Para sustentar su aserto, el censor a\u00f1ade que el fallo penal produce efectos erga omnes \u00fanicamente en lo relacionado con la ocurrencia del delito y su autor\u00eda \u201cpero no sobre la existencia y cuant\u00eda del da\u00f1o\u201d, aspecto en el cual vincula \u00fanicamente al condenado \u201cy a quien fue citado como tercero eventualmente responsable\u201d, lo que indica por contra que \u201ca quien no fue llamado al proceso penal no se le puede oponer la condena pecuniaria all\u00e1 proferida contra los solos condenados\u201d. <\/p>\n
Critica la censura, igualmente, el favoritismo que a su juicio puede observarse en la sentencia en relaci\u00f3n con la parte actora para quien aprovecha y sin l\u00edmite los efectos del fallo penal condenatorio, mientras que para el Banco todo lo decidido all\u00ed tiene ilimitada repercusi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
c) Incurri\u00f3 en error de derecho el Tribunal al dar por establecido el quebranto patrimonial experimentado por el actor y a cuya reparaci\u00f3n fue condenado el Banco, con base en prueba trasladada del proceso penal consistente en una presunci\u00f3n y el juramento estimatorio prestado por el damnificado, por cuanto omiti\u00f3 tener en cuenta que la sentencia penal conden\u00f3 a los causantes del delito a una indemnizaci\u00f3n establecida con apoyo en una norma \u201cque s\u00f3lo rige a cargo del condenado penal\u201d y que proviene, a su vez, de la estimaci\u00f3n jurada que, trat\u00e1ndose de delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico, efect\u00fae el ofendido (art. 364, Dto. 50 de 1887, vigente para la \u00e9poca), por lo cual dicha condena \u201ces inoponible a otro autor eventual o a un tercero indirectamente responsable que no hubieran sido vinculados como tales al proceso penal…sin antes ventilar la realidad del da\u00f1o y su cuant\u00eda en proceso contra ellos…\u201d (f. 136). <\/p>\n
d) Cometi\u00f3 igualmente error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba del da\u00f1o indemnizable, por cuanto s\u00ed la evidencia a la cual tangencialmente hizo referencia el Tribunal aludiendo en general al contenido del fallo penal condenatorio y a \u201c\u2026 lo probado en el proceso\u201d, concierne concretamente a la actuaci\u00f3n judicial que termin\u00f3 con dicho fallo, entonces pas\u00f3 por alto que de la denuncia y sus sucesivas ampliaciones, as\u00ed como de los testimonios rendidos por Horacio de Jes\u00fas Mu\u00f1oz Toro, William Castro Guar\u00edn, Nury Elena Ortiz Alvarez y N\u00e9stor Emilio Giraldo Ram\u00edrez, \u201clejos de haber demostraci\u00f3n de propiedad de las joyas, su venta, su precio y su entrega, lo que resalta ostensiblemente es una confabulaci\u00f3n burda de Garc\u00eda con Castro, Horacio Mu\u00f1oz y Aguilar Cartagena, para inventar una venta, de joyas, por un precio que correspondiera al valor del cheque obtenido ma\u00f1osamente, dentro de una farsa en la que la v\u00edctima habr\u00eda de ser el banco\u201d (cfr. fl. 137 de este cuaderno). <\/p>\n
Y si la existencia del da\u00f1o se dedujo del proceso ordinario civil o de la ejecuci\u00f3n intentada con anterioridad, el error se torna mucho m\u00e1s evidente pues en ninguno hay prueba en el sentido anotado, toda vez que elemento demostrativo alguno trasladado del proceso penal o del proceso ejecutivo, ora de car\u00e1cter documental o bien originado en testimonios que al decir del censor luego de transcribirlas en sus partes medulares \u201c \u2026 emulan en el cinismo y la torpeza \u2026\u201d, es apto para tener por probado el contrato de compraventa de las joyas, el precio del mismo, la propiedad de tales objetos y su entrega a la persona que hizo las veces de comprador. <\/p>\n
En resumidas cuentas, sostiene el recurso en estudio, \u201c \u2026 no hay prueba alguna del derecho de Garc\u00eda a las joyas supuestamente vendidas por \u00e9l a Cartagena Aguilar (sic), ni de que las hubiera en verdad vendido ni de su valor, como tampoco de su entrega \u2026\u201d, luego al encontrar configurado el da\u00f1o emergente sobre la err\u00f3nea suposici\u00f3n de haber ocurrido esa secuencia f\u00e1ctica, el Tribunal incurri\u00f3 en yerro flagrante en la \u201capreciaci\u00f3n del acervo\u201d cuyo significado y alcance para los fines que a la impugnaci\u00f3n formulada le son inherentes, la propia demanda se encarga de puntualizar en la siguiente forma: 1) El Tribunal dio por sentado que Garc\u00eda padeci\u00f3 un da\u00f1o emergente consistente en el precio de la compraventa de unas joyas que no le fue pagado, pues el cheque de gerencia no fue efectivo, da\u00f1o \u00e9ste que se increment\u00f3 con la depreciaci\u00f3n del dinero y con el lucro cesante expresado por los intereses; 2) Este supuesto dijo derivarlo del fallo penal y lo probado en el proceso, supuesto que es producto de un c\u00famulo de errores probatorios porque: \u201c \u2026 en cuanto al fallo penal se advierte: a) Que la condena de los dos sindicados a indemnizar s\u00f3lo es vinculante para ellos, habiendo podido extenderse a terceros civilmente responsables pero a condici\u00f3n de que hubieran sido citados al proceso en calidad de tales, cosa que no ocurri\u00f3 con el Banco demandado; b) que se fund\u00f3 en el aserto y el juramento estimatorio de la v\u00edctima, eficaces desde el punto de vista penal (Art. 364 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal) y contra sindicados y terceros civilmente responsables all\u00e1 citados en calidad de tales, pero del todo irrelevante contra quien no asume ese papel, lo que equivale a decir que tanto por la irrelevancia de la prueba en si (error de derecho) como por su inoponibilidad a extra\u00f1os (ausencia de cosa juzgada) no son atendibles aqu\u00ed \u2026\u201d; 3) y siendo absolutamente ambigua la referencia a \u201clo probado en el proceso \u201cque hace la sentencia cuya infirmaci\u00f3n se persigue, emergen dos alternativas a las que estima la censura es imperioso atender: En primer lugar, la de que dicho \u201cproceso\u201d sea el penal y con la necesaria advertencia de que \u201cnada de lo que pudiera haber adverso al banco all\u00e1 le es oponible y de que, en cambio, todo lo que dijeran en tal proceso Garc\u00eda y su s\u00e9quito compromete a dicho demandante\u201d, hip\u00f3tesis esta en la cual b\u00e1sico resulta examinar en su objetividad los testimonios atinentes a las joyas, su propiedad, su venta, su valor y su entrega, es decir repasar y cotejar las varias intervenciones del actor unidas a las declaraciones de Horacio Mu\u00f1oz y William Castro \u201c \u2026 siendo importante observar la destrucci\u00f3n mutua de tales pruebas y su contradicci\u00f3n manifiesta \u2026\u201d, y apreciar en fin como Nury Ort\u00edz y Emilio Giraldo \u201c \u2026 se encargan de completar esa labor delet\u00e9rea que culmina con el contraste entre lo que los mismos actores de la farsa declararon en el proceso penal y lo que dijeron en el proceso ejecutivo\u201d. La segunda posibilidad que ofrece aquella opci\u00f3n, alude en concreto a la prueba recaudada en el proceso civil ordinario donde debe se\u00f1alarse que \u201c \u2026 no se pidi\u00f3 ni practic\u00f3 prueba alguna relativa a la compraventa de joyas, su precio y su entrega \u2026\u201d; aqu\u00ed ha de anotarse seg\u00fan la censura, que las \u00fanicas pruebas concernientes a estos hechos \u201c\u2026 son las trasladadas del proceso ejecutivo tramitado entre las mismas partes (\u2026) y dentro de ellas tan s\u00f3lo los testimonios de Horacio Mu\u00f1oz, William Castro y Nury Elena Ort\u00edz, los tres sospechosos, interesados, los dos primeros ostensiblemente mendaces y el segundo, adem\u00e1s, beneficiario del cheque de marras ( \u2026) de manera que si algo puede sacarse en claro de sus dichos -en lo civil y en lo penal- es que la tal compraventa no pasa de ser una tramoya; que el precio de $20\u2019500.000 es hechizo; que no hubo ningunos quince diamantes y diez esmeraldas ni joyas; que Garc\u00eda no hizo entrega alguna de joyas a Aguilar Cartagena, pero ante todo y como si lo anterior fuera poco para descalificar de ra\u00edz la pretensi\u00f3n, que las joyas no eran de Garc\u00eda sino que este las hab\u00eda recibido en consignaci\u00f3n tres meses atr\u00e1s de Edgar Ram\u00edrez \u2026\u201d, todo lo cual representa error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de los aludidos testimonios y por haber ignorado sin fundamento el indicio grave resultante de la falta de documentaci\u00f3n escrita de la alegada venta de joyas, indicio que consagra el Art. 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, termina su extensa argumentaci\u00f3n el recurrente haciendo \u00e9nfasis en la suficiencia de dichos desaciertos para justificar la casaci\u00f3n del fallo pues ante \u201c \u2026 la manifiesta ausencia del da\u00f1o\u201d, emerge con claridad el quebranto de las normas sustanciales contenidas en el Art. 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, del Art. 2342 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, y de los Art\u00edculos 2341, 2344 y 1613 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
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1. Encabezando el cargo cuyo contenido se deja extractado en los t\u00e9rminos que anteceden, se encuentran varias afirmaciones en virtud de las cuales se propone el recurrente poner de manifiesto la existencia, en el fallo impugnado, de otras tantas proposiciones jur\u00eddicas a su juicio equivocadas, aserciones aquellas que ha de entenderse tienden a demostrar el conjunto de errores probatorios, frente a su turno de otro tanto de infracciones normativas denunciados y que, por lo tanto, deben recibir adecuada respuesta, toda vez que el fin de inter\u00e9s social que al recurso de casaci\u00f3n le es caracter\u00edstico, seg\u00fan se desprende del Art. 365 del c de P.C, obliga a evitar que por falta de dicha respuesta puedan sufrir menoscabo en el presente y para el futuro los valores inherentes a la llamada \u201cseguridad legal\u201d, tanto en lo relacionado con la debida inteligencia de las normas sustanciales que aplic\u00f3 en la sentencia el Tribunal, como respecto de la correcci\u00f3n jur\u00eddica de la labor intelectual por este \u00faltimo desplegada all\u00ed para insertar los hechos probados en las hip\u00f3tesis f\u00e1cticas que esas mismas normas contemplan. <\/p>\n
En este orden de ideas, habr\u00e1 de verse en primer lugar que de acuerdo con constante doctrina jurisprudencial seguida sin duda por la corporaci\u00f3n sentenciadora en el pronunciamiento objeto de cr\u00edtica, es directa la responsabilidad atribuible al establecimiento bancario demandado por los da\u00f1os que al demandante le ocasion\u00f3 el delito de estafa por el que fueron condenados dos empleados de dicha entidad en la sucursal de Rionegro (Antioquia), responsabilidad que por lo dem\u00e1s, dada su naturaleza, presupone entre ella y los autores materiales del il\u00edcito, la existencia de una vinculaci\u00f3n solidaria con todos los efectos que seg\u00fan el derecho com\u00fan le son propios. Y en segundo lugar, se reparar\u00e1 en las razones en m\u00e9rito de las cuales hay lugar a concluir que la autoridad que en este proceso civil es forzoso reconocerle a la sentencia de condena proferida en el proceso criminal por el Juzgado Segundo Penal del circuito de Rionegro, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Medell\u00edn con fecha veintid\u00f3s (22) de junio de 1990, no permite tomar en consideraci\u00f3n la alegaci\u00f3n de fondo en que el cargo se centra, orientada como qued\u00f3 visto a establecer la ocurrencia de un falso supuesto notorio en la prueba de la existencia del da\u00f1o a cuyo resarcimiento debe atender el banco en referencia, pues vista en su escueta perspectiva legal y sin que ello implique en modo alguno descalificar el persuasivo an\u00e1lisis en que se apoya, lo cierto es que tesis semejante resulta ser incompatible con los hechos que le sirvieron de fundamento necesario a la ameritada condena penal. <\/p>\n
2. Trat\u00e1ndose de la responsabilidad civil emergente del \u201cda\u00f1o privado\u201d a su vez originado en infracciones a la ley penal, se tiene por definido de acuerdo con disposiciones normativas expresas (Arts. 105 del C.P y 44 del c de P.P) que dicha responsabilidad le incumbe solidariamente a quienes como autores, coautores o c\u00f3mplices recibieron la correspondiente condena, as\u00ed como tambi\u00e9n, si fuere el caso, a terceros que por virtud de un factor suficiente de imputaci\u00f3n a ellos del hecho da\u00f1oso en cuesti\u00f3n, resulten obligados con arreglo a derecho al resarcimiento, terceros dentro de los cuales han de considerarse incluidas las personas jur\u00eddicas p\u00fablicas o privadas en tanto se las concept\u00faa, a la luz de reiteradas declaraciones jurisprudenciales que tienen su m\u00e1s caracterizada expresi\u00f3n en dos fallos proferidos por esta Corte con fecha 30 de junio de 1962 (G.J, T, XCIX, p\u00e1gs. 87 a 100 y 651 a 658), comprometidas en forma inmediata y directa por la conducta il\u00edcita de sus agentes, funcionarios directivos o subalternos auxiliares, desde luego en cuanto pueda afirmarse que dicha conducta, desplegada tanto por los unos como por los otros, de hecho hizo parte del servicio org\u00e1nico que identifica la actividad del ente moral llamado a responder. <\/p>\n
En consecuencia, cuando un individuo -persona natural- incurre en delito o culpa en el ejercicio de sus funciones o con ocasi\u00f3n de estas e independientemente de la denominaci\u00f3n o jerarqu\u00eda del cargo que tiene, queriendo as\u00ed por el ente colectivo al que sirve y perdiendo por ende esa individualidad que en otras condiciones mantendr\u00eda, no se trata entonces de una falta que por reflejo obligue al comitente sobre quien pesa el deber de proceder diligente en la escogencia y en el control del encargado como aparece concebida en los Arts. 2347 y 2349 del C Civil, sino de una aut\u00e9ntica culpa propia atribuible como tal a la persona jur\u00eddica, noci\u00f3n esta que por cierto es la que predomina en el panorama nacional en la actualidad (G.J,Ts. CXXXII, p\u00e1g. 214, CXLII, p\u00e1g 173, y CCXXII, p\u00e1gs. 376 a 390 y 546 a 555) y de la cual se desprenden importantes conclusiones que tambi\u00e9n han merecido cuidadoso estudio en la jurisprudencia de casaci\u00f3n, siendo una de tales conclusiones, digna de recalcarse por la evidente relevancia que adquiere frente a las apreciaciones conceptuales del recurrente que tienden a menoscabar la validez jur\u00eddica de las consideraciones contenidas en la sentencia impugnada que en aquella se fundan, la que permite poner de manifiesto, ante casos concretos con las particularidades que ofrece el que dio origen al litigio en el que trae su causa el presente proceso, que en beneficio del damnificado y por mandato expreso del Art. 2344 del c Civil, se configura una vinculaci\u00f3n solidaria entre la persona jur\u00eddica y el agente autor del da\u00f1o, obligados ambos a satisfacer \u201cin integrum\u201d prestaciones indemnizatorias an\u00e1logas, vinculaci\u00f3n que por simple inferencia l\u00f3gica excluye la idea, al parecer insinuada en el escrito sustentatorio del recurso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de que la aludida solidaridad no existe y por lo tanto el autor del da\u00f1o no responde, si concurren los supuestos legales para que lo haga el ente moral del que aqu\u00e9l es agente. <\/p>\n
En efecto, el concurso de varios patrimonios en la reparaci\u00f3n de un mismo da\u00f1o y la obligaci\u00f3n de resarcimiento completo que aun obedeciendo a causas eficientes personales y distintas (G.J, T. CLXXX, p\u00e1gs. 280 y siguientes), gravita sobre cada uno de los titulares de dichos patrimonios en los t\u00e9rminos en que lo dispone la norma que acaba de citarse, no es otra cosa que el producto de una imposici\u00f3n legal, establecida en inter\u00e9s del acreedor damnificado, en cuya operancia aquello que en realidad juega papel preponderante, no es el proceso mismo generador del da\u00f1o, sino su resultado (G.J, t. CLII, p\u00e1g. 123) y la necesidad jur\u00eddica de tutelar el derecho a la correspondiente indemnizaci\u00f3n, desde luego sin que esta relaci\u00f3n de solidaridad pasiva pueda conllevar a un acrecentamiento injustificado del \u201cquantum\u201d satisfactorio que es objeto de las prestaciones exigibles, en virtud de t\u00edtulos propios y espec\u00edficos, a los varios responsables. Lo que acontece al fin de cuentas es que, en atenci\u00f3n a la anotada finalidad de garant\u00eda, se multiplican las posibilidades de la v\u00edctima de cara a lograr el total resarcimiento de los perjuicios por ella experimentados y por eso, cuando las condignas obligaciones de car\u00e1cter indemnizatorio le son imputables a una persona jur\u00eddica y a su agente como autor inmediato del hecho da\u00f1oso, por muchos a\u00f1os y de manera constante (G.J, t. XLV, p\u00e1g. 422) la jurisprudencia nacional ha entendido que lejos de poderla descartar en aras de rendirle as\u00ed menguado homenaje a la dogm\u00e1tica abstracta, existe sin duda la clase de atadura \u201cin solidum\u201d de la cual viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito, toda vez que \u201c… la preceptiva de la responsabilidad civil extracontractual, en cuya c\u00faspide se ubica el principio consagrado por el Art. 2341 del C. Civil, no admite distinciones; siempre que un da\u00f1o injusto encuentre su causa \u00fanica o concurrente con otras en actuaciones jur\u00eddicamente censurables, se impone la reparaci\u00f3n in integrum de dicho da\u00f1o por el agente o agentes de tales actuaciones, sin que ninguno de estos pueda ser recibido a descargar su responsabilidad en la il\u00edcita conducta concurrente de los otros o en el hecho de haber obrado por cuenta y riesgo de los mismos…\u201d (G.J, Ts. CXXIV p\u00e1g. 408 y CLXV, p\u00e1gs. 267 y siguientes). <\/p>\n
Es lo cierto, entonces, que muy a pesar de la notable controversia que, al menos durante buena parte del presente siglo, sostuvieron los doctrinantes acerca del m\u00e9todo adecuado para imputarle determinada prestaci\u00f3n de reparaci\u00f3n civil extracontractual a una persona jur\u00eddica, nunca se puso en duda la obligaci\u00f3n indemnizatoria contraida frente a la v\u00edctima por el autor del da\u00f1o -persona natural- y siempre se tuvo por supuesto, con apoyo en el categ\u00f3rico mandato del Art. 2344 del C. Civil, que ambos, alineados en el pasivo reclamatorio hasta por la totalidad de aquellas prestaciones cuya \u00edntegra satisfacci\u00f3n en inter\u00e9s del acreedor damnificado les apremia y compromete, responden solidariamente, sin perjuicio de la consiguiente nivelaci\u00f3n patrimonial en el plano de las relaciones internas entre los codeudores, expresada en el derecho que en tanto haya efectuado el pago, tiene la primera a ser rembolsada por el segundo de acuerdo con el Art. 1579 del C. Civil. <\/p>\n
3. La otra cuesti\u00f3n que enseguida es preciso ventilar, pues de estarse a las reglas de derecho que la gobiernan y que en el fallo impugnado del cual estos autos dan cuenta fueron observadas con rigor por el Tribunal de Medell\u00edn, se centra en el tema, de suyo complejo y debatido con denuedo en la doctrina cient\u00edfica desde comienzos de la centuria pasada, del influjo de la sentencia penal condenatoria sobre las acciones civiles de naturaleza indemnizatoria que le competen a la v\u00edctima del hecho punible, tema este que por sabido se tiene no puede ser acometido a la ligera mediante el recurso maquinal a las normas en cuya virtud le es reconocida autoridad de cosa juzgada a las sentencias civiles en el \u00e1mbito relativo que se\u00f1ala el Art. 332 del c de P.C, sino que ante cada situaci\u00f3n litigiosa, apreciada en concreto sin menosprecio de ninguna de las particularidades f\u00e1cticas que la identifican, exige valerse de un sistema que en la justa medida permita, en guarda de la confianza depositada por la comunidad en la jurisdicci\u00f3n punitiva del Estado, tomar lo decisivo que en el pronunciamiento penal tenga el car\u00e1cter de definitivo, irrecusable o irreversible, y al propio tiempo le deje a la jurisdicci\u00f3n civil la suficiente libertad para el ejercicio de la potestad que le es propia en orden a definir todos los aspectos atinentes al resarcimiento del da\u00f1o que aquella providencia no ten\u00eda por necesidad que involucrar. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, la identidad de objeto, causa y partes que, en el campo civil y al tenor del texto legal citado en el p\u00e1rrafo precedente, delimita por principio el alcance de la cosa juzgada, no constituye en modo alguno la base de an\u00e1lisis que se busca, toda vez que dada la distinta naturaleza de los dos tipos de actividad jurisdiccional \u201c…. no es posible la concurrencia de aquella triple identidad en una y otra. La autoridad de la cosa juzgada en lo penal dentro del proceso civil descansa en el principio de orden p\u00fablico que lleva al juez a actuar en funci\u00f3n de la tutela que dispensa el derecho penal, y que en principio no puede abandonarse a la actuaci\u00f3n de los particulares. Por este motivo, las situaciones de la vida humana que son materia del proceso penal tienen por objeto el delito, como ofensa p\u00fablica cuyo castigo interesa a toda la comunidad, distintamente a lo que sucede con el juicio civil donde el juez act\u00faa en guarda de un simple inter\u00e9s particular; y es por ello, tambi\u00e9n, por lo que el fallo penal hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada erga omnes, no s\u00f3lo en cuanto al hecho en que la acci\u00f3n penal se funda, su calificaci\u00f3n y la participaci\u00f3n y responsabilidad del sindicado, sino tambi\u00e9n respecto de todas aquellas acciones que, como la del resarcimiento del da\u00f1o, tengan su fundamento en hechos enjuiciados por el juez penal…\u201d (G.J, T.LXX, p\u00e1g. 234), lo que lleva a sostener, siguiendo de cerca las ense\u00f1anzas de los hermanos Mazeaud (Tratado Te\u00f3rico y Pr\u00e1ctico…Tomo II, Vol. 2o, Num. 1745), que los \u00f3rganos integrantes de esta especialidad jurisdiccional, cuando resuelven sobre el fondo de la acci\u00f3n p\u00fablica originada en la infracci\u00f3n de la ley penal, con vista en un marcado inter\u00e9s social fallan entre una parte y la comunidad entera para que la decisi\u00f3n as\u00ed adoptada dentro del marco de su competencia, se imponga a todos; \u201c…nadie puede ser llevado -dicen los afamados expositores en referencia- a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil, se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil…\u201d. <\/p>\n
En este orden de ideas y aun cuando en realidad de verdad no son de poca monta las muchas dificultades que supone poner en pr\u00e1ctica estos postulados te\u00f3ricos a la luz de los cuales se reconoce el car\u00e1cter preminente de la condena penal, basta con subrayar tres aspectos de la cuesti\u00f3n que tienen especial trascendencia frente a las exigencias de esta litis. <\/p>\n
a) En primer lugar, qued\u00f3 dicho l\u00edneas atr\u00e1s que las disposiciones represivas de una sentencia condenatoria, efectuadas dentro del campo de acci\u00f3n funcional privativo del fuero penal, se consideran juzgadas con respecto a todos, intervinientes o no en el correspondiente proceso, y con referencia asimismo a cualquier cuesti\u00f3n, aun de \u00edndole extra penal, sobre la cual esas disposiciones tengan necesaria influencia. En consecuencia, trat\u00e1ndose de casos como el que estos autos ponen de presente, poco importa quien invoque la autoridad de la providencia ni ante quien ella sea aducida, y lo que ha de ser destacado es que, en tanto sea expresi\u00f3n de lo resuelto ineludible y ciertamente por la justicia penal, no pueden contradecirla autoridades en medios jurisdiccionales diferentes, por muy importantes que puedan ser los intereses all\u00ed debatidos. <\/p>\n
b) El segundo de estos aspectos sobresalientes es que, debido a los distintos objetivos que se proponen alcanzar la acci\u00f3n penal y la acci\u00f3n civil, no es imaginable que pueda darse identidad material en el contenido de los correspondientes procesos en que ellas se ventilan, de donde se sigue, entonces, que tampoco cabe circunscribir el papel procesal de la cosa juzgada en lo criminal al mismo que desempe\u00f1a en el campo civil, habida cuenta que, como lo indica con acierto la doctrina (Nicol\u00e1s Valticos. La autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil, N. 466) , lo que se busca mediante la consagraci\u00f3n de aqu\u00e9l principio \u201c…no es prohibir que una acci\u00f3n sea ejercitada por segunda vez, sino que un mentis sea infligido al juicio penal, de donde resulta que la autoridad de la cosa juzgada criminal sobre lo civil, debe atribuirse en cierta medida a los motivos mismos de la decisi\u00f3n, porque es sobre todo en tales motivos que pueden hallarse comprobaciones susceptibles de ser contradichas en lo civil…\u201d. <\/p>\n
c) Finalmente, no debe perderse de vista que la autoridad absoluta de la cosa juzgada criminal originada en una sentencia de condena dotada de firmeza, \u201c.. est\u00e1 condicionada y limitada en raz\u00f3n de su fundamento mismo a lo que ha sido necesaria y ciertamente decidido en la acci\u00f3n p\u00fablica penal, a la materia o punto en que pueda coincidir el objeto procesal de ambas acciones, porque lo que la raz\u00f3n de orden p\u00fablico adscrita a la vida del Estado exige es que se evite la contradicci\u00f3n entre sus \u00f3rganos jurisdiccionales ..\u201d (G.J, T.LII, p\u00e1g. 799). En otros t\u00e9rminos, es \u00fanicamente la soluci\u00f3n del proceso penal lo que se juzga erga omnes y, por lo tanto, autoridad con semejante extensi\u00f3n es predicable tan s\u00f3lo de aquellas comprobaciones con efectos punitivos que, efectuadas por el juez penal y por mandato expreso de la ley, son de tal naturaleza que se las deba considerar como base necesaria e insustituible de la responsabilidad criminal declarada, criterio \u00e9ste que para su cabal entendimiento, bien puede desdoblarse en dos f\u00f3rmulas paralelas entre s\u00ed y que a la vez se limitan rec\u00edprocamente, recogidas en los siguientes enunciados: <\/p>\n
(i) Los jueces penales tienen la funci\u00f3n privativa de decidir sobre la existencia del hecho constitutivo de la infracci\u00f3n penal, si ese mismo hecho le es jur\u00eddicamente imputable al sindicado, y en fin, si se produjo con las caracter\u00edsticas exigidas por la ley para motivar la aplicaci\u00f3n de una determinada pena prevista en el c\u00f3digo del ramo; <\/p>\n
(ii) En general y por eso mismo dejando a salvo eventos de excepci\u00f3n legalmente regulados, los jueces del fuero punitivo en el marco propio de la acci\u00f3n penal, no est\u00e1n llamados a estatuir sobre hechos determinantes de simple responsabilidad civil no condicionada por la soluci\u00f3n dada a la cuesti\u00f3n penal en el correspondiente fallo; si lo hacen, no se remite a duda que sus conclusiones forman parte del juicio jurisdiccional as\u00ed emitido, pero lo cierto es que a ellas no se une la autoridad absoluta a la cual viene aludi\u00e9ndose y por ende \u201c…no existe ning\u00fan inconveniente para que sean contradichas en el proceso civil, puesto que aun cuando el mismo juez penal hubiera advertido su error, su resoluci\u00f3n no habr\u00eda sido modificada. El juez civil no tropieza con la decisi\u00f3n dada a la acci\u00f3n p\u00fablica, no la declara inexacta, y solamente aprecia a su manera hechos que el juez penal no ten\u00eda porque considerar…\u201d (Mazeaud. Op. Cit, Num. 1766). <\/p>\n
Entendidas de este modo las cosas, debe darse por sentado que, en l\u00ednea de principio general, las comprobaciones que hacen los jueces penales acerca de la existencia y la incidencia cuantitativa definitiva de los da\u00f1os resultantes del hecho punible, frente a la jurisdicci\u00f3n civil que aun no haya resuelto, no pueden llegar a tener otra autoridad de mayor alcance a la que con car\u00e1cter relativo consagra el Art. 332 del c de P.C, situaci\u00f3n que tan solo cambia y se abre paso la autoridad absoluta de la sentencia penal condenatoria, cuando la configuraci\u00f3n legal del delito por el cual se sancion\u00f3 al demandado en el proceso civil, tenga como supuesto necesario la existencia del perjuicio sufrido precisamente por el actor en ese mismo proceso y no por otro individuo, lo que ocurre por ejemplo en el caso del delito de estafa. <\/p>\n
En efecto, de ser entendido ese delito, seg\u00fan conocida definici\u00f3n cuyos elementos se reflejan en el texto del Art. 356 del C. Penal, como una disposici\u00f3n patrimonial perjudicial para quien la lleva a cabo, tomada debido a un error determinado mediante ardides tendientes a obtener indebido beneficio, forzoso es concluir que se trata en \u00faltimo an\u00e1lisis de una modalidad criminosa evolutiva y fraudulenta que mezcla una sucesi\u00f3n de hechos que entre si guardan una clara relaci\u00f3n causal \u201c… primero el empleo de un ardid que mueve el inter\u00e9s del ofendido en el negocio que se le propone; surge luego en la v\u00edctima un error determinante, y por \u00faltimo ella hace la disposici\u00f3n patrimonial en provecho del responsable. As\u00ed, el ardid da nacimiento al error y este, a su vez, ocasiona la prestaci\u00f3n que lesiona al sujeto pasivo. Por lo tanto, ardid, entrega voluntaria de cosas, perjuicio del enga\u00f1ado y provecho ileg\u00edtimo del agente son los elementos necesarios para tipificar la estafa..\u201d (G.J, T. LXXXI, p\u00e1g 910), luego en el caso de efectuarse por la jurisdicci\u00f3n penal una condena como la que en la especie de esta litis le fue impuesta a dos empleados subalternos del banco demandado, ello denota que como base necesaria de la sentencia proferida, obra la comprobaci\u00f3n de una cadena de hechos con las caracter\u00edsticas que acaban de describirse, cadena en la que no puede ped\u00edrsele a la jurisdicci\u00f3n civil que irrumpa para dislocarla, declarando ahora, en sede de casaci\u00f3n, que el embaucado, sujeto pasivo del delito de estafa y demandante en este proceso, no acredit\u00f3 haber realizado acto de disposici\u00f3n alguno lesivo de su patrimonio y capaz de configurar un da\u00f1o de cuya indemnizaci\u00f3n son deudores solidarios, seg\u00fan las voces de los Arts. 105 del C. Penal y 44 del C. de P. P., aquellos empleados, declarados en el orden jurisdiccional competente penalmente responsables, y la entidad bancaria en la que ellos prestaban sus servicios, en la medida en que, con ocasi\u00f3n del ejercicio de sus funciones y por ende dentro de la \u00f3rbita operativa comercial de dicha instituci\u00f3n, incurrieron en el il\u00edcito que motiv\u00f3 la ameritada condena. <\/p>\n
Y as\u00ed, todo cuanto queda expuesto en los p\u00e1rrafos precedentes conduce a poner de presente que de distintas maneras, atribuy\u00e9ndole al fallo impugnado protuberantes errores de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio recaudado, el cargo que se estudia invita al fin de cuentas a adoptar una conclusi\u00f3n decisoria central, consistente en esencia en afirmar la no demostraci\u00f3n de perjuicio alguno que haya experimentado el demandante y de cuyo resarcimiento econ\u00f3mico pueda hacerse responsable al banco demandado, que de ser acogida, la susodicha conclusi\u00f3n con las consecuencias liberatorias para el \u00faltimo que de ella han de seguirse, vendr\u00eda a contradecir evidentemente una sentencia penal condenatoria anterior en puntos que con arreglo a derecho constituyen base necesaria de la misma, circunstancia que determina la improcedencia sustancial del cargo y hace inoficioso el examen, uno por uno, de los yerros de variada estirpe que en el marco de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica litigada el recurrente denuncia. <\/p>\n
El cargo debe, entonces, desecharse. <\/p>\n
B- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente le imputa a la sentencia la violaci\u00f3n del art\u00edculo 2.357 del C\u00f3digo Civil por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y de los art\u00edculos 2.341, 2.344 y 1.613 a 1.615 ib\u00eddem, por aplicaci\u00f3n indebida, \u201cderivada de aquella interpretaci\u00f3n y de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba.\u00bb <\/p>\n
Hace relaci\u00f3n la censura que se analiza a la culpa de la v\u00edctima que encontr\u00f3 probada el Tribunal, para denunciar de dicha conclusi\u00f3n la apreciaci\u00f3n en cuanto a la m\u00ednima significaci\u00f3n que se concedi\u00f3 a dicho factor. Arguye por ende el casacionista que, en la operaci\u00f3n mental que condujo a considerar la culpa del Banco \u201cde m\u00e1s entidad\u201d, confundi\u00f3 el fallador la culpa con la relaci\u00f3n de causalidad, raz\u00f3n por la cual se abstuvo \u201cde medir magnitudes f\u00edsicas de causaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d, para tener en cuenta, en cambio, la mayor gravedad de la conducta, con base en un juicio de valor que debe dar paso a otro juicio descriptivo o de realidad. <\/p>\n
Por fuera de la critica expuesta, el impugnante aduce que el fallador tambi\u00e9n incurri\u00f3 en yerro probatorio cuando adopt\u00f3 decisiones con fundamento en su \u00edntimo parecer o su conciencia y no en derecho, al se\u00f1alar como de m\u00e1s entidad la culpa de la instituci\u00f3n bancaria, dejando de lado, en cambio, la prueba testimonial vertida en el proceso penal y en el ejecutivo, que acreditaba la culpa exclusiva de la v\u00edctima. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. El fundamento racional y l\u00f3gico del Art. 2357 del C\u00f3digo Civil es bien conocido y, como a continuaci\u00f3n se ver\u00e1, suministra argumentos concluyentes que obligan a rechazar tambi\u00e9n este cargo. <\/p>\n
En efecto, si se parte del supuesto que determinado resultado da\u00f1oso ha sido fruto de la culpa del agente en concurrencia con la propia culpa de la v\u00edctima, salta a la vista que por mandato de la disposici\u00f3n legal reci\u00e9n citada debe hacerse lugar al reparto de responsabilidades en ella previsto, procedimiento que consiste, en l\u00edneas generales, en dejar en manos del prudente juicio de los falladores la ponderaci\u00f3n en concreto de la incidencia causal que frente a aqu\u00e9l resultado le es atribuible a las culpas concurrentes, ponderaci\u00f3n en la que desde luego tendr\u00e1 influencia la mayor\u00eda de las veces la entidad que cada una de tales culpas reviste y, adem\u00e1s, se reflejar\u00e1 en una disminuci\u00f3n equitativa de la cuant\u00eda total de la correspondiente indemnizaci\u00f3n, significando para el deudor una reducci\u00f3n de la prestaci\u00f3n resarcitoria que estaba obligado a satisfacer de no haber mediado la participaci\u00f3n culpable de la v\u00edctima. <\/p>\n
2. Queda claro, pues, que en la apreciaci\u00f3n que la corporaci\u00f3n sentenciadora hace de la compensaci\u00f3n de culpas, la reducci\u00f3n en la valoraci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta por principio a su exclusivo criterio, lo que excluye, en consecuencia, la posibilidad de que mediante el recurso de casaci\u00f3n se pueda lograr con \u00e9xito su modificaci\u00f3n para hacer prevalecer el parecer del recurrente acerca del mejor modo de efectuar la reducci\u00f3n. En ese sentido la Corte tiene dicho que \u201cel art. 2357 del C., no contiene una tarifa o indicaci\u00f3n precisa de la reducci\u00f3n en \u00e9l autorizada cuando hay concurrencia de culpas, lo que significa que en este caso impl\u00edcitamente, como expl\u00edcitamente en otros an\u00e1logos, el legislador defiere a la prudencia del juez, es decir, que en casaci\u00f3n no es posible infirmar un fallo porque la Corte crea que, a haber sido fallador de instancia, habr\u00eda aumentado o disminuido la reducci\u00f3n se\u00f1alada por el tribunal\u201d (G.J. LXI, p\u00e1g. 60; LXXVII, 699), y con posterioridad, en id\u00e9ntico sentido, esta corporaci\u00f3n expres\u00f3 que \u201cla gradaci\u00f3n cuantitativa en la compensaci\u00f3n de culpas cuando hay error de conducta tambi\u00e9n en el damnificado es un detalle que la ley deja a la prudencia del juzgador y que no puede ser materia de casaci\u00f3n en casos en que, de un lado, no se discute la culpa de ambas partes, y de otro, no se demuestra el error de apreciaci\u00f3n de las respectivas pruebas como corresponde seg\u00fan sea este de derecho o de hecho, en el cual, en este \u00faltimo evento, debe aparecer de modo manifiesto en los autos\u201d (G.J., LXIII, 725; LXXV, 283). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los requisitos que acaban de mencionarse no se dan en el caso presente toda vez que los elementos de convicci\u00f3n se\u00f1alados por el recurrente, lejos de respaldar su tesis de la casi completa absorci\u00f3n de la culpa del agente responsable por la que a la v\u00edctima se le imputa, conducen a concluir que no adolece de arbitrariedad la estimaci\u00f3n porcentual efectuada en la sentencia, el cargo formulado es inoperante pues, seg\u00fan lo tiene dicho esta corporaci\u00f3n, \u201c \u2026 basta as\u00ed para que el juicio del sentenciador no admita censura eficaz en casaci\u00f3n, que no degenere en arbitrariedad por situarse ostensiblemente afuera del sentido com\u00fan, aunque se pueda organizar otro an\u00e1lisis de los medios m\u00e1s profundo o sutil, m\u00e1s severo, m\u00e1s l\u00f3gico o de mayor juridicidad en sentir de la cr\u00edtica. Aun en el evento de que el nuevo estudio produjera vacilaciones m\u00e1s o menos intensas, no dejar\u00eda de ser obvio que la ruptura del fallo ha de fundarse en la certeza y no en la duda \u2026\u201d (G.J. Tomo CVII, p\u00e1g. 289). <\/p>\n
El cargo por lo tanto debe rechazarse. <\/p>\n
SECCION SEGUNDA <\/p>\n
A- RECURSO DE LA PARTE ACTORA <\/p>\n
(Cargo Primero). <\/p>\n
En el primero de los cargos contenidos en la demanda presentada, acusa el recurrente la sentencia del Tribunal, con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, por no estar en consonancia con los hechos y con las peticiones de la demanda y por no incluir condenas que el juez ha debido realizar de oficio, por lo cual afirma que se quebrantaron los art\u00edculos 304, 305, 307, y 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 5 y 8 de la Ley 153 de l887 y el 32 del C\u00f3digo Civil, constituy\u00e9ndose as\u00ed en un fallo deficiente, viciado por lo tanto de incongruencia negativa. <\/p>\n
Para sustentar la acusaci\u00f3n as\u00ed descrita, el demandante en extensas consideraciones, alude a los t\u00e9rminos del pronunciamiento del ad-quem y las respectivas motivaciones en cuanto a los perjuicios finalmente reconocidos, para inferir de all\u00ed que omiti\u00f3 tener en cuenta las s\u00faplicas relacionadas con dicho aspecto, concretamente en lo referente con la \u201cindexaci\u00f3n\u201d, reclamada \u201chasta el d\u00eda en que se efectuase real y efectivamente el pago de la indemnizaci\u00f3n\u201d (f. 12 Cdno. de la Corte), como se desprende del hecho \u201c29\u201d y de la pretensi\u00f3n segunda de la demanda, e igualmente de los memoriales contentivos de los alegatos de conclusi\u00f3n y de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, como tambi\u00e9n de sus alegaciones verbales efectuadas durante el curso de la segunda instancia. <\/p>\n
Asevera, en consecuencia, el casacionista, que la condena emitida por el Tribunal se qued\u00f3 corta al disponer la cancelaci\u00f3n del capital con \u201cindexaci\u00f3n\u201d hasta la fecha en que profiri\u00f3 el fallo y no hasta el momento en que se efect\u00fae el pago, e igualmente cuando concluy\u00f3 que se causar\u00edan intereses sobre un capital carente tambi\u00e9n de \u201cindexaci\u00f3n\u201d, intereses que a su vez tas\u00f3, pero los que, como acaeci\u00f3 con los conceptos antes referidos, no apreci\u00f3 debidamente \u201cindexados\u201d. El recurrente, adem\u00e1s, hace extensiva la inconsonancia denunciada, al hecho de no haber previsto el Tribunal que el mencionado concepto de la actualizaci\u00f3n monetaria es un factor que debe ser tenido en cuenta a\u00fan de oficio. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
Para sustentar con \u00e9xito la causal de incongruencia, inconsonancia, disonancia o falta de conformidad entre lo pedido y lo fallado, debe demostrarse que el sentenciador omiti\u00f3 pronunciarse, parcial o totalmente, en relaci\u00f3n con los temas litigiosos eficazmente formulados por las partes, o que no se circunscribi\u00f3 a los extremos fijados por aquellas, o que decidi\u00f3 lo pedido pero sin respetar sus l\u00edmites cualitativos o cuantitativos, en cuyo caso, cualquiera sea la hip\u00f3tesis que se de, habr\u00e1 desconocido el principio previsto en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En esa misma medida cabe subrayar que para la utilidad del estudio relacionado con la existencia del vicio invocado, deben someterse a juicio comparativo los escritos de fondo del pleito con la resoluci\u00f3n de la sentencia impugnada, de tal manera que si en \u00e9sta se observan excesos u omisiones con entidad suficiente para romper la armon\u00eda que por ministerio de la ley ha de darse entre lo pedido en el proceso y lo decidido, la causal tendr\u00e1 plena operancia, no as\u00ed, en cambio, cuando la censura, por la causal en menci\u00f3n, proviene de la discrepancia del juzgador con las aspiraciones o defensas de la partes, evento en el cual no habr\u00e1 inconsonancia alguna, toda vez que, como lo tiene puntualizado la Corte: \u201c…nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas…\u201d (G.J. T., XLIX, p\u00e1g. 307). <\/p>\n
Pues bien, en acatamiento de los criterios generales que anteceden, es preciso concluir que en el caso presente el cargo no tiene fundamento y no puede abrirse paso por ninguno de los rumbos que ensaya el censor en el escrito sustentatorio. <\/p>\n
En efecto, la inconformidad del recurrente se centra, b\u00e1sicamente, en el sistema de cuantificaci\u00f3n que el fallador adopt\u00f3 para la indemnizaci\u00f3n de perjuicios reconocida en su favor, concretamente en relaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de la llamada \u201cindexaci\u00f3n\u201d y con el per\u00edodo de tiempo que tuvo en cuenta como l\u00edmite para reconocer tal rubro. Como se observa a simple vista, la censura se circunscribe a la tasaci\u00f3n final que se hizo de la obligaci\u00f3n indemnizatoria, sin que tenga que ver con ella una eventual alteraci\u00f3n sustancial o cambio de objeto de la demanda, lo que evidencia, de consiguiente, una ostensible improcedencia del cargo. <\/p>\n
La inconformidad deviene, como se ve, de la apreciaci\u00f3n tenida en cuenta por el sentenciador en orden a fijar las pautas para el respectivo resarcimiento, y no, como lo asevera el censor, de la ausencia de pronunciamiento en torno a dicho punto, lo que evidencia el desacierto del cargo, el que mirado desde el punto de vista de la afirmada omisi\u00f3n, corresponder\u00eda, en la hip\u00f3tesis de que con ella se hubiese incurrido en quebranto de la ley sustancial, a una acusaci\u00f3n con base en la causal que consagra el Art. 368 del C. de P. C. en su numeral primero, pues, en tal supuesto, la denuncia se referir\u00eda a un error de juzgamiento y no a uno in procedendo, toda vez que, se reitera, la acusaci\u00f3n tocar\u00eda, entonces, aspectos centrados en la apreciaci\u00f3n del m\u00e9rito del litigio, atinente al derecho sustancial que debe regirlo. <\/p>\n
El cargo estudiado, en consecuencia, no puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
B- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
(Cargo Cuarto). <\/p>\n
Acudiendo a la causal tercera de casaci\u00f3n, asevera el recurrente que en la sentencia impugnada se incurri\u00f3 en contradicci\u00f3n, por cuanto a vuelta de confirmar la responsabilidad con la subsiguiente indemnizaci\u00f3n fijada por el a-quo \u201cy, para lo que es el n\u00facleo del cargo, que confirm\u00f3 la condena del juzgado en materia de intereses\u201d, -con la \u00fanica modificaci\u00f3n consistente en reducir la condena en el porcentaje establecido en el numeral primero de la parte resolutiva-, a continuaci\u00f3n, en el numeral siguiente, modific\u00f3, para agravar, el monto establecido en materia de intereses, fijado por el juzgado del conocimiento en el 6% anual \u201ca partir de la ejecutoria de esta sentencia\u201d, para pasar a la tasa del 41.12% anual \u201cy desde junio de 1990\u201d. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
La causal de casaci\u00f3n invocada en el presente cargo tiene como punto de referencia el desconocimiento del principio consagrado en el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mediante el cual se establecen las caracter\u00edsticas que debe satisfacer el juicio jurisdiccional plasmado por el fallador en la parte resolutiva, cuando expresa que, \u201cdeber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, y de las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas y sobre costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, con arreglo a lo dispuesto en este C\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
De esa manera, la contradicci\u00f3n que se intente remediar, en su momento mediante la aclaraci\u00f3n correspondiente, o finalmente por medio del recurso de casaci\u00f3n, consistir\u00e1, entonces, en aquella de tal linaje que no permita ejecutar, en modo alguno, la decisi\u00f3n adoptada, por coexistir dentro de ella pronunciamientos antag\u00f3nicos o incompatibles que se excluyen entre si. En ese sentido, la Corte tiene dicho que la citada causal \u201crequiere que en la parte resolutiva del fallo aparezcan disposiciones notoriamente contrarias, o sea, que hagan imposible la operancia simult\u00e1nea de ellas, como si una afirma y otra niega, o si una decreta la resoluci\u00f3n del contrato y otra su cumplimiento, o una ordena la reivindicaci\u00f3n y otra reconoce la prescripci\u00f3n adquisitiva, o una reconoce la obligaci\u00f3n y la otra el pago\u201d (Sent. 16 agosto de 1973). <\/p>\n
No es ese alcance, sin embargo, el que orienta el cargo que ocupa la atenci\u00f3n la Sala, toda vez que con singular ingenio el impugnante confronta la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, con los pronunciamientos emitidos por el Juzgado del conocimiento para encontrar entonces configurada la contradicci\u00f3n alegada, cuando la t\u00e9cnica apropiada de la censura le exig\u00eda, en cambio, como se ha visto, confrontar \u00fanicamente los pronunciamientos que estructuran la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado y, en la hip\u00f3tesis de que de dicho cotejo emergiera la imposibilidad material o jur\u00eddica de ejecuci\u00f3n del fallo, acudir a la causal de casaci\u00f3n en referencia para remediar ese defecto. <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada, en cambio, no contiene decisiones contradictorias, de tal manera que si el ad-quem confirm\u00f3 inicialmente la sentencia apelada, ello no implicaba, como en efecto aconteci\u00f3, que no pudiera reformar los factores para tener en cuenta en materia de indemnizaciones, mediante pronunciamientos que conforman un todo arm\u00f3nico, perfectamente ejecutable. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no puede prosperar. <\/p>\n
SECCION TERCERA <\/p>\n
A- RECURSO DE LA PARTE ACTORA <\/p>\n
(Cargos segundo, tercero y cuarto) <\/p>\n
De los cinco cargos propuestos por la parte actora, tres de ellos se refieren a la misma materia, raz\u00f3n por la cual se despacharan conjuntamente, sin que para ello sea obst\u00e1culo que en uno de ellos se invoque violaci\u00f3n directa de la ley y en los dos restantes violaci\u00f3n indirecta. <\/p>\n
– Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa el actor la sentencia del Tribunal de ser violatoria, por v\u00eda directa, de los art\u00edculos 28 y 30 del Decreto 409 de l971, en concordancia con el 1 de la Ley 2 de l982, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de la comisi\u00f3n del hecho, con el 55 del Decreto 50 de l987, C\u00f3digo Penal vigente al momento de proferirse las sentencias en el proceso penal, con el 57 del Decreto 2700 de l991, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n, y al momento actual, as\u00ed como del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Civil, y en consecuencia violatoria de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 1616, 1627, 1648, 1649, 2224, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2357 del mismo C\u00f3digo Civil, de los art\u00edculos 2 y 822 del C\u00f3digo de Comercio y de los art\u00edculos 643, 731, 749, 782, 870, 874, 882, 883, 884, 885, 886 y 905 del mismo C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como tambi\u00e9n por quebranto del art\u00edculo 106 del C\u00f3digo Penal, por aplicaci\u00f3n indebida, y de los art\u00edculos 8 de la Ley 153 de l887 y 4 de la Ley 169 de l896 por falta de aplicaci\u00f3n respecto de los perjuicios morales. <\/p>\n
En procura de demostrar el cargo, el casacionista alude a gran parte de la motivaci\u00f3n que sirvi\u00f3 de base al Tribunal para emitir la decisi\u00f3n impugnada, en especial a todo lo relacionado con los efectos concedidos a las sentencias penal y civil, para subrayar las conclusiones por las cuales dedujo que los resultados de la acci\u00f3n ejecutiva lo obligan, lo que lo indujo a despachar desfavorablemente las pretensiones derivadas de ese cobro y a calificar la culpa atribuida a la v\u00edctima de conformidad con lo apreciado en ese proceso de ejecuci\u00f3n donde se estableci\u00f3 que el demandante \u2018se expuso imprudentemente al perjuicio\u2019. Por \u00faltimo, critica la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 la condena al pago de los perjuicios morales. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, hace una larga explicaci\u00f3n de lo que debe entenderse por cosa juzgada material, de los presupuestos que estructuran dicha figura y de los alcances y l\u00edmites de la misma, tanto en materia penal como en asuntos civiles, para inferir, finalmente, que el ad-quem incurri\u00f3 en los yerros que a continuaci\u00f3n se rese\u00f1an: <\/p>\n
a) Subraya que de la sentencia penal es verdad incuestionable la existencia de los hechos constitutivos de los delitos de estafa y falsa denuncia, aspecto al cual, entonces, deben circunscribirse los efectos de la cosa juzgada en lo penal, por lo cual configura en error atribuible al Tribunal el de considerar asuntos \u201cmeramente circunstanciales\u201d para deducir la culpa de la v\u00edctima. <\/p>\n
b) En igual medida err\u00f3 el Tribunal cuando a pesar de fijar los alcances dis\u00edmiles del proceso ordinario con el ejecutivo, tendiente a decidir una acci\u00f3n cambiaria de naturaleza contractual, puntualiz\u00f3 que los resultados de aquella le obligan y que, por consiguiente, lo all\u00ed resuelto en relaci\u00f3n con la culpa atribuible a la v\u00edctima, deb\u00eda acogerlo sin reserva. <\/p>\n
c) Como yerro final, el censor alude a la exigencia del ad-quem, en el sentido de que se demostraran los perjuicios morales pretendidos, cuando la jurisprudencia tiene decantado que dicho factor corresponde \u201cal prudente arbitrio del juzgador\u201d. <\/p>\n
Asevera el recurrente, entonces, que de haber entendido en su verdadero alcance el principio de la cosa juzgada, el Tribunal \u201chabr\u00eda tenido que dar por establecido\u201d que no se acredit\u00f3 la culpa de la v\u00edctima y que las s\u00faplicas que asimil\u00f3 con las pretensiones ejercidas en la acci\u00f3n cambiaria \u201cforman parte de los perjuicios recibidos por el demandante\u201d, los que, al no ser reconocidos en la sentencia impugnada, hace que la liquidaci\u00f3n resulte \u201cmenguada, minimizada. Es decir, equivocada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
– Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, en el cargo siguiente acusa la sentencia objeto del recurso de ser violatoria por v\u00eda indirecta de los art\u00edculos 28 y 30 del Decreto 409 de l971 y del art\u00edculo 1o de la Ley 2 de l982, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de la comisi\u00f3n del hecho, en concordancia con el art\u00edculo 50 del Decreto 50 de l987, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse las sentencias en el proceso penal, y en concordancia con el art\u00edculo 57 del Decreto 2700 de l991, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n y al momento actual, as\u00ed como del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes, mediante los que se vulnera la realidad objetiva de la prueba aducida al proceso y de errores de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal sentenciador en su pronunciamiento, a consecuencia de los cuales resultaron vulnerados, igualmente, los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 1616, 1627, 1648, 1649, 2224, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2357 del mismo C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los art\u00edculos 2 y 822, 643, 731, 749, 782, 870, 874, 882, 883, 884, 885, 886 y 905 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
En procura de demostrar el cargo, el censor asevera que el sentenciador se equivoc\u00f3 cuando apreci\u00f3 las conclusiones del juez penal y del juez civil, en cuanto a la culpa de la v\u00edctima, como determinantes e incuestionables dentro del proceso ordinario, toda vez que con dicho razonamiento, el Tribunal incurri\u00f3 en evidente error de hecho al desconocer la totalidad del material probatorio que le habr\u00eda podido conducir a decidir de manera contraria. <\/p>\n
Incurri\u00f3 tambi\u00e9n el sentenciador en error de derecho cuando atribuy\u00f3 a la sentencia proferida en el proceso penal un m\u00e9rito legal que no tiene, sin distinguir en qu\u00e9 aspectos tiene fuerza vinculante y en cu\u00e1les no, equivocaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a concluir que en el proceso penal se hab\u00eda establecido la culpa de la v\u00edctima \u201csin entrar siquiera a dilucidar en qu\u00e9 sentido lo dice el juez penal ni buscar el sentido que dicho juez le da a sus afirmaciones, las que acoge incondicionalmente\u201d. <\/p>\n
Al decir del recurrente, incurre nuevamente en error de derecho el Tribunal, cuando le atribuye a la sentencia proferida en la acci\u00f3n ejecutiva fuerza vinculante, para dar por establecida la culpa de la v\u00edctima sin considerar las pruebas aportadas al proceso, y sin siquiera analizar si se reun\u00edan los requisitos para que se configurara la cosa juzgada. <\/p>\n
En tercer lugar, el Tribunal incurre en error de hecho, evidente y trascendente, \u201cpor preterici\u00f3n del acervo probatorio legalmente aducido al proceso\u201d mediante el cual se demostraba la prudencia con que actu\u00f3 el actor, cuando \u00fanicamente tuvo en cuenta la apreciaci\u00f3n efectuada por el juez civil en el proceso ejecutivo en menci\u00f3n, sin considerar, en cambio, la demanda que dio inicio al proceso, la contestaci\u00f3n de dicho libelo, las sentencias proferidas en el proceso penal, los documentos bancarios que acreditan las diligencias efectuadas por el actor para el cobro del cheque recibido y el viaje que \u00e9ste efectu\u00f3 a la ciudad de Rionegro \u201cpara adquirir certeza sobre la bondad del cheque de gerencia, en forma previa a su aceptaci\u00f3n\u201d, los testimonios de Horacio de Jes\u00fas Mu\u00f1oz Toro, William Gustavo Castro Guar\u00edn, Nury Elena Ortiz Alvarez, C\u00e9sar Emilio Moreno L\u00f3pez, Luis Eduardo Giraldo Valderrama, Luis Guillermo Vel\u00e1squez Botero y el de Ram\u00f3n Eduardo Oviedo Zapata. <\/p>\n
De haber apreciado la prueba referida, el Tribunal, seg\u00fan lo asevera el recurrente, habr\u00eda tenido que concluir sobre la diligencia demostrada por el demandante cuando concurri\u00f3 hasta la sede del banco girador para obtener certeza sobre la eficacia del t\u00edtulo-valor que se le ofrec\u00eda, sin considerar, en cambio, que con ello se someti\u00f3 imprudentemente a los resultados finales, toda vez que es ajena a la confianza p\u00fablica que se deposita en la actividad bancaria la actitud defraudadora de sus agentes para hacer incurrir en error a quien prudentemente acude con fe en la seriedad de los servicios que ofrece. <\/p>\n
– Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa en fin la sentencia del Tribunal de ser violatoria por v\u00eda indirecta de los art\u00edculos 28 y 30 del Decreto 409 de l971 y del art\u00edculo 1o de la Ley 2a de l982, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de la comisi\u00f3n del hecho, en concordancia con el art\u00edculo 50 del Decreto 50 de l987, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse las sentencias en el proceso penal, y en concordancia con el art\u00edculo 57 del Decreto 2700 de l991, C\u00f3digo de Procedimiento Penal vigente al momento de proferirse la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n, y al momento actual, as\u00ed como del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes en los que se vulnera la realidad de la prueba aducida al proceso y de errores de derecho en que se incurri\u00f3 por parte del Tribunal sentenciador en su pronunciamiento, a consecuencia de los cuales errores de hecho y de derecho, resultaron vulnerados, igualmente, los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 1616, 1627, 1648, 1649, 1494, 2224, 2341, 2342, 2343, 2344 y 2357 del mismo C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los art\u00edculos 2o y 822, 643, 731, 749, 782, 870, 874, 882, 883, 884, 885, 886 y 905 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de los manifiestos y trascendentes errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal que profiri\u00f3 la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El cargo en referencia se intenta demostrar con id\u00e9nticos argumentos a los que sirvieron de base al anterior, raz\u00f3n por la cual la Sala remite a aquellos planteamientos y al resumen que de los mismos se hizo para darle cumplimiento a la ley. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1.- La acusada violaci\u00f3n de las normas sustanciales del car\u00e1cter penal citadas por el recurrente, hace relaci\u00f3n, \u00fanica y exclusivamente, a la apreciaci\u00f3n mediante la cual se acogi\u00f3 lo expresado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn cuando resolvi\u00f3 en segundo grado el proceso seguido por el delito de estafa en contra de los empleados de la entidad bancaria aqu\u00ed demandada, en cuanto a la culpa concurrente de la v\u00edctima, punto respecto al cual asever\u00f3 que \u201cen el fallo penal, inclusive, se reconoce la forma clandestina como generalmente se llevan a cabo negociaciones como la efectuada por el actor y se admite que en los interrogatorios que absolvi\u00f3 en desarrollo de la acci\u00f3n penal, incurri\u00f3 en contradicciones\u201d (f. 99 vto. Cdno. del Tribunal). <\/p>\n
La cita en menci\u00f3n no puede, sin embargo, apreciarse en forma aislada, toda vez que el razonamiento que estructur\u00f3 el Tribunal para encontrar configurada la culpa de la v\u00edctima, tiene apoyo en dos soportes igualmente trascendentes para la conclusi\u00f3n finalmente adoptada, a saber, lo expresado en cuanto al punto por las autoridades en el orden jurisdiccional penal y lo que, en su momento y de manera por dem\u00e1s consonante, se determin\u00f3 en el fuero civil dentro del proceso ejecutivo, tambi\u00e9n cuestionado en el presente cargo, motivo por el cual es aconsejable estudiar la censura en su perspectiva integral, evitando de este modo in\u00fatiles repeticiones. <\/p>\n
a) Dijo en efecto el Tribunal, en procura de sustentar su punto de vista que \u201cdebe basarse la Sala en la culpa civil ya definida en el proceso de igual naturaleza fallado entre las partes (…) en el cual as\u00ed se calific\u00f3 el proceder del se\u00f1or Julio C\u00e9sar Garc\u00eda cuando recibi\u00f3 el cheque de gerencia y que constituy\u00f3 para el Banco Industrial Colombiano la base para la prosperidad de una de las excepciones contra la acci\u00f3n cambiaria\u201d (f. 99 vto.), sentando as\u00ed una premisa de inocultable importancia que en cuanto toca con la autoridad vinculante que en realidad le asigna a la sentencia penal condenatoria, guarda visible armon\u00eda con los principios rectores en esta materia resumidos en aparte anterior de estas consideraciones, y demuestra por lo tanto que en este plano aquella corporaci\u00f3n no incurri\u00f3 en el error jur\u00eddico que busca encajarle el recurso, pues de acuerdo con los aludidos principios resulta de ordinario indiferente que, para graduar una determinada pena, el juez en lo criminal pondere la eventual afluencia causal de conductas culpables de la propia v\u00edctima o de un tercero, sea para tenerlas por establecidas como circunstancias atenuantes o bien para rechazarlas; cualquiera que haya sido la decisi\u00f3n de dicha autoridad, no adquiere car\u00e1cter irreversible en sede jurisdiccional extra penal y por ello la cuesti\u00f3n puede volver a ser apreciada dentro del amplio marco de referencia que fija el Art. 2357 del C. Civil, por iniciativa del demandado con el fin de disminuir el importe econ\u00f3mico de la prestaci\u00f3n resarcitoria a su cargo, o por petici\u00f3n de la v\u00edctima demandante para extender la responsabilidad hasta asegurar la indemnizaci\u00f3n de la totalidad del perjuicio por ella experimentado injustamente en su persona o en su patrimonio. <\/p>\n
Con todo, frente a las dos direcciones en que la tesis impugnativa se desdobla, la Sala se encuentra ante el escollo de que la conclusi\u00f3n controvertida por el recurrente tiene como fuente mediata el material probatorio de uno y de otro proceso, lo cual evidencia el error de t\u00e9cnica en que se incurre respecto del cargo segundo que, visto de este modo, ha debido presentarse por el cauce legal de la violaci\u00f3n indirecta de la ley, toda vez que, en el caso especifico de la cosa juzgada en materia penal, \u00fanicamente se controvierte la eficacia que se dio a la prueba relacionada con la clandestinidad del negocio y a las contradicciones del ofendido aqu\u00ed demandante, apreciadas desde el punto de vista de la denuncia y de las posteriores ampliaciones rendidas durante el tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n penal, acusaci\u00f3n que, en consecuencia, ha debido individualizarse y fundamentarse como lo exige la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Invocar, en cambio, como ocurre en este caso la v\u00eda directa para sustentar una censura basada en la causal primera de casaci\u00f3n, implica, seg\u00fan lo ha subrayado la Corte, que \u201cel recurrente no puede, por consiguiente, separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento, (\u2026) la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el Tribunal haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (CIII, p\u00e1g. 111; CXXXI, p\u00e1g. 183; CXLII, p\u00e1g. 46, entre otras). <\/p>\n
En la especie en estudio, por el contrario, la conclusi\u00f3n adoptada por el Tribunal en cuanto a la culpa concurrente de la v\u00edctima, asume, como es apenas natural inferirlo si ha de estarse con rigurosa fidelidad al discurrir argumentativo expuesto en la sentencia sometida a cr\u00edtica, la valoraci\u00f3n probatoria que en su momento acogieron los jueces tanto en el proceso penal como en el proceso de ejecuci\u00f3n cambiaria seguido contra el banco, lo que evidencia que la decisi\u00f3n proviene de las pruebas aportadas a esos expedientes, circunstancia que por ende ubica el planteamiento jur\u00eddico bajo an\u00e1lisis por fuera del significado que en abstracto pueda darse a la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, cuya influencia, seg\u00fan palabras de la Corte, \u201cno guarda relaci\u00f3n alguna con la validez de las pruebas practicadas en el proceso penal, ni impide que puedan ser trasladadas a otra actuaci\u00f3n, si por lo dem\u00e1s se han cumplido los requisitos que exige al efecto el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y que en esta \u00faltima, por consiguiente, pueden ser apreciadas como elementos de convicci\u00f3n\u201d, agregando en igual sentido que \u201clas pruebas practicadas en un juicio tienen valor en otro juicio, seguido entre las mismas partes, pero para esto es necesario que se reproduzcan en este \u00faltimo; un fallo por s\u00ed solo, no constituye plena prueba de los hechos admitidos en \u00e9l\u201d (LXXX, 490). <\/p>\n
En esas condiciones, para el recurrente era imprescindible cuestionar la apreciaci\u00f3n que sobre la culpa de la v\u00edctima hizo el fallador con base en eventuales errores en la faceta probatoria de la causa y no en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de las cuestiones que ella involucra, exigencia que cumpli\u00f3 en los dos cargos restantes pero que torna en improcedente la impugnaci\u00f3n sobre el particular presentada por v\u00eda directa. <\/p>\n
b) Mas si se mirara la cuesti\u00f3n desde otra perspectiva, en la que fuera dable debatir \u00fanicamente la inteligencia que el Tribunal le asigna a la cosa juzgada, tanto en materia penal como en materia civil y, eventualmente, se tuviese que admitir la violaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial pertinentes, la Corte, en sede de instancia, tendr\u00eda que valorar la totalidad de la prueba recaudada para llegar, invariablemente, a id\u00e9ntica conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal, aunque por distinto camino. <\/p>\n
Efectivamente, examinado el conjunto probatorio allegado al plenario -lo cual se impone a la luz de la presentaci\u00f3n de los dos cargos restantes-, conformado dicho acervo casi en su totalidad por las pruebas que se trasladaron del proceso penal y del proceso de ejecuci\u00f3n que antecedieron al presente, la conclusi\u00f3n en cuanto a la \u201cculpa de la v\u00edctima\u201d no puede ser distinta a la que en su momento acogieron aquellos falladores, toda vez que ning\u00fan medio de prueba desvirt\u00faa el hecho de que el vendedor del \u201clote de joyas\u201d, venta que finalmente dio origen a las incidencias judiciales subsiguientes, entreg\u00f3 tal mercanc\u00eda antes de hacer efectivo el t\u00edtulo-valor que recib\u00eda y por cuya regularidad desde un comienzo expres\u00f3 serias dudas. Su imprudencia se dio en ese momento, y es a ella a la que se refirieron los fallos mencionados, lo que evidencia que el Tribunal, al hacer suyas las conclusiones adoptadas en uno y en otro proceso sobre el tema, no incurri\u00f3 en los errores que describe la censura. <\/p>\n
No es factible sostener que se ignor\u00f3 la prueba recaudada, por cuanto es con base precisamente en ella que se adopta la conclusi\u00f3n sobre el particular, y s\u00ed de contera fuera factible auscultar la totalidad de los documentos y de los testimonios que conforman el haz probatorio, constituidos en su mayor\u00eda por las versiones de los empleados del Banco demandado, que s\u00f3lo dan fe de las circunstancias ulteriores al giro irregular del cheque de gerencia, y por la de algunos amigos y conocidos del actor, ninguna conclusi\u00f3n diferente tendr\u00eda por fuerza que ser acogida, toda vez que el acreditado traslado del demandante a la localidad de Rionegro no desvirt\u00faa, como lo pretende el recurrente, la falta que se le endilga, sino que por el contrario demuestra que, a pesar de las cautelas dirigidas a evitar cualquier dificultad sobreviniente en relaci\u00f3n con la efectividad del cheque que se recib\u00eda, el vendedor se expuso imprudentemente al riesgo de resultar v\u00edctima de una defraudaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular es diciente, en cambio, la menci\u00f3n que el impugnante hace del testimonio rendido por William Gustavo Castro Guarin (f. 127 Cdno. de copias del proceso ejecutivo), quien a la postre fue, junto con Horacio de Jes\u00fas Mu\u00f1oz Toro, el \u00fanico de sus conocidos que se dio cuenta de la negociaci\u00f3n y de la subsiguiente entrega del t\u00edtulo-valor, por tratarse, precisamente, de los comisionistas en el negocio de la compraventa de las joyas. Y es curiosa la cita que el casacionista hace, por cuanto de su dicho es de donde se concluye que el actor no fue ajeno del todo a la emisi\u00f3n del cheque, toda vez que dicho declarante asever\u00f3 que el t\u00edtulo-valor fue expedido a su nombre por instrucciones que dio el propio demandante, lo que sirvi\u00f3 de soporte para que en la ejecuci\u00f3n cambiaria y ante la excepci\u00f3n de falta de causa onerosa articulada por la instituci\u00f3n bancaria demandada, se excluyera la posibilidad de considerar al tenedor como tercero de buena fe inmune o extra\u00f1o a las vicisitudes del negocio subyacente <\/p>\n
2.- En cuanto a los efectos de la sentencia que le puso fin a la ejecuci\u00f3n, sentencia de naturaleza no penal que toma en su correcta dimensi\u00f3n el Tribunal para descartar la posibilidad de que en este proceso se controvierta nuevamente lo relacionado con las acciones cambiarias de cobro derivadas del no pago del cheque de gerencia emitido por el banco demandado, cabe anotar que el censor deslinda unas y otras pretensiones, para afirmar que en el proceso ordinario ese resarcimiento se pretende, no por efecto de la acci\u00f3n cambiaria, -tema que entiende clausurado-, sino porque hace parte de los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
La Sala debe se\u00f1alar, sin embargo, que el esfuerzo dial\u00e9ctico desplegado por el casacionista no logra el resultado pretendido, toda vez que no es posible desligar ambos conceptos, de tal manera que el importe del cheque expresivo del precio pactado para la venta, catalogado como da\u00f1o emergente en este proceso ordinario, no podr\u00eda reconocerse nuevamente como tal sin que con ello se propiciara una doble reparaci\u00f3n por id\u00e9ntico rubro que desconocer\u00eda, consecuentemente, elementales dictados de equidad. De aceptarse, en cambio, que ese importe del t\u00edtulo-valor se pretende por los mecanismos comunes de \u00edndole declarativa, se estar\u00eda, sin duda, repitiendo una acci\u00f3n previamente definida y agotada. Y aun m\u00e1s n\u00edtido es el evento de la sanci\u00f3n comercial por el no pago del cheque, pretensi\u00f3n que corresponde por esencia al reclamo cambiario, que no es admisible mezclar dentro del concepto del perjuicio material cuando de responsabilidad civil extracontractual se trata, ya que de seguirse una orientaci\u00f3n diversa, acabar\u00eda confundi\u00e9ndose est\u00e9rilmente la responsabilidad civil contractual con la responsabilidad civil extracontractual, desenlace que la doctrina jurisprudencial rechaza por norma, pues como lo tiene dicho la Corte, \u201cNo deben involucrarse la responsabilidad contractual y la extracontractual o aquiliana. Ni la ley ni la doctrina autorizan el ejercicio de esta acci\u00f3n h\u00edbrida, seg\u00fan expresi\u00f3n de los expositores, porque la yuxtaposici\u00f3n o acumulaci\u00f3n de estas dos especies diferenciadas de responsabilidad es imposible, ya que la contractual, por su propia naturaleza, excluye la generada por el delito\u201d (Cas., 21 septiembre 1944, LVII, 598; 4 agosto 1950, LXVII, 764; 20 abril 1954, LXXVII, 375, entre otras). <\/p>\n
Id\u00e9ntica suerte corre la cr\u00edtica en relaci\u00f3n con la no inclusi\u00f3n del concepto relacionado con las costas a las que fuera condenado el demandante por causa del proceso ejecutivo, dentro de los factores que estructuran la responsabilidad para indemnizar por parte de la entidad crediticia demandada, esto por cuanto dicho factor es ajeno al origen mismo de la responsabilidad cuestionada en el proceso en estudio, toda vez que tiene por fuente otra situaci\u00f3n completamente diferente a la del delito, lo que sucede, igualmente, con la capitalizaci\u00f3n de intereses que con insistencia exige el actor. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con la violaci\u00f3n directa de leyes de rango sustancial invocada en raz\u00f3n de la ausencia de condena por perjuicios morales, es de verse que los planteamientos del recurrente son equivocados cuando asevera que agravios de esa naturaleza no requieren prueba por ser materia que corresponde al prudente juicio del fallador, conclusi\u00f3n errada toda vez que el denominado comunmente \u201carbitrun judicis\u201d, si es que a esta noci\u00f3n alude en su alegato el recurrente, opera \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la estimaci\u00f3n cuantitativa del perjuicio moral, mas no as\u00ed con su existencia, la cual, como acontece igualmente con cualquier clase de da\u00f1o y dejando a salvo situaciones de excepci\u00f3n previstas expl\u00edcitamente por el legislador, requiere ser demostrado aun vali\u00e9ndose de la prueba por indicios, y la carga procesal correspondiente incumbe, como es f\u00e1cil intuirlo, a la parte interesada en obtener la conveniente satisfacci\u00f3n pecuniaria. Valga, pues, llamar la atenci\u00f3n una vez m\u00e1s en que el hecho de aceptar como postulado de general aplicaci\u00f3n el que pregona la resarcibilidad de los perjuicios no patrimoniales injustamente causados, \u201c\u2026 no significa de suyo que esa clase de reparaci\u00f3n sea ilimitada, bast\u00e1ndole por lo tanto a los demandantes, en un caso dado, reclamarla para dejarle el resto a la imaginaci\u00f3n, al sentimiento o al c\u00e1lculo generoso de los jueces \u2026\u201d, lo que equivale a decir que cuando del da\u00f1o moral puro se trata, \u201c\u2026 son condiciones indispensables para su compensaci\u00f3n que sea personal de quien acciona y, adem\u00e1s, que sea cierto, implicando esta segunda exigencia que la existencia y la intensidad del agravio alegado encuentren consistente respaldo procesal, toda vez que (\u2026) es apenas su cuantificaci\u00f3n monetaria, y siempre dentro de restricciones caracterizadamente estrictas, la materia en la que al juzgador le corresponde obrar seg\u00fan su prudente arbitrio \u2026\u201d (G.J. Tomos CC p\u00e1g. 86, y CCXIX, p\u00e1g. 670). <\/p>\n
Los cargos precedentes, en consecuencia, no pueden prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
B- RECURSO DE LA PARTE ACTORA <\/p>\n
(Cargo Quinto). <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, el impugnante acusa la sentencia objeto del recurso de ser violatoria, por v\u00eda directa, de los art\u00edculos 1494, 2224, 2341, 2342, 2343, 2344 siguientes y concordantes del C\u00f3digo Civil, de los art\u00edculos 1613, 1614, 1616, 1627, 1648 y 1649 del mismo C\u00f3digo Civil en concordancia con los art\u00edculos 5 y 8 de la Ley 153 de l887 y del art\u00edculo 32 del mismo C\u00f3digo Civil antes citado, as\u00ed como de los art\u00edculos 2, 150 numeral 19, 189 numeral 24, 228, 230 y 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica , y de los art\u00edculos 2, 643, 731, 749, 782, 822, 870, 874, 882, 883, 884, 885, 886 y 905 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el art\u00edculo 1 del Decreto 1454 de l989. <\/p>\n
Cuestiona el censor las apreciaciones hechas por el Tribunal, en el sentido de incluir varios de los factores que el demandante pretendi\u00f3 indemnizar, dentro de los asuntos previamente definidos en el proceso ejecutivo, a los que dio en consecuencia alcance de cosa juzgada. Igualmente, se duele de que el perjuicio reconocido como da\u00f1o emergente, esto es, el capital reajustado, se hubiese establecido en un monto fijo, sin considerar la depreciaci\u00f3n futura de esa suma hasta el momento del pago. En cuanto al lucro cesante, el recurrente esboza una critica similar, en raz\u00f3n de que fue tenido en cuenta sin \u201cindexaci\u00f3n\u201d, am\u00e9n de que se desconoci\u00f3 el perjuicio que por tal rubro se causa \u201centre el d\u00eda en que los hechos tuvieron ocurrencia, junio 23 de 1986 y el mes de junio de 1990, fecha \u00e9sta que arbitrariamente se indica como la fecha de iniciaci\u00f3n de la causaci\u00f3n de los intereses a que se condena a la entidad bancaria demandada\u201d, para finalmente se\u00f1alar, adem\u00e1s, la persistente omisi\u00f3n por la cual no se le resolvi\u00f3 la s\u00faplica encaminada a obtener el pago de \u201cintereses de intereses\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se refiere a los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, para resaltar de entre ellos la existencia del da\u00f1o y el consiguiente deber indemnizatorio, el cual se mide, seg\u00fan lo afirma tomando pie en apreciaciones hechas por tratadistas que se ocupan del tema, con relaci\u00f3n al da\u00f1o y no a la culpa. En cuanto a la reparaci\u00f3n, subraya que aquella debe indemnizar todo el da\u00f1o causado con base en el principio de la equidad y que debe comprender por analog\u00eda id\u00e9nticos rubros a los que se refiere la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que genera el incumplimiento de obligaciones civiles, esto es, tanto el da\u00f1o emergente, como el lucro cesante. <\/p>\n
Seguidamente, el impugnante censura la valoraci\u00f3n que el Tribunal hace de la presencia del demandante ante el Banco girador para cerciorarse de la regularidad del cheque que recib\u00eda, hecho del que dedujo el fallador, equivocadamente en sentir del casacionista, que con ello se expuso imprudentemente al peligro, motivo por el cual lo hace incurso en la culpa que finalmente redujo el monto de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Explica, a rengl\u00f3n seguido, cada uno de los items que a su juicio ha de cubrir el resarcimiento de los perjuicios causados, partiendo del hecho de que los contratantes ejerc\u00edan una actividad mercantil, por lo cual sit\u00faa dentro del da\u00f1o ocasionado la frustrada acci\u00f3n cambiaria que entabl\u00f3 en virtud de la comisi\u00f3n del delito, de donde deriva entonces la procedencia de todos y cada uno de los gastos y expensas que solicit\u00f3 con base en la susodicha acci\u00f3n, a la luz de las normas de comercio respectivas, como igualmente los perjuicios morales consistentes en las \u201cangustias derivadas no s\u00f3lo de la p\u00e9rdida de su capital de trabajo sino, igualmente, por la incertidumbre que ha sufrido al no hacerse claridad de si podr\u00e1 recuperar su capital o si definitivamente habr\u00eda de quedarse sumido en la pobreza\u201d (f. 89 Cdno. de la Corte). <\/p>\n
Pide que al presente litigio se le imprima un tratamiento jur\u00eddico diferente al de las restantes responsabilidades extracontractuales, en las que, habitualmente, no existe nexo alguno entre las partes, toda vez que en el presente asunto las partes estaban ligadas \u201cen el campo eminentemente comercial\u201d, con motivo de un cheque de gerencia que confiere alto grado de \u201cconfianza, seguridad y certeza\u201d, por lo cual reclama que se apliquen, no s\u00f3lo las reglas generales de la responsabilidad extracontractual sino tambi\u00e9n las restantes disposiciones generales del derecho \u201cen orden a impartirle al demandante justicia con equidad\u201d, de donde justifica, entonces, la concurrencia de los perjuicios de \u00edndole mercantil reclamados, con mayor raz\u00f3n si se atiende la buena fe exenta de culpa con que obr\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1.- En primer lugar, es preciso subrayar que con los argumentos delineados por el censor para desarrollar el cargo que acaba de resumirse, se evidencia el insistente anhelo de incluir, dentro de la prestaci\u00f3n indemnizatoria a la que aspira, todas aquellas otras pretensiones que se derivan del no pago del t\u00edtulo-valor que sirvi\u00f3 de instrumento al delito de estafa cometido en detrimento del patrimonio del actor. Ello se advierte como una constante que identifica cada uno de los cargos precedentes, dentro de los cuales se ha intentado presentar ese factor como determinante de la afirmada ilegalidad de la sentencia impugnada, utilizando las varias modalidades que estructuran la primera de las causales de casaci\u00f3n que, en dos fases diferentes, consagra el Art. 368 del C. de P. C. <\/p>\n
Basta, por tanto, remitirse a las consideraciones que anteceden para constatar la ausencia de violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial por parte del Tribunal en lo que concierne al aludido punto del que se persevera en hacer cuesti\u00f3n, por cuanto que ni aun ante el hipot\u00e9tico desconocimiento de la ley que gobierna la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, ser\u00eda factible condenar, en sede instancia, por los rubros que se invocan. E igual impedimento existe para que puedan abrirse paso los reparos atinentes a la culpa de la v\u00edctima, tema este examinado l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
2.- Como raz\u00f3n adicional de censura, el impugnante se duele del m\u00e9todo empleado por el ad-quem para fijar las distintas condenas por los perjuicios causados, en especial, por establecer, como da\u00f1o emergente, el capital \u201cactualizado\u201d hasta la fecha del fallo, sin considerar la depreciaci\u00f3n monetaria futura experimentada por esa suma hasta el momento del pago, y por tasar el lucro cesante sin \u201cindexaci\u00f3n\u201d y sin considerar la \u00e9poca comprendida entre el d\u00eda en que se cometi\u00f3 el delito hasta la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo condenatorio penal. <\/p>\n
Sobre el particular es preciso tener en cuenta que el Tribunal consider\u00f3 como expresi\u00f3n del da\u00f1o emergente sufrido, el precio de la compraventa celebrada como paso inmediatamente previo al delito de estafa consumado a continuaci\u00f3n, esto es, estim\u00f3 dicho da\u00f1o en la suma de veinte millones quinientos mil pesos ($20\u2019500.000.oo), y el reajuste por depreciaci\u00f3n lo liquid\u00f3 entonces, respecto de dicho monto, hasta la fecha del fallo, de conformidad con los \u00edndices bancarios previamente certificados por la autoridad p\u00fablica competente. <\/p>\n
Preciso es apreciar, adem\u00e1s, que ese reajuste no lo reconoci\u00f3 hacia el futuro, por cuanto en esa direcci\u00f3n se vali\u00f3 la corporaci\u00f3n de los intereses para tenerlos por causados, no ya sobre el capital reajustado sino sobre la respectiva cantidad nominal correspondiente al precio fijado a las joyas objeto de venta, procedimiento mediante el cual, lejos de quebrantar las normas citadas en el cargo, el Tribunal se gui\u00f3 por un claro derrotero de equidad que busca evitar indebidos desplazamientos patrimoniales escudados en la necesidad jur\u00eddica de indemnizar integralmente a la v\u00edctima del da\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
En esas condiciones, la reparaci\u00f3n dispuesta por el Tribunal tuvo en cuenta, no s\u00f3lo la depreciaci\u00f3n del dinero en relaci\u00f3n con la \u00e9poca anterior al fallo, aplicando para el efecto el \u00edndice de reajuste correspondiente, sino que tambi\u00e9n la consider\u00f3 hacia el futuro, pero involucrada en la tasa de inter\u00e9s de mercado utilizada, de tal modo que de haberse procedido en la forma en que lo reclama el recurrente, habr\u00eda incurrido la providencia en una clara desviaci\u00f3n de los fundamentos legales de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios e ignorado el principio de equidad que, como pieza cardinal en el imperativo de equilibrada mesura con que los jueces deben obrar frente a estas materias les exige rehuir chocantes excesos que el ordenamiento jur\u00eddico no legitima. <\/p>\n
En fin, tampoco se evidencia error alguno en cuanto a la \u00e9poca que sirvi\u00f3 de base para liquidar la condena por los perjuicios causados, toda vez que fue s\u00f3lo a partir de la sentencia condenatoria en materia penal, que se dej\u00f3 establecida la existencia del hecho punible de cuyas secuelas, en lo que toca al resarcimiento del da\u00f1o sufrido por el demandante, se hace solidariamente responsable al banco y a sus subalternos. <\/p>\n
Como corolario, debe decirse que no se demostr\u00f3 que el Tribunal haya quebrantado norma alguna de las que se\u00f1ala la censura, lo que indica que este cargo tambi\u00e9n debe ser desestimado. <\/p>\n
<\/p>\n
C- RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
(Cargo Tercero) <\/p>\n
Con base en la causal primera de casaci\u00f3n, el impugnante considera que la sentencia viola los art\u00edculos 1568, 1569, 1572, 1577 y 2344 del C\u00f3digo Civil; 58 y 63 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Dto. 50 de l987) y 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por interpretaci\u00f3n errada; el 1617 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n; 2341 y 1615 del C\u00f3digo Civil y 883 y 884 del C\u00f3digo de Comercio por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Para demostrar el cargo, el recurrente alude a la indemnizaci\u00f3n fijada por el Tribunal, para censurar lo decidido en torno de la correcci\u00f3n monetaria y de los intereses. De la primera de estas variables, dice que el juez civil agreg\u00f3 dicho concepto a lo resuelto sobre el particular por el juez penal, con lo cual desconoci\u00f3 el efecto de la cosa juzgada respecto del demandante Garc\u00eda \u201ce inclusive poni\u00e9ndose en contradicci\u00f3n consigo mismo\u201d. Aduce, en consecuencia, que el proceso civil no pod\u00eda conceder al demandante \u201cm\u00e1s de lo que obtuvo en el proceso penal\u201d. <\/p>\n
En lo relacionado con la condena por concepto de intereses, el recurrente expresa su inconformidad porque la condena penal hubiese fijado un tope m\u00e1ximo y que este s\u00f3lo se aplique a los all\u00ed condenados, mas no al Banco, al que, a\u00f1ade, no le es oponible la responsabilidad fijada por la justicia penal por no haber sido parte dentro de la respectiva actuaci\u00f3n. Considera, adem\u00e1s, que la responsabilidad del Banco no la confiere, tampoco la solidaridad, la que, contrario a lo entendido por el Tribunal no se presume \u201csino que ha de estar estipulada en negocio jur\u00eddico o estar consagrada en cl\u00e1usula penal\u201d, alcance diametralmente opuesto al que le imprimi\u00f3 el ad-quem, cuando la hizo derivar de la cosa juzgada. Finalmente apunta, como nueva equivocaci\u00f3n atribuible al sentenciador, el hecho de que hubiese condenado al pago de intereses \u201cdesde una determinada fecha sin que para entonces el deudor estuviera en mora\u201d (f. 168). <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
El cargo en estudio, cual ocurre con casi todos los que formularon ambas partes en sus respectivas demandas, tiene varias facetas que incumben sin embargo a un tema jur\u00eddico \u00fanico, como lo es el de los efectos de la condena penal en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n civil de responsabilidad. Por dicha raz\u00f3n la Corte ha de repetir ahora, como lo viene sosteniendo en esta providencia, que la decisi\u00f3n proferida en el fuero punitivo obliga al juez civil s\u00f3lo por excepci\u00f3n en lo que ata\u00f1e a la definici\u00f3n de los presupuestos que configuran la eventual responsabilidad civil del agente, declarado autor doloso o culposo de un il\u00edcito merecedor de una sanci\u00f3n represiva. <\/p>\n
En consecuencia, la regla general es que solo una vez alcanzada la fijaci\u00f3n procesal en firme de la existencia y de la magnitud del da\u00f1o causado a la v\u00edctima por el hecho punible, resultado del ejercicio de la respectiva acci\u00f3n resarcitoria de naturaleza civil de la cual son titulares dicha v\u00edctima o sus sucesores, no debido a la iniciativa oficiosa de los funcionarios en obedecimiento de los perentorios mandatos contenidos en los Arts. 55, 56, 180 numeral 8\u00ba, y 334 numeral 6, del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, y en la medida en que para ese ejercicio se haya empleado uno cualquiera de los conductos con tal fin indicados en el Art. 43 ibidem, podr\u00e1 decirse sin rodeos que a aquella no le es permitido renovar su demanda e intentar discutir de nuevo las mencionadas materias en otro proceso civil posterior seguido en contradictorio con quienes fueron declarados responsables del hecho punible, as\u00ed como tampoco podr\u00e1 hacerlo, con la misma limitaci\u00f3n subjetiva naturalmente, si pese a mediar la condena penal, se rechaza la indemnizaci\u00f3n y por lo tanto es desestimada la acci\u00f3n civil por falta de prueba del perjuicio o de su cuant\u00eda. Habr\u00e1 en estos eventos cosa juzgada respecto de la responsabilidad civil deducible a esas personas en particular y, por ende, es al Art. 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil la disposici\u00f3n a la que habr\u00e1 de remitirse el juzgador en orden a evaluar un estado de cosas con semejantes caracter\u00edsticas. <\/p>\n
Otra es la situaci\u00f3n que en cambio se presenta entre el damnificado y un tercero -persona natural o jur\u00eddica- en el que de conformidad con la ley pueda hacerse recaer la obligaci\u00f3n indemnizatoria de la que viene trat\u00e1ndose, pues dejando de lado el caso poco frecuente de que a dicho tercero le haya sido posible asumir a cabalidad su condici\u00f3n de sujeto procesal en la actuaci\u00f3n penal en curso (Art. 153 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), lo com\u00fan es que aqu\u00e9l damnificado opte por la v\u00eda civil, paralela a esta actuaci\u00f3n o consecutiva a su terminaci\u00f3n, para obtener la satisfacci\u00f3n del que cree ser su derecho, hip\u00f3tesis en la que la jurisdicci\u00f3n del ramo civil, con las limitaciones explicadas a espacio en cap\u00edtulo anterior de estas mismas consideraciones y que emergen de aquello que siempre es vinculante con alcance general en el pronunciamiento penal, cuenta con amplia libertad de apreciaci\u00f3n para acoger las verificaciones efectuadas por este \u00faltimo cuando la prueba muestre que as\u00ed debe hacerse, o en caso contrario introducir las modificaciones que encuentre pertinentes, e incluso prescindir de dichas verificaciones, sin que por actuar de esta manera se le pueda imputar violaci\u00f3n de las reglas legales que gobiernan la materia. <\/p>\n
No es as\u00ed producto de una imaginada equivocaci\u00f3n la decisi\u00f3n del Tribunal mediante la cual acept\u00f3 la tasa fijada por el fallo penal en cuanto a los intereses, ni menos a\u00fan lo es el prove\u00eddo por lo que ata\u00f1e a la correcci\u00f3n monetaria, toda vez que es la propia ley la que le ordena actualizar la condena hasta el momento de la sentencia, de modo que al incluir el reajuste por depreciaci\u00f3n monetaria como factor constitutivo del da\u00f1o emergente, le correspond\u00eda, como en efecto lo hizo, fijar los intereses, en concepto de lucro cesante, hacia el futuro, sin que por ese hecho exista entonces posibilidad cierta de tacha originada en la ausencia de mora, pues no se demostr\u00f3 por la censura que los intereses reconocidos tengan por finalidad sancionar una situaci\u00f3n de ilicitud civil de esta naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
En tales condiciones, tampoco puede prosperar el cargo en estudio que, por lo tanto, se rechaza. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de marzo de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n
Por cuanto ninguno de los recursos interpuestos prospera, las costas se compensan y por lo tanto no es del caso imponer condena para su pago. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-007-97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS. Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de Abril de mil novecientos noventa y siete (1997).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[78],"tags":[],"class_list":["post-81443","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-78"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81443\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}