S-008-97<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de Abril de mil novecientos noventa y siete (1997).- <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso de filiaci\u00f3n adelantado por la menor MARIA VANESA CORDOBA contra ORLEY VIDALES USECHE. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
Por escrito presentado el veintitr\u00e9s (23) de abril de 1991 ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Purificaci\u00f3n (Tolima), Doris C\u00f3rdoba Herr\u00e1n, actuando a nombre de su hija MARIA VANESA CORDOBA menor de edad, plante\u00f3 demanda de filiaci\u00f3n, investigaci\u00f3n de paternidad y reconocimiento de hijo natural de esta \u00faltima \u201ccon la \u00fanica finalidad de obtener por v\u00eda judicial el reconocimiento y la imposici\u00f3n del apellido para la menor MARIA VANESA habida con el se\u00f1or ORLEY VIDALES USECHE\u201d. <\/p>\n
Como soporte f\u00e1ctico del anterior pedimento, se\u00f1al\u00f3 el apoderado de la demandante que \u00e9sta hab\u00eda nacido cinco a\u00f1os atr\u00e1s en el Hospital de Salda\u00f1a, habiendo costeado el demandado todos los gastos de atenci\u00f3n m\u00e9dica y hospitalizaci\u00f3n, despu\u00e9s de lo cual desatendi\u00f3 todas sus obligaciones de padre y concubino debidas a la madre de la menor con quien sosten\u00eda p\u00fablicamente una relaci\u00f3n sentimental, motivo por el cual esta \u00faltima se vio obligada a \u201ciniciar y reclamar este derecho de filiaci\u00f3n natural\u201d. <\/p>\n
Notificada en debida forma la demanda, \u00e9sta fue replicada por la Defensora de Familia y por el demandado quien se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como defensas las excepciones de ineptitud de la demanda y la \u201cinnominada\u201d. <\/p>\n
Trabado as\u00ed el lazo de instancia, el proceso continu\u00f3 normalmente, terminando la primera instancia con providencia fechada el veinticinco (25) de septiembre de 1992 mediante la cual el juzgado de conocimiento declar\u00f3 que el demandado es el padre extramatrimonial de la menor demandante, dispuso oficiar a la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Purificaci\u00f3n (Tolima) para que se corrija el correspondiente registro civil de nacimiento y determin\u00f3 que la patria potestad y cuidado personal de la menor quedar\u00edan en cabeza de la madre Doris C\u00f3rdoba Herr\u00e1n. <\/p>\n
Inconforme con lo as\u00ed decidido, el demandado present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, motivo por el cual subi\u00f3 el expediente al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 donde fue tramitada la segunda instancia que concluy\u00f3 con sentencia del veinticuatro (24) de septiembre de 1993, por la cual revoc\u00f3 la del Juzgado, y en su lugar se declar\u00f3 dicho organismo inhibido para fallar las pretensiones invocadas en la demanda. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Luego de hacer un breve recuento de la actuaci\u00f3n surtida, estima el tribunal que en el presente asunto no est\u00e1n reunidos los presupuestos procesales necesarios para emitir sentencia de fondo, por cuanto juzga que la demanda presentada, no es legalmente id\u00f3nea. Explica su aseveraci\u00f3n se\u00f1alando que al revisar la Sala ese escrito encuentra que \u201cadolece de precisi\u00f3n y claridad pues en los hechos ni en los fundamentos de derecho aparece determinada la causal de presunci\u00f3n de paternidad sobre la cual descansa la pretensi\u00f3n principal, lo que hace imposible el pronunciamiento de una sentencia de fondo, pese a las facultades de interpretaci\u00f3n de la demanda que tiene el juzgador. En efecto, en los hechos primero y cuarto del libelo se afirma que el demandado coste\u00f3 todos los gastos de atenci\u00f3n m\u00e9dica y hospitalizaci\u00f3n, pero no se precisa de quien ni cuando, tampoco si como producto de la relaci\u00f3n sentimental que hubo entre demandante y demandado se pod\u00edan inferir relaciones sexuales. En los fundamentos de derecho se invoc\u00f3 el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba. de la Ley 75 de 1968, en armon\u00eda con el 2\u00ba. de la Ley 45 de 1936, normas estas que nada tienen que ver con las presunciones de paternidad\u201d, y agrega que el poder dado inicialmente al abogado solo lo faculta para \u201cel reconocimiento natural\u201d de MARIA VANESA CORDOBA engendrada por ORLEY VIDALES USECHE, pero no para lograr por la v\u00eda judicial la declaraci\u00f3n de paternidad. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Presenta la demanda tres cargos fundados, en su orden, en las causales primera, segunda y cuarta que consagra el Art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para hacer viable el recurso de casaci\u00f3n, censuras que por adolecer todas del mismo defecto se estudiar\u00e1n en conjunto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Denuncia el memorialista la \u201cerr\u00f3nea interpretaci\u00f3n con una aplicaci\u00f3n indebida del elemento probatorio valorador de la prueba, pues hubo violaci\u00f3n indirecta por el concepto de aplicaci\u00f3n indebida de los Arts. 1, 4 y 12 de la Ley 45 de 1936, de los Arts. 6 numerales 4, 5 y 10 de la Ley 75 de 1968, de los Arts. 1, 4 y 9 de la Ley 29 de 1982 y de los Arts. 92, 961, 1321, 1322 y 1323 del C.C.C., y ello como consecuencia de los errores de hecho en que hab\u00eda ca\u00eddo el Honorable Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 -Sala de Familia-, al apreciar los testimonios de Elda Leonor Useche, Fanny C\u00f3rdoba, y como si fuera poco la negligente actuaci\u00f3n del juez del conocimiento al no decretar pruebas de oficio para llevar el proceso con el m\u00e1ximo de probanzas al fallo, pero as\u00ed y todo el solo testimonio de Elda Leonor Useche es preciso y claro (\u2026) \u2026 con los testimonios allegados y cre\u00edbles los mismos frente a la prueba heredobiol\u00f3gica realizada determinan incesantemente que es forzosamente real la imputaci\u00f3n de paternidad natural que se reclama\u201d, tal como se\u00f1ala ya lo hab\u00eda reconocido el juez de primera instancia; no obstante, seg\u00fan afirma, el tribunal determin\u00f3 que no era posible establecer la filiaci\u00f3n deprecada con la sola prueba t\u00e9cnica y que el proceso estaba carente de pruebas, viol\u00e1ndose sustancialmente toda potestad probatoria, a lo que a\u00f1ade que si as\u00ed lo consideraba, dice, ha debido declarar la nulidad y ordenar la devoluci\u00f3n del proceso para subsanar los eventuales defectos o, en caso extremo, ordenar las pruebas que considerara necesarias para el debido proceso, pruebas cuyo an\u00e1lisis debe ser cuidadoso y severo pero evitando que caiga en excesivo rigorismo. En fin, concluye que si bien es cierto que \u201cno se determin\u00f3 (sic) con certeza las relaciones sexuales de la pareja comprometida\u201d debe tenerse en cuenta que no se requiere que a los testigos les conste que los amantes deben vivir en la misma habitaci\u00f3n ni que digan cu\u00e1les eran los actos constitutivos de aqu\u00e9l tipo de relaciones por cuanto son situaciones que pertenecen a la vida \u00edntima de las personas. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Dice el recurrente que \u201cla sentencia no est\u00e1 en consonancia con los hechos de la demanda\u201d, pues afirma, con \u00e9stos se pretende demostrar que el demandado es el padre de la actora de lo cual existen pruebas suficientes no rebatidas que, agrega, indican que \u201ca m\u00e1s de haber un trato personal y sentimental del enjuiciado este colabor\u00f3 con gastos de atenci\u00f3n m\u00e9dica y de parto y que posteriormente se sustrajo de las mismas\u201d, trato que estima fue suficientemente caracter\u00edstico por sus manifestaciones objetivas y su ubicaci\u00f3n en el tiempo coincidente con la \u00e9poca en que se presume ocurri\u00f3 la concepci\u00f3n de la menor. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Este cargo lo titula el censor: \u201ccontener las sentencias decisiones que hagan mas gravosas la situaci\u00f3n de la parte que apel\u00f3\u201d, pero en el desarrollo dice que en el fallo de segunda instancia se dej\u00f3 sin pruebas el pedimento y se revoc\u00f3 un fallo, que el recurrente estima justo por seguir la filosof\u00eda contenida en la ley de 1968, en el que considera se hizo \u201cposible y con todo rigor sano el enjuiciamiento probatorio en la demanda\u201d, calific\u00e1ndolo de viable y eficaz porque \u201cse demostr\u00f3 con elementos propios de una exhaustiva investigaci\u00f3n, la paternidad natural reclamada sin necesidad de forzarse en contenido testimonial probatorio (\u2026) lo esencial era que si se testimoniaba sobre una realidad presenciada y eso sirvi\u00f3 para que el fallo de primera instancia se ajustara a derecho sobre lo demandado\u201d. <\/p>\n
Dejando de lado las falencias visibles de orden t\u00e9cnico de que adolecen los cargos propuestos, de la simple lectura de ellos y apreci\u00e1ndolos en su conjunto, se observa que el recurrente en la formulaci\u00f3n de su demanda parece desconocer por completo la raz\u00f3n de ser y por ende, el sistema que lo inspira, del recurso de casaci\u00f3n que, como se sabe, parte por principio de la eventual ocurrencia de yerros cometidos por el tribunal en la sentencia de segunda instancia, o por el Juzgado cuando se trata de casaci\u00f3n per saltum, y por lo tanto, es de elemental l\u00f3gica que su planteamiento debe provenir de un an\u00e1lisis concienzudo de dicha providencia, estudio que en esta oportunidad omite el recurrente, hasta el extremo de atribuirle errores, tanto de actividad procesal, como de juzgamiento, que la sola lectura del acto jurisdiccional censurado se encarga de desvirtuar. <\/p>\n
En efecto, en todos los cargos afirma que el tribunal se equivoc\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas porque ellas s\u00ed eran suficientes para declarar la filiaci\u00f3n, cuando lo cierto es que dicho organismo no toca en su providencia, ni remotamente, las pruebas recaudadas, pues ni siquiera entra a estudiar el fondo del asunto ya que se detiene en los presupuestos procesales para advertir, ante la ausencia de demanda en forma, que en su concepto no es posible pronunciar una sentencia que decida sobre lo solicitado por la actora y por ello opt\u00f3 por \u201cinhibirse de fallar las pretensiones invocadas en la demanda\u201d, inhibici\u00f3n \u00e9sta que por su propia naturaleza excluye, adem\u00e1s, la posibilidad de encontrar en el fallo el vicio de incongruencia que el cargo segundo denuncia y frente a la cual tampoco es factible inferir que respecto de ella le sea dado al recurrente alegar en su inter\u00e9s el defecto que describe el numeral 4\u00ba del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Lo anterior es suficiente para dejar en claro que, en su triple manifestaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n propuesta cae al vac\u00edo por no estar dirigida a descalificar directa o indirectamente el fundamento cardinal en que la sentencia se apoya, sino contra proposiciones frente a las cuales tal vez consider\u00f3 el censor que, eventualmente, podr\u00edan acogerse sus pretensiones quiz\u00e1s pensando en un alegato de instancia, pero lejos del actual momento sin atenerse a la realidad procesal que el fallo impugnado representa. <\/p>\n
Se sigue de lo anterior que los tres cargos contenidos en la demanda que se estudia no pueden tener eficacia alguna y por lo tanto deben ser desechados. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que en el proceso de la referencia y con fecha veinticuatro (24) de septiembre de 1993, profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
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